El ajuste, punto de inflexión
La eliminación del Fondo Solidario de la Soja supone una reconfiguración del equilibrio político y el pacto de gobernabilidad entre Provincias y la Nación. El ajuste sin aviso dejó descolocados a los gobernadores y con mayores urgencias a los intendentes de todo el país que usaban esos recursos para financiar obras de infraestructura y sostener el empleo en sus comunas.
El manotazo del equipo económico de Mauricio Macri le dio un golpe que habrá que ver si es definitivo, al acuerdo tácito de gobernabilidad. La Nación traslada el ajuste a las provincias para cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero la asfixia económica tiene efecto directo lejos de la Casa Rosada: los problemas siempre son locales, cercanos, aunque respondan a decisiones tomadas en los despachos del microcentro porteño.
En plena preocupación empresaria por la economía, con un dólar por encima de los 30 pesos, la inflación que se encamina a superar la meta del 32% que se pactó con el FMI, tasas altas, la acumulación de datos negativos en distintas actividades y el consumo, entre otras cuestiones, el Presidente apuesta a que las denuncias de corrupción distraigan la atención.
Los intendentes no ocultan su fastidio con el Gobierno nacional. Los gobernadores son un poco más cautos, por aquello de no echar nafta al fuego. Pero el descontento por el manejo de la Rosada es proporcional al recorte sufrido. Misiones recibió el año pasado 605 millones de pesos, un tercio de lo cual se repartió directamente entre los municipios. Para muchos significaba una herramienta única para poder hacer obras y sostener el empleo. Para ciudades como Posadas, el recorte equivale a una masa salarial entera.
“Para nosotros es un mazazo y es en definitiva el pueblo misionero el que sufre ese mazazo”, definió el gobernador Hugo Passalacqua. “Ese dinero iba parte al Gobierno provincial y otra parte a los municipios. Estamos hablando de cientos de millones de pesos al año, que se traduce en escuelas, en patrulleros, en insumos y de lo que iba a los municipios, iba para empedrado, al cordón cuneta, potabilizar el agua, las plazas”, enumeró.
El mandatario misionero ratificó la relación respetuosa con la Nación -no con este Gobierno, sino con cualquier gobierno-, pero advirtió que “debe haber un tipo de respuesta” por parte de la alianza gobernante.
En eso trabaja el equipo de Passalacqua, quien trazó una metáfora “misionerista” para definir el impacto del ajuste: “Estamos cuesta arriba en la topada, con tierra colorada y mucho barro, se va a hacer difícil”.
Para la Nación, en cambio, el ajuste se justifica en que “gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional”, las Provincias han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”, según la interpretación de Nicolás Dujove. Ese es el argumento central de justificación: que las provincias reciben más coparticipación. Lo que no dicen es que el flujo es volátil y depende del andar de la economía y que el aumento obedece mucho más a la inflación que a actividad económica real. Cada peso recibido, además, vale hoy 50 por ciento menos que hace apenas seis meses.
Dujovne insistió en que la reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las Provincias. El ahorro fiscal para la Nación es de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019.
Sin embargo, Rogelio Frigerio admitió que el ajuste se hizo “para dar señales claras al mercado”. “Tenemos que tomar medidas porque necesitamos que nos sigan financiando. Y por eso tuvimos que anticipar esta iniciativa (la eliminación de este Fondo) que pensábamos tomar el próximo año”, enfatizó.
La ruptura del equilibrio en la balanza de la gobernabilidad se ratificó horas después en la Legislatura provincial. Apenas comenzó la sesión, a instancias de la Renovación y del partido Agrario y Social, llovieron las críticas al ajuste permanente del Gobierno nacional que ahoga a provincias y municipios. El presidente del bloque renovador, Marcelo Rodríguez llevó la voz cantante del reclamo que se trasladará al Congreso nacional.
Rodríguez, quien además preside la comisión de Presupuesto, advirtió que la eliminación unilateral del Fondo de la Soja decretó la defunción del Pacto Fiscal firmado en noviembre pasado, ya que cambiaron las condiciones económicas que le daban algún grado de certeza al acuerdo. Es que una de las condiciones que puso la Nación para seguir recibiendo el Fondo Solidario era que las provincias firmen el pacto fiscal. Las provincias firmaron, pero el fondo desapareció igual. El diputado recordó que otra de las promesas incumplidas de la Nación tiene que ver con el crecimiento económico del 3,5 por ciento proyectado para este año, que, terminará, en cambio, con una profunda recesión de la que todavía no se conoce el fin.
La mirada irritada de una veintena de legisladores obligó a los diputados de la alianza Cambiemos a acompañar el reclamo para que la Nación genere alguna compensación. Se instruye a los legisladores misioneros a proponer en el Congreso “la revisión” del Pacto Fiscal y la coparticipación de un porcentaje mayor del impuesto al cheque y de la recaudación del IVA, “para, de esta manera, compensar” las pérdidas del Fondo de la Soja.
