El ex senador de Cambiemos, Humberto Schiavoni, publicó una columna de opinión a favor de la desregulación del mercado yerbatero, impuesta por el presidente Javier Milei. “La fijación de precios políticos en la economía viene fracasando desde el año 301, cuando el Emperador romano Diocleciano emitió el Edicto de Precios Máximos. En la Argentina tenemos una amplia experiencia en esta materia, especialmente en los gobiernos kirchneristas, con espejos de colores que terminan en experiencias catastróficas”, apuntó el dirigente de Cambiemos, reafirmando una idea que ya había tenido Mauricio Macri en 2018.
“La acumulación de regulaciones, la maraña de intervenciones estatales y la vocación de direccionar la producción y comercialización de un determinado sector no son políticas que tengan fundamentos para sostenerse en el tiempo. Cuando se aplican, desalientan la inversión y, por ende, la creación de empleo“, argumentó el referente de la alianza Cambiemos.
“El mega decreto de necesidad y urgencia del Presidente Milei que, entre gran cantidad de temas, avanza en la desregulación del sector de la Yerba Mate, pone sobre el tapete esta cuestión, a menudo oscurecida por intereses sectoriales o conveniencias políticas. El abanico regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no se limita a la fijación de los precios de hoja verde o canchada, sino que incluye los permisos de nuevas plantaciones, contralor del contenido de palo fijado por el INAL, etc., entre sus aspectos más relevantes. Entre las particularidades del sector, se observa una gran disparidad en la productividad de las plantaciones. Mientras las explotaciones viejas obtienen en promedio rindes del orden de los 4.000 kg/ha, los yerbales modernos con alta densidad y genética controlada llegan a obtener rindes de hasta 15.000 kg/ha”, cuestionó.
“El mercado de la yerba mate acarrea un comportamiento cíclico (exceso de oferta-caída de precios, abandono de yerbales-faltante de materia prima, suba de precios-recuperación de yerbales y nuevas plantaciones). Cada ciclo implica, como es natural, una creciente concentración a favor de las empresas con mayor capacidad financiera. Este poderío se suele traducir en la introducción de innovaciones tecnológicas orientadas a reducir costos y lograr mayores escalas de producción, lo cual tiende a desalojar del mercado a las unidades de menor productividad”, detalló.
“Al tratarse de un sector que involucra a una importante cantidad de pequeños productores, el tema reviste una marcada sensibilidad social y política. Tanto es así que luego de un período de diez años en que la actividad estuvo desregulada y ante una de sus recurrentes crisis, en 2002 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El proyecto original no contemplaba la fijación del precio entre sus atribuciones, sino que sus funciones se asemejaban al Instituto Nacional de la Vitivinicultura. Cuando el precio fijado obedece a la realidad económica, éstos se cumplen. Pero cuando ello no ocurre, a la larga el productor no logra que se pague el precio fijado porque se escalonan los pagos mermando su valor presente, o porque directamente se establece un valor en función de la oferta y la demanda. Los precios, al fracasar habitualmente el consenso de los sectores, los fija el Estado, y por lo general obedecen a la estructura de costos del productor marginal, lo que termina acarreando una serie de distorsiones a lo largo de toda la cadena productiva. Si a esto se le suma, como pasó en los gobiernos kirchneristas, controles en los precios finales de venta, la consecuencia es el endeudamiento de las empresas y por ende la desinversión”, describió.
“Las excesivas regulaciones a la economía yerbatera tendientes a restringir la oferta de materia prima corren el riesgo de que, ante un pico de demanda, el abastecimiento se concrete a través de importaciones de Paraguay o Brasil, países que producen más que la Argentina. Ello ya ocurrió ante retracciones de la oferta debido a factores climáticos. La situación del sector yerbatero no difiere en general con lo que se verifica en otras economías regionales, como por ejemplo la vitivinicultura, donde el proceso de concentración se refleja en el tamaño de las explotaciones. El Instituto de Vitivinicultura pondera que el tamaño medio de un viñedo era en 1990 de 5,8 has, en 2010 de 8,8 ha y en 2020 de 9,1 ha. También ha disminuido la cantidad de ha cultivadas, pero producto de la reconversión de los viñedos la producción no solo no cayó, sino que se ha incrementado. El destino de las explotaciones de baja rentabilidad es su reconversión con nuevas variedades y mejores técnicas de cultivo u otros destinos como la producción de nueces, por ejemplo, o el negocio inmobiliario“, señaló Schiavoni.
“Está claro que estos procesos son inherentes a la dinámica del sistema capitalista, pero ello no significa abandonar sin más a los sectores de mayor vulnerabilidad. El Estado tiene sobradas herramientas para abordar esta problemática, pero para ello debe abandonar la tendencia a especular políticamente con la situación y encarar planes de reconversión y diversificación serios y sustentables. En la transición, lo primero que debe hacerse es actualizar la segmentación del sector, para lo cual el INYM cuenta con los instrumentos necesarios. Algunas explotaciones serán susceptibles de ser reemplazadas por otras de mayor rendimiento; en otros casos se podrán sustituir por otros cultivos, como la forestación en el marco de la Ley 25.080, asociados a esquemas de engorde vacuno donde los kilos de carne proporcionen el flujo y los árboles la capitalización de las chacras”.
“Se deben identificar a las distintas cuencas productivas y elaborar proyectos para cada una de ellas, ya que existe una variedad de productos que pueden abastecer el mercado interno provincial e incluso ser destinados a la exportación. En otros casos, la falta de escala e integración vertical se puede suplir con el apoyo a mecanismos asociativos. Para emprender estas acciones, tanto el Estado nacional como provincial tienen, además deI INYM y su fuente de financiación (estampillado), decenas de organismos y programas que pueden utilizar de manera coordinada. Siguiendo el paralelismo con la vitivinicultura, es necesario que el INYM mantenga funciones de contralor en lo que hace a los estándares de calidad y salubridad, además de acciones tendientes a incrementar la demanda en colaboración con el sector privado. Este esbozo de propuestas requiere de un debate más amplio y profundo, pero el esquema vigente hasta ahora no resolvió las cuestiones estructurales y en términos generales constituyó un corsé para el desenvolvimiento del sector. Haciendo salvedad de las complejidades del caso, no hay dudas de que es necesario sincerar el mercado, donde la oferta y demanda establezcan el precio de equilibrio”, remarcó.
“Estamos ante una oportunidad de avanzar en un esquema que impulse la producción y que aliente a una mayor productividad de la mano de innovaciones tecnológicas y comerciales”.
