San Pedro Misiones

La selva como activo: la empresa que consiguió US$7 millones para restaurar bosques en Misiones

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En una provincia donde históricamente la riqueza se midió por lo que se extraía del monte -madera, yerba, té, tabaco o biodiversidad convertida en recurso-, está sucediendo una transformación silenciosa. Tardará años en verse, pero que comienza a transformarse en un legado a perpetuidad. En lugar de cortar monte, de expandir la frontera agraria, hay quienes vieron el negocio en reforestar, en cuidar, en replantar monte caído. Y el negocio está funcionando: consiguió inversiones por siete millones de dólares. 

La firma detrás de esta transformación es Nideport, que encontró en Misiones el laboratorio perfecto para desarrollar créditos de carbono de alta integridad. Hace seis meses, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, desarrollado por la empresa Nideport, obtuvo la certificación internacional de Verra bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), el máximo nivel de reconocimiento global por su impacto en clima, comunidad y biodiversidad.

La certificación de 138.000 créditos de carbono (VCUs) posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales más grandes del mundo y el primero de bosque nativo en Argentina en alcanzar este nivel de validación. La certificación abarca dos años, 2021 y 2022, sobre la retención de emisiones en la selva misionera.

Verra -la misma entidad que certifica los bonos de carbono del programa jurisdiccional de Misiones– garantiza que estos créditos poseen trazabilidad, adicionalidad y permanencia verificable, lo que les otorga credibilidad y competitividad en los mercados internacionales.

Juan Núñez -junto a su socio Tomás Gutiérrez– es uno de los empresarios detrás de uno de los proyectos más singulares de la nueva economía verde argentina: transformar la recuperación de bosque nativo degradado en un activo rentable, escalable y financieramente sostenible.

No podíamos depender de la filantropía. Salvar la selva tenía que ser rentable, porque si no, nunca iba a escalar”, resume, con una frase que funciona como manifiesto de época. “Entendíamos que la filantropía para nosotros no era el camino y que también para que eso sea escalable necesitamos que tuviera rentabilidad. Como cualquier negocio”.

No habla desde el ambientalismo tradicional. Es abogado, viene del mundo de la tecnología y la seguridad, con formación en Israel y trayectoria lejos del universo forestal. Pero encontró en la crisis climática una certeza brutal: el sistema natural del planeta ya no logra regenerarse solo.

“Los umbrales biológicos ya están prácticamente cruzados. El mundo ya no se regenera naturalmente”, dice. “La economía global depende mucho de lo que sucede con los bosques, con la producción incluso hídrica de los ríos y demás, tienen origen en los bosques”.

Juan Núñez y Tomás Gutierrez son los socios fundadores de Nideport, que certificó bonos de carbono en Misiones.

Y allí nació la pregunta fundacional: si toda la economía global depende de los bosques -del agua, del clima, de los suelos, de la biodiversidad-, ¿por qué restaurarlos no podía ser también un gran negocio?

La respuesta apareció en el mercado de créditos de carbono.

Ese sistema, consolidado tras el Protocolo de Kioto y luego reforzado por el Acuerdo de París, permite que empresas que emiten dióxido de carbono compensen su huella comprando créditos generados por proyectos que capturan o evitan emisiones.

Pero no todos los créditos son iguales.

Nideport eligió trabajar en el segmento más exigente y más valorizado: créditos asociados a restauración real de naturaleza, con impacto medible en biodiversidad, trazabilidad tecnológica y licencia social validada con comunidades locales.

“Hoy el mercado está orientado a créditos que restauran la naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros”, explica. “Es un tipo de producto barra servicio ideado para hacer un negocio detrás de restaurar el planeta”.

La compañía emite créditos certificados bajo estándares internacionales de máxima exigencia, entre ellos Verra, principal referencia global del mercado voluntario de carbono, además de la distinción CCB Gold -la máxima calificación por impacto positivo en clima, biodiversidad y comunidades- y una calificación A de Sylvera, que la ubica entre los proyectos IFM de mayor integridad y desempeño del mercado .

