Salario

El Gobierno confirmó que el aguinaldo pagará Ganancias

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“No hay ningún estudio ni evaluación al respecto”, dijo el ministro de Producción Dante Sica, cuando fue consultado este martes (25/06), en una conferencia de prensa, respecto a si se estaba evaluando eximir al medio aguinaldo del pago del tributo a los ingresos.

El Gobierno nacional confirmó este martes (25/06) que, otra vez, el medio aguinaldo pagará impuesto a las Ganancias. Lo afirmó en conferencia de prensa el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien de ese modo desestimó que se esté evaluando eximir al décimo tercer salario del pago del tributo a los ingresos.

Acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Sica aseguró, de manera contundente, que “no hay ningún estudio ni evaluación al respecto”.

Cabe recordar que, con excepción de 2016, el Gobierno siempre cobró Ganancias sobre el aguinaldo, contrariamente a su promesa de la campaña 2015 en la cual prometía que “ningún trabajador” iba a pagar ese impuesto.

“El mes que viene vamos a tener el impacto de aguinaldo así que vemos una recuperación del salario real, estimamos que este año no habrá pérdida” de poder adquisitivo, evaluó el ministro. Sin embargo, las proyecciones inflacionarias para este 2019 rondan el 40%, cuando las paritarias se están firmando en torno al 28%.

El sueldo anual complementario solía estar destinado principalmente a compras grandes, ahorro o algún tipo de inversión. Pero en este escenario de pérdida de poder adquisitivo, muchos argentinos lo utilizarán para cubrir deudas

En diciembre de 2016 Mauricio Macri firmó el decreto 1.253 y eximió el pago de Ganancias al aguinaldo de quienes cobren en bolsillo hasta $15.000, que equivale a un salario bruto mensual no mayor a $55.000. Legisladores de la oposición intentaron sin éxito repetir la medida a través de la presentación de leyes.

En diciembre de 2012 y 2014 Cristina Fernández de Kirchner eximió a los trabajadores que cobraban un sueldo bruto de menos de $25.000 mensuales promedio y de hasta $35.000, respectivamente. La última iniciativa favoreció a casi 800 mil trabajadores del 1.053.000 que pagan Ganancias en ese momento.

Según informó la Jefatura de Gabinete al Senado, a diciembre de 2018 unas 1.979.491 personas estuvieron afectadas por el impuesto a las Ganancias, mientras que en el mismo mes de 2015 pagaban 1.189.342 trabajadores. Esto representó un aumento del 66,4% en los tres años de gestión de Macri.

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“Es poco probable, casi improbable” que la paritaria cierre con el 46% de aumento solicitado por Camioneros

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Lo señaló Mario Eliceche, presidente de FADEEAC, que también destacó la “muy buena relación” que la entidad sostiene con el Gobierno. Pidió “políticas para el sector” que se encuentra en una situación crítica por el aumento de los costos. En el marco del agasajo por el Día del Periodista, planteó cuatro propuestas para mejorar la actividad.

“Este barco necesita del aporte de las tres partes para intentar enderezar el rumbo si lo que queremos evitar es que nos terminemos hundiendo todos”. La imagen pertenece a Mario Eliceche, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), y corresponde a su llamado a diálogo con el gremio y el Gobierno de cara a las próximas paritarias. En el marco del festejo por el Día del Periodista, propuso medidas para evitar que el creciente aumento de los costos siga poniendo en crisis a un sector central para la economía del país.

“Poner en marcha un camión en mayo costó 70% más de lo que costaba hace un año”. Tal como lo refleja el Índice de Costos que elabora FADEEAC, transportar mercadería en camión sufrió importantes incrementos en sus insumos básicos y en el componente impositivo en el último año, con un significativo impacto a partir de la segunda parte de 2018. Esta situación “es uno de los motivos que genera mayor preocupación por varias razones”, aseveró el dirigente, que estuvo acompañado por otras autoridades de la entidad.

