Superávit fiscal por tercer mes consecutivo: recorte de subsidios y baja de presión tributaria

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El Gobierno nacional cerró marzo con un superávit financiero de $398.909 millones, el tercero consecutivo en lo que va del año. Según el Ministerio de Economía, el sector público nacional acumuló en el primer trimestre un superávit primario de 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del Producto, consolidando el ancla fiscal del programa económico en un contexto de caída de la presión tributaria y recorte en subsidios.

Superávit financiero en marzo: el Gobierno consolidó equilibrio fiscal por tercer mes consecutivo

Cierre del primer trimestre con excedente: claves del resultado

De acuerdo con el informe oficial difundido por el Ministerio de Economía, en marzo el sector público nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $745.339 millones, mientras que los pagos netos de intereses totalizaron $346.430 millones, resultando en un superávit financiero de $398.909 millones.

Con este resultado, el primer trimestre cerró con superávit primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2%, en línea con el compromiso del Gobierno de mantener el equilibrio fiscal como pilar central de su estrategia económica. Cabe recordar que 2024 finalizó con el primer superávit financiero en 14 años, y el más alto desde 2008.

Menor presión tributaria y recorte del gasto: el trasfondo del equilibrio

El Ministerio destacó que el desempeño fiscal se logró a pesar de una menor presión tributaria, explicada por:

  • La expiración del Impuesto PAIS, que había representado 0,3% del PBI en el primer trimestre de 2024.
  • La reducción transitoria de retenciones a exportadores que liquiden divisas dentro de plazos estipulados.
  • La derogación de la suspensión de certificados de exclusión, que afectó la recaudación de IVA y Ganancias en el comercio exterior.

En este marco, el Gobierno implementó un ajuste fiscal adicional de 0,3% del PBI, que eleva la meta anual de superávit primario de 1,3% a 1,6% del PBI, reforzando el compromiso de austeridad asumido ante el Fondo Monetario Internacional.

Ingresos en alza, pero gastos controlados: cómo se logró el resultado

En marzo, los ingresos totales del SPN alcanzaron $9,47 billones, con una suba interanual de +54,8%, impulsados por:

  • Ganancias: +104,3%
  • Aportes y contribuciones a la seguridad social: +99,7%
  • Derechos de importación: +89,8%
  • Derechos de exportación: +78%
  • IVA neto: +59,4%
  • Débitos y créditos bancarios: +57%

En cuanto al gasto primario, totalizó $8,73 billones (+58,8% i.a.), donde se destacan:

  • Prestaciones sociales: $6,3 billones (+73%), impulsadas por la movilidad jubilatoria y la ayuda escolar.
  • Remuneraciones: $1,14 billones (+39,3%).
  • Transferencias corrientes al sector privado: +40,3%.
  • Transferencias al sector público: +35,3%.

El dato saliente fue la caída de los subsidios económicos, que se redujeron en 11,9% interanual. En detalle, los subsidios energéticos retrocedieron -53,1%, mientras que los destinados al transporte crecieron +114,7%, producto de las actualizaciones en la asistencia a tarifas regionales.

Cierre con impacto: Milei refuerza el sendero fiscal de cara al FMI

El resultado de marzo fortalece la narrativa oficial sobre el ajuste fiscal sin emisión, un eje discursivo clave de la gestión de Javier Milei. En un contexto de fuerte contracción del gasto real y transición hacia un esquema cambiario flexible, el cumplimiento de las metas con el FMI aparece como objetivo prioritario.

Con la cosecha gruesa en marcha y la liberalización del mercado cambiario en proceso, el Gobierno apunta a consolidar superávit sostenido, reconstituir reservas y volver a acceder al financiamiento voluntario en los mercados. La consistencia fiscal será determinante para sostener la estabilidad lograda en el frente cambiario y financiero.

El informe del Ministerio de Economía

Durante marzo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $398.909 millones, producto de un resultado primario de $745.339 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $346.430 millones.

Así, el SPN acumuló al tercer mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), para continuar consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.476.621 millones (+54,8% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +60,1% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+104,3% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+99,7% i.a.), Derechos de Importación (+89,8% i.a.) y Exportación (+78% i.a.), IVA neto de reintegros (+59,4% i.a.) y Débitos y Créditos (+57% i.a.).

