Salud

“Sostener lo que se tiene”: el estado de la salud con más demanda en hospitales públicos y menos apoyo nacional

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“La prioridad es sostener lo que se tiene”. La frase del ministro de Salud, Héctor González, refleja el impacto del ajuste nacional en los programas sanitarios, lo que provocó una transferencia de la demanda hacia la Provincia, que debe cubrir con recursos propios los vacíos dejados por la retirada del gobierno de Javier Milei. 

En algunos casos, se puede cubrir la atención, en otros, se esperan resultados en el corto plazo que irán en contra del proceso encarado por Misiones en los últimos años. En la mortalidad infantil y materna, ya se siente el efecto del ajuste

Dicen los especialistas que cuando se iniciaron procesos de recorte de recursos, como durante el macrismo y la pandemia, la mortalidad crece. Ahora se sintió la misma consecuencia, aunque el volumen del ajuste ha sido mayor que en otras épocas. 

Pero así como creció la mortalidad, también se espera otro impacto: que aumenten los nacimientos, especialmente entre madres adolescentes, como respuesta al recorte en el área de Educación Sexual: Nación dejó de enviar preservativos. La Provincia cubrió el faltante, pero hubo un bache temporal que puede tener repercusiones. La Provincia también compró las partidas necesarias del Dispositivo Intra Uterino, destinadas a las jóvenes misioneras. 

La tasa de mortalidad materna, que tocó un piso de 1,52 en 2022, trepó ahora a 4,8 por mil. El pico fue en 2021, en medio de la pandemia, con 10,64, mientras que en los 90 el promedio era de 8,6 por mil. 

La mortalidad infantil se elevó a 8,81 por mil, contra el 8,31 de 2023. De todos modos, la tasa está a años luz de los 90, cuando morían 32,1 chicos de cada mil nacidos vivos. 

La tasa de natalidad por mil habitantes, que habrá que monitorear el año próximo, está en 12,69 por ciento, la más baja de la historia. El techo fue en 1990, con 39,4. 

El contador del Ministerio de Salud detalló que Misiones sufrió una fuerte merma en los fondos nacionales destinados a programas sensibles. El caso más crítico es el del Programa Incluir Salud, que financia tratamientos para personas con discapacidad:

  • En 2022, Nación giraba $1.234 por afiliado. Ese monto nunca se actualizó y hoy, con inflación acumulada, representa una caída abismal en términos reales.
  • En la práctica, Misiones pasó de recibir $83 millones mensuales a solo $58 millones, pese a que la demanda de pacientes se mantiene en 128 personas en diálisis tres veces por semana.

La diferencia la cubre la Provincia: una diálisis cuesta $75.500 por sesión. Un módulo mensual con 13 sesiones ronda el millón de pesos por paciente, mientras que en casos pediátricos el costo escala a 2 millones de pesos. “Si estas familias tuvieran que pagar en el sector privado, sería imposible”, remarcó el contador.

La falta de actualización también golpea en otros frentes. El arancelamiento hospitalario, que debería financiar prestaciones de Nación, representa un costo de 500 millones de pesos al mes, asumido íntegramente por el Tesoro provincial.

El ajuste repercutió en la presión sobre hospitales y centros de atención primaria (Caps). En 2024 se alcanzó un récord histórico de 1.944.628 consultas médicas en hospitales y 698.961 en Caps, la cifra más alta desde 2018.

El retroceso se percibe también en indicadores sensibles:

  • La mortalidad materna trepó a 4,8 por mil, cuando en 2022 había caído a un mínimo de 1,52.
  • La mortalidad infantil subió de 8,31 a 8,81 por mil en un año. Aunque está lejos de los 32,1 de los 90, el aumento preocupa por su correlato con recortes previos, como en el macrismo o durante la pandemia.

Otro efecto inmediato del recorte nacional fue la interrupción en el envío de preservativos. La Provincia logró suplir el faltante, además de adquirir de urgencia dispositivos intrauterinos (DIU) para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Pero el bache temporal puede derivar en un aumento de embarazos adolescentes durante 2026.

La tasa de natalidad por mil habitantes se ubica hoy en 12,69, la más baja de la historia, frente al 39,4 de 1990.

En paralelo al debate presupuestario, el ministro González confirmó la continuidad del plan de liberación de mosquitos estériles como estrategia de control del dengue. Se espera liberar una nueva camada entre fin de año y 2026, en coordinación con organismos de investigación y bioseguridad.

El plan se inscribe en un contexto de alerta sanitaria regional: en San Pablo, Brasil, se registraron muertes por fiebre amarilla, lo que refuerza la necesidad de prevención en la frontera misionera.