La sustentabilidad en Nideport, se construye con datos. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica propia basada en inteligencia artificial, drones autónomos y monitoreo forestal en tiempo real que permite supervisar grandes extensiones de bosque y detectar amenazas ambientales antes de que se conviertan en daño irreversible.

Cada árbol plantado está georreferenciado. Cada avance del bosque puede medirse y cada riesgo puede anticiparse.

La estructura incluye tecnología LiDAR, fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras trampa, cámaras en vivo, imágenes satelitales y protocolos de seguridad orientados a prevenir incendios, monitorear deforestación y detectar incluso caza furtiva en zonas críticas .

Además, incorporan blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad total de los créditos emitidos, una condición central en un mercado donde la credibilidad define el valor.

Misiones no es el único territorio en el que invierten. En Uruguay están en la etapa de planificación, gestión y análisis de nuevos ecosistemas y proyectan una expansión global con más de 2 millones de hectáreas evaluadas en múltiples países. 

El desembarco en Misiones no fue casual. Uno de los founders tenía tierras en la provincia y fue el anzuelo. Luego, ante complicaciones sucesorias, iniciaron la búsqueda de nuevos campos y encontraron una oportunidad única en el norte misionero: superficies de bosque nativo degradado por décadas de tala selectiva.

“Entendiendo que había una gran oportunidad en Misiones por toda la actividad forestal de bosques nativos”, relata.

No se trata de selva virgen, pero tampoco tierra perdida. Territorios donde todavía sobrevive entre el 20% y el 30% de la biomasa original de un bosque prístino.

“Buscamos tierras que compatibilicen con la emisión de crédito de carbono y que impliquen la necesidad de restaurarlas. Ese es el punto”, explica. “En nuestro caso, en el primer campo que estamos desarrollando, la biomasa está más o menos en un 20% de un bosque prístino”.

Su proyecto insignia es Vida Nativa, en San Pedro, frontera con Brasil: una intervención de 22.878,5 hectáreas sobre el Bosque Atlántico misionero, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente .

Se trata de una ex forestal belga atravesada por cuatro sierras, con una geografía compleja y una biodiversidad que aún resiste: más de 50 especies endémicas y al menos diez especies en peligro de extinción, incluido el yaguareté .

El modelo fue de arrendamiento con opción a compra. “El arrendamiento genera la rentabilidad que tenía por la extracción de madera, pero con muchos menos conflictos y riesgos”, explica Núñez. “Después adquirimos la tierra y ya la preservamos a perpetuidad”.

Plantar no alcanza: restaurar lleva décadas

Hablar de árboles puede sonar simple. No lo es. La restauración ecológica seria no consiste en plantar especies en línea para una foto institucional.

Implica entender el suelo, los doseles, la dinámica, los corredores biológicos y la recuperación funcional del ecosistema.

En Nideport comenzaron con ensayos en 2021. En 2022 iniciaron plantaciones.

Entre 2023 y 2024 ya superaron los 40.000 árboles nativos plantados y mantienen una proyección de 100.000 árboles para 2026.

“Queremos alcanzar los 100 mil árboles por año, pero con rigor científico. Primero hay que entender el suelo y cómo responde el bosque”, explica. “Hoy ya estamos en 30 mil árboles por año”.

La intervención cubre entre 200 y 300 hectáreas por año, dependiendo del nivel de degradación y de la presencia de “bambucias”, esas etapas de transición natural del monte.

Restaurar completamente un bosque puede llevar entre 20 y 60 años. En algunos casos, incluso siglos.

“La selva puede tardar entre 500 y 1000 años en restaurarse sola. Nosotros aceleramos ese proceso”, dice.

Además, el proyecto ya incorporó una estrategia de conservación a 100 años, una definición poco habitual incluso dentro del mercado internacional de carbono .