Durante marzo, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $8.731.282 millones (+58,8% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.306.205 millones (+73,0% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, y de la ayuda escolar anual que se otorga habitualmente en el mes de marzo. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.147.470,3 millones (+39,3% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.033.494 millones (+39,6% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$771.584,6 millones (+40,3% i.a.). Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad en las asignaciones familiares, los programas de Política Alimentaria, y el Plan 1.000 días.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en marzo alcanzaron los $345.016 millones (+35,3% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $52.499 millones (-11,9% i.a.), donde los energéticos variaron -$163.914 millones (-53,1% i.a.), mientras que los destinados al transporte se incrementaron en +$119.314 millones (+114,7% i.a.).

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Nuevo esquema de subsidios: quiénes dejarán de recibir descuentos en electricidad y gas

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Cortes de luz, subas tarifarias y quita de subsidios: los desafíos energéticos para el verano 2025. María Tettamanti, secretaria de Energía, enfrenta un verano marcado por la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica y preparar un nuevo esquema tarifario que incluye incrementos y una redefinición de los subsidios. El objetivo principal es mitigar los riesgos de cortes de luz en las zonas más críticas, especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.

Plan de contingencia frente a cortes de luz

La gestión de Tettamanti comenzó a mediados de octubre, tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo, y tiene como prioridad garantizar un suministro estable en medio de altas temperaturas y una red eléctrica debilitada por años de desinversión.

El Plan de Contingencia, iniciado con la Resolución 294, prevé:

  • Importación de energía de países vecinos para cubrir picos de demanda.
  • Mantenimiento intensivo en centrales eléctricas y equipos antiguos.
  • Cortes programados en grandes usuarios industriales para evitar afectaciones masivas.
  • Coordinación con distribuidores para optimizar la distribución en momentos críticos.

En el AMBA, donde el consumo alcanza picos de 12.000 MW durante las horas más calurosas, el sistema interconectado aporta 7.000 MW, mientras que los 5.000 MW restantes dependen de las usinas locales. Según las generadoras, el mantenimiento realizado en los últimos meses permitirá enfrentar el período de mayor demanda, que coincide con febrero y marzo, especialmente con el inicio del ciclo escolar.

Tarifas e impacto en los subsidios

Además de asegurar el suministro eléctrico, la secretaria trabaja en un nuevo esquema de subsidios que entraría en vigor a mediados de 2025. Actualmente, las tarifas finales se componen de cuatro ítems:

  1. Costo de la energía (único rubro subsidiado por el Estado).
  2. Transporte.
  3. Distribución.
  4. Impuestos.

El esquema vigente segmenta a los usuarios en tres categorías:

  • N1 (ingresos altos): no reciben subsidios.
  • N2 (ingresos bajos): acceden a mayores descuentos.
  • N3 (ingresos medios): reciben subsidios parciales.

De los 16,2 millones de usuarios de electricidad, 9,5 millones aún reciben subsidios. En el caso del gas, la cobertura alcanza a 5,3 millones de hogares. No obstante, la nueva política apunta a reducir esta cifra a dos categorías simples: usuarios con y sin subsidio, similar al modelo de tarifa social aplicado en la gestión de Mauricio Macri.

El Presupuesto 2025 proyecta un recorte de USD 3.000 millones en subsidios, continuando con el ajuste realizado en 2024, cuando los usuarios de ingresos altos perdieron el acceso a los beneficios estatales.

Revisión tarifaria y horizonte de inversiones

Otro desafío clave será la revisión integral de tarifas con transportistas y distribuidoras, que se espera finalizar en abril. Este proceso definirá las inversiones necesarias para los próximos cinco años y las tarifas correspondientes. Las empresas señalan que los ajustes realizados en 2024, que en algunos casos alcanzaron el 500%, les permitieron sanear sus balances y retomar un esquema de mantenimiento de la red.

La agenda energética de Tettamanti se enmarca en un contexto de ajustes estructurales necesarios para garantizar la estabilidad del sistema, mientras el Gobierno busca equilibrar el costo fiscal de los subsidios y las demandas de los usuarios.

