Rovira

Aprender

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Los primeros datos oficiales del operativo Aprender 2017 permiten visualizar los efectos de largo plazo de la aplicación de recursos y una política de Estado que tiene a  la educación como prioridad. No se trata de analizar los números en particular, en los se advierten mejoras paulatinas y constantes, sino de trazar una evolución en la transformación educativa que, coinciden todos los sectores políticos, es clave para el desarrollo de la provincia.
Misiones viene de ser durante años, una de las provincias con peores resultados educativos, bajos salarios y carencia de infraestructura. En los 90 llegó a ocupar los últimos resultados y la explosión de la crisis en 2001 obligó a pensar en la urgencia de escuelas que, por lo menos, den de comer a los alumnos. No había tiempo para mirar más allá. Llegaron a funcionar mil comedores, para asistir a 180 mil chicos, “lo que dificulta la discusión sobre la calidad de la educación”, reconocía en 2004 el entonces ministro de Educación, Hugo Passalacqua, en un reportaje concedido al diario El Territorio. “Tenemos que tener conciencia que las inversiones en educación de hoy recién verán sus frutos dentro de 20 años y que hacemos todo cuanto podemos. Es que resolver los problemas de la educación, que se iniciaron hace dos décadas cuando Misiones comenzó a tener un crecimiento exponencial, es un deber del Estado, pero también una responsabilidad de todos”, argumentaba el hoy gobernador. Por entonces comenzaron a germinar las primeras semillas de transformación. Eran pequeños brotes. Se hablaba de equipar 33 escuelas con salas informáticas. Hoy Misiones hace punta con una escuela de Robótica y los resultados de calidad educativa están en mejora permanente, a tono con el promedio del país e incluso mejor en algunos aspectos.
Una de las claves fue el crecimiento exponencial de las salas de tres años, soñados por aquellos años. Los mejores resultados se observan en aquellos niños con una trayectoria educativa más extensa. Tiene la mayor cobertura del NEA en salas de cuatro y cinco años –en la de tres todavía está lejos de la universalización- . Si se agrega el NOA, solo Catamarca tiene mejores indicadores, pero con una población mucho más baja. En 2008 había solo 9.603 chicos en salas de cuatro años. El año pasado estaban incluidos 20.812.
En Misiones, el 80 por ciento de los chicos asiste a instituciones estatales y en la primaria se observan los primeros resultados. No hay diferencias sustanciales entre la calidad de la escuela pública y la privada, aunque se notan diferencias fuertes entre los niveles socioeconómicos. Los chicos de familias de menores recursos, tienen los resultados más flojos.
Pero hubo una transformación a partir de una decisión política, que se sostiene aún en época de arcas más magras. No se cerraron. Se multiplicaron las escuelas. El presupuesto está a la cabeza del reparto de los recursos estatales y los docentes discuten algo más que salarios. Por eso es clave la continuidad de las políticas. Un recorte de hoy se sentirá en la próxima década, como hoy se sienten los resultados de los últimos quince años.
Los resultados de las políticas se ven recién a largo plazo. Misiones es hoy una provincia con verde para mostrar como principal atractivo turístico gracias al sostenimiento de una política de Estado que ya lleva más de tres décadas y que fue impulsada por el entonces gobernador radical Ricardo Barrios Arrechea, recientemente reconocido por el Colegio de Ingenieros Forestales y la Universidad Nacional de Misiones en un acto que contó con varios de los funcionarios que ocuparon el ministerio de Ecología, pionero en el país.
Bien vale aprender de las decisiones tomadas y sus consecuencias. Mirar los errores y evitar repetirlos.
La mesa yerbatera, que tuvo su primer encuentro en Buenos Aires este lunes, marcó también un aprendizaje. La idea de desregular el mercado, que deslizó el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere y que respaldan algunos sectores industriales y medios de la cadena, fue rechazada por la UATRE y los pequeños productores. El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Ré, sumó ante Economis, su visión: “Creo que tiene que haber una regulación, es importante. Y si fuera una desregulación no podría ser abrupta porque ya tuvimos la experiencia de los 90 que ha sido nefasta”.
Por eso preocupa que algunas políticas económicas lleven destino ineludible de la crisis que resultó de aquellos años. La deuda externa ha crecido 21,8 por ciento en el último trimestre del año pasado y alcanzó los U$S 305.708 millones, 50 mil millones más que en 2016 y la cuenta sigue subiendo.
 “El país está dando pasos hacia una crisis como la de 2001”, definió el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.
Ese año marcó el inicio de la más profunda crisis económica y fue el epílogo de un modelo de endeudamiento que compite en velocidad con estos años. El desempleo y la pobreza se fueron por las nubes y el Estado se redujo a su mínima expresión.
Hoy se está lejos de una crisis similar, coinciden economistas de diversas extracciones, pero advierten que sostener un ritmo de endeudamiento como el actual, no es viable en el mediano plazo. En algún momento se cierra el grifo y habrá que empezar a devolver. O, retornar al sometimiento de políticas decididas en el despacho de algún organismo financiero que, casi nunca benefician al que menos tiene.  
Es deuda para financiar el gradualismo, explican en el Gobierno para defender el modelo que, sin embargo, no ofrece resultados alentadores, especialmente en la inflación, que sigue tan alta como en las postrimerías del kircherismo.
Hoy el desempleo se mantiene a la baja. Pero la pobreza todavía alcanza a un treinta por ciento de la sociedad. Llegar a cero es casi una quimera si el empleo que se genera es mayormente informal o con salarios que no le ganan a la inflación.
El Gobierno de Macri sufre una crisis de desilusión”, define el consultor político Gustavo Córdoba. El relato ya no es tan creíble. La inflación baja en el discurso, pero no en las góndolas, donde cada vez se consigue menos con el mismo billete.
Sin embargo, no hay quien capitalice esa desilusión. El votante que se recostó en Cambiemos –no aquel fiel al PRO- se corrió de la alianza, pero no encuentra un espacio que lo contenga.