Lo que empezó como una idea entre amigos durante la pandemia terminó atrayendo a uno de los fondos más relevantes de América Latina.

“Surge de un grupo de amigos. A mí particularmente se me ocurre que no podíamos ir por la filantropía. Ya conocía el mercado de créditos de carbono por otro inicio de negocio y empezamos a plantear esa idea. Nos agarra la pandemia y en lugar de dedicarle tiempo a Netflix decidimos empezar a desarrollar el modelo”, recuerda.

Draper Cygnus -ligado a Tim Draper, histórico inversor de Tesla y SpaceX- tomó participación en la compañía. Hoy posee el 10%.

En total, entre equity y deuda de impacto, Nideport levantó cerca de siete millones de dólares.

Entre los inversores figuran además Koi Ventures, Antom.la, Alma Vest y Embarca, fondos vinculados a innovación climática y capital de impacto .

Ese capital permitió desarrollar tecnología propia, certificar créditos de carbono -una barrera que muchos proyectos nunca logran superar- y comenzar la fase de retorno. Hoy el negocio ya es rentable.

“Sí, es un negocio rentable. Supera el 40% de retorno”, afirma. “Ya somos un proyecto que logró certificar créditos de carbono, algo que muchos desarrolladores nunca llegan a conseguir”.

Pero advierte: no es un negocio rápido. Requiere paciencia, certificación, tiempo y credibilidad.

No hay greenwashing posible cuando se trabaja con estándares internacionales serios.

En tiempos donde la sustentabilidad suele reducirse a discursos corporativos, Núñez insiste en una premisa poco habitual en el mundo financiero: antes que cualquier aprobación política, importa la licencia social.

Antes que cualquier oficina pública. Primero, la comunidad Mbya.

“Lo importante para nosotros es que el cacique y la comunidad nos den su consentimiento con la comunidad. Eso está antes que cualquier político o estructura de gobierno, los dueños ancestrales de la tierra”, afirma.

Y profundiza: “Eso es el modelo principal. Una vez que tenemos la licencia social, que fue lo primero que hicimos antes de tocar cualquier planta o poner un pie en la tierra, logramos esa aprobación”.

La comunidad Tekoa Alecrín fue el primer actor consultado y hoy forma parte estructural del proyecto, junto al trabajo con cooperativas locales, fortalecimiento comunitario, acceso al agua potable, mejoras habitacionales tradicionales, apoyo educativo y empleo local.

“Nos juntamos con la comunidad, con las cooperativas locales, con el intendente de San Pedro que tiene una apertura muy interesante, y con esa base de licencia social ya estamos conformes”, explica.

Después llegaron las cooperativas, el municipio y recién luego el resto del sistema institucional. En el negocio del carbono, sin legitimidad territorial, no hay proyecto posible.

La burocracia argentina y la urgencia del planeta

Misiones avanza en una estructura provincial para créditos de carbono. La Nación también tiene registros y marcos regulatorios.

Pero para Núñez, el problema sigue siendo la velocidad. “Misiones está recién teniendo una estructura bastante sólida”, señala. “La Nación tiene un tratamiento sobre los créditos de carbono y un registro, pero son realmente estructuras muy burocráticas. Llevamos años en conversación”.

Y ahí aparece una tensión profunda entre la urgencia climática y la lentitud estatal.

Mientras el planeta pierde entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosque por año, la regulación suele caminar a velocidad de expediente.

“Si tuviésemos un mercado de créditos de carbono regulado como existe en Japón, en Paraguay o en México, estaríamos en la panacea, pero bueno, es la Argentina”, ironiza Núñez.

“La humanidad necesita restaurar 2.500 millones de hectáreas de bosques desaparecidos”, advierte.

La visión corporativa ya está planteada con una meta concreta: restaurar 45 millones de hectáreas hacia 2035 y consolidarse como referente regional en soluciones climáticas basadas en la naturaleza .

Núñez no evita hablar del contexto político ni de la mirada ambiental del Gobierno nacional.