Sin poder ejercer alguna defensa de sus políticas, los diputados de Cambiemos intentaron contraatacar con el caballito de batalla de Mauricio Macri: el combate a la corrupción. Pero el efecto fue el contrario.
La diputada Alba Nilsson citó palabras del Presidente contra ese flagelo y despertó carcajadas de todo el recinto. La empresa Iecsa, cuando estaba bajo el mando del Presidente, aparece mencionada en los cuadernos Gloria, con los que Nilsson pretendía dar cátedra.
Los argumentos de la legisladora, con el dedo acusador contra Oscar Thomas, quien no se presentó ante la Justicia, quedaron sepultados por la réplica del peronista Rafael Pereyra Pigerl, quien cuestionó que exhibiera información confidencial que, lejos de aportar claridad, podría entorpecer el accionar de la justicia en la justicia, ya que contenía datos del ex director de Yacyretá, como direcciones y teléfonos.
Silvana Giménez, de la Renovación, también advirtió que “la corrupción no tiene signo político, ni ficha de afiliación”.
“Si nos limitamos a tirar los corruptos por la cabeza, damos lástima. No se deben invadir competencias del Estado, las medidas que deban tomarse en estos asuntos las definirá la Justicia”, espetó. Y, finalmente, recordó que la propia alianza Cambiemos en Misiones tiene problemas similares a los denunciados en Buenos Aires, donde la campaña se financió con numerosos aportantes truchos.
“Las personas que cobran planes sociales, tan despreciadas por la derecha liberal, le han servido para esconder aportantes poderosos, que sin dudas, no pusieron plata desinteresadamente”, dijo Giménez y trajo a colación el caso de María del Carmen Sussini, la jubilada misionera que rechazó ante la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata, haber aportado diez mil pesos para la campaña de Cambiemos en Misiones. El contador de la alianza jura que se trata de una confusión de nombres y que la verdadera vive en Virasoro, Corrientes.
Pero en el fondo, queda en evidencia una maniobra similar a la usada en Buenos Aires. Acceso a la base de datos de la Anses y nombres que aparecen sin poder justificar siquiera los ingresos necesarios para los aportes que podrían encubrir plata negra de empresas que no pueden aparecer públicamente.
“Los paladines de la transparencia, los campeones de la lucha anticorrupción parecen estar inmersos en la misma mugre que dicen combatir”, cuestionó Giménez.
El radicalismo también intentó salir del brete del ajuste reclamando en la Legislatura la celeridad de algunas obras “paralizadas”. Pero tuvieron que masticar bronca cuando le hicieron saber que las obras que estaban cuestionando dependen de financiamiento nacional, que, como el fondo de la soja, se esfumó.
En el aire quedó la sensación de que el escándalo de los cuadernos no llega a ocultar los problemas reales de la economía. Ni siquiera los dirigentes de la alianza Cambiemos en Misiones confían en que las horas de televisión con los detalles escabrosos de presuntos hechos de corrupción, alcancen a tapar los problemas de gestión y el fracaso en promesas centrales como derrotar a la inflación y bajar la pobreza.
Por eso aparecen cada vez más díscolos en Cambiemos. El radicalismo tiene a varios dirigentes jóvenes que se animan a cuestionar los dictados de Nación. El economista Federico Villagra salió al ruedo y cosecha muchas adhesiones, sobre todo en el interior. Olimpio Vega, concejal de Garuhapé cuestionó con dureza el silencio del radicalismo misionero ante los problemas de gestión y que el partido avale el recorte del Fondo de la Soja.
Los jóvenes de Podemos también aprovechan el momento para hacer política por un sinuoso camino del medio. Pero flota la pregunta ¿a qué juegan? El líder del grupo, Facundo Sartori se mostró con la radical Anita Mander y con el ex diputado agrario, Héctor “Cacho” Barbaro mientras que se habla de un acuerdo con la Renovación.
El plan de ajuste del Gobierno nacional sirve para contrastar políticas y pensar en 2019. El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua en la presentación del Presupuesto que ahora se conoció en su totalidad, expresa con claridad que el concepto del misionerismo se mantiene con la inclusión como premisa.
La inversión social domina el reparto, con la Educación como prioridad con el 30,57 por ciento de los recursos, además de 13,86 por ciento para la salud pública y un 12,34 por ciento al desarrollo social. La obra pública sigue siendo un “motor del desarrollo económico”. Se invertirán 14.691.328.000 pesos, el equivalente al 21,85 por ciento del total. “Nuestro Gobierno orienta esta actividad hacia la ejecución de obras de contenido social, con miles de viviendas, escuelas, hospitales. La obra pública es la actividad económica con mayor efecto multiplicador y la de mayor ocupación de mano de obra”, define Passalacqua.
