Salud Pública

CUCAIMIS cumple 30 años y marca hitos clave en donación y trasplantes en Misiones

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Este 10 de enero, el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (CUCAIMIS) celebra 30 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la salud pública provincial. Creado en 1996 por la Ley XVII N.º 21 (ex Ley 3268) y en adhesión a las leyes nacionales 24.193 y 26.066, el organismo se consolidó como una pieza estratégica del sistema sanitario misionero, con impacto directo en el acceso al trasplante, la equidad en la distribución de órganos y la articulación con el INCUCAI. Tres décadas después, su trayectoria se expresa en hitos médicos, fortalecimiento institucional y resultados concretos en términos de donación y trasplantes.

Marco legal, institucionalidad y conducción: 30 años de construcción sanitaria

El CUCAIMIS funciona como organismo provincial dependiente del Ministerio de Salud Pública de Misiones, actuando bajo los lineamientos del INCUCAI para garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente en todo el territorio. Su creación en 1996 marcó un punto de inflexión en la política sanitaria provincial al ordenar, profesionalizar y transparentar la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células.

A lo largo de estas tres décadas, cinco directores jurisdiccionales condujeron el organismo, acompañando su crecimiento institucional: Dr. Carlos Ferreyra (1995–1996), Dr. Gaspar Arguello (1996–2007), Dr. Diego Toledo (2007–2009), Dr. Richard Malán (2010–2020) y, desde 2020, el Dr. Luis Esquivel. Cada etapa aportó a la consolidación del CUCAIMIS como actor central de la red sanitaria provincial, con foco en equidad, transparencia y acceso universal al trasplante.

Hitos médicos y expansión de capacidades en el territorio provincial

La trayectoria del CUCAIMIS está marcada por avances progresivos y descentralización de capacidades. En 1996, el mismo año de su creación, se realizó la primera ablación multiorgánica en Eldorado. Entre 1998 y 2000, se amplió la red hospitalaria y se obtuvieron las primeras certificaciones, sentando las bases operativas del sistema.

El primer trasplante realizado en Misiones tuvo lugar en mayo de 2004, con un trasplante de córneas. En junio de 2005, se concretó el primer trasplante renal en el Sanatorio Nosiglia. Un año más tarde, en 2006, un equipo médico local llevó adelante el primer trasplante óseo en Puerto Rico, ampliando las alternativas terapéuticas dentro de la provincia.

La capacitación continua en hospitales comenzó en 2010, reforzando el capital humano del sistema. En 2018, Misiones adhirió a la Ley Justina, fortaleciendo el enfoque de donación como política pública. El 2019 fue un año clave: la provincia alcanzó un récord histórico de 25,7 donantes por millón de habitantes, inició el curso online de capacitación para docentes y habilitó el Laboratorio de Histocompatibilidad (HLA) en el Banco de Sangre, permitiendo realizar estudios pre y post trasplante.

Más recientemente, en 2024, se avanzó en la creación de unidades de procuración de órganos y tejidos en hospitales estratégicos —Madariaga, Samic Eldorado, San Vicente y Samic Oberá— y se incorporó tecnología de avanzada, como las máquinas de perfusión renal. En 2025, se concretó un nuevo hito: el primer trasplante renal de donante en asistolia controlada en la provincia.

Impacto sanitario y social: números que reflejan una política pública sostenida

El trabajo del CUCAIMIS se traduce en indicadores concretos. En 30 años, la provincia registra más de 550 trasplantes renales, más de 500 trasplantes de córneas y más de 130 trasplantes de médula ósea. A ello se suman 26 donantes reales de CPH (Células Progenitoras Hematopoyéticas), 1.300 docentes capacitados mediante formación online y 110 pacientes actualmente en lista de espera.