“La primera preocupación es que nada indica que la tendencia vaya a cambiar a corto plazo. Y menciono sólo dos aspectos. Por un lado, el aumento del combustible -de entre 1,5% y 2 %-, a principios de este mes, que ya presiona sobre los costos de junio. Por el otro, la negociación de la paritaria con el gremio, que como es de público conocimiento presentó un pedido oficial por un 46% de aumento y un bono a fin de año”, enumeró Eliceche.

Sobre el monto exigido por el sindicato, el empresario consideró que es “poco probable, casi improbable” que se otorgue, aunque subrayó que se trabajará con su equipo técnico en la mejor propuesta que pueda realizarse. La intención es promover y sostener el diálogo: “Queremos encontrar el mejor equilibrio entre las posibilidades de nuestro sector y las necesidades de los asalariados en un contexto particularmente complejo, en el que muchas las empresas que integran alguna de las 51 Cámaras de FADEEAC trabajan hoy por debajo del nivel de rentabilidad”, remarcó.

En simultáneo, se registran marcadas caídas en los volúmenes transportados para el consumo masivo, la industria y la construcción por mencionar algunos de los sectores económicos más relevantes. Este combo se agrava con el derrumbe de la inversión en equipos –una de las patas clave para mejorar la eficiencia económica y medioambiental del sector-, que a mayo acumula una caída del 54 %.

“Aunque pueda sonar paradójico, y a pesar de que más del 80% de todo lo que se transporta en Argentina viaja en camión, no somos formadores de precio: más del 40% del costo logístico total son impuestos”, subrayó Eliceche. “Y si miramos la ecuación de costos, el 40% del total está representado por el combustible y alrededor de 25%, por los salarios”.

Combustible federal: una necesidad urgente

Las cifras preocupan. Según el seguimiento que realiza el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, desde la desregulación del mercado de hidrocarburos, hace aproximadamente un año y medio, el combustible acumula más de 130% de aumento.

Así como en FADEEAC están representados diferentes rubros de la actividad, como la logística o el transporte de larga distancia o agroganadero, la diversidad geográfica de las Cámaras que integran la Federación figura entre nuestras características de mayor valor agregado. Sin embargo, es ahí donde radica la mayor preocupación por el incremento del costo de combustible.

“¿Sabían que un litro de gasoil de la misma marca en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $39,65 y en Formosa, por el mismo producto se paga $44,20 el litro?”, precisó el dirigente. Esa dispersión geográfica de precios -en este caso casi 11,5% de diferencia-, que se repite a lo largo y ancho del país, hace que en muchos casos el lugar de radicación de una empresa sea el factor que la deja fuera de competencia.

Frente a ello, es prioritario establecer un precio federal para el gasoil y retenciones escalonadas para los hidrocarburos, que va de la mano de uno de los principales objetivos que asumió la conducción de FADEEAC desde diciembre último: “Federalizar el funcionamiento de la organización”.

Las medidas que necesita el sector

Eliceche detalló cuatro medidas que son prioritarias en su agenda de trabajo. Según mencionó, son algunos de los ejes de las reuniones que mantienen con autoridades nacionales y regionales, ya que con el Gobierno la entidad tiene “una muy buena relación”, calificó. “Al mismo tiempo que reconocemos y valoramos su capacidad de escucha, hasta ahora hemos obtenido pocas soluciones”, planteó; lo que FADEEAC entiende que se debe a que “a partir de la política de Déficit Cero y sus propias necesidades para cerrar los números, el Gobierno no tiene mucho margen. Pero el sector tampoco”.