La oposición deberá aprender a convivir con una Alianza que no es la misma que aquella y que ya tiene un objetivo de corto plazo. La reelección de Macri es más que un deseo. El peronismo todavía no tiene un liderazgo claro y la centralidad que mantiene Cristina, obliga a repensar estrategias si quiere recuperar el poder.
Por eso el Gobierno lanzó el operativo reelección. Es mejor hablar de política que de economía y el fantasma de Cristina ayuda a sostener la mística electoral.
Sin embargo, la economía influye en el humor social. Queda claro que las decisiones macro terminan impactando en el bolsillo y que provincias como Misiones no perciben lo positivo del cambio. Las asimetrías agobian al comercio y la inflación al consumidor.
El pobre nivel de respuestas a las demandas de los misioneros se hace cada vez más injustificable para los propios dirigentes de Cambiemos.
La caída del ITC diferenciado ha sido el último quite a una economía misionera que se sostiene a su suerte y con el respaldo del Estado provincial para incentivar el consumo golpeado por las asimetrías.
No es casual que en Cambiemos comiencen sutilmente a presionar por unificar la fecha de las elecciones en Misiones. Es que advierten que sin el arrastre de Cambiemos tendrán poco para ofrecer si van en soledad, por más que se muestren altivos en medios y redes sociales.
El radicalismo es el que más reclama romper lanzas con el Gobierno provincial. Desprecian el acuerdo institucional de gobernabilidad y piden que se acentúen las diferencias políticas.  
La guerra fría entre el PRO y los radicales que exigen ser más duros con la Provincia se hace evidente. El tridente radical Gustavo González, Germán Bordón y “Chiquitin” Molina es el más insistente. Las quejas llegaron incluso al titular del plan Belgrano, Carlos Vignolo, -también radical- a quien Hernán Damiani le pidió apoyo. “La Provincia es autónoma y en los temas de gestión debemos trabajar juntos”, les espetó el funcionario nacional.
En el radicalismo creen que cuanto peor (para la Provincia) mejor para su estrategia.
El PRO prefiere mantener la buena sintonía, aunque no deja de machacar que irá por el triunfo, para despejar cualquier duda de sus socios de ocasión. “Sea cual sea la fecha, que en su derecho, el oficialismo provincial convoque a las elecciones en 2019, tenemos reales posibilidades de ganar y ser gobierno”, dijo Alfredo Schiavoni.
Hay algunos que sueñan con una fórmula del PRO pura. Otros ya dan por seguro el tándem Schiavoni (Humberto) y Luis Pastori. Pero nadie garantiza mucho espacio más para el radicalismo.
En el Gobierno, por el contrario, sostienen que sostener la institucionalidad es fundamental. La lógica es clara. Peleados sería peor.
Una muestra de que el diálogo es permanente es que Hacienda mantiene el teléfono abierto con el ministerio del Interior para recuperar el combustible más barato, mientras que en el Congreso se gestiona una compensación con energía eléctrica. Los que rechazan el ITC diferenciado son Nicolás Dujovne y Juan José Aranguren. En las oficinas de Rogelio Frigerio insisten en que hay que cumplir los acuerdos políticos.   