Sabe que el presidente Javier Milei tiene una visión distante respecto del cambio climático y la agenda ambiental, pero asegura que eso no modifica la convicción de la empresa.

“El Presidente tiene su visión sobre el planeta y sobre lo que es el cambio climático, la restauración ambiental; nosotros tenemos la nuestra”, afirma.

Y remata con una definición que resume su postura: “Así como él no lo frena a nadie, nosotros tampoco, y veremos el impacto que tiene cada uno en el tiempo”.

El legado: devolverle algo a la tierra

Hay una frase que atraviesa toda la conversación y que define más que un modelo de negocios.

“Nosotros generamos recursos naturales donde la mayoría de los modelos se basan en extraer recursos naturales”, dice.

Núñez sabe que el capitalismo define las reglas actuales del juego. Y si la única forma de salvar bosques es que salvarlos sea rentable, entonces prefiere jugar ahí.

“Ojalá que los árboles no tuviesen que pagar por ser salvados. Esto lo hablamos mucho internamente. Nosotros no creamos eso ni pusimos eso ahí”, admite.

“De alguna manera nuestro trabajo y nuestro fundamento es devolver a la tierra lo que está quitando la humanidad”, sostiene. “No sé si es una mochila que nos corresponde, pero sí que asumimos”.

Y concluye con una mirada de largo plazo: “Yo creo que las generaciones futuras particularmente no nos lo van a agradecer. Hoy no sé si se siente tanto, pero estamos muy convencidos de lo que hacemos”.

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Frontera con Brasil: gestiones para agilizar el cruce vecinal

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En un contexto donde la dinámica fronteriza es clave para la economía regional, el Gobierno de Misiones avanzó en una agenda concreta con autoridades nacionales y representantes de Brasil para mejorar las condiciones de circulación en los pasos internacionales.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto al ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos Sartori, encabezó una reunión con el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, intendentes misioneros y prefeitos brasileños, con foco en resolver las dificultades que enfrentan miles de vecinos que cruzan diariamente la frontera.

El eje del encuentro estuvo puesto en el tránsito vecinal fronterizo, especialmente en los pasos de Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Comandante Andresito, donde el actual horario de atención -de 7 a 19 horas- genera fuertes restricciones para trabajadores y residentes de ambos lados.

En particular, se expuso la situación de numerosos trabajadores misioneros que cumplen tareas en Brasil y no logran regresar al país dentro de ese rango horario, lo que obliga a reorganizar rutinas laborales o incluso pernoctar del otro lado de la frontera. Se trata de una problemática específica de estos pasos, poco frecuente en otros puntos del país.

Medidas en análisis y primeras definiciones

Tras las mesas de trabajo, se acordó avanzar en un esquema de análisis integral por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, contemplando las restricciones de la normativa vigente, especialmente en lo referido a controles de seguridad y salida de menores del país.

En paralelo, se definieron una serie de medidas iniciales orientadas a agilizar el flujo fronterizo:

  • Se habilitará el ingreso de ciudadanos brasileños con licencia de conducir, simplificando los requisitos documentales.
  • Se trabajará en la implementación de sistemas de reconocimiento facial en los pasos fronterizos.
  • Se evaluará la ampliación del horario de atención, con foco inicial en San Antonio y otras localidades.

Estas acciones buscan equilibrar la necesidad de mayor fluidez en los cruces con los estándares de seguridad que exige la legislación migratoria argentina.

Una agenda binacional con impacto económico

El encuentro también reflejó la creciente articulación entre actores públicos y privados de ambos países en la región fronteriza. Participaron representantes del Comité de Desarrollo Territorial La Frontera, autoridades del SEBRAE Paraná, intendentes y viceprefeitos de ciudades brasileñas limítrofes, junto a jefes comunales misioneros.

La mejora en los pasos fronterizos no sólo impacta en la vida cotidiana de los trabajadores, sino que tiene efectos directos sobre el comercio, el turismo y las economías regionales, en una zona donde la integración productiva y social es intensa.