En el marco de la situación crítica que atraviesa el autotransporte de cargas, FADEEAC propone:

  • Instrumentar una moratoria impositiva que permita el desahogo de las empresas del autotransporte de cargas.
  • Aumentar la fiscalización real y efectiva sobre el transporte que circula por el país. La competencia desleal no hace más que cargar las espaldas de las empresas que cumplen con la ley.
  • Adecuar a la realidad económica del país algunos adicionales que en su momento se incorporaron al convenio.
  • Concretar la facilitación de los trámites aduaneros que permitan agilizar el paso por las fronteras. Eso no sólo mejorará la productividad del sector sino que repercutirá en una baja considerable de los costos de exportación por la reducción de los tiempos de espera y, de modo consecuente, en la competitividad de las empresas argentinas.

“Queremos que sepan que, en esta nueva etapa, somos los dirigentes de FADEEAC quienes llevamos adelante la política de negociación, sin derivaciones a terceros” para defender “como corresponde” los intereses de las empresas que componen el sector, enfatizó Eliceche.

Paritarias: todos a bordo

“El Gobierno, el gremio y el sector estamos arriba del mismo barco. Si ese barco que hoy viene a la deriva se hunde, seguro habrá alguno que caiga primero (y sin dudas seremos nosotros porque el camión es el más pesado). Pero les aseguro que el final será el mismo para las tres partes”. El presidente de FADEEAC convocó, para evitar el naufragio, a “trabajar en conjunto”.

“Para el Gobierno, somos un buen negocio, nuestro sector es el mayor consumidor de gasoil del país; además de la enorme carga tributaria que pesa sobre nuestra actividad y que le permite recaudar mucho dinero”, planteó. El autotransporte de cargas consume alrededor de 6.500 millones de litros al año, la mitad del gasoil que se vende en la Argentina, y vale la pena recordar que cada litro está gravado con 21% de IVA y 18% de impuesto al combustible. Los neumáticos, por citar otro ejemplo, pagan 38% de derecho de importación.

Y, por el otro lado, “sin camiones circulando no hay trabajo posible”, señaló, en alusión al sindicato. Al mismo tiempo, evaluó que se deben adecuar los convenios, en un contexto de país que cambió. “Hoy para hacer un mismo recorrido se demora la mitad del tiempo que hace 20 años”.“Sabemos que el capital más grande que tenemos es nuestra gente, nuestros choferes y empleados de base. Entendemos las dificultades que tienen y tenemos que ver cómo podemos transitar juntos este momento tan complicado”, aseveró. En síntesis, este barco desde el que venimos capeando las tormentas más disímiles, necesita del aporte de las tres partes para intentar enderezar el rumbo si lo que queremos evitar es que nos terminemos hundiendo todos”, convocó.

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La caída del salario real formal, ¿siempre que llovió paró?

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Tras alcanzar un máximo histórico en el último trimestre de 2017, el PBI acumuló cuatro trimestres de caída (desestacionalizada) en 2018 y se contrajo 6,5% entre puntas. A comienzos de este año, impulsado por la calma cambiaria y el recorte de la tasa de interés, el rebote parecía haber llegado. Sin embargo, la ilusión duró poco: en marzo el dólar subió más de 10% y la tasa de interés retornó al 70%, impactando negativamente sobre una frágil economía. Como resultado, la actividad cayó 1,3% desestacionalizado en marzo respecto de febrero y el deterioro se profundizó –levemente- durante el primer trimestre de 2019 (-0,2% desestacionalizado).

 

Por lo tanto, la pregunta de comienzos de año sigue vigente: ¿cuándo llegará la recuperación? En Ecolatina estiman que será en el segundo trimestre de 2019. Para explicar este optimismo, partimos del sector agropecuario, que gracias a una buena cosecha gruesa se expandirá cerca de 20% anual este año –luego de la sequía de 2018- y atenuará la caída de la economía en general.

 

Además, el nuevo régimen cambiario del Banco Central tuvo un comienzo exitoso y por el momento luce bien encaminado. Desde que a fines de abril la autoridad monetaria anunció que podría vender divisas aún dentro de la Zona de No Intervención (es decir, por debajo de 51,45 ARS/USD), las presiones cambiarias cedieron significativamente. Dado que estabilizar al dólar es condición necesaria que la economía argentina deje de caer, su efecto inmediato fue positivo.