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Dar el ejemplo

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La imperiosa necesidad de mostrar resultados positivos ante un problema medular como el déficit fiscal, obligó al gobierno de Mauricio Macri a desplegar una serie de medidas para bajar el gasto público. El ajuste prometido busca el objetivo de ser “ejemplificador” desde la política, aunque con resultados impredecibles.
El achique del gasto político es siempre bienvenido y reclamado por la sociedad que paga los costos. Sin embargo, no parece ser más que una reacción impulsada por el escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien fue premiado con la confianza presidencial y del gabinete.
El objetivo de fondo parece ser no solo achicar gastos, sino marcar pautas en las negociaciones salariales, claves en la inflación anual y en la contención del gasto del Estado.
Macri prometió reducir la planta política, lo que equivale a un 25 por ciento del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Aunque suene igual, no es el mismo 25 por ciento que aumentó la planta del Estado desde que él mismo tomó el timón del Gobierno.
También congelará salarios de los funcionarios de primera línea y despedirá a los familiares directos de los ministros que fueron incorporados en los últimos dos años. Con esto, pretende ahorrar 1.500 millones de pesos al año, el equivalente al 0,034 del gasto público en 2018. Una gota en el mar, según economistas consultados por Economis, incluidos los más liberales.
De acuerdo a los anuncios del Presidente, se desprende que las medidas no cambiarán radicalmente el escenario. Terminar con el nepotismo es una meta utópica, pero si se trata de “gestos”, mejor hubiera sido no potenciarlo en los últimos dos años.  La promesa solo alcanza a familiares directos de ministros, cuando hay cuñados, primos, suegros y novias, además de varios Ceos sin cartera que también tienen a sus más cercanos como colaboradores.  
Si se saca de encima a los familiares de los ministros, -la familia de Jorge Triaca es una de las más numerosas con sueldo del Estado- serán apenas un puñado en comparación a la estructura aumentada con ministerios, secretarías y direcciones varias de nombres extensos e insólitos. Tampoco se dice nada de amigos y entenados, que sí pueden ser nombrados. Si habrá ajuste, pasará por otro lado. Temen los empleados públicos, que será en su salario que, si no congelado, tendrá mínimas correcciones.
“La austeridad tiene que partir de la política. La política no debe tener ventajas excepcionales, insisto, debe ser un ejemplo de austeridad”, presionó Macri. 
“Por primera vez en 100 años se dio de manera simultánea que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto, bajó la inflación y bajaron los impuestos, y todo esto con la economía creciendo; esto no pasó en 100 años”, se envalentonó el Presidente.
Para sostener el nivel de optimismo, para el Gobierno es vital predicar con el ejemplo. La “baja del gasto político” es mostrar austeridad en momentos en que se inician las negociaciones salariales con un techo tácito del quince por ciento. El límite no es aceptado por el sindicalismo. Los gremios advierten que no sólo se pierde poder adquisitivo en referencia al año pasado, sino que la inflación de este año puede ser igual o superior a la de 2017.
Juan José Aranguren, el ministro del Excel, ya ajusta hacia arriba los tarifazos de gas y electricidad, porque sus cálculos fueron hechos en base a un dólar de 19,30 y ya en estos días, coquetea con los 20 pesos. La paradoja es que el propio Aranguren ató el precio de los combustibles al valor dólar, que se disparó por las metas “recalibradas” del equipo económico para inyectar un poco de optimismo a una economía deprimida por las altas tasas que impone Federico Sturzenegger desde el Banco Central. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Según los especialistas del mercado energético, el costo mayorista de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de 19,30 pesos por dólar, lo que representaba 1440 pesos por MWh. Con la moneda estadounidense a 20, el precio se acerca a 1500 pesos por MWh, cuatro por ciento más que la anterior estimación y 20 por ciento más que en 2017 (1250 pesos por  MWh).
En la cartera de energía admiten que aún faltan “correcciones” de entre el 25 y 30 por ciento en la electricidad y de hasta el 50 por ciento en el gas.
Las subas tienen correlato en el bolsillo del consumidor y generan efectos políticos diversos. Emsa es el ejemplo local del desquicio de las tarifas. A los aumentos nacionales se sumaron actualizaciones locales que son difíciles de entender cuando se traducen en las boletas. Emsa aduce que obedecen a la quita de subsidios y a los cambios en las tarifas sociales que aplicó la Nación.
La oposición, encarnada por la versión local de Cambiemos, pide que bajen las tarifas y denuncia a la empresa local por el golpe al bolsillo con los mismos argumentos con los que en el país se cuestionan los tarifazos de Aranguren. Cambiemos insiste en que se respete una audiencia pública a la que no fue convocada Misiones.   
Del otro lado, una multisectorial conformada por Derechos Humanos, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, representantes de EMSA, referentes barriales, funcionarios de organismos provinciales y de la Municipalidad de Posadas, así como el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, presentó un amparo en la Justicia para frenar los aumentos nacionales. El defensor del Pueblo, Alberto Penayo resaltó que el consumo de energía “no es algo suntuoso en nuestra provincia por las altas temperaturas que se registran, por lo que esta decisión de la Nación nos impacta negativamente sin que se reconozca nuestra particular situación de dependencia de la energía eléctrica”. El mismo parámetro se utiliza en las otras provincias del norte que están padeciendo los mismos ajustes.
Otra medida anunciada por el propio Macri es una reforma al sistema de becas del plan Progresar, que dejará de depender de la Anses para integrarse al presupuesto de Educación. Ya no será un programa de acceso universal para quienes quieran culminar sus estudios en las distintas etapas de escolaridad, sino que tendrá condiciones más exigentes para renovar el beneficio.
Los cambios pegan de lleno en una población como la de Misiones, donde gracias al Progresar se logró recuperar y aumentar la población educativa, especialmente en los niveles medios y superiores.  
El año pasado fueron becados 44.197 jóvenes con un impacto económico anual de 330.452.100 pesos. Si bien en mayo se produjo una baja significativa en la cantidad de beneficiarios, que fueron excluidos por la implementación de un nuevo sistema en el Ministerio de Educación de la Nación, lo que redujo a poco más de 16 mil becados; la persistencia del equipo provincial llevó a que se cierre el año con 44.197. Del total que culminaron el 2017, el 0,1 % continúa sus estudios en Educación Especial, el 14 % en Formación Profesional, el 2 % realiza la terminalidad del primario, el 36 % del secundario y el 48 % está en el terciario o universitario.
La idea de volver a premiar a quienes tienen mejores resultados, es resistida por los pedagogos, ya que  los beneficiarios son jóvenes que no solamente estudian, y que deberán ahora mantener un ritmo de estudio igual que los chicos de clase media y alta, cuyos proyectos de vida están pensados solo para estudiar en esta etapa de sus vidas. Por eso, hay temor de que aumente la tasa de abandono en el nivel superior.
Estos chicos que ahora necesitan al Estado son los que nacieron en la Argentina de la crisis de 2001, mal alimentados, con familias totalmente desmanteladas, una triste realidad que rápidamente olvidamos todos. Siento que la sociedad los ubica en el casillero equivocado, no creo que sean los “vagos ni ni”, confesó, desesperanzada una docente vinculada al programa.

