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Salarios: el Gobierno nacional propuso una suba del 18,5 por ciento para la UOM

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Lo hizo el Ministerio de Trabajo al presentar una oferta mediadora en la discusión de los metalúrgicos, superando así su propia meta del 15 por ciento. El gremio de Caló reclamó 20% y 27% en el sueldo inicial. Resultado, clave para negociaciones que restan.
El Gobierno resignó la pauta salarial de 15% para los aumentos de este año. En la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la principal del sector industrial, el Ministerio de Trabajo asumió la imposibilidad de sostener ese tope y propuso, como opción mediadora, una suba de 18,5% que será la base hoy para una nueva audiencia que mantendrán el gremio y las cámaras empresarias de la actividad. El resultado de la discusión de los metalúrgicos es clave como referencia para las negociaciones del segundo trimestre del año, que incluyen gremios no alineados con la administración de Mauricio Macri como los camioneros de Hugo Moyano.
La paritaria de la UOM tuvo esta semana dos capítulos decisivos. El lunes, en la cartera laboral, surgió por primera vez la posibilidad concreta desde el Ejecutivo de saltear la pauta de 15% que se mantenía hasta ahora inamovible. Con ese tope cerraron en lo que va del año sindicatos de magnitud como Comercio, Construcción (Uocra), Encargados de Edificios (Suterh), Petroleros y Unión Tranviarios Automotor (UTA), entre otros, con la incorporación de una cláusula de revisión al promediar los nueve meses de vigencia de los acuerdos.
La discusión del lunes tenía como eje por parte del gremio que lidera Antonio Caló un reclamo de aumento cercano al 20% y que ascendía al 27% para el salario inicial de la actividad, tal como había adelantado este diario. Frente al rechazo que habían manifestado las cámaras empresarias en reuniones previas, Trabajo planteó una alternativa: subir 2,5% la base de ingresos del sector (basado en el impacto en las categorías inferiores de un pago de $ 4.000 que rigió el año pasado) y luego computar a partir de ese nivel dos aumentos acumulativos, de 10 y 5%, respectivamente. Dicho de otra forma, la cartera laboral validó un incremento nominal de 17,5% que, por el efecto acumulativo de las cuotas, llega al 18,5 por ciento, admitieron las partes.
En otras paritarias figuraron aumentos extra por fuera del 15% de pauta pero relacionados con la aplicación de las cláusulas gatillo pactadas el año pasado. En este caso la UOM no incluyó ese mecanismo en su negociación de 2017 y de hecho el número de incremento acordado en aquella paritaria, de 25%, empardó la inflación acumulada. Así, la base para la discusión que continuará hoy será el 18,5% contemplado en la propuesta que elevó el funcionario que arbitró el lunes, Adolfo Saglio Zamudio, director nacional de Relaciones del Trabajo.
Tras la audiencia del lunes hubo otro encuentro, al día siguiente, en la sede de la UOM. Allí concurrieron autoridades de las cámaras Adimra (la de mayor cantidad de empresas asociadas), AFAC (autopartistas), Fedehogar (electrodomésticos), Camima (pyme), Caiama (aluminio) y Afarte (terminales electrónicas) para intentar un acercamiento. Sobre la base de la propuesta oficial, que contaba con adhesión entre los ejecutivos, el gremio reclamó además incorporar una suma fija no remunerativa de $ 5.000 como actualización del monto acordado el año pasado.
Esa suma fija figuraba en el planteo inicial de la UOM que adelantó este diario. Con ese valor el reclamo sindical asciende por encima del 20% y llega al 27% si se toma en cuenta el pedido de fijar en 17.000 pesos el salario inicial garantizado en la actividad metalúrgica. De aplicarse la opción mediadora de Trabajo el sueldo de arranque llegaría a 16 mil pesos.
La paritaria de UOM tiene incidencia directa en el bolsillo de más de 200 mil operarios metalúrgicos de todo el país. El gremio viene de ser uno de los más golpeados por la caída de la actividad productiva en el primer año de la gestión de Macri, apuntalada por la apertura de las importaciones y el cese de subsidios estatales para algunos rubros productivos.
La admisión por parte del Gobierno de que la pauta del 15% quedó superada será determinante para la segunda oleada de paritarias por venir. Mientras el Gobierno declama resuelto el 75% de las negociaciones de este año algunas negociaciones pendientes de definición le pondrán suspenso a la ronda de este año, en particular la de la Asociación Bancaria, abierta desde enero, y la de Camioneros, que comenzará a discutirse a mitad de año.