 

Ahora bien, considerando que el consumo representa más de tres cuartos del PBI, y que la ambiciosa meta de equilibrio fiscal primario limita las compras públicas, es fundamental que el poder adquisitivo mejore. De lo contrario, la mejora de la economía será solo una cuestión estadística que se diluirá rápidamente.

 

Recién en 2020 comenzaría a revertirse la caída del salario real formal

Por el desfasaje entre las expectativas de inflación al comienzo del año pasado (que sirvió de guía para las negociaciones colectivas, en torno al 20%) y el número final, a lo largo de 2018 el salario real formal arrojó una caída cercana a 12% entre puntas. Al comienzo del 2019 la situación no mejoró: si bien se activaron diversas cláusulas gatillo y de recomposición, los salarios registrados siguieron creciendo por debajo de la inflación en el primer cuatrimestre del año. Como resultado, la pérdida interanual de poder adquisitivo continuó en niveles similares a los del cierre de 2018.

 

Sin embargo, este rojo podría atenuarse en los próximos meses. Si la nueva estrategia del Banco Central para contener al dólar continúa siendo exitosa, y las negociaciones paritarias no acortan su plazo –no se generalizan los acuerdos trimestrales-, la inflación cedería sensiblemente en los próximos meses. Conforme a nuestras estimaciones, la suba de precios pasaría de un promedio de casi 4% mensual en el primer cuatrimestre de 2019 a la zona de 2,5% en el período mayo-diciembre.

 

En este marco, el deterioro del salario real formal se apaciguaría. Si bien en el promedio anual la caída sería similar a la del año pasado (en torno a 7% i.a.), su dinámica sería opuesta: durante el 2018 la retracción se agudizó con el correr de los meses, lo contrario de lo que pasaría en 2019. En el primer semestre de 2018 la caída del poder adquisitivo fue de 1,5% i.a. y promedió una baja de 11% i.a. en la segunda parte del año, mientras que este año pasaría de -10,5% i.a. a -3% i.a., respectivamente. En consecuencia, si bien los salarios reales formales continuarían contrayéndose en la comparación interanual, se sentarían las bases para que la tendencia negativa comenzara a revertirse en 2020.

Una frágil mejora que pende de demasiados hilos

Más allá de este optimismo incipiente, la situación no está exenta de riesgos. La calma cambiaria que se logró en las últimas semanas, aunque luce más sólida que en las anteriores oportunidades, sigue siendo frágil. Esta debilidad estriba tanto en factores de oferta (limitaciones del Banco Central) como de demanda (stress del sector privado).

 

Por el lado de la autoridad monetaria, ésta no explicitó con qué monto intervendría por debajo de 51,45 ARS/USD –posiblemente, por lo acotado de sus posibilidades-. Asimismo, el techo de USD 250 millones por encima de este valor es poroso para los días de mayor tensión. Por último, si debe desprenderse de una cantidad significativa de divisas, podrían ponerse en duda los futuros pagos de deuda en moneda extranjera, lo que acrecentaría significativamente las presiones en el frente cambiario.

 

Respecto a la compra de dólares, la incertidumbre política podría desatar temores que excedan a lo que las variables macroeconómicas “demandan”. Concretamente, este tipo de cambio alcanza –en estos niveles de actividad- para garantizar un resultado externo sostenible; sin embargo, la falta de precisiones sobre qué curso adoptará nuestro país en 2020 podrían llevar a un exceso de refugio en la divisa o a un nuevo desarme generalizado de posiciones en moneda local, que redundarían en una nueva depreciación del peso.

 

En conclusión, podemos afirmar que aún en un escenario optimista, el salario real no se recuperará este año. Por lo tanto, la mejora del consumo, y en consecuencia del PBI, deberá esperar, por lo menos, hasta 2020.