Está claro que los objetivos perseguidos son los correctos. Austeridad en la política, ahorro de los recursos públicos y un Estado en el que no sobre personal.
El Estado misionero es uno de los pocos que va en línea con esa idea. Es la cuarta provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante y recién asumido, el gobernador Hugo Passalacqua congeló los ingresos a la planta política. Solo se pueden sumar docentes, policías y médicos, en las áreas esenciales del Estado.
Misiones además, en un lote minúsculo de provincias, logró el año pasado una mejora sustancial en el resultado económico que será superavitario en un importe cercano a los 2.500 millones de pesos, debido a que los recursos corrientes se incrementaron en un diez por ciento por encima de los gastos corrientes, al mismo tiempo en que creció exponencialmente la inversión en obra pública.
Según un informe oficial de la secretaría de Hacienda, se estima que el gasto en capital consolidado de Misiones en 2017 cerrará en 8.408 millones de pesos lo que representa un incremento del 41 por ciento (+2.449 millones) con respecto a 2016, cuando se alcanzaron los 5.959 millones.
La ejecución de la obra pública superó holgadamente la inflación, y se observa que en términos reales (es decir, eliminando el efecto de la inflación), la obra pública creció por encima de 14 por ciento.
Este aumento de la obra pública se observa tanto en aquellas financiadas con rentas generales de la Provincia como aquellas financiadas con recursos federales, de modo que este dato no es menor: la obra pública mejoró su ritmo tanto porque la Nación mejoró el envío de remesas para obras públicas ejecutadas por la Provincia (+43%) como porque también las obras financiadas con rentas generales de la provincia también recibieron más fondos (+39%).
La política de Estado de Misiones se caracteriza por una participación importante en el nivel de gasto de capital. Por ejemplo, en promedio para los últimos cinco años fue equivalente al 24,62 por ciento del total de las erogaciones del presupuesto. Este número supera de manera relevante al promedio de las 24 restantes jurisdicciones en  el periodo comprendido entre el año 2013 al primer semestre de 2017 (último dato publicado por Ministerio de Hacienda de la Nación), que en cuyo caso ese promedio fue solo de 13,33 %.
La noticia es excelente porque coloca a Misiones en un lote de pocos. Hay provincias con los sueldos a estatales atrasados o en cuotas y que se financian con endeudamiento o asistencias extraordinarias del Estado nacional, como ATNs o adelantos de Coparticipación. En Misiones, sin estridencias, se predica con el ejemplo.
      