En este marco, las gestiones encaradas por Misiones buscan posicionar a la provincia como un actor activo en la agenda de integración fronteriza, con soluciones concretas a problemas estructurales que afectan la competitividad y la calidad de vida en la región.

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Éxodo misionero: crece la cantidad de tarjetas CPF para argentinos que buscan trabajar en Brasil

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El diario brasileño Folha de São Paulo, uno de los más influyentes del país vecino, publicó este fin de semana un extenso artículo en el que analiza el aumento de trabajadores argentinos que buscan empleo en Brasil, con foco en la provincia de Misiones, principal región productora de yerba mate.

El informe pone el acento en un dato que refleja la magnitud del fenómeno: el fuerte crecimiento en la emisión del CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento tributario indispensable para trabajar legalmente en Brasil.

Según datos de la Receita Federal, citados por el medio paulista, la cantidad de CPFs otorgados a ciudadanos argentinos pasó de un promedio de unos 8.000 por año entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que marca un salto significativo en el interés por acceder al mercado laboral brasileño.

El CPF funciona en Brasil como una identificación fiscal obligatoria para casi todas las actividades económicas: desde firmar un contrato laboral hasta abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda.

Misiones, en el centro del fenómeno

El artículo sitúa el fenómeno principalmente en Misiones, provincia fronteriza con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y principal productora de yerba mate en la Argentina.

Según el reportaje, parte de los trabajadores rurales misioneros comenzó a tramitar el CPF para poder emplearse en actividades agrícolas del sur de Brasil, especialmente en las cosechas de uva, tomate y frutas.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año entre 2016 y 2021 y llegó a casi 40.000 el año pasado”, señala la publicación brasileña.

Para el medio paulista, este crecimiento está vinculado a la situación económica del sector yerbatero argentino tras la desregulación del precio de la materia prima, que hasta 2023 era fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Trabajadores misioneros en las cosechas brasileñas

El artículo recoge testimonios de tareferos y productores misioneros que relatan cómo parte de la mano de obra rural comenzó a migrar temporalmente a Brasil.

Uno de ellos es Joaquín Ríos, un trabajador rural de San Pedro que viajó recientemente a la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira para participar en la cosecha de uva.

Según cuenta al diario brasileño, en el establecimiento donde trabaja hay cerca de 500 argentinos empleados en tareas rurales.

Otro trabajador, Lucio Rodríguez Velásquez, asegura que viene realizando trabajos estacionales en Brasil desde 2018, en cosechas de tomate, uva y frutillas en distintas localidades del estado de Rio Grande do Sul.

Demanda laboral del lado brasileño

El reportaje también recoge la mirada de dirigentes rurales y empresarios brasileños, quienes destacan el creciente número de trabajadores argentinos en las cosechas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirmó que la presencia de argentinos en la vendimia viene aumentando en los últimos años.

Según explicó, muchos llegan por recomendación de familiares o conocidos que ya trabajan en el país vecino.

Al mismo tiempo, productores brasileños destacan la experiencia de los trabajadores misioneros en tareas agrícolas, particularmente en la cosecha de yerba mate, donde poseen un conocimiento específico del cultivo.

Un indicador que sigue creciendo

Más allá de las interpretaciones políticas que plantea el artículo, el dato que sobresale es el crecimiento acelerado del CPF entre ciudadanos argentinos, una señal clara del interés por acceder al mercado laboral brasileño.

En regiones fronterizas como Misiones, donde la movilidad laboral entre ambos países forma parte de la dinámica histórica de la zona, el aumento en la tramitación de este documento aparece hoy como uno de los indicadores más visibles de esa tendencia.

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Tras el robo de madera, ajustan controles en la reserva Piñalito Sur e involucran a vecinos

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En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Misiones y el municipio de San Pedro, este miércoles se realizó en el Parque Provincial Piñalito Sur un encuentro interinstitucional para avanzar en una agenda anual de actividades de restauración, sociales, recreativas y culturales dentro del área protegida.