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La economía creció 4,1% en enero, pero los salarios perdieron frente a la inflación

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La actividad económica se expandió 0,6% en enero de 2018 respecto de diciembre y 4,1% interanual. El Índice de salarios total aumentó 26,9% interanual en enero de 2018.
Actividad económica
La actividad económica subió un 4,1% interanual en enero, informó este miércoles el INDEC, un dato que se ubicó por encima a lo esperado por analistas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el EMAE de enero creció un 0,6% respecto de diciembre.
Con esta mejora, la actividad económica -que subió un 2,8% durante 2017- acumula once meses consecutivos en alza.


En enero de 2018, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 4,1% respecto a enero de 2017. El indicador desestacionalizado varió 0,6% frente a diciembre de 2017.

Bolsillo 
Los salarios crecieron un 1,2% durante enero con relación a diciembre, por lo que perdieron frente a la inflación de ese mes, que alcanzó el 1,8%, informó el Instituto Nacional de estadística y Censos (INDEC).
A su vez, el índice de salarios acumuló un alza de 25,2% en el año, levemente por encima del aumento de precios en el mismo lapso (25%).


El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 1,2% en el mes de enero de 2018 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 1,7% del sector privado registrado y un aumento del 0,4% del sector público.
El índice de salarios total verificó un incremento de 1,1% en el mes de enero de 2018 respecto de diciembre de 2017, como consecuencia en la suba de los salarios registrados de 1,2% y de 0,6% en el sector privado no registrado.

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¿Qué pasa con la inflación del INDEC?

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En las últimas semanas, se abrió un interesante debate acerca de si el IPC del INDEC presenta un sesgo a la baja, ya sea fruto de aspectos metodológicos o de intenciones políticas manifiestas. En particular, para algunos especialistas, las subas de las tarifas eléctricas de febrero-marzo que registró el organismo serían más bajas que las reales, ya que la luz incide en el 0,35% de la canasta de precios según la metodología del IPC del INDEC. Tal número parece a priori ridículamente bajo. Veamos el asunto con más detalle desde el punto de vista metodológico.

La metodología del IPC del INDEC toma como referencia los precios de diciembre de 2015. En ese entonces, la luz en el AMBA (que es lo que mide el INDEC) era relativamente barata (con muchas facturas de $50 por bimestre). Bajo esa premisa, ese 0,35% parecería razonable. Ahora bien, un dato importante es que esos ponderadores no son fijos, sino que van variando en función de la evolución de los precios relativos.

El IPC mide un “changuito” fijo de bienes y servicios. Imaginemos un ejemplo. Supongamos que tenemos que ir todos los meses al supermercado, y ese changuito se llena siempre con dos cosas, fideos y lavandina. En el momento inicial, el changuito cuesta $100, dado que los fideos cuestan $10 y la lavandina $90. Es decir, en ese changuito los fideos ponderan 10% y la lavandina 90%. Estipulemos ahora que en el mes siguiente los fideos triplican su precio y la lavandina lo sube en un 33,3%. Los fideos pasan a costar $30 y la lavandina $120. La inflación total implicada es del 50%, ya que el changuito cuesta ahora $150. Sin embargo, el peso de los fideos en el changuito se incrementó: subió al 20% ($30 sobre $150). Supongamos finalmente que al mes siguiente los fideos duplican su precio (de $30 a $60) y la lavandina queda estable. El valor del changuito pasa entonces de $150 a $180, lo que implica un 20% de inflación, dados los nuevos pesos relativos de los fideos y de la lavandina. Si tomáramos como referencia el changuito original, la inflación habría sido menor (ya que los fideos hubieran pasado de $10 a $20 y la lavandina se habría quedado en $90, esto es, el changuito se habría encarecido de $100 a $110, un 10%).

Este ejemplo imaginario y arbitrario puede replicarse para comprender lo acontecido con la electricidad y el resto de los servicios públicos. Si bien el INDEC no publicó datos de precios relativos entre diciembre de 2015 y abril de 2016 (primer mes de cómputo de la nueva serie del IPC), podemos inferir el cambio implícito en la ponderación de los servicios públicos implícita en su IPC, desde fines de 2015 hasta la fecha.

