SENADO

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado aprobó el proyecto de ley del Plan Argentina Innovadora 2030

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 El proyecto de ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI-2030) titulado “Argentina Innovadora 2030” consiguió dictamen favorable esta tarde en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores de la Nación, encabezada por la Senadora Nacional y Presidenta de la Comisión, Silvina García Larraburu y el Senador Nacional y Vicepresidente de la Comisión, Víctor Zimmermann.

Durante la reunión expusieron el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la Presidenta del CONICET, Ana Franchi; el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; la Subsecretaria de Evaluación, Gabriela Dranovsky; y la Directora del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), Laura Toledo, en representación del Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano.

Filmus expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto en la comisión y subrayó la importancia de que el Plan “sea sancionado como una ley para que se transforme en una política de Estado con acuerdo de todas las fuerzas políticas. El Plan ya fue discutido con las 24 jurisdicciones y con diferentes actores políticos, económicos, sociales y sindicales como la CGT, la CTA, la UIA y las universidades. Argentina Innovadora 2030 está asentado sobre 10 objetivos fundamentales para la ciencia en nuestro país donde, además, cada provincia integra al plan nacional su propio plan provincial con sus misiones y estrategias”. 

Filmus mencionó algunos de los principales programas sobre los que se apoya el Plan: “Construir Ciencia”, orientado a la infraestructura; “Equipar Ciencia”, dirigido a dotar de equipamiento a los institutos; un fondo de 100 millones de pesos por cada jurisdicción para proyectos estratégicos definidos por cada provincia; y el Plan RAICES Federal, que busca generar las condiciones para arraigar a investigadoras e investigadores en las provincias. 

El ministro señaló que “más del 85% de la Ciencia y la Tecnología está concentrada en la región central del país. En ningún otro tema hay tanta desigualdad como en este. Necesitamos más investigación y más tecnología en aquellos lugares donde se produce la materia prima, donde las y los jóvenes puedan tener el derecho de realizarse, de contar con institutos con infraestructura y equipamiento para poder tener un futuro en cualquier lugar del país”.

Por su parte, García Larraburu resaltó “la predisposición del ministro Filmus ya que es la tercera vez en este año que concurre junto con su equipo de trabajo a  exponer ante este cuerpo, lo cual demuestra el especial interés que existe en la articulación entre el ejecutivo y el legislativo”.

Seguidamente, García Larraburu sostuvo: “Nuestros científicos y científicas en la pandemia demostraron su capacidad de respuesta cuando hay soporte estatal. El Plan 2030 es una hoja de ruta para seguir trabajando en pos de los intereses nacionales. Esto no sería posible sin la Ley de Financiamiento que aprobamos por unanimidad a principios de 2021, por la cual el presupuesto de la función Ciencia y Tecnología se irá incrementando progresivamente hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032”. 

Para finalizar enfatizó que el Plan 2030 “presenta las agendas territoriales prioritarias en materia de Ciencia y Tecnología, las cuales se trabajaron de manera colaborativa con las provincias. Necesitamos federalizar el sistema y reducir las asimetrías regionales en nuestro país y este Plan presenta el diagnóstico, los lineamientos y las proyecciones para alcanzar esta meta”.

A su turno, Franchi destacó la importancia de tener un Plan “donde se fijan las prioridades para el desarrollo científico y tecnológico del país hasta el año 2030, teniendo en cuenta las problemáticas, que sea federal, la perspectiva de género, con muchos temas involucrados como educación, democracia, cambio climático, energías renovables, alimentación, entre otros tantos. Es muy importante que esta ley pueda salir por unanimidad, de manera de comprometer a los futuros gobiernos para que se continúe con una política de apoyo a la ciencia y tecnología, que sea una política de Estado, respaldada por la Ley de Financiamiento a la Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Sobre el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 traza los 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria; contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino; promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible, y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan, que fue abordado desde perspectivas integradoras como el trabajo y empleo, la federalización, la perspectiva de género, la internacionalización, y la sostenibilidad, presenta las misiones y las estrategias I+D+i para cada desafío. Además, incluye las Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) de cada región (Centro, Cuyo, NEA, NOA, Metropolitana).

Las ATI-CTI son un instrumento del Plan cuyo objetivo es favorecer la intervención de forma consistente con las especificidades territoriales de cada jurisdicción subnacional, sus capacidades y su potencial para innovar. Proporcionan un elemento ordenador para robustecer la planificación de acuerdo a plazos establecidos para el logro de resultados en el corto, mediano y largo plazo (2023-2030).

Por último, se encuentran las Agendas Transversales que se orientan a la Promoción General del Conocimiento; Tecnologías Aplicadas a la I+D+i; Ciencias Sociales y Humanas para el Desarrollo; Ciudadanía y Cultura Científica; Sostenibilidad; Perspectiva de género.