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Reforma en los subsidios de colectivos en el AMBA: empresas piden más recursos o ajustes de tarifas

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Colectivos del AMBA tras readecuación de subsidios, empresarios reclaman por más fondos o suba de tarifas

El Gobierno nacional anunció una reestructuración en la distribución de los subsidios destinados al transporte público bajo jurisdicción nacional, con un nuevo esquema enfocado en la demanda de pasajeros en lugar de la oferta. En paralelo, las empresas de colectivos solicitaron mayores recursos o, en su defecto, una suba en el precio del boleto para cubrir el reciente incremento salarial pactado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

La resolución 45/2024, publicada por la Secretaría de Transporte, establece que los subsidios se asignarán en función del volumen de pasajeros transportados, un cambio que sigue una recomendación de la Auditoría General de la Nación de 2017. A partir de ahora, el cálculo de las compensaciones tarifarias se basará en los datos de la tarjeta SUBE, un sistema que, según el Gobierno, permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y una prestación de servicio ajustada a la demanda real.

Desde la Secretaría de Transporte, el titular Franco Mogetta explicó que “anteriormente, la política era subsidiar a las unidades en circulación independientemente del número de pasajeros, lo que permitía a las empresas recibir subsidios por el consumo de combustible sin una correlación directa con la demanda real”. Ahora, agregó, se busca incentivar que las empresas transporten más pasajeros y adapten su servicio a la demanda, eliminando prácticas ineficientes.

Este cambio, aseguran, no afectará directamente a los pasajeros, quienes continuarán pagando la misma tarifa. Sin embargo, podría perjudicar a las líneas con menor caudal de usuarios, ya que las compensaciones estarán atadas al volumen de viajes efectivos.

Reestructuración y Reclamo Empresarial

Las cámaras empresariales del sector, incluyendo a AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA, emitieron un comunicado en el que instaron al Gobierno a otorgar más subsidios o permitir un aumento en las tarifas, lo cual consideran fundamental para hacer frente al acuerdo salarial con UTA. Dicho acuerdo establece que los choferes perciban un salario básico de $1.140.000 en noviembre, con un incremento a $1.200.000 en enero, ajuste avalado por la Secretaría de Trabajo y que evitó un paro de colectivos.

“Firmamos este acuerdo confiando en que ni la tarifa ni los subsidios se mantendrán congelados hasta enero, ya que sería insostenible pagar los salarios acordados y cubrir los costos de insumos para mantener el servicio”, explicaron las cámaras en el comunicado. También expresaron que esta negociación se firmó sin contar con garantías sobre cuándo o cómo se ajustarán las tarifas o los subsidios, a pesar de que el Estado ha impuesto que el 100% de los costos se cubra exclusivamente por una de las dos vías.

Además, las empresas señalaron que la inflación mensual, aún entre el 3% y 4%, continúa afectando sus estructuras de costos, y subrayaron que no eligieron este régimen de subsidios, por lo que favorecerían una eliminación total de los mismos o su redireccionamiento exclusivo a los usuarios que realmente los necesiten.

Esta medida, aunque prometedora en términos de eficiencia, suma una nueva presión sobre el sector de transporte público, que se debate entre la necesidad de financiamiento y las demandas del Estado en un contexto de ajuste económico.

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El Gobierno otorgó aumento salarial a choferes de UTA para levantar el paro del sector y descarta aumentos de subsidios y tarifas

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Paro de transporte: Gobierno endurece postura contra sindicalistas en plena “batalla cultural”. Cerrando el miércoles, hubo aumento salarial para los choferes del AMBA y tregua, Gobierno, UTA y empresarios alcanzan acuerdo para evitar paro de colectivos

El alivio del Gobierno

Tras varias horas de negociación y con la urgencia de un paro inminente, el Gobierno, junto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector, acordó un aumento salarial para los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), evitando así la medida de fuerza prevista para este jueves. El paro iba a afectar a la mayoría de las líneas que circulan por la región.

Como estaba previsto, la reunión comenzó a las 17:00 de manera virtual, con la participación de las autoridades de la Secretaría de Trabajo, representantes del gremio conducido por Roberto Fernández, y las cámaras empresariales del sector. Aunque el titular de la cartera, Julio Cordero, se encontraba de viaje, la negociación estuvo encabezada por el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, quien lideró las discusiones.

Las cámaras empresarias que participaron incluyeron la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Después de casi tres horas de intensas negociaciones, alrededor de las 20:00, el Gobierno presentó una última oferta salarial que fue aceptada por todas las partes. Como resultado, la UTA confirmó la suspensión del paro que había sido convocado para las 00:00 del jueves.