Estos datos reflejan una política pública sostenida que prioriza la equidad y la transparencia en la procuración y distribución de órganos y tejidos, promueve la donación como acto solidario y fortalece la articulación entre el sistema de salud provincial y nacional. En términos institucionales, el CUCAIMIS se consolidó como un puente entre la esperanza y una nueva oportunidad de vida, con impacto directo en la calidad y expectativa de vida de la población misionera.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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El Gobierno disolvió la ANDIS y centralizó la política de discapacidad en Salud

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El Poder Ejecutivo Nacional dispuso una reorganización estructural de la política de discapacidad, centralizando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el ámbito del Ministerio de Salud, y prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 942/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025, que entró en vigencia el mismo día de su dictado y fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026.

El decreto se fundamenta en la existencia de irregularidades administrativas, financieras, tecnológicas y de control detectadas en la ANDIS, que —según el texto oficial— comprometen la continuidad y regularidad de las prestaciones esenciales destinadas a las personas con discapacidad y configuran una situación de riesgo cierto, actual e inminente que imposibilita seguir el trámite legislativo ordinario.

Irregularidades en la ANDIS y fundamentos de la centralización

El DNU se apoya en las conclusiones del Informe final de intervención elaborado en el marco del Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí se detalla que el organismo operaba sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, con sistemas inconexos y sin interoperabilidad, lo que afectaba directamente la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud.

El informe advierte que esta situación generaba duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para el seguimiento de las trayectorias de vida de las personas beneficiarias, además de debilidades estructurales en el control interno, como la ausencia de manuales de procedimientos, deficiencias en la trazabilidad documental, demoras en la tramitación de pensiones y falencias en la gestión contractual con prestadores.

Asimismo, se identificaron “irregularidades de gravedad” en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Según el decreto, estas falencias colocan en riesgo el acceso efectivo a medicamentos de alto costo, dispositivos de apoyo y servicios esenciales para las personas con discapacidad.

Ante este diagnóstico, el Poder Ejecutivo consideró indispensable avanzar con la centralización orgánica y funcional de la política de discapacidad en una Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, incorporándola al organigrama aprobado por el Decreto 50/2019. El texto sostiene que esta medida permitirá unificar criterios de conducción, fortalecer los sistemas de control interno, integrar los sistemas de información, transparentar contrataciones y optimizar la ejecución presupuestaria.

Continuidad de prestaciones y alcance institucional

El decreto establece que el Ministerio de Salud actuará como continuador legal de la ANDIS, asumiendo todos sus compromisos y obligaciones. A tal fin, se consideran transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal, garantizando expresamente la continuidad en la prestación de los servicios hasta tanto se apruebe la nueva estructura organizativa.

En línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, el DNU señala que la centralización resulta compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley 26.378, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio N° 159 de la OIT, siempre que se preserve el rol estatal como punto focal gubernamental, se asegure la coordinación interministerial y se garantice la participación de las organizaciones representativas.

Desde una perspectiva institucional, la norma deroga los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 698/2017, que había creado la ANDIS como organismo descentralizado, consolidando así un cambio de modelo de gobernanza en la política pública de discapacidad.

Prórroga de la emergencia sanitaria y nuevas competencias en precursores químicos

El Decreto 942/2025 también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, originalmente declarada por el Decreto 70/2023. El texto argumenta que la finalización de la emergencia sin medidas de transición adecuadas implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectando el acceso de la población y comprometiendo la red asistencial.

En ese marco, el DNU amplía las competencias del Ministerio de Salud mediante la incorporación de nuevos incisos a la Ley de Ministerios N° 22.520, otorgándole un rol activo en materia de precursores químicos, evidencia sanitaria y estrategias de prevención vinculadas al consumo problemático de sustancias, en articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno fundamenta esta ampliación en el impacto sanitario de estas sustancias, la aparición de nuevos compuestos de alta peligrosidad y la necesidad de fortalecer la trazabilidad, el control y la prevención, para evitar la sobrecarga del sistema sanitario.

Finalmente, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme lo establecido por la Ley 26.122, para el control parlamentario del DNU.