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En el Día de la Industria, CAME pide mayor certidumbre para invertir

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró hoy en el Senado de la Nación el Día de la Industria junto a 150 industriales pyme. El presidente de la entidad, Alfredo González, convocó a generar políticas que den certidumbre al sector. “Es difícil invertir cuando enfrentamos el nivel de inflación que sufre nuestro país, cuando el financiamiento bancario resulta prácticamente inaccesible, cuando se nos presentan restricciones para acceder a la materia prima que nuestras industrias necesitan transformar”, expresó. 

La industria es la actividad económica que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. “El 22% del empleo nacional es creado por el sector, que cuenta con más de 146 mil industrias y produce el 20,2% del PIB argentino”, señaló González y agregó: “Sin embargo, en la mayoría de los casos, las pymes se financian con fondos propios”.

Cabe destacar que por el crecimiento de la economía argentina en 2021 hoy las empresas demandan una mayor cantidad de insumos para la fabricación de bienes finales.

De acuerdo al último informe de CAME difundido a fines de agosto, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), la producción de la industria manufacturera pyme subió 1,7% interanual en julio en términos reales, y tuvo una retracción de 0,9% en la comparación mensual (contra junio). En el acumulado enero-julio, esta variable presentó una variación interanual positiva de 2,8%. (ver informe completo)

“En nuestro país se crea una pyme cada 2300 habitantes, mientras que en el resto de Latinoamérica la proporción es de una compañía cada 505 habitantes. Es imposible pensar en el desarrollo de la Argentina sin industria”, dijo el titular de CAME.

En ese sentido, los directivos de la entidad federal y representativa de las pymes propusieron: una nueva Ley Pyme, una política tributaria que diferencie a las firmas por tamaño y por regiones, una reforma laboral que apunte a reducir costos sin afectar la remuneración de los trabajadores, créditos a tasas subsidiadas para financiar inversiones, fondos para investigación y desarrollo e incrementar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.

Participaron, también, los economistas Emmanuel Álvarez Agis y Esteban Domecq; los vicepresidentes de CAME Camilo Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, y el director de Industria de la entidad, Juan Carlos Uboldi.

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Bahillo prometió acelerar los envíos del Fondo Especial del Tabaco y los planes forestales

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El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo aseguró en el Congreso que ordenó agilizar los envíos del Fondo Especial del Tabaco, especialmente los fondos automáticos. 

“Instruí al equipo para que agilice, con el mismo criterio que la 25080 (para los planes forestales atrasados), sobre todo con los fondos asignados por ley y más aún los automáticos. Los programas operativos anuales, por ahí hay que valorar un proyecto de desarrollo, pero lo que es giro automático debería salir sin ningún tipo de inconveniente”, definió Bahillo.

“El sector tabacalero reviste una gran importancia en materia de arraigo”, destacó Bahillo al explicar que las políticas de impulso a las economías regionales serán uno de los pilares de gestión, con el objetivo de potenciar la generación de puestos de trabajo y de divisas.

En este sentido, el coordinador del Fondo Especial del Tabaco, Guido Varas, detalló que “el tabaco exporta el 80% de su producción por un valor aproximado de US$ 250 millones”.

El Fondo Especial del Tabaco trabaja en conjunto con los productores del sector y las principales provincias tabacaleras.

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Humberto Schiavoni, el único voto en contra de la nueva ley de respuesta integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual

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La Cámara de Senadores convirtió en ley este jueves el proyecto de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que deroga la actual norma 23.798 sancionada en 1990. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y uno solo en contra del senador Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.

Flamante presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, abrió la ronda de oradores al sostener que es un tema “muy importante” que “tiene una vieja historia legislativa con una enfermedad que es bastante moderna y que la ley de VIH que rige, fue histórica porque permitió en un momento muy duro porque no teníamos muchas herramientas para el tratamiento, para evitar la transmisión vertical de madres a hijos, no teníamos herramientas para curar esta enfermedad y muchos fallecieron por ella”.

Respecto a la vigente ley señaló que “después de 30 años ha envejecido bien, es muy importante, y permitió que los pacientes que conviven con el virus tengan acceso, desde el Estado, a sus tratamientos y fue una ley precursora en el mundo y sin duda en la región”.

En esa línea, agradeció a las organizaciones civiles que “a lo largo y ancho de la Argentina vienen dando una batalla importante en busca de sus derechos, de conseguir esta nueva ley, lo que a veces costaba que lleguen como los test, los preservativos, a lo largo de los años”.

“Se estima que hay 140 mil personas que conviven con el virus, 17% de este número desconoce el diagnóstico perpetuando el ciclo de contagios. Un 30% de los pacientes que se diagnostican, lamentablemente lo hacen en período tardíos de la enfermedad y eso dificulta el tratamiento. Un 65% se atiende en el sector público”, describió Yedlin y agradeció al sistema de salud público que “se hace cargo de los problemas graves de salud”.