La iniciativa se inscribe en un proceso de transformación profunda del Parque, que comenzó como respuesta al robo de madera detectado en años recientes y derivó en una batería de acciones concretas para fortalecer el control, la conservación y la vinculación con la comunidad. Entre ellas se destacan la mejora de accesos y condiciones operativas para los guardaparques, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y monitoreo, la incorporación de equipamiento recuperado de delitos ambientales, la delimitación y puesta en valor del área, la elaboración del primer Plan de Manejo Integral y la implementación de herramientas tecnológicas y acciones de educación ambiental.

En este nuevo enfoque, la integración del deporte, el turismo y la cultura aparece como una estrategia clave para promover la participación comunitaria, generar apropiación social del territorio y consolidar una gestión sustentable del Parque como patrimonio común.

De esta forma, se avanzó en el compromiso de construir una agenda conjunta de actividades turísticas, deportivas y culturales dentro del Parque Provincial Piñalito Sur, concebida como una herramienta para fortalecer el vínculo con la comunidad, promover el disfrute responsable del área protegida y fomentar la participación activa de vecinos, instituciones y organizaciones locales en su cuidado.

Al respecto, el ministro de Ecología, Martín Recamán, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando para fortalecer el control, la prevención de delitos ambientales y proyectar nuevas acciones que permitan poner en valor el área. “Hoy podemos mostrar acciones concretas: la apertura de un camino estratégico para acceder a zonas complejas, la incorporación de cámaras de monitoreo, motocicletas y equipamiento, fruto de un trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. Pero lo más importante es proyectar lo que viene, con una planificación que integre turismo, deporte y concientización, para darle vida a este espacio y revertir las consecuencias sufridas”, señaló.

Prevención, monitoreo y planificación integral del área protegida

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Ecología surge como respuesta a una problemática histórica vinculada a la presión sobre este territorio. En una primera etapa, se definió una estrategia conjunta con el municipio de San Pedro que permitió avanzar en acciones estructurales dentro del Parque.

Uno de los hitos fue la apertura de 12 kilómetros de caminos internos, una obra clave para mejorar el acceso a zonas vulnerables y áreas en proceso de restauración, optimizando la capacidad operativa del cuerpo de guardaparques y la respuesta ante situaciones de riesgo.

En materia de vigilancia, se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos del Parque para el monitoreo constante y en tiempo real de movimientos vehiculares y posibles actividades irregulares. Este sistema se complementa con conectividad satelital de internet, fortaleciendo la presencia del Estado en territorio. A su vez, se incorporaron tres motocicletas recuperadas del delito ambiental, que ahora forman parte del equipamiento operativo del Parque y mejoran la capacidad de respuesta en zonas de difícil acceso.

Otra acción relevante fue la correcta delimitación del área protegida mediante cercado, cartelería y señalización perimetral, además de la entrega de luminarias LED para reforzar la iluminación de calles lindantes al Parque.

En paralelo, durante el encuentro se formalizó el compromiso de afectar recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos para la elaboración del primer Plan de Manejo Integral del Parque Provincial Piñalito. Se trata de una herramienta clave para ordenar la gestión de esta área estratégica del norte de Misiones, que permitirá establecer criterios claros de conservación, ordenar los usos del territorio y orientar la toma de decisiones a mediano y largo plazo, bajo un enfoque interdisciplinario y participativo.

Asimismo, se anunció que Piñalito Sur será el primer Parque Provincial en implementar el nuevo Sistema de Alerta Temprana de Deforestación Satelital del Observatorio Ambiental. Esta herramienta utiliza imágenes satelitales para detectar en pocos días pérdidas de bosque nativo, permitiendo respuestas más rápidas y precisas frente a desmontes, aperturas de caminos o intervenciones selectivas, y fortaleciendo el control ambiental con tecnología aplicada a la conservación.