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Con recursos propios, Misiones refuerza su red sanitaria con ambulancias, tecnología y diagnóstico

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Con una inversión superior a los $335 millones, financiada íntegramente con recursos provinciales y a través del programa Sumar+, el Gobierno de Misiones encabezó este martes 30 de diciembre de 2025 una nueva entrega de ambulancias, equipamiento médico, tecnología y herramientas digitales destinadas a hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia. El acto fue liderado por el gobernador Hugo Passalacqua en Posadas y se inscribe en una estrategia de fortalecimiento de la salud pública, descentralización de la atención y mejora de la capacidad operativa del sistema sanitario.

La iniciativa adquiere relevancia institucional y económica en un contexto de restricción de recursos y alta demanda sobre el sistema público, y refuerza la decisión política de priorizar la inversión sanitaria sin recurrir al endeudamiento, sosteniendo el equilibrio fiscal provincial.

Ambulancias, diagnóstico y laboratorios: el alcance de la inversión sanitaria

En el marco de la entrega, el gobernador, acompañado por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, hizo efectiva la incorporación de cuatro ambulancias 0 km, totalmente equipadas para traslados de baja complejidad, que fueron asignadas a Jardín América, Puerto Iguazú, Santo Pipó y Garupá. Estas unidades permitirán mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad de derivación dentro de la red pública de salud.

En paralelo, el Gobierno provincial avanzó en el fortalecimiento del área de Diagnóstico por Imágenes, mediante la adquisición de cinco ecógrafos institucionales fijos Full HD, de alta definición. Los equipos fueron destinados a Aristóbulo del Valle, San Vicente, Leandro N. Alem, Wanda y Oberá, con el objetivo de elevar la calidad de los estudios diagnósticos y ampliar el acceso a prácticas esenciales en el interior de la provincia.

La inversión también incluyó insumos estratégicos para laboratorios, con la entrega de seis microscopios, doce centrífugas y dos espectrofotómetros, orientados a incrementar la capacidad operativa y fortalecer la vigilancia epidemiológica. Estos equipos fueron distribuidos en los hospitales SAMIC Eldorado, Aristóbulo del Valle, Comandante Andresito, El Soberbio, Montecarlo, Puerto Rico, Puerto Esperanza, Baliña, Candelaria e Itaembé Guazú, además de la Red Territorial de CAPS de las zonas Capital, Centro Paraná y Norte Paraná.

Digitalización y gestión sanitaria: historia clínica y red de efectores

Otro de los ejes centrales de la entrega fue la incorporación de tecnología digital, con la provisión de 42 computadoras de escritorio completas, destinadas a profundizar la implementación del sistema de historia clínica digital RISMI. Esta herramienta permitirá optimizar la atención al paciente, mejorar la trazabilidad de la información sanitaria y fortalecer la integración de la Red de Efectores Públicos en toda la provincia.

Durante el acto, Carlos Sartori subrayó el valor institucional de la decisión de invertir recursos propios en salud. “Destinar recursos genuinos de los misioneros, producto del ahorro y del esfuerzo de todos, a la salud pública es la mejor forma de despedir el año”, afirmó. Además, destacó que 2025 fue un año muy duro, pero que la provincia logró sostener el equilibrio fiscal, no tomar deudas y cuidar los recursos. En ese sentido, anticipó que en 2026 la gestión continuará “trabajando juntos, optimizando los recursos para destinarlos a cuestiones importantes, como la salud, en todo el territorio provincial”.

La salud pública como política de Estado y su impacto territorial

El ministro de Salud Pública, Héctor González, puso el foco en la importancia estratégica de la entrega en el contexto actual. “Este equipamiento nos permitirá seguir trabajando y mejorando la salud en Misiones”, señaló, y remarcó que desde hace años la provincia viene fortaleciendo y complejizando los hospitales del interior, con el objetivo de descentralizar la atención sanitaria.

Cerrar este año complejo con esta entrega es realmente muy importante”, expresó González, quien agradeció al gobernador por priorizar la salud y destinar los recursos donde verdaderamente se necesita.