En la metodología del IPC-INDEC se muestra que, en conjunto, agua, luz y gas pesaban 1,58% de la canasta en diciembre de 2015. Para abril, dicha cifra habría subido al 4,1%, debido al tarifazo de electricidad de febrero de 2016, y el de agua y gas de abril de 2016. En mayo y junio siguió subiendo hasta un 4,4%, producto de que la suba del agua se terminó de escalonar en este último mes. Luego se produce una fuerte baja en agosto-septiembre (hacia el 3%), producto del fallo de la Corte Suprema, que obligó a dar marcha atrás con las tarifas del gas subidas en abril. El nuevo aumento del gas en octubre hizo subir el ponderador implícito de los servicios públicos del hogar a 3,8%, para luego ir perdiendo gradualmente terreno (ya que en noviembre, diciembre y enero los precios de los servicios públicos estuvieron quietos y el de los demás rubros siguió creciendo). Ahora, con la suba de la electricidad en febrero, el ponderador de los servicios públicos en el IPC volvió a ubicarse en el 4,1%. Si un hogar gastara, supongamos, $25.000 por mes en promedio en bienes y servicios, alrededor de $1.000 se irían en luz, agua y gas.

 

¿Cómo hace el INDEC para saber cómo se compone el “changuito” de bienes y servicios a ser medido mes a mes por el IPC? Para ello, realiza una Encuesta de Gasto de los Hogares, que dura entre 12 y 15 meses (ya que los gastos fluctúan mes a mes, por ejemplo, en enero hay un componente estacional muy grande en lo que tiene que ver con vacaciones). Tal Encuesta de Gasto se hace aproximadamente cada unos diez años. La última, de 2012/2013, es la que usamos en el IET para determinar el perfil de gastos de los hogares cuyo jefe/a es un asalariado/a registrado/a, obteniendo resultados muy consistentes.

La conducción actual del INDEC rechazó esta última encuesta con argumentos supuestamente técnicos, como una “elevada tasa de no respuesta en el Gran Buenos Aires”, aunque parece más una sobreactuación funcional a denostar todo lo realizo en el INDEC durante la gestión previa. De tal modo, tomó, para el actual IPC, la Encuesta de Gasto de Hogares de 2004/5 y le hizo algunas modificaciones ad hoc (como por ejemplo, tener en cuenta la evolución de los precios relativos desde 2004/5 hasta fines de 2015, o incrementar el peso de la telefonía celular vis á vis la telefonía fija, que en 2004/5 era mucho más importante en términos relativos).

Las mediciones de inflación del INDEC, desde que reanudó sus publicaciones, están en línea con las de las provincias, incluso con la que medimos en el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Entre abril y febrero, el INDEC reportó una inflación acumulada del 21,4%, la Dirección de Estadísticas de CABA del 23,2%, la de Córdoba del 21,9%, y la de Mendoza del 18,3%. En tanto, en el IET medimos 20,4% de inflación acumulada en el mismo período.

Las discrepancias entre los índices, fuera de manipulaciones mal intencionadas, pueden tener que ver por un lado con cuestiones metodológicas. Por ejemplo, en el IET medimos la inflación nacional (y no regional) y sólo de un segmento de la población -asalariados registrados, con una canasta con algunas diferencias al del resto de los grupos sociales-, de modo que aumentos en ciertos rubros impactan algo más en el nivel general que otros. Otras diferencias entre los índices pueden tener que ver con la muestra de comercios relevada, con la cantidad de rubros relevados, con cuestiones regionales propias (la canasta de consumo de los mendocinos no necesariamente es la misma que la del AMBA -allá no tienen subte, por ejemplo-) o en la modalidad de relevamiento (por ejemplo, en el IET relevamos precios 170.000 precios online, en tanto que las agencias de estadística hacen relevamiento físico de precios, de modo que a veces hay algunas discrepancias, por ejemplo en indumentaria, en donde la venta online hace varios años que viene mostrando menores subas de precios respecto a los comercios físicos). Sería preocupante que estas discrepancias puntuales entre los distintos índices se amplifiquen a lo largo del tiempo, esto es, que haya un índice que sistemáticamente dé más por arriba o por debajo que los demás.