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Números rojos

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El último dato de inflación de 2017 fue un trago amargo para un Gobierno que intenta pasar el calor del verano alejado de las preocupaciones. El 3,1 por ciento que admitió el Indec fue la inflación más alta del año, con un posible efecto rebote en los primeros meses de 2018 por tarifazos y el inestable valor del dólar. También marcó una suba de precios del 25 por ciento, idéntica al último año de Cristina en el poder y ocho puntos por encima de la meta del 17 por ciento, que condicionó toda la política económica del año.
En 2016 la inflación fue del 41 por ciento, la más elevada en 25 años y en 2017 Argentina se mantuvo en el ranking más negativo de la economía latinoamericana como el segundo país, detrás de la vilipendiada Venezuela, con más inflación. En tren de comparaciones, la inflación de diciembre fue más alta que la de Brasil en todo el año.
Cumplir la recalibrada meta de 2018 del 15 por ciento de inflación anual dependerá fundamentalmente de la posibilidad de enfriar los aumentos salariales, pero los principales economistas –de diversas corrientes-, anticipan ya una inflación no menor al 20 por ciento.
Según el Indec, en la inflación de 2017, el NEA fue la región con menos subas. Media verdad. El Indec tiene canastas regionales que no son representativas del consumo de cada provincia, sino de la región. La Canasta Básica de Posadas esta en 17.800 aproximadamente y nada tiene que ver con la regional de Indec. A diferencia de otras provincias, en la canasta misionera pesa mucho el rubro alimentos, mientras que en la ponderación de Buenos Aires o CABA, son otros rubros. La inflación, hasta noviembre, en Posadas marcaba 22,2%, el mismo porcentaje total de la región en los últimos doce meses.
La inflación es la demostración de la incapacidad de gestión porque significa que uno no puede administrarse con los recursos que tiene”. La frase, lapidaria, no es de un opositor. La dijo el entonces candidato, Mauricio Macri el 31 de enero de 2014.
En el juego de las comparaciones el Gobierno retrocede varios casilleros por errores propios. La inflación es uno de los problemas centrales, pero no el único. Con fundamentos idénticos a los que utilizó Domingo Cavallo para inaugurar la era de la desregulación económica durante el menemismo, Macri puso su firma a un megadecreto de Necesidad y Urgencia para la “desburocratización” del Estado que apunta a desregular algunos sectores de la economía, achicar áreas y nuevamente, poner a valor mercado a la plata de los jubilados en manos de la Anses, entre otras decenas de normativas. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses tiene unos 75.000 millones de pesos, entre préstamos a jubilados, beneficiarios de la AUH y pensiones no contributivas. Aunque el propio Gobierno admite que los beneficiarios de la AUH ya no tienen margen para seguir endeudándose, sostienen que todavía se puede insistir con los préstamos a jubilados y pensionados. Por las dudas, gracias al mismo decreto, los bancos podrán embargar las cuentas sueldo –ya no la retención de hasta el 20% de lo que superara el Salario Mínimo Vital y Móvil,- para cobrar préstamos. El decreto, que a simple vista no puede justificar urgencia en la necesidad, promete ser el centro de la disputa política en un enero que hasta ahora se presentaba tranquilo.
La mayoría de las provincias dedicaron las primeras dos semanas del año para adecuar sus sistemas fiscales a la letra del Pacto Fiscal impuesto por la Nación.
Pese a lo que podría esperarse, los aliados de Cambiemos fueron los que marcaron el camino de las subas. María Eugenia Vidal -que este año recibirá $65.000 millones más gracias al Pacto Fiscal- amagó con rebajas a Ingresos Brutos (solo cumplió con Industria y Transporte) y Sellos, pero el Inmobiliario tendrá subas de entre 40 y 75 por ciento y hasta 216 por ciento, según entidades rurales.
El intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta encaró una baja selectiva; el sector más beneficiado es la industria, para los servicios queda igual y para el comercio el aumento fue de 3% a 5%.
El jujeño Gerardo Morales se comprometió realizar un fuerte ajuste y para mejorar la recaudación puso en marcha un plan de regularización de deudas tributarias y de declaración de mejoras y, en materia tributaria, también eliminó Ingresos Brutos de extraña jurisdicción a la vez que encarará un revalúo para el Inmobiliario.
Alfredo Cornejo, en Mendoza, avanzó en su plan de “reducción plurianual de alícuotas de Ingresos Brutos, incorporando 117 nuevas actividades a las 106 de 2017”; se incorporaron actividades agroindustriales, metalmecánicas, industriales, de construcción, software, turismo, servicios personales y profesionales. También aumentó Sellos, elevando los mínimos alcanzados.
Aunque el pacto fiscal no establece un tope unificado en Ingresos Brutos para el comercio -fija la alícuota del 5% para el período 2019-2022- el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey optó por aumentarla del 3,6% al 5% y en la construcción pasó de 1,5% a 3%.
Según la percepción de los empresarios en una encuesta de KPMG, el problema que más preocupa a las empresas es la carga impositiva de las provincias siendo provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, en ese orden, las más gravosas para la determinación de los precios de bienes y servicios.
La incidencia de los impuestos en la Argentina frustró proyectos de inversión, según ese sondeo, pero sólo 60% consideró que la reforma impositiva dará un espaldarazo a esas inversiones, y apenas 25% cree que este año tendrá menor presión fiscal.
En general, todas las provincias retocaron hacia arriba para tratar de recuperar lo que transfieren al sector privado mediante las bajas. Misiones, después de las correcciones necesarias, dejó la política tributaria exactamente igual a como estaba en 2017, con algunas leves bajas si se está al día con los impuestos.
Hubo intenciones politizadas de cuestionar la reforma pero enseguida fueron frenadas desde la Nación, ya que cercanos a la Presidencia aclararon que no se inmiscuyen en cuestiones de jurisdicción provincial.
La transferencia al sector privado en Misiones rondará los 3.500 millones de pesos, lo que representa un fuerte compromiso para con la economía misionera y especialmente, la creación de empleo.
Después de expresar su descontento por algunas subas que se colaron en la primera versión de la reforma misionera, las cámaras empresarias destacaron la decisión del Gobierno de no subir tributos. Ahora se analiza un posible acuerdo de la Provincia con los sectores más beneficiados para establecer una serie de pautas que garanticen que la transferencia de recursos no se pierda sin dejar resultados a toda la sociedad.
El Estado provincial dejará de recaudar cerca de 2000 millones de pesos este año con la rebaja de impuestos. 1.500 millones en la versión más optimista, con un crecimiento económico nacional promedio del 3,5 por ciento. Al término de cinco años, la pérdida acumulada sería como mínimo de 7.500 millones de pesos, el equivalente a un presupuesto anual actual de Salud Pública. Más que lo que se destina a Desarrollo Social y a Seguridad y apenas por debajo de lo destinado al desarrollo de la Economía en 2018.
Finalmente, la reforma fiscal versión misionera se traducirá en eliminación total de Ingresos Brutos a las exportaciones, reducción a la industria (excepto celulósicas) de 3,5% a 2%, el transporte se reduce de 3,5% a 3%. La construcción se reduce de 4,5% a 3% y las Comunicaciones, de 8,45% a 5%.
El Gobernador decidió establecer bonificaciones por estar al día y hasta un tope de facturación anual de acuerdo a cada sector económico. Con los descuentos, el comercio minorista tributará 3,9 por ciento (menos que la alícuota del 4,5 que regía hasta diciembre) y el mayorista se quedará en torno al 3,5.
Las bonificaciones van desde el 20 al 30 por ciento y los topes desde 20 millones de pesos para servicios agrícolas e industriales, a 50 millones de facturación anual para comercios mayorista y minorista.
“Es un avance, aunque limitaron mucho respecto a la facturación. Pero es un gesto que esperábamos del Gobierno”, confió un dirigente empresario que hizo de negociador de la letra definitiva.
Párrafo aparte es la otra gran discusión latente: el costo energético. El último tarifazo nacional se está haciendo sentir en usuarios y empresas, que afrontan facturas que en algunos casos, son cien por ciento más elevadas que las que pagaron en diciembre. En Emsa, recién acomodándose el nuevo presidente, Guillermo Aicheler, todavía no hay precisiones sobre los alcances de los aumentos. Solo se limitan a recomendar bajar el consumo, ya que el nuevo cuadro tarifario, castiga la mayor demanda. Cuanto más se gaste, más caro se paga. Este lunes habrá una reunión entre Aicheler y la Confederación Económica de Misiones para analizar alternativas y entender las nuevas facturaciones antes de que vuelva a haber una nueva suba por la quita de subsidios que sostiene la Nación.
El Pacto Fiscal obligó a que las provincias realizaran una serie de modificaciones que derivaron en un nuevo mapa tributario nacional. Casi todas subieron alícuotas para compensar las reducciones obligadas por el consenso fiscal.
El desprendimiento del Estado que cede recursos, pero al que se le seguirá exigiendo servicios de calidad, debe tener una doble respuesta. El sector privado, con el compromiso de reinvertir sus mayores utilidades y la Nación, girar las compensaciones prometidas y de paso, retomar la discusión por una nueva ley de coparticipación, que compense inequidades históricas y la cesión de puntos del gobierno radical de Ricardo Barrios Arrechea y en los 90, por Ramón Puerta.
Misiones picó en punta en reinstalar ese debate, junto a La Rioja, Chubut y Buenos Aires que vienen promoviendo una revisión del sistema de reparto de los fondos nacionales.
“Después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación. Los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones plantean su problemática, que es distinta a la provincia de Buenos Aires”, señaló hace unas horas el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca.
Misiones perdió 1.7 puntos de coparticipación por sucesivos pactos encarados por partidos que hoy son parte de la alianza nacional, como el radicalismo o Ramón Puerta, actual embajador de Macri en España.
 

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Tú haces, nosotros hacemos, y ellos hacen

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Esta frase resume lo que entiendo será el devenir económico del año 2018. La economía nacional no logra exponer dos años consecutivos de crecimiento desde el año 2010 hasta la fecha, después de 7 años (2003-2009) con altas tasas de crecimiento indiscutido y reducción del desempleo.

El Gobierno Nacional entiende que para salir del actual estancamiento (en realidad, crecimiento y decrecimiento registrado año tras año) debe motivarse a la Inversión Privada como el disparador del crecimiento y el garante que sea sostenible todos los años venideros.