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Los recibos de sueldo podrán emitirse en formato digital

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Así lo dispuso el ministerio de Trabajo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Será optativo y comenzará regir en 10 días.
El Gobierno dispuso que los empleadores podrán optar por emitir los recibos de sueldo en formato digital, que a su vez deberán ser firmados “digitalmente”.
La medida -que comenzará a regir dentro de diez días- se tomó a partir de una resolución del Ministerio de Producción y Trabajo, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
“Establécese que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital”, según el texto oficial.
Trabajo aclaró que en caso de optarse por recibos de pago digitales, “el empleador deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que los mismos sean firmados digitalmente, tanto por él como por el trabajador. Sin perjuicio de ello, el trabajador podrá optar por firmar en disconformidad”.
“El sistema utilizado deberá contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda salvar sus recibos de haberes digitales, así como guardar copia de ellos”, añadió.
El Poder Ejecutivo recordó que la Ley N° 25.506 de Firma Digital “reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, e instituyó la Infraestructura de Firma Digital con alcance federal”.
Además, consideró que “resulta necesario armonizar las legítimas expectativas vertidas en el uso de medios digitales con las garantías que deben asegurarse al ejercicio de los derechos de los trabajadores, como derivación del orden público laboral vigente”.
“A efectos de prescindir de la autorización a los empleadores para la emisión de recibos digitales, se estima procedente derogar la Resolución N° 1.455/11 del ex Ministerio de Trabajo, como así también sus normas complementarias, y establecer que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital”, explicó.
Fuente Ámbito

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Opositores impulsan sesión especial sobre créditos UVA: piden que se ajuste como el salario mínimo

