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Subsidios: pese a tener garantizados $350 millones para este año empresas de colectivos del AMBA reclaman más recursos

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Las cámaras alertaron que el Gobierno no cumplió con su compromiso de actualizar las subvenciones, por lo que no podrán cumplir con la paritaria acordada con UTA ni garantizar el normal funcionamiento del transporte en los próximos días

Las cinco cámaras de empresas de colectivos que operan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enviaron este miércoles una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que lo instaron a cumplir antes de que termine la semana con el compromiso de actualizar las cuentas del costo de mantener la actividad, en busca de redeterminar los subsidios que reciben las compañías para cubrir la diferencia entre el precio del boleto que pagan los pasajeros y el costo real del servicio. El reclamo tiene lugar tras el conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por el recorte de las transferencias destinadas al transporte del interior.

De lo contrario, advirtieron, no están en condiciones de garantizar el acuerdo salarial firmado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que está en riesgo la continuidad del servicio en los próximos días. De hecho, fuentes privadas indicaron que algunas líneas ya trabajan con frecuencias reducidas, algo que no se nota tanto por las vacaciones de verano, y que esa dinámica podría profundizarse en el corto plazo. El AMBA es el segundo sistema de transporte más grande del mundo, con 50.000 trabajadores y más de 10 millones de usuarios diarios.

El pedido quedó plasmado en una carta documento que enviaron las cinco cámaras empresarias de la región (Aaeta, cetuba , ceap, ctpba, y ceutupba) al titular del Palacio de Hacienda. “El reciente aumento del boleto mínimo a $270 en la zona del Amba implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El Estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precios de la economía de agosto y septiembre. O sea hoy se percibe $600 pesos por viaje cuando el costo es de 1000 pesos”, explicaron.

En ese sentido, apuntaron contra el “incumplimiento” del Gobierno de su compromiso por reconocer mayores ingresos a las líneas para cubrir los costos de operación y avisaron que en los próximos días podría interrumpirse de manera significativa el normal funcionamiento. “No se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”, alertaron.

En definitiva, las líneas de colectivos del AMBA sostienen que el pasaje mínimo actual de $270 apenas cubre el 20% del costo real de cada viaje, una mejora respecto al 10% en el que finalizó 2023 pero que comienza retrasarse a medida que pasan los meses por el efecto de la suba de costos y las paritarias.

“El incumplimiento del Estado de su propio marco normativo en un sector que no fija precio por su actividad pone en riesgo la continuidad de los servicios en el 2do sistema de transporte de colectivos más grande del mundo que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios”, afirman las cámaras empresarias.

El compromiso del Gobierno fue reconocer mayores ingresos a las empresas para cubrir la diferencia entre el costo del pasaje actual y lo que pagan los usuarios. Las firmas reciben $400 por pasaje, el boleto promedio cubre $200 (teniendo en cuenta los descuentos por Red SUBE y tarifa social ) y el costo estimado por las cámaras es de $1.000, por lo cual hay una diferencia de 400 pesos.

“Ya hay líneas que funcionan con servicio reducido, pero no se nota porque estamos en verano. Cuando empiecen las clases en marzo podemos tener un problema serio. Una paralización fuerte en el AMBA es un riesgo para los próximos días si no hay al menos un gesto desde el Gobierno”, dijeron fuentes del sector.

Según consta en el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en subvenciones al transporte totalizaron en 2023 unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Casi la mitad de esos recursos ($479.216 millones) fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

Justamente, del FFSIT se destinaron $353.815 millones, el 73%, para las compensaciones tarifarias previstas al transporte público automotor de pasajeros del AMBA, 18,6% más que el año anterior descontando la inflación. En tanto, el interior del país recibió a través del Fondo Compensador del Interior, que la Secretaría de Transporte eliminó, unos $102.000 millones, el 27%, con un crecimiento del 9% real frente a 2022. Como el Presupuesto fue prorrogado, se espera que esas partidas sean iguales durante este año al menos que el Poder Ejecutivo anuncie alguna modificación.

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Empresas de transporte público advierten del deterioro de los servicios por caída de ingresos

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Empresarios Unidos del Transporte Automotor, entidad que nuclea a los empresarios misioneros, advirtió que el servicio solo se puede prestar de acuerdo a los ingresos recibidos. “Los aumentos de costos, los retrasos en las compensaciones, más la conciliación obligatoria salarial profundizan el desequilibrio del sistema”, señala un documento de la entidad en referencia a la caída de los subsidios al transporte en las provincias.

En esa línea, marcan que el valor del boleto es el equivalente a 1,50 dólares, que se cubría en una porción relevante con los subsidios nacionales y otra porción con los provinciales y nacionales. Sin el aporte estatal, las que deberán desembolsar más son las provincias o municipios o, inevitablemente, el usuario tendrá que soportar la diferencia.