Finalmente, se avanzó en la planificación de acciones de educación ambiental y participación ciudadana, con charlas, talleres y encuentros con vecinos de zonas aledañas. El objetivo es consolidar una presencia institucional constante a lo largo del año y promover actividades de restauración, educativas, recreativas y culturales, bajo la premisa de que la protección del territorio requiere control y prevención, pero también participación social y apropiación comunitaria.

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Productores advierten: la desregulación hundió al sector yerbatero en Misiones

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Productores yerbateros de San Pedro reclaman reactivar el INYM y recuperar un precio justo. Reclaman cambios en el Instituto y denuncian pagos en cheques sin fondos.

La crisis del sector yerbatero sumó un nuevo capítulo con el reclamo de productores de la localidad de San Pedro, quienes advierten que la desregulación del mercado profundizó la desigualdad y dejó en una situación crítica a pequeños y medianos colonos. Desde la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, su referente Waldemar Schwider remarcó que el objetivo central es “recuperar el funcionamiento pleno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con autoridades designadas y un rumbo claro que defienda al productor”.

Desregulación y caída de ingresos

Los yerbateros apuntan a las consecuencias del vaciamiento institucional del INYM y la liberalización del mercado impulsada en los últimos años. Schwider advirtió que la desregulación “no fue la solución, sino que empeoró la situación de los colonos”. Según explicó, la eliminación de controles favoreció a grandes grupos económicos y dejó a los productores más chicos a merced de pagos diferidos, en muchos casos con cheques a 120, 180 o incluso 300 días.

“Mientras los insumos, el combustible y los alimentos deben pagarse al contado, a los productores nos pagan con diferidos que muchas veces no se pueden comercializar. En otros casos, incluso aparecen cheques sin fondos o con denuncias, lo que significa que se trabaja todo un año para terminar con papeles que no valen nada”, sostuvo.

El dirigente remarcó que, al cierre de la última cosecha, el precio en efectivo de la hoja verde rondó los $320 por kilo, mientras que algunos compradores ofrecían hasta $370, aunque en efectivo. Sin embargo, los pagos diferidos reducen drásticamente la rentabilidad: “Un precio de $150 o $180 a 90 días no nos deja nada”, aseguró.

El rol del INYM y la necesidad de reformas

El testimonio recogido en San Pedro también subraya la importancia de reactivar al Instituto Nacional de la Yerba Mate, al que los productores ven como herramienta central para equilibrar la cadena. “El INYM es indispensable, pero debe ser un organismo sano, con nuevas autoridades y una orientación clara hacia la defensa del pequeño y mediano productor”, explicó Schwider.

El dirigente criticó además que, en el pasado, el instituto favoreció a grandes plantadores, lo que incentivó la expansión de superficies en manos de capitales externos. “En San Pedro se plantaron miles de hectáreas de yerba por parte de gente que ni siquiera es del sector, y hoy eso repercute negativamente en toda la sociedad”, denunció.

Los yerbateros consideran que la solución no pasa únicamente por la designación de un presidente en el INYM, sino por un proceso más profundo de reconstrucción institucional: “Ahí recién va a empezar la verdadera lucha, porque hay que cambiar de raíz la forma en que se gestionó hasta ahora. Necesitamos dirigentes con credibilidad, que no se vendan por una moneda”, afirmó.

Hacia la reconstrucción de la confianza

La Casa de la Familia Yerbatera busca impulsar un movimiento de unión entre colonos, en un contexto marcado por la fragmentación interna y la pérdida de confianza. “El productor es reacio, pero si ve que quienes estamos al frente no tenemos intereses creados y realmente defendemos al sector, se va a volver a sumar”, señaló Schwider.

En paralelo, advierten que, sin cambios de fondo, el riesgo es la desaparición progresiva de los medianos productores, quienes hoy concentran las mayores inversiones en tecnología y fertilizantes. “Si no hay precio justo y reglas claras, el colono va a abandonar la actividad. Y eso no solo es un problema productivo: también es un problema social y económico para toda la región”, concluyó.

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