Y continuó: “Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa por 100 habitantes de 11 y la tasa de mortalidad por SIDA cada vez es menor y que viene disminuyendo hoy esta en 2.8 cada 100 mil habitantes”, pero señaló que “no es igual en todas las provincias porque la tasa de mortalidad por SIDA muestra severas inequidades en el país por eso debemos seguir trabajado en normas que permitan que el país sea más equitativo”.

“Esta ley fue trabajada en el consenso con todos los bloques políticos”, destacó el tucumano y lamentó que perdió “tres veces perdió estado parlamentario y tuvo que ser representada”. Asimismo, comparó la nueva iniciativa con la ley actual: “No es solo una ley de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual que sufre algún tipo de desatención como hepatitis B, que son muy costosas en su tratamiento y se incorporan a tener el mismo derecho”.

Y siguió: “Es una ley que, además de declarar de forma público nacional el tratamiento, el diagnóstico también lo declara el desarrollo, la investigación, los medicamentos. Da una respuesta integral, nuevos métodos combinados”.

“Estamos haciendo una ley para que a todos los pacientes puedan tener acceso a un sistema de jubilación especial que les va a permitir, a los que envejecen prematuramente, que con 50 años y 20 años de aportes puedan acceder a un sistema jubilatorio. Accederán a una pensión no contributiva vitalicia aquellos pacientes que tienen el virus o hepatitis b o c y tiene vulnerabilidad social. Crea esta ley una Comisión Nacional de Seguimiento integrada por distintos ministerios y la sociedad civil”, explicó el tucumano y cerró: “Es una ley que intenta superar la grita política y todos estamos de acuerdo en que los pacientes merecen los derechos y estamos haciendo justicia de que la ley se concrete”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, adelantó su voto positivo porque “esta ley vino a actualizar la Ley vigente que lleva muchos años y que tiene el adicional de incluir a las hepatitis virales B y C, a otras infecciones de transmisión sexual y a la tuberculosis desde una perspectiva de derechos humanos”.

Sin embargo, consideró que “estamos llegando tarde” porque “no necesitamos de estas leyes para saber que el universo de estas personas que, están afectadas por estas patologías, tienen sus derechos consagrados”.

“Estamos legislando sobre temas ya legislados y, sobre todo, lo que es indiscutiblemente obligatorio e imperativo del Estado, y por eso nos surgen interrogantes ¿por qué no se logran hacer operativos todos esos derechos? ¿por qué razón los Diputados tenían que considerar necesario incluir un capítulo de sanciones en la Ley de VIH y Hepatitis tuberculosis para que la ley sea vigente y no tenga posibilidades de trabajar, ¿por qué no se cumple con la tarea de fiscalización y monitoreo por parte del Poder Ejecutivo para hacer que se cumpla la norma? por que los pacientes recurren cada vez más a la justicia para que, por vía de amparo, tengan el cumplimiento de las leyes”, explayó con críticas Fiad.

Además, cuestionó que “tenemos un universo de leyes en salud que no se cumplen” y apuntó contra el tiempo que tardan en reglamentarse. “Esto nos tiene que llamar a una reflexión, tenemos que hacer un seguimiento de la normativa sanitaria para poder evaluar el cumplimiento”, sostuvo.

En su intervención, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) expresó: “Vamos a estar cerrando la jornada con un país más justo, más equitativo, mas igualitario, sin duda todos los proyectos son muy importantes y fundamentales para un gran numero de personas que vienen militando y trabajando para lograr el mejor proyecto”

A su vez, contó que viene presentando iniciativas desde el 2016 y mencionó que se trabajó el proyecto con más de 50 organizaciones. “La ley nacional de sida fue pionera en su momento, pero luego de más de 30 años necesitaba un cambio porque el paradigma sanitario de derechos humanos, en todo sentido, necesitaba una modernización. Tenía contenidos que resultaban estigmatizarte”, y comparó que “la nueva ley tiene un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Esta legislación va a ser un modelo a imitar y una de las mejores legislaciones del mundo”.

La tucumana Sandra Mendoza (FdT) describió que “esta ley es una reparación histórica a todas las personas que sufrieron y sufren la discriminación, el estigma, el miedo y desconocimiento en torno al VIH. Es una ley que dignificará y salvará vidas para tener una Argentina más justa y solidaria”.

EL PROYECTO

A través de la nueva norma queda derogada la Ley 23.798, que había declarado de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.

Además del VIH, la nueva ley incorpora a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La norma prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, se establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la ley plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

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El Senado sancionó por unanimidad el Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos

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El Senado sancionó por unanimidad (60 votos positivos) el Alivio Fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos en la noche de este jueves.

El proyecto había salido de Diputados, donde fue impulsado por el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, en acompañamiento de legisladores del oficialismo y la oposición, el pasado 15 de junio, también por unanimidad.

La flamante norma, que rápidamente será promulgada por el Poder Ejecutivo, ya que se votó al filo de la fecha para que, a partir del 1ro. de julio, rija la nueva actualización, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De esta manera, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasó a 2,5 veces la ganancia no imponible, mientras que para los nuevos profesionales se determinó en 3.

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