Recursos extraordinarios

A pesar del recorte, la Provincia recibió en 2025 alrededor de $25.000 millones de Nación en vacunas y medicamentos de alto costo, además de insumos como sillas de ruedas y anteojos. Pero González insistió en que la sustentabilidad del sistema dependerá del esfuerzo local: “Lo central es mantener los niveles de atención y garantizar tratamientos que no pueden esperar, como los oncológicos o las diálisis. Incorporar tecnología como el PET, nos pone en el tope de la agenda, porque detrás de cada número hay una vida concreta que depende del sistema público”.

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La Fundación Blockchain Argentina propone soluciones tecnológicas tras la crisis del fentanilo contaminado

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Ante la grave crisis sanitaria provocada por el fentanilo clínico contaminado, que dejó al menos 87 muertos y decenas de pacientes afectados en todo el país, la Fundación Blockchain Argentina (FBA) reafirma la necesidad de incorporar tecnologías de trazabilidad basadas en blockchain para garantizar la seguridad en la cadena de suministro farmacéutica.

El caso, que involucra a los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, expuso fallas estructurales en los procesos de control y transparencia. Más de 300.000 ampollas fueron distribuidas a 118 centros médicos, y al menos 45.000 se aplicaron antes de que se emitiera la alerta. Pasaron meses hasta que se completó el retiro de los lotes contaminados, lo que demuestra la falta de sistemas que permitan actuar con rapidez y eficacia.

Este caso no es solo un error puntual, es el reflejo de un sistema fragmentado y opaco. Con blockchain, la trazabilidad no es una promesa: es una garantía”, señaló Guido Zatloukal, presidente de Fundación Blockchain Argentina.

La FBA destaca que la implementación de blockchain permitiría registrar de manera inmutable y en tiempo real cada etapa del ciclo de vida de un medicamento, desde su producción hasta su administración, asegurando que la información sea accesible para todos los actores autorizados y evitando manipulaciones. De esta manera, ante la detección de un lote defectuoso, sería posible emitir alertas automáticas y bloquear la distribución en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente el impacto sanitario. La clave de la tecnología blockchain es la descentralización. Esto significa que los datos no pueden ser modificados y, al mismo tiempo, pueden ser monitoreados por terceros, garantizando así un sistema inmutable y transparente.

La crisis del fentanilo debe ser un punto de inflexión. Argentina necesita avanzar hacia un sistema sanitario más seguro, basado en transparencia e innovación tecnológica”, agregaron desde la fundación.

La Fundación Blockchain Argentina se pone a disposición de las autoridades sanitarias, instituciones médicas y empresas del sector para trabajar en conjunto en el diseño e implementación de soluciones basadas en blockchain que prevengan tragedias como la ocurrida.

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Presupuesto 2026: Misiones sostiene la inversión social y en la economía del conocimiento

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Este lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2026 diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prevé recursos por más de 4,09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 31,7 % respecto al ejercicio vigente. El texto mantiene la impronta de fuerte inversión social, con prioridad en educación, salud y programas de bienestar, al tiempo que incorpora nuevos instrumentos fiscales y de financiamiento para sostener la innovación y la actividad productiva.

El proyecto reivindica un “Estado Suficiente” que prioriza la inversión social y busca articular con el sector privado para amortiguar las asimetrías macro (tipo de cambio y frontera) y sostener actividad y empleo. Su rasgo distintivo es el alto sesgo social (69,17%) y la bajísima carga de deuda (0,34%), lo que otorga margen de maniobra para reasignar recursos hacia salud, educación y protección social.

La contracara es la marcada retracción del Estado nacional: el mensaje enumera la eliminación de aportes ANSES a la caja previsional provincial, FONID, programas de salud (Protección de Población Vulnerable ante Enfermedades Crónicas No Transmisibles, REDES), Fondo Compensador del Transporte, y parálisis/recorte de obras nacionales (inclusive sobre rutas nacionales) tras la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Este faltante ya generó perjuicios y, en algunos casos, debe ser suplido con fondos provinciales.

Función / Área2025 (en $)2026 (en $)Variación %
Apoyo a Municipios240.511.292.000307.068.437.000+27,7 %
Administración General76.349.541.000101.116.267.000+32,4 %
Seguridad225.332.164.000306.473.472+36,0 %
Salud732.440.356.0001.009.979.707.000+37,8 %
Bienestar Social653.211.733.000799.993.064.000+22,5 %
Cultura y Educación747.165.504.0001.021.072.661.000+36,6 %
Desarrollo de la Economía295.979.751.000349.392.230.000+18,0 %
Deuda Pública5.360.531.0004.861.431.000-9,3 %
Total del Presupuesto3.107.874.111.0004.092.995.715.000+31,7 %

Los recursos asignados a Salud alcanzarán los 1.009.979.707 pesos, con un aumento del 37,8 % interanual. Se establece además un mecanismo específico: el Poder Ejecutivo queda autorizado a destinar 135 pesos por mes por habitante para garantizar la atención primaria, con la posibilidad de articular con municipios e instituciones locales.