En suma, en lo que al IPC concierne, hasta el momento los datos vertidos por el INDEC no muestran singularidades imposibles de justificar metodológicamente. Ello no implica que no sería saludable que el organismo mostrara una mayor transparencia en la información publicada, que permita fortalecer su imagen pública. A modo de ejemplo, el INDEC bien podría mostrar un mayor nivel de desagregación por rubro de su IPC de lo que hoy hace (por ejemplo, agua, luz y gas aparecen agregadas en “servicios públicos de la vivienda”). También sería positivo que el organismo muestre un desglose de cómo calcula las subas en estos servicios públicos, cuyo alza promedio suele ser muy difícil de estimar con precisión por las consultoras y los usuarios interesados, por falta de información detallada. Adicionalmente, el organismo debiera aclarar con precisión qué pasó con la evolución de los precios relativos entre diciembre de 2015 y abril de 2016 (aquí hemos intentado hacerlo en base a la -acotada- información disponible).

Estas cuestiones también pueden extrapolarse a otros productos que el INDEC ofrece. El INDEC debiera mostrar con un mayor nivel de detalle la dinámica de las ramas de actividad, monitoreada por la Dirección de Cuentas Nacionales. Hoy por hoy se exhiben tales dinámicas (de producción y precios, por ejemplo) a dos dígitos (“Alimentos y Bebidas”, por ejemplo), cuando debería hacerse a un mayor nivel de desagregación (por ejemplo, cinco dígitos, como “Producción de arroz”). Ello contribuiría, además, a entender con alto detalle las dinámicas sectoriales específicas, así como a dar mayor transparencia al cálculo del PBI.

Por último, y volviendo al IPC, tomar la Encuesta de Gasto de 2004/5 y actualizarla ad hoc es al menos cuestionable. En los próximos meses, debería encararse una nueva Encuesta de Gasto de los Hogares, que permita saber a ciencia cierta hacia qué tipo bienes y servicios los argentinos dirigimos nuestro gasto, lo cual dotaría al IPC del INDEC de un mayor grado de representatividad.

 
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Trabajadores municipales de Oberá recibirán 16% de aumento en el salario básico

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El Ejecutivo Municipal acordó con los gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un aumento salarial anual del 16% que impactará directamente al salario básico de cada trabajador municipal. El mismo se realizará en etapas comenzando con la liquidación del febrero, que incluirá el pago de la ayuda escolar a los trabajadores que tienen hijos que concurren a la escuela.

Al acuerdo entre las partes se llega gracias al diálogo constante que se tiene entre los representantes de los trabajadores y el Ejecutivo Municipal encabezado por el intendente Carlos Fernández.

La firma se produjo hoy en la mañana, en primera instancia firmó el representante de UPCN, Domingo Paniagua, quien estuvo acompañado de sus delegados que cumplen tareas laborales en diferentes áreas municipales.

Posteriormente, lo hizo quien agrupa a los agremiados en ATE encabezado por Victor Paredes.

Los puntos más importantes señalan un aumento anual, al salario básico, del 16%, escalonado en cuatro etapas, la primera de ellas, del 5%, se percibirá con el abono salarial del mes de febrero que se dará la semana próxima. Otra misma cantidad será con el sueldo de marzo; un 3% más para junio, para sumar 13 por ciento al aguinaldo que se percibe en julio y otros 3 puntos de porcentaje para cobrarlo con el salario del séptimo mes.

Con el salario de febrero, el municipio decidió realizar el pago de la Ayuda Escolar, un punto sensible e importante en la proximidad del inicio de las clases.

También el municipio se comprometió a realizar la entrega de dos uniformes al personal y aumentar el monto de la Asignación Familiar. Asimismo el Intendente se comprometió a darle continuidad a los planes de emergencia laboral municipal y realizar gradualmente la contratación de esos trabajadores. Como así también la recategoriziación de todos aquellos que estén en condiciones de hacerlo según establece el Estatuto del Empleado Municipal.

Ambas partes se comprometieron a continuar con el diálogo si el proceso inflacionario nacional supera lo establecido, para que si así ocurriera, el salario de los trabajadores municipales sea nuevamente revisado.