En consonancia, en varios municipios del país ya adelantan que tras la quita de subsidios, el precio de los boletos se irá por encima de los mil pesos -en Posadas es de 250-.

Funcionarios de distintas provincias de la Argentina advirtieron hoy por la suba de tarifas en el transporte de pasajeros, en su mayoría superiores a los $ 1.000, a partir del recorte de subsidios por parte del Gobierno nacional.

En tanto que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal reclamando el pago del subsidio nacional destinado al servicio de transporte.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, remarcó que “con el anuncio de Economía de Nación, quien pagaba $ 1.800 para ir de Madariaga a Villa Gesell, va a pagar $ 5.000”, y agregó que algo similar “va suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca; por ejemplo, Punta Alta-Bahía Blanca va a ser $ 2.000 o $ 3.000, afecta a todo el interior”.

En esta línea, opinó que “la quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley ‘ómnibus'”, e instó que desde la administración “reflexionen, esto no se lo están haciendo a un Gobernador, se lo están haciendo a la gente”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, aseguró hoy que esa provincia “reclama la devolución de subsidios que le son propios” y apostó al “diálogo” para darle una solución al conflicto desatado a partir de la decisión del gobierno nacional de eliminar subsidios a las provincias.

“En enero de este año los santafesinos aportamos pagando impuesto a los combustibles unos $ 3.900 millones, de los cuales solo volvieron $ 490 millones por coparticipación”, precisó en diálogo con Radio 2 de Rosario.

También el secretario General del gobierno santafesino, Juan Cruz Cándido, aseguró hoy que “Santa Fe ya viene poniendo plata en el sostenimiento del sistema y esos recursos van a seguir estando”, pero afirmó que no puede “garantizar la cobertura de los recursos que Nación dejará de aportar, por ende va a haber un cambio en la tarifa”.

En tanto, el secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, afirmó hoy que el boleto del transporte urbano en la ciudad capital rondaría “entre $ 1.100 y $ 1.200”, mientras que “en el interior de la provincia, en el transporte interurbano tiene que regir una suba de cerca del 40% o 50% porque al sacar los subsidios nacionales realmente toca en el boleto y en la gente”, explicó a Radio 10.

Además, mencionó que “ayer escuchaba al intendente de San Francisco (Damián Bernarte), que decía que corría riesgo de que no tengamos más transporte público en esa ciudad”. Como ejemplo, mencionó el caso de Rosario, donde “la municipalidad estima que la tarifa va a llegar a $ 1.000”.

En la ciudad de San Luis, desde el 1º de febrero el boleto de transporte urbano cuesta $ 250 con subas mensuales de acuerdo a la inflación y los costos operativos, según el aumento aprobado por el Concejo Deliberante de la capital puntana el pasado 30 de enero. A ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios que aún no se ha concretado.

Por ejemplo, un boleto para viajar hacia Villa Mercedes, distante a 100 kilómetros de la capital provincial, ya cuesta desde $ 3.000 pesos hasta más de $ 6.000 de acuerdo el servicio que se elija.

Frente a la quita de los subsidios a las provincias el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aseguró que la provincia “no podría asumir el porcentaje de la quita de subsidios al transporte y que junto a otros mandatarios provinciales y secretarios de transportes buscaran una postura común” para enfrentarlo.

Por su parte el secretario de Transporte de esa provincia, Víctor Cianchino, solicitó “con carácter de urgente” una nueva audiencia con el secretario de Transporte de la Nación para abordar en detalle” la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis”.

En la provincia, explicó, los subsidios significan un 38% de los costos operativos, y en la actualidad, por cada $ 100 que ingresan a las empresas de colectivos, $ 45 los aporta el Estado provincial, $ 38 el Estado nacional y los $ 17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario, explicó.

A su vez, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, un pedido de medida cautelar reclamando “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”.

“Torres destacó también que a partir del mes de diciembre el propio Gobierno del Chubut incrementó ya en un 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de Provincia”, según un comunicado de la Subsecretaría de Información Pública.

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Empresarios de transporte llaman a las autoridades a buscar soluciones tras la quita de subsidios

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Tras confirmarse que el gobierno nacional liderado por Javier Milei, no va a prorrogar el Fondo Compensador al transporte público de pasajeros de las provincias, desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) convocan a las autoridades municipales y provinciales a encontrar soluciones ante la falta de financiamiento del sector y el continuo incremento de los costos por la inflación.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales EUTA recuerda que los aumentos de costos, los retrasos en los pagos y ahora la caída del Fondo Compensador generan desequilibrios en el sistema y afectan a todas las partes del sistema, desde las empresas, los trabajadores, las autoridades y en particular a los usuarios.

Comunicado.