Desde el territorio, los intendentes de las localidades beneficiadas destacaron el impacto concreto de la inversión. El intendente de Jardín América, César Araujo, afirmó que “es una enorme alegría terminar el año recibiendo esta ambulancia para nuestro hospital”. En la misma línea, la intendenta de Santo Pipó, Claudia Acuña, subrayó que la unidad era “tan necesaria y esperada por los vecinos” y recordó que la localidad cuenta con un hospital de nivel 1 que también recibe pacientes de zonas cercanas.

Proyección y repercusiones en el sistema de salud

La incorporación de ambulancias, equipamiento de diagnóstico, insumos de laboratorio y tecnología digital impacta directamente en la calidad de la atención, reduce asimetrías territoriales y fortalece la capacidad de respuesta del sistema público. En términos institucionales, la decisión consolida a la salud pública como política de Estado en Misiones, con un enfoque de inversión sostenida, eficiencia en el uso de recursos y descentralización.

De cara a 2026, el refuerzo de la red sanitaria y la digitalización de procesos aparecen como pilares clave para mejorar la gestión, contener la demanda y sostener la atención en un contexto económico desafiante, con un sistema que apuesta a más capacidad instalada sin resignar equilibrio fiscal.

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El Gobierno disuelve la ANDIS y traslada Discapacidad al Ministerio de Salud

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El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que busca reordenar la gestión, reducir estructuras y reforzar controles luego de la detección de graves irregularidades administrativas. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones, pensiones ni servicios vinculados a la discapacidad.

La medida se concreta tras el impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, confirmó descontrol administrativo, prácticas incompatibles con la transparencia y fallas en los mecanismos de control dentro del organismo creado en 2017.

De organismo descentralizado a área bajo Salud: los fundamentos de la decisión

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni desde la sala de conferencias. En su explicación, recordó que la ANDIS fue creada como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el tiempo acumuló capas burocráticas y autonomía administrativa sin controles efectivos.

Según detalló el funcionario, esa estructura derivó en irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios. Entre los casos mencionados, citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, aunque en sus instalaciones se hallaron “solo suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Adorni sostuvo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán “de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Reducción de estructura y garantías sobre las prestaciones

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el achicamiento de la estructura política. El jefe de Gabinete confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. Para el Gobierno, este recorte apunta a optimizar recursos públicos y fortalecer la gestión directa desde Salud.

En paralelo, Adorni enfatizó en reiteradas oportunidades que la medida no implica recortes en derechos ni prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, subrayó, y agregó: “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. El mensaje buscó despejar temores en beneficiarios, prestadores y organizaciones del sector, en un contexto de alta sensibilidad social.

Reacciones políticas y polémica por el cierre de la ANDIS

La decisión generó fuerte repercusión política y social, con críticas desde distintos espacios opositores. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez cuestionó la medida en redes sociales y sostuvo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, al tiempo que afirmó que “no es una reestructuración administrativa, es un plan de impunidad”.

En la misma línea, la diputada Gabriela Estévez calificó el cierre como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias”, y vinculó la decisión con “recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. Por su parte, Esteban Paulón puso el foco en el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre eventuales responsabilidades institucionales.

Desde el Partido Obrero, el legislador Gabriel Solano aseguró que el cierre deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”, tras denunciar el uso del presupuesto del área.

Impacto institucional y escenario a futuro

El traspaso de funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, redefine el esquema institucional de las políticas de discapacidad y concentra la gestión en una cartera con capacidad operativa y sanitaria. Para el Ejecutivo, el cambio permitirá ordenar procesos, mejorar controles y garantizar transparencia; para la oposición, abre interrogantes sobre la continuidad efectiva de programas y la rendición de cuentas.

En un contexto de revisión del gasto público y reorganización del Estado, la disolución de la ANDIS se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de estructuras descentralizadas. El debate, sin embargo, seguirá abierto en el plano político, judicial y social, con especial atención en la continuidad de las prestaciones, la auditoría de los expedientes heredados y el impacto real en las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

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