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Mercantiles y otros sindicatos cerrarían paritarias en torno del 15% propuesto por el Gobierno

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A pesar de expectativas inflacionarias privadas con un piso del 20%, son varios los gremios listos para sellar acuerdos salariales con subas inferiores
La estrategia gubernamental tendiente a cerrar la mayor cantidad de acuerdos salariales en el marco de las paritarias, con el fin de diferenciarse del accionar del camionero Hugo Moyano, continuará la semana que viene con la firma de aumentos salariales para dos grandes gremios de servicios, como lo son UPCN y los mercantiles.
Tras la medida de fuerza convocada para el 21 de febrero por el gremio camionero, que es acompañado por un sector sindical de relativo peso en las grandes decisiones gremiales nacionales, el Gobierno mostró su músculo propiciando un cierre paritario general en torno del 15%.
Con el dato de que los cálculos previos sobre el porcentaje anual de inflación podrían superar las cifras gubernamentales, el sindicalismo en general aceptó el 15 por ciento, pero logró que en las negociaciones se incluya una cláusula de revisión a los 9 meses de la firma de los acuerdos salariales.
El lunes, según las fuentes consultadas, seguramente habrá un encuentro entre la dirigencia de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y funcionarios, para acordar el cobro del 4,8% de desfase de la cláusula gatillo 2017 para miles de trabajadores estatales.
El gremio ya inició conversaciones con los funcionarios gubernamentales al respecto y no se descarta que el acuerdo podría zanjarse en tres cuotas mensuales consecutivas de 1,6% cada una.
UPCN generalmente inicia la discusión salarial para modificar la grilla salarial de trabajadores de la administración pública y entes descentralizados a mediados de marzo, pero las fuentes gremiales y oficiales no descartaron que esas negociaciones pueden adelantarse.
Los dos gremios grandes que se aprestan a acordar la semana que viene son la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que conduce Armando Cavalieri, y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), liderada por Guillermo Moser; ambas organizaciones pactarían acuerdos en torno de las cifras pretendidas por el Gobierno.
Los empleados de comercio tambien cerrarían en un 15%. Recientemente, a fin de enero, estos trabajadores activaron una cláusula gatillo que venía del acuerdo de 2017, por la cual obtuvieron un 6% extra, que se paga en tres tramos consecutivos (enero, febrero y marzo) del 2%. Esta suma había generado un “tironeo” entre los empresarios y el sindicato, pero finalmente tuvo su aplicación.
Por su parte, fuentes lucifuercistas indicaron que su gremio tiene previsto para el lunes un encuentro de secretarios generales de todos los sindicatos del país, con el fin de unificar criterios en la mesa de negociaciones en un momento álgido para Luz y Fuerza, ya que la empresa Edesur abrió un plan retiros voluntarios, lo que ha generado inquietud en los trabajadores.
Hasta el momento han cerrado en acuerdos celebrados en el Ministerio de Trabajo la Federación de Aceiteros, el Sindicato de Remiseros, los tintoreros, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y los municipales porteños.
Esas organizaciones gremiales cerraron con aumentos anuales del orden del 15%, pagaderos en dos cuotas de 7,5%, y una cláusula de revisión dentro de 9 meses por si se disparan los números inflacionarios.
El titular del Sgbatos, José Luis Lingeri, acordó también la diferencia de lo acordado salarialmente con la claúsula gatillo para 2017, que a los trabajadores les reportarán un 2,8% retroactivo a enero.
En el caso de los municipales, se informó que el acuerdo era del 12% y sin cláusula de revisión, pero un comunicado del gremio suscripto por Amadeo Genta y Patricio Datarmine sostuvo que el aumento, con cifras no remunerativas y otras medidas compensatorias, llegará para agosto a un 23% y la incorporación de 2000 empleados al régimen de relación de dependencia.
En marzo comenzarán a discutir paritarias la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Antonio Caló; los panaderos de Abel Frutos, los tabacaleros y los mecánicos, que discuten salarios trimestralmente.
Otro gremio que cerró paritarias con el sector empresario fue el de Sindicato de Obreros de Garages y Playas de Estacionamieno, que conduce el triunviro cegetista y aliado a José Luis Barrionuevo, Carlos Acuña, pero que no fue aún homologado por la cartera laboral.
 

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