A pesar de la tensa negociación, el subsecretario de Transporte, Franco Mogetta, quien se reunió en la Casa Rosada con Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el Gobierno no modificará su postura respecto a los subsidios. Por lo tanto, las empresas deberán absorber el aumento salarial para los choferes.

Según un acta de la reunión del lunes pasado, las cámaras empresariales habían manifestado previamente su incapacidad para afrontar cualquier ajuste salarial posterior a julio de 2024, debido a lo que calificaron como “errores de cálculo groseros” en la determinación de los ingresos de las empresas.

El paro

El paro nacional, que afecta tanto al transporte público como a los vuelos comerciales, ha provocado la cancelación de todos los vuelos programados para hoy en el aeropuerto de Posadas, e Iguazú, según se informó oficialmente. Por otra parte, tampoco funciona el servicio de tren internacional entre Posadas y Encarnación.

Las cancelaciones incluyen vuelos de Aerolíneas Argentinas que debían partir desde Aeroparque, Buenos Aires, con destino a Posadas a las 10 (vuelo AR 1766), 15.50 (AR 1766) y 21.40 (AR 1778). Además, se sumó la cancelación del vuelo FO 5120 proveniente de Ezeiza, dejando al aeropuerto sin operaciones regulares durante la jornada.

El paro nacional, que se extenderá por 24 horas, fue convocado por los gremios del sector en protesta contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y el incremento en el costo de los boletos a raíz de la quita de subsidios en el transporte. Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que los vuelos cancelados serán reprogramados para minimizar el impacto en los pasajeros.

Por su parte en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, la situación es similar, con un gran número de vuelos afectados. Según Aeropuertos Argentina 2000, para este miércoles estaban previstos 14 arribos, entre ellos 7 de Aerolíneas Argentinas, 4 de Flybondi y 3 de Jetsmart. Sin embargo, el paro obligó a las aerolíneas low cost a modificar sus horarios y operar en algunos casos desde el aeropuerto de Ezeiza, generando complicaciones para los viajeros. De acuerdo con el cronograma actualizado, Iguazú solo recibirá seis vuelos este miércoles.

En el marco del paro de transporte que se desarrolla este miércoles a nivel nacional, el Gobierno sigue de cerca la evolución de las medidas de fuerza. Con una Casa Rosada semi vacía y el presidente Javier Milei de visita en Córdoba, el oficialismo aprovecha la jornada para intensificar su crítica a la dirigencia sindical, en consonancia con la “batalla cultural” que La Libertad Avanza lidera contra lo que denomina la casta.

Fuentes cercanas a Balcarce 50 admitieron a Ámbito que no se han iniciado negociaciones formales con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). “Queremos que la gente sepa quiénes son los responsables”, señaló una fuente con acceso directo al presidente.

En línea con esta estrategia, el Gobierno lanzó un mensaje a través de la app Mi Argentina, invitando a los usuarios a denunciar presuntas extorsiones o presiones para participar de la movilización mediante la Línea 134. “Los sindicalistas no te dejan trabajar”, rezaba el mensaje, seguido por: “Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134”.

El origen de este mensaje, que también se escuchaba por altoparlantes en estaciones clave, fue atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo y al portavoz Manuel Adorni.

Paralelamente, Milei utilizó sus redes sociales para criticar duramente el paro y atacar a los “sindicalistas”, con especial énfasis en figuras como Pablo Moyano, Néstor Segovia y Pablo Biró, a quienes, mediante retweets, calificó de “manga de chorros”. Este mensaje fue amplificado por usuarios afines.

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, también se sumó a las críticas hacia los líderes gremiales, declarando: “Estos dirigentes dejan a los trabajadores a pie, sin la posibilidad de salir a ganarse el mango”. En una entrevista con Radio Mitre, Mogetta sostuvo que “el apriete es una de sus prácticas habituales para seguir sumando sindicatos”.

La Mesa Nacional de Transporte celebró la exitosa adhesión al paro de 24 horas y advirtió que podrían implementarse más medidas de protesta en el futuro. Durante una conferencia de prensa, los líderes gremiales enfatizaron la relevancia del sector en la economía del país, con el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, como portavoz.

“Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común. Hoy vimos la diferencia de lo que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar”, declaró Maturano. Además, confirmó que “se va a cumplir el paro de 24 horas”, resaltando la unidad de los trabajadores en esta acción.

Maturano también instó a los compañeros de la UTA a unirse a la medida si no se llega a un acuerdo en las paritarias: “Ojalá que mañana paren los compañeros de la UTA si no acuerdan las paritarias. Este es el primer paso del plan de lucha que la semana que viene la Mesa van a decidir qué va a pasar de acá”.

En un tono irónico, Maturano agradeció al Gobierno por la «propaganda» generada en torno al conflicto, al mencionar a los compañeros Pablo y Biró, dejando entrever el descontento del sector ante la situación actual.

Los miembros de la Mesa brindaron esta tarde una conferencia de prensa para efectuar un balance del paro de 24 horas, en Piedras al 1700, que fue presidida por Pablo Moyano (Camioneros), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA) y Raúl Durdos (SOMU), además de Biró.

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El Estado sigue subsidiando más de la mitad del costo del transporte, la electricidad y el gas en el AMBA

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En el caso del transporte, la asistencia oficial paga 75% del valor del boleto, mientras que sólo el agua es afrontada al 100% por los usuarios

El ajuste de tarifas y su contrapartida, la reducción de subsidios a los servicios públicos, parece una historia sin fin. A pesar de la agresiva reducción de la asistencia financiera a los usuarios para afrontar el gasto en energía, agua y transporte, incluyendo a sectores sociales que ya no la reciben y pagan el 100% del costo, el Estado todavía cubre, en promedio, más de la mitad del costo de las tarifas.

El dato surge del habitual informe del Observatorio de tarifas y subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), que sigue la evolución del precio de la canasta de servicios para un hogar según el cual las familias necesitaron $143.000 en agosto para cubrir las necesidades básicas en energía, agua y transporte. La cifra representó una suba de apenas 0,3% respecto del mes pasado e implica que los usuarios, en promedio, cubren poco más de una tercera parte del costo del servicio de gas y luz mientras que apenas una cuarta parte en el caso del transporte. Sólo en el agua, los usuarios cubren con la tarifa el 100% del costo.

Pero, en todos los casos, se trata de un promedio ya que en el segmento socioeconómico alto los usuarios cubren el 100% de la tarifa mientras que el resto recibe asistencia a través de los subsidios.

“La cobertura tarifaria residencial, estimada como el promedio ponderado de costos de los servicios públicos en el AMBA a cargo del usuario, es del 43% en el mes de agosto mientras que el Estado se hace cargo del 57% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios” estalló el IIEP, que dio cuenta hasta qué punto el ajuste tarifario es una tarea de largo aliento: “En agosto 2024, la cobertura tarifaria se encuentra en el mismo nivel que en diciembre 2023″, apuntó.

Según el informe, la cobertura tarifaria de los costos de los servicios públicos se mantiene en un nivel similar al observado en los últimos cuatro meses pero es levemente superior al promedio de los últimos ocho meses (39%). Esto con un incremento de tarifas notable ya que, según señaló el reporte, con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó 375% dadas las actualizaciones en el transporte (enero y febrero), la energía eléctrica (febrero, junio y agosto), el gas natural (abril y junio) y agua (abril, julio y agosto).

De esta manera, el gasto en servicios públicos se mantiene muy similar al mes anterior, lo que se explica por los menores consumos de energía eléctrica y gas que comienzan a bajar una vez pasado el pico estacional de invierno mientras los cuadros tarifarios se modificaron muy levemente (un 4% energía eléctrica mientras el del gas se mantiene invariante) y por los incrementos en los cuadros tarifarios de agua y transporte público.

“El gasto en transporte público será mayor en septiembre ante igual cuadro tarifario. Eso se debe a que en agosto el aumento se efectivizó a partir del día 12 y por lo tanto el gasto refleja doce días con la tarifa anterior y diecinueve con el valor actual del boleto”, explicó el informe que no avanzó sobre la posibilidad que se retiren los subsidios tal como el Gobierno nacional pretende y informó a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Pero el instituto sí calculó el costo técnico del boleto de colectivo, que se ubicó en $1.132 para el mes de junio, “Ascendería a $1250 considerando el IVA del 10,5% adicional, mientras que para la Secretaría de Transporte el costo regulado fue de $754.”, detalló.

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