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La oposición buscará prohibir las ejecuciones y ponerle un tope a las cuotas. Será clave la reunión del próximo martes con el secretario de Vivienda
iProfesional – La discusión por el incremento del valor de las cuotas por los créditos otorgados en UVA se intensifica en el Congreso y crecen las chances de que se impulse una ley que establezca un tope de pago.
Mientras trata de reformar los proyectos presentados durante el 2017 y 2018 porque quedaron desactualizados por los cambios de contexto, la oposición en la Cámara de Diputados analiza convocar a una sesión especial.
Esto se debe a que, según dicen desde el peronismo y los sectores de damnificados autoconvocados, el oficialismo se niega a tratar el tema en las comisiones que tienen a cargo y que, reglamentariamente, deben analizarlo.
En un principio, cada bloque opositor impulsaba su propio texto, pero ahora buscan unificar las distintas propuestas en una sola. Es que consideran que de esta manera obligarán a Cambiemos a sentarse a escuchar y debatir la problemática. Así tendrían un as bajo la manga porque si se suman todos los bloques antimacristas, lograrían el número de legisladores necesarios para aprobarlo tanto en Diputados como en el Senado.
Por ahora, solo se reunió la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que invitó a exponer al secretario de Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, para el próximo martes 26.
De mínima, por pedido de las Asociaciones de Defensa del Consumidor inscriptas en el Registro Nacional (RNAC) y a grupos de autoconvocados por los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), quieren que se declare la situación de emergencia, lo que obligaría a poner un límite en el incremento de las cuotas.
El diputado Carlos Selva, del Frente Renovador, le dijo a iProfesional que, de acuerdo al colectivo de autoconvocados, “hay más de 100.000 familias que hoy ven opacado el sueño de la casa propia en virtud de que los créditos UVA se volvieron impagables, que desde el Estado no obtienen una solución”.
“La situación es urgente y amerita la emergencia y sobre todo frenar las ejecuciones. No puede ser que el Estado, que hoy subsidia a empresas de energía, haga oído sordos y no dé una solución a quienes fueron motivados por el mismo Gobierno para acceder a los préstamos en UVAs que hoy se tornaron usurarios”, agregó el legislador.
El Frente Renovador pretende que las cuotas de los préstamos no deban superar el coeficiente salarial y aumentar más que los salarios pero lo urgente es que el Poder Ejecutivo suspenda las ejecuciones.
La titular de la comisión, diputada Marcela Passo (FUNA), exhortó a que se “busque una solución” y reclamó que “de los cinco proyectos presentados ninguno ha sido girado a esta comisión” para su tratamiento.
“Muchos de los hipotecados han sido despedidos de sus trabajos, la propuesta del índice retroactivo se explica porque el conflicto mayor se produce con la inflación del 47 por ciento de 2018. Estamos en una emergencia, es necesario hacer algo en el corto plazo”, relataron los deudores.
En tanto, la diputada Mónica Macha, del bloque FpV-PJ, sostuvo que no se discuten los proyectos por una “decisión del oficialismo” y calificó a los créditos como “un sistema especulativo de los bancos”. A su vez, prometió abogar por un dictamen que sea sirva para buscar una solución.
En este sentido, los autoconvocados dicen que desde hace unos meses comenzaron a darse los primeros casos de ejecución de viviendas porque los tomadores no pudieron seguir pagando el crédito.
Una UVA atada al salario mínimo
A la mencionada reunión no se acercó ningún diputado de Cambiemos. Desde el PRO argumentan que las viviendas se valorizaron en dólares, ahora valen el doble en pesos y al mismo tiempo, la devaluación licuó fuertemente la deuda medida en moneda nacional. Además remarcan que la cuota tenderá a morigerarse una vez que baje la inflación y que los deudores poseen un mecanismo para pagar un monto menor extendiendo los plazos.
Pero, tal como señaló iProfesional hace unos días, los deudores destacan que “no quieren extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, por lo que el beneficio va a volver a ser devorado por la inflación en algún momento”.
Otro obstáculo que tendrán los afectados será que el proyecto deberá pasar por la comisión de Finanzas que preside Eduardo Amadeo y de Presupuesto, a cargo de Luciano Laspina, ambos del oficialismo.
Además del tope, la oposición quiere que la UVA se retrotraiga al momento en que comenzó la devaluación y se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil. También se tratará de fijar la suspensión de las ejecuciones, que era un punto coincidente en todas las iniciativas ya presentadas.
El diputado salteño, Andrés Zottos, consideró que “las alternativas deben ser simples, sin letra chica, ni extensiones de plazos o refinanciaciones que sigan perjudicando a quienes están haciendo todo el esfuerzo por llegar su vivienda propia”.
Para el mencionado legislador, quien debe hacerse cargo de las pérdidas es el Estado ya que licuó los ingresos con la inflación, y recortó en forma alarmante el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El proyecto que presentó Zottos el año pasado pide que se respete el valor de las cuotas al 30 % como máximo de los ingresos familiares, se impidan ejecuciones, remates y desalojos que tengan como garantía la vivienda única familiar.
Hay que destacar que la comisión de Presupuesto debe intervenir porque el nuevo proyecto contemplaría un subsidio a las tasas y una reducción la carga impositiva de estas operaciones, lo que estaría a cargo del Estado nacional.
En representación de los tomadores de créditos UVA, Carla Figueroa expresó que “estamos siendo perjudicados en nuestra calidad de vida” y afirmó que “esperamos una respuesta que contemple nuestra situación”.
El titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), Pedro Busetti, recordó que con la ley aprobada en septiembre de 2016 ya se “veía este final ” y reclamó al Ejecutivo resguardar el derecho a la vivienda y una ley de emergencia para resolver “de inmediato la situación”.
Por su parte, el diputado José Luis Ramón, del Bloque Protectora, se mostró crítico con el Ejecutivo porque según dijo “fue una oferta de propaganda del gobierno que se apoderó del sueño de las familias” y que responde a “cuidar el interés económico de los bancos”.

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