•Los inconvenientes por los graves incrementos de costos vienen siendo transmitidos a Intendentes y Autoridades provinciales, que puedan generar soluciones.
•⁠Los efectos negativos derivados de esta situación son lamentados y padecidos por todas las partes.
•Los aumentos de costos, los retrasos en las compensaciones, más la conciliación obligatoria salarial profundizan el desequilibrio del sistema.
•En este contexto, los servicios sólo se pueden prestar con los ingresos vigentes.
•Siempre con predisposición y buena voluntad, las empresas de Transporte están a disposición de la Comisión Coordinadora para recibir instrucciones precisas de cómo continuar ante esta realidad.

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Cómo impacta en las provincias la decisión de Nación de eliminar el subsidio al transporte público

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El gobierno nacional anunció, mediante un comunicado de prensa, que se eliminará el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del Área  Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. 

El Fondo Compensador forma parte del sistema de subsidios al transporte público, que  se organiza mediante el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). En lo que respecto a los subsidios que se otorga a las jurisdicciones subnacionales,  este Fondo Fiduciario contiene las siguientes compensaciones:  

• Atributo Social: refiere al pago de compensaciones que permite a determinados  grupos de afinidad (jubilados, pensionados, trabajadoras domésticas, beneficiarios de ayudas sociales asignadas por ANSES, etc.) acceder a un descuento del 55% en  las tarifas del Transporte Público (aplica a AMBA y al interior del país). 

• Compensaciones Tarifarias: pago de compensaciones al Transporte Público  Automotor de Pasajeros de Corta Distancia, con el fin de compensar la diferencia  tarifaria de acuerdo a la estructura de costos realizada por la Subsecretaría de  Transporte Automotor. Aplica solo al AMBA. 

• Boleto Integrado – RED SUBE: pago de compensaciones que permite descuentos  en la tarifa del Transporte Público a los usuarios que deben realizar viajes con  transbordos. Aplica solo al AMBA. 

• Subsidio al Gasoil: asignación cupo de Gasoil a precio diferencial a las empresas de  Transporte Público Automotor de Pasajeros de Corta Distancia. Aplica solo al  AMBA. 

• Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros del interior del país: pago  de compensaciones dirigido a las provincias del interior del país (y estas transfieran  a cada una de las empresas de su jurisdicción y de sus Municipios) con el fin de  compensar los desequilibrios financieros; fue creado por Ley 27.467.

Como se observa, las compensaciones que abarca el Fondo Fiduciario al Sistema de  Infraestructura del Transporte son amplias, aunque están fuertemente orientadas a  subsidiar servicios en el AMBA, en detrimento de las provincias.  

Con la medida tomada por el gobierno de Milei, las provincias pierden el único  financiamiento nacional que tenían para poder sostener, o aumentar en niveles no muy  significativos, el boleto de transporte público en sus respectivas jurisdicciones. 

En el año 2023, de acuerdo con los datos de Presupuesto Abierto del Ministerio de  Economía de la Nación, las transferencias del Tesoro al Fondo Fiduciario al Sistema de  Infraestructura del Transporte fueron por $ 479.216 millones; de ese total, el 79,7%  correspondió al AMBA (por $ 381.966 millones) y el 20,3% a las provincias (por $ 97.250 millones). El grado de pagado sobre el devengado fue del 98,8% para el total (99,0% para  AMBA y 97,9% para provincias). 

Sin embargo, dicho sistema de consulta no permite desagregar esos recursos según los  diferentes componentes que forman parte del Fondo Fiduciario. Para ello, se debe recurrir  a una fuente alternativa, que es la actual Secretaría de Transporte (ex Ministerio), que  publica los montos asignados a las jurisdicciones por cada concepto en particular. Esta  fuente de información tiene un problema: no está actualizada en igual nivel que los datos  consolidados del FFSIT, por lo que se debe tener eso en consideración al momento de  analizar los datos que se detallaron a continuación. 

De acuerdo con los datos parciales provistos por la Secretaría de Transporte, las provincias  recibieron en 2023 un total de $ 70.712 millones por el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros; al tiempo que las compensaciones tarifarias recibidas por el AMBA  totalizaban $ 343.067 millones. En este punto, cabe señalar que la información para el  AMBA llega al mes de noviembre incluido, mientras que hacia adentro de las provincias,  hay algunas con transferencias solo hasta agosto o septiembre, aunque la mayoría de ellas  registran recepción de fondos hasta noviembre.  

Al mismo tiempo, y con datos que llegan también al mes de noviembre, los fondos por  Atributo Social SUBE que llegaron a las provincias fueron por $ 12.582 millones; mientras  que al AMBA alcanzaron los $ 24.064 millones.  

De esta forma, y considerando las aclaraciones realizadas previamente, los datos muestran  que entre Fondo Compensador, compensaciones tarifarias y Atributo