En Cultura y Educación, el presupuesto trepa a 1.021.072.661 pesos (+36,6 %). Allí se crea el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con recursos de la coparticipación federal, que tendrá como fin sostener una educación de calidad y en condiciones equitativas.

En Seguridad, la previsión es de 306.473.472 pesos, un 36 % más que en 2025, reforzando el equipamiento y la operatividad de las fuerzas.

El área de Bienestar Social dispondrá de 799.993.064 pesos, con un aumento del 22,5 %. A esto se suma la continuidad del Programa Hambre Cero, que contará con un presupuesto específico de 5.391 millones de pesos distribuidos entre diferentes jurisdicciones del Estado provincial.

El texto también prorroga hasta diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos y remates para viviendas únicas y predios de producción agropecuaria familiar.

Una de las novedades es la autorización para que el Ejecutivo impulse un programa de promoción de la Economía del Conocimiento, destinado a fomentar startups y empresas que utilicen tecnología y digitalización. Se contemplan beneficios impositivos y subsidios para la radicación en parques industriales, con financiamiento adicional a través de fideicomisos alimentados por recursos ambientales e hídricos.

En paralelo, se habilita al Ministerio de Hacienda a realizar inversiones transitorias de fondos ociosos y a constituir mecanismos de crédito orientados a fortalecer la infraestructura productiva.

Disciplina fiscal y deuda

El Presupuesto prevé una reducción del 9,3 % en el servicio de la deuda pública, que se ubica en 4.861.431 pesos. El texto faculta al Ejecutivo a restructurar compromisos y renegociar pasivos, incluyendo la posibilidad de diferir vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS) hasta 2028.

Asimismo, se autoriza la contratación de créditos públicos por hasta 100 millones de dólares, destinados a obras de saneamiento, vialidad, energía y equipamiento productivo en municipios.

El proyecto ratifica un límite en las remuneraciones de la administración: ningún funcionario o empleado podrá percibir un salario superior al 90 % de lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo. En el caso de jubilaciones y haberes previsionales, se fija un máximo del 82 % del sueldo del Contador General de la Provincia.

Una hoja de ruta política

En contraste con la política nacional de ajuste que impacta con fuerza en áreas sociales sensibles —con recortes en educación, salud y transferencias a las provincias—, el Presupuesto 2026 de Misiones refuerza la inversión en esos mismos sectores. Mientras el Gobierno central concentra su estrategia fiscal en la reducción del gasto público, la administración provincial busca blindar los recursos destinados a escuelas, hospitales y programas sociales, sosteniendo un modelo de desarrollo con fuerte anclaje territorial y con el objetivo de garantizar equidad en un escenario económico adverso.

Con este esquema, el Ejecutivo provincial apunta a consolidar un presupuesto con fuerte anclaje social, disciplina fiscal y proyección estratégica en áreas claves como educación, salud y la economía del conocimiento. Al mismo tiempo, busca garantizar sustentabilidad financiera en un contexto nacional de incertidumbre y ajuste, reforzando la autonomía de la provincia en materia de gestión y financiamiento.

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Emergencia pediátrica: el Congreso sancionó la ley que refuerza al Hospital Garrahan y residencias médicas

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El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
  • Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
  • Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
  • Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

  • Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
  • Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
  • Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
  • Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.

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La vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita solo en zonas endémicas como Misiones

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Desde hoy, la cartera sanitaria nacional solo garantizará la cobertura en las regiones del país donde existe riesgo real de transmisión. Por uso y costumbre se vacunaba de manera gratuita a quienes viajaban a otros países que exigen esa vacuna

En línea con la política de eficientización de los recursos, el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplique de forma gratuita solo en las zonas endémicas de la Argentina. La medida busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos, priorizando la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión.

Los turnos que están asignados hasta la fecha se cumplirán de acuerdo a lo previsto. En las oficinas de sanidad de frontera de las provincias que no son de zona endémica no se asignarán nuevos turnos a partir del día de la fecha. Asimismo, los stock remanentes quedarán bajo almacenamiento y la administración de las jurisdicciones.

Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar. Se garantizan las dosis necesarias para la cobertura de la población objetivo perteneciente a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco.

Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos de turismo u otras causas de índole privado y requieran protección contra esta enfermedad, deberán aplicarse la dosis correspondiente en los centros privados habilitados para tal fin. De esta manera, el Estado dejará de financiar con el dinero de todos la prevención de riesgos que son ajenos a la realidad sanitaria del país.

Esta decisión se enmarca en la política del Gobierno Nacional de destinar los recursos públicos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la sostenibilidad y eficiencia de la salud pública y asegurando que esté al servicio de las prioridades sanitarias reales de la población.

Cabe mencionar que durante los meses de septiembre y octubre de este año, el Ministerio de Salud de la Nación prevé realizar la distribución de las dosis faltantes para 2025. De esta manera, se garantiza completar la cobertura acordada con las jurisdicciones.

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