El Gobierno convocaría al consejo del salario en el mes de agosto
La convocatoria no está exenta de tensión, porque la CGT plantea un ajuste por inflación, mientras el Gobierno planea una cifra en línea con las paritarias
Con la mayoría de las paritarias cerradas, el Gobierno convocará el Consejo del Salario en agosto para fijar un nuevo aumento de la remuneración mínima, que hoy es de $12.500. De esa manera, el Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, esquivará el pedido de convocatoria urgente elevado en las últimas horas por el sindicalismo duro encabezado por Hugo Moyano, y podría aprovechar la cercanía de las PASO para inyectar más de $30.000 millones en la economía antes de la primera batalla electoral del año prevista para el 11 de agosto.
“El Consejo del Salario va a ser convocado en agosto, que es lo previsto, una vez que terminen de cerrarse las paritarias”, confirmaron a iProfesional fuentes de Producción y Trabajo, aunque sin precisar la fecha.
Por estas horas, Sica se esperanza con una recuperación del consumo a partir de la clausura de las principales negociaciones salariales que entre marzo y junio ya alcanzaron a casi cinco millones de trabajadores. Ahora, la actualización del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se prevé que mejore la situación de un universo de 11 millones de trabajadores, un incentivo que se sumará a los créditos de la ANSES, los subsidios para comprar autos y el plan de pagos Ahora 12.
El SMVM es el menor ingreso que debe percibir un trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo. Su función es asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Aunque hoy sirve para cubrir solo un 37% de la canasta familiar de pobreza para una pareja con dos hijos, valuada en $33.300.
Con todo, los estudios muestran que tiene un efecto “derrame” sobre siete millones de trabajadores informales, 250.000 docentes cuyo piso salarial debe ser un 20% superior al mínimo, y 1,3 millones de jubilados con 30 años de aportes con un haber mínimo, equivalente al 82% del mínimo por la reforma previsional de 2017. También incide sobre los empleados registrados fuera de convenio y cerca de 600.000 beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad de la mínima.
Así, en el caso de que el Gobierno convalide un aumento del 28% anual en línea con el promedio acordado en las paritarias, el aumento en ciernes implicaría, cada mes, el desembolso adicional por parte del sector privado y público de $30.000 millones a la economía, según cálculos propios. De lo cual, previsiblemente, casi la totalidad sería volcada al consumo. Quedan por fuera, en cambio, los trabajadores agrarios y los estatales, que tienen regímenes diferentes.
La última reunión del organismo tripartito fue el 8 de agosto del año pasado, ocasión en la que el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dispuso un incremento unilateral del 25% ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicalistas. El ajuste contempló un 7% en septiembre, 6% en diciembre y 6% en marzo, junto con un 7% en junio que finalmente se adelantó a marzo por la megadevaluación de 2018. Pero quedó muy por detrás de la inflación registrada en mayo, del 57,3% interanual.
Este año, la discusión se verá cruzada por el contexto electoral. Es que de repetirse el llamado en la misma fecha del año pasado, los 48 representantes de los gremios, las empresas y el Estado se reunirán tan solo tres días antes de las primarias.
Y se espera que haya de nuevo tensiones. La cúpula de la CGT evalúa por estas horas solicitar un aumento que acerque el piso salarial a la inflación, luego de reclamar en diciembre pasado una suba urgente a través de una carta formal dirigida al Gobierno que fue respondida con el anticipo a marzo del último tramo previsto para junio.
“Lo mínimo es que no se deteriore, no estuvimos de acuerdo con el incremento anterior en el laudó el Gobierno y no hay ninguna actualización que pueda conformarnos que pueda estar por debajo de la inflación, del 50% interanual”, dijo a iProfesional Federico West Ocampo, abogado de la CGT y asesor del cotitular de la entidad, Héctor Daer.
Los primeros en reflotar el reclamo fueron el camionero Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo al exigir el jueves pasado un aumento inmediato de la remuneración mínima, junto con una recomposición de emergencia para los jubilados, y la exención del aguinaldo del pago de ganancias.
“Se hace necesaria la convocatoria a la discusión del Salario Mínimo Vital y Móvil que son los compañeros que menos ganan y que regulan a aquellos que tienen salario por fuera del convenio y están en negro”, dijo Palazzo en una conferencia de prensa organizada por el Frente Sindical, que integra junto a Moyano y el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky.
El dirigente de la central alternativa elevará en las próximas horas un pedido formal a la cartera de Sica para que se adelante el Consejo del Salario.
Su intención era sumar las firmas de dirigentes aliados, pero ni Moyano ni Palazzo conducen hoy centrales sindicales y tampoco integran el Consejo Directivo de la CGT. Los bancarios, por sus diferencias con el actual binomio al frente de Azopardo, mientras que una docena de sindicalistas cercanos al camionero abandonaron sus cargos el año pasado en señal de rebeldía.
La paritaria de los camioneros también promete tensiones. En medio de la pelea con Macri, que el mes pasado acusó a los Moyano de integrar una “patota” y obstruir la baja de los costos logísticos, el hijo del sindicalista ultimó este miércoles al Gobierno a homologar el aumento salarial alcanzado con la cámara de la actividad, del 23% por seis meses y a pagarse en dos tramos.
“Si no homologan de acá al viernes, desde el sábado o el lunes, va a haber acciones gremiales, paro de camioneros o una gran movilización a Plaza de Mayo”, dijo Pablo Moyano en declaraciones al programa radial Página Abierta. Y se sumó a la pelea por el encuadramiento de los empleados de Mercado Libre, encabezada el fin de semana por su par de la Asociación Bancaria.
Impacto en cifras
El salario mínimo puede ser tomado como referencia en la determinación de los salarios de los trabajadores informales o, alternativamente, la pauta de su ajuste puede ser utilizada para actualizar los salarios del segmento informal.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los efectos de derrame también ocurren cuando, por la aplicación de un salario mínimo más alto, los trabajadores con más antigüedad o profesionalmente más capacitados también exigen salarios más altos, ya sea en el marco de la negociación colectiva o individual.
También puede producirse debido a que los cambios tienen a veces efectos de gran alcance sobre la remuneración en el sector público. En resumen, estos son los sectores que se verían beneficiados por la actualización de ese piso salarial:
* 7 millones de trabajadores no registrados, hoy con un ingreso promedio de $11.200.
* 1,3 millones de jubilados con 30 años de aporte y un haber mínimo, hoy de $11.500, que debe equivaler al 82% del salario mínimo.
* 250.000 docentes, con un salario inicial de $15.000, que debe ser un 20% superior a la remuneración mínima.
* 580.000 beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad del piso mínimo.
* Asalariados fuera de convenio.
Fuente iProfesional