La inversión privada no es la colocación financiera en depósitos de ahorro, a plazo, compra de Lebacs o similares. Es el aumento en los bienes de capital de una sociedad (rutas, autovías, fábricas, maquinarias, medios de transporte, etc) que aumenta la capacidad de producción de un país y con ello su crecimiento.

Desde el Gobierno Nacional y las provincias (“Tú haces y nosotros hacemos”) se asumió un compromiso de reducción gradual de impuestos nacionales y provinciales con el objeto de mejorar la rentabilidad de determinados sectores de la economía –empezando por la industria y el transporte- y también su competitividad.

Ahora bien, para que el Consenso Fiscal surta los efectos deseados, estos sectores económicos beneficiarios deberán (“Ellos hacen”) reinvertir esos mayores beneficios productos de la reducción impositiva, inversión que asegurará el crecimiento económico y dinamizará a la economía.

Esta conducta empresaria será crucial para el éxito del paquete de reformas que se concretaron sobre el fin de este año. La inversión será el único componente de la Demanda Agregada que podrá exhibir un incremento sustancial, incrementar las ventas finales y con ello recuperar a la economía.

Los otros componentes no pueden asegurar lo mismo:

1) El Gasto Público no podrá aumentar en términos “reales”, es decir, por encima de la tasa de la inflación, con lo cual el sector público “perderá peso” en la economía, tal cual la ideología dominante en el Gobierno Nacional. Esto surge también de la nueva ley de responsabilidad fiscal que está en tratamiento del Congreso por estos días. Desde el Gobierno de la Renovación siempre se ha sostenido la participación del Estado en la economía, en los programas sociales y educativos, a fin de redistribuir el ingreso y reducir la pobreza; pero en el convencimiento que para salir del actual “estancamiento” de la economía hay que dar gobernabilidad y acompañar las medidas que puedan conducir al crecimiento, es que se ha acompañado este paquete de reformas.

2) El consumo privado, es un componente que por lo general “acompaña” a la economía, es decir aumentando en períodos de expansión y cayendo en períodos de recesión. Pocas veces, el Consumo ha sido la causa de los ciclos económicos, más bien es “la consecuencia”. Si la economía crece, las familias tienen más ingresos y consumen más, y viceversa. Por lo tanto, el consumo privado no es capaz de ser el disparador del crecimiento argentino en el actual contexto.

3)  El sector externo (exportaciones menos importaciones) aún se muestra deprimido. Si aumentaran las exportaciones argentinas, las empresas demandarían más empleo y aumentaría la producción, pero con un tipo de cambio rezagado y una economía internacional que no termina de despegar es dudoso que este sector pueda provocar el salto de crecimiento que se requiere. En esta área hay dos aspectos que pueden influir positiva y negativamente en forma respectiva: I) La recuperación de la economía brasileña, aún como “efecto rebote” que mejorará las exportaciones argentinas (positivo) y II) el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, que provocará una caída en el precio de nuestros productos agrícolas de exportación (soja, trigo, carne, etc) y perjudicando entonces nuestras exportaciones.

Como materia pendiente de la macroeconomía nacional:

  1. a) la baja en la tan criticada elevada tasa de interés de referencia del Banco Central, con el recurrente debut de las Lebacs pero que encarece el crédito para el consumo y la inversión,
  2. b) la corrección del tipo de cambio que le permita a las empresas exportadoras vender más y generar empleo, y
  3. c) la reducción del déficit fiscal nacional para evitar el sobreendeudamiento del Estado que, como dato positivo de último momento se estarían sobrecumpliendo las metas fiscales fijadas para el año 2017, lo cual marca un buen indicio.

Desde el Gobierno provincial, el norte siempre ha sido la defensa y generación de nuevos puestos de trabajo: la promoción del consumo con el Programa AHORA MISIONES, utilizado como modelo a nivel nacional por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa para el lanzamiento del Programa de Comercios de Frontera que ha incluido a 14 localidades misioneras, el subsidio a la tarifa eléctrica para los sectores del comercio y de la producción, el lanzamiento del Fondo de Créditos Misiones SAPEM con más de trescientos créditos aprobados en estos primeros diez meses de existencia, la puesta en marcha del Parque Industrial con la radicación de empresas con tecnología de vanguardia como son las empresas VOLTU y LUG, la profundización de las relaciones con los estados del sur de Brasil para promover la integración regional son algunos de los tantos lineamientos definidos por el gobernador Hugo Passalacqua  y el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira para incentivar al desarrollo económico de Misiones.

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Victorias que son derrotas

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Victoria pírrica. El Gobierno de Mauricio Macri podrá celebrar la aprobación del nuevo cálculo de los haberes previsionales, una de las patas del paquete de reformas que presentó en su relanzamiento después de las elecciones de octubre. Sin embargo, en el camino sufrió un desgaste impensado que esmerila el poder simbólico cosechado en las urnas. Las balas de la Gendarmería y la Policía trajeron a la memoria otros calientes días de diciembre, en 2001, los últimos de la alianza en el Gobierno que se fugó en helicóptero dejando un tendal de muertos y políticas de ajuste. Casualidad o causalidad, varios de los ministros de aquel Gobierno se repiten en este. Federico Sturzenegger era el secretario de Política Económica de Domingo Cavallo y uno de los creadores del Megacanje que aumentó exponencialmente la deuda externa y pagó jugosas comisiones a financistas. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, defendía entonces el recorte del 13 por ciento a los estatales y jubilados. Hoy pone el beneficio de la duda al servicio de las fuerzas de seguridad encargadas de repeler las manifestaciones públicas. Raro. Las decisiones positivas no suelen requerir la custodia de la fuerza pública.

El proyecto de reforma previsional implica una transferencia de recursos de los jubilados estimada por los más optimistas en 50 mil millones de pesos durante 2018 –cien mil millones es el cálculo más extremo-. No es un recorte como aquel 13 por ciento, sino vía menos aumentos que con la fórmula actual, por lo que el Estado ahorra. He ahí el motivo de la cerril oposición, que desató la represión fuera del Congreso y una batalla política dentro del recinto de la que el Gobierno no salió bien parado. La socia Lilita Carrió marcaba los tiempos vía Twitter y hasta frenó, amenazante,  un supuesto intento de Macri de sacar la reforma por decreto.

En el Gobierno insisten en que los jubilados ganarán más con la nueva fórmula, aunque puedan perder en el corto plazo, por lo que prometen un bono que cubra la diferencia –si hay bono, explícitamente se admite que hay pérdida de poder adquisitivo-. De cualquier modo, pudo ser peor. Las frenéticas negociaciones de los diputados de la oposición logró que se incluya en la actualización a los jubilados por moratorias –hay 3,2 millones de argentinos en esa condición, de los cuáles más de 40 mil son misioneros-, quienes también cobrarán el bono. La AUH también será alcanzada por el sistema de actualización, que llegaría a un 22 por ciento al final del año próximo. La inclusion de un reparto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también será analizada en el futuro, adelantaron fuentes oficiales.

Nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo y esconde serias inequidades”, sostiene un paper que hizo circular Cambiemos con los argumentos en defensa de la reforma.

“La primera corrección es cambiar la fórmula de movilidad, para hacerla más parecida a las de los países de la OCDE. Los 34 países de la OCDE actualizan sus jubilaciones por inflación o por una combinación entre inflación y salarios. Nosotros proponemos una fórmula compuesta en un 70% por la inflación del INDEC y en un 30% por el índice de salarios. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de las jubilaciones queda protegido para siempre”, enumera.

“La segunda corrección que proponemos es garantizar, para los jubilados que hayan completado sus aportes, que la jubilación mínima sea del 82 por ciento del salario mínimo. Y la tercera es permitirles a los trabajadores que se sientan cómodos en sus empleos, demorar su jubilación y seguir trabajando hasta los 70 años”, completa el documento, en línea con una de las recomendaciones del Fondo Monetario internacional. Lease bien: 82 por ciento del salario mínimo, no del promedio de los últimos sueldos como activo, como es la fórmula hoy. A valores actuales, es una condena a vivir en la pobreza los últimos años. Sin embargo, los conocedores de la letra chica de la reforma aseguran que la jubilación mínima se elevará al 82% del salario mínimo vital para los aportantes sin moratoria pero igualmente se seguirá calculando en base al promedio del sueldo de los últimos 10 años de modo que está modificación es una mejora en el sistema previsional.

El Gobierno explica que el sistema actual no es sustentable porque el peso en el presupuesto crecerá “hasta quitarles recursos a la educación, la salud y la obra pública”.

“El sistema ya es deficitario. Este año el Tesoro, a través de sus impuestos, tuvo que cubrir con 300.000 millones de pesos (casi 3% del PIB) la diferencia entre los ingresos y los egresos puros del sistema previsional. Todo el déficit que tiene hoy el Estado Nacional, y que tanto nos está costando bajar, se explica por el déficit de ANSES”, señala un documento oficial. Déficit que se exacerbó por la “Reparación Histórica” que impulsó el Gobierno como moneda de canje para el blanqueo. El gasto aumentó por encima del ahorro que ahora se quiere concretar.

En Brasil, Michael Temer postergó hasta febrero una reforma jubilatoria similar ante las encuestas que señalan que más del 70 por ciento de la población está en contra.

Uno de los problemas, que fue soslayado incluso por los gobernadores que garantizaron su apoyo para votar la reforma este lunes, es que la reforma de Macri amenaza con dejar a su suerte  a las millones de personas que están trabajando en negro, sin hacer sus aportes de previsión social.  “Con esta reforma las amas de casa y el 35 por ciento de trabajadores precarizados pierden la posibilidad de jubilarse. Solo podrían acceder a una pensión que es de 80 por ciento de la jubilación mínima (5.700)”, explicó la economista misionera Mercedes D’Alessandro. 

El 60 por ciento de los trabajadores que se jubilaron en los últimos años no había logrado completar sus 30 años de aportes, porque el trabajo informal oscila desde siempre entre el 40 y 30 por ciento.

Ese desequilibrio no se resuelve con la fórmula propuesta por el Gobierno que plantea la reforma casi como una cuestión de supervivencia. Carrió y el propio Macri agitaron fantasmas desestabilizadores que no parecen tener asidero. Los gobernadores acompañaron y los diputados se sentaron para dar quórum. Fue el oficialismo el que no logró garantizar el número de votos necesarios. Es un poco esquizofrénico decretar la muerte eterna del kirchnerismo y al mismo tiempo atribuirle poderes golpistas. El clima de tensión fue extremo e innecesario, con responsabilidad compartida entre el Gobierno, por apurar una discusión que bien podría haberse postergado hasta el año que viene y por sectores políticos que ganan a río revuelto. Hasta la Iglesia hizo un apremiante llamado al diálogo, al expresarse conmovida por la “creciente violencia política” en las calles y en el interior del Congreso de la Nación. “Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia, solamente hay uno, el diálogo”, señalaron los obispos. Cuanta razón.  

Con el Pacto Fiscal, Misiones resignará 1.700 millones de pesos en recaudación propia, que sería en parte compensado por la Nación y un eventual crecimiento económico del 3,5 por ciento

 

El temor del Gobierno a una movida desestabilizadora no aparece siquiera en el radar de la sociedad. Las encuestas marcan que el nivel de aprobación del Gobierno sigue siendo alto. Del 55,2 por ciento, según un estudio del consultor Gustavo Córdoba. La desaprobación, en tanto, cayó al 44,2. La imagen de Macri es incluso mejor: subió al 59,2 por ciento, mientras que solo un 37,3 lo desaprueba. Cristina, en cambio, tiene una imagen negativa del 65,7 por ciento.

El problema no parece ser de opositores, sino propio. La sociedad percibe que el Gobierno hizo menos de lo esperado y que las reformas económicas provocarán una crisis económica. Apenas el 38,8 por ciento, según Córdoba, confía en que reactivarán la economía.

Esa percepción es la que preocupa en el Gobierno y obliga a jugar fuerte para convencer a los gobernadores de sumar sus votos. El bloque misionerista cobró protagonismo como parte del interbloque Federal. El diputado nacional Jorge Franco, conocedor del sistema previsional, fue uno de los principales negociadores y de esas reuniones salió la idea de “compensar” con un bono las pérdidas de los jubilados.

Las Provincias también están cumpliendo con su parte del Pacto Fiscal. En Misiones se aprobará este lunes la adhesión, que sólo en menor recaudación, implica un pérdida de más de mil millones de pesos, con una promesa de compensación vía bonos y un eventual crecimiento económico, que debería ser del 3,5 por ciento, en forma continua.

Pero el Gobierno ya decidió una disminución del impuesto a los Ingresos Brutos al sector industrial de 3,5 a 2 por ciento en 2018 y a 1,5 por ciento en 2019, excepto para la industria papelera, que bajará de 7 por ciento a seis por ciento en 2019.

El transporte tendrá una reducción del 3,5 al 3 por ciento para 2018, lo que debería traducirse en menores costos de logística. En 2022 debería quedar exento. El sector comercial, en cambio, deberá esperar. La Nación no tiene entre sus prioridades una reducción en los impuestos a las ventas y el límite superior es del 5 por ciento, por lo que Misiones está por debajo de esa alícuota. La producción primaria seguirá con alícuota cero.

Según los datos de Hacienda, Misiones resignará 1.700 millones de pesos en recaudación propia, que sería en parte compensado por la Nación con un bono a once años, mayor coparticipación por la devolución del 3 por ciento retenido por la Anses -500 millones- y un eventual crecimiento económico del 3,5 por ciento –estimado por el Gobierno de Mauricio Macri-, lo que reduciría la sangría a 1.000 millones. Si la economía no crece en el ritmo previsto por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, la pérdida estimada sería de 1.300 millones de pesos, adelantó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.

El Pacto Fiscal impone el compromiso de acompañar la reforma previsional y el nuevo cálculo de los haberes de los jubilados, en forma trimestral, por encima de la inflación y que garantizará –para aquellos que hayan hecho aportes durante 30 años- una jubilación del 82 por ciento del salario mínimo.

Safrán dejó ver sus dudas sobre el supuesto efecto derrame que se daría si la economía crece con menores impuestos. De acuerdo a los cálculos realizados por el equipo económico provincial, una empresa forestal que se dedica a la exportación, dejará de tributar 100 millones de pesos al año por Ingresos Brutos. “¿Lo va a volcar a la economía? ¿Habrá efecto derrame? El tiempo dirá quien tuvo razón sobre si esta rebaja era necesaria. O si veremos una baja en los precios para el consumidor”, respondió Safrán ante la pregunta de los diputados.

La misma inquietud recorrió a los diputados de la oposición, con la excepción de la alianza Cambiemos. Los diputados del Partido Agrario,  Martin Sereno e Isaac Lenguaza fueron los más críticos. En su debut en la comisión de Presupuesto, el radical Ariel Pianesi pidió conocer “el lado positivo”.

Lo positivo es que el primer borrador del Pacto Fiscal implicaba una pérdida de recursos superior a los tres mil millones de pesos, respondió Safrán.

Pese a los reparos propios y de un sector de la oposición, el gobernador Hugo Passalacqua y el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, garantizaron aportar a la gobernabilidad.  

Una gobernabilidad que parecen no comprender en toda su dimensión los socios menores de Cambiemos. Pese a que el Gobierno nacional reclama cada gota de apoyo como un sediento en el Sahara, en Misiones el radicalismo mantiene una postura caprichosa que contrasta con los dirigentes PRO puros, que mantienen permanente contacto con el Gobierno provincial para encauzar la gestión local y nacional.

Esa cuasi ruptura quedó en evidencia el domingo por la mañana. El radicalismo, empujado por Gustavo González y Walter Molina, jugó a la abstención a la hora de elegir al presidente de la Legislatura, pese a que desde Cambiemos nacional bajó la premisa de que se acompañe la decisión de las mayorías. Esa mayoría acompañó nuevamente a la Renovación en las elecciones de octubre y por eso, lo lógico era la ratificación de Rovira en la conducción del Parlamento. Pero con argumentos confusos, jugaron al solitario, ante las evidentes caras largas del PRO, que, generosamente, cedió los principales puestos en las listas legislativas. El desencanto viene de hace tiempo, pero se esperaba que con la nueva composición y un bloque más abultado, el radicalismo asuma una postura más comprometida con el espacio politico. El desplante podría tener consecuencias, ya que se analizan sanciones a los legisladores díscolos. “Estamos cansados de estas actitudes infantiles que no construyen ni aportan. Hace tiempo le pregunté a González si tiene alguna prueba de todo lo que dice. La respuesta fue que no”, confió visiblemente molesto una de las autoridades del PRO.

Rovira respondió después de ser ratificado por el resto de los diputados. “Esta es la voluntad del pueblo, que en democracia forma parte de lo más sagrado, es la columna vertebral de este sistema, que con errores y aciertos, es el único sistema que puede orientar, uniendo las pulsiones espirituales de los pueblos. La envidia, el odio cimientan la no verdad, o la posverdad, como lo llaman ahora”, argumentó. Y sentenció: “¿Cuesta tanto? Felizmente son pocos los que no reconocen lo que vota el pueblo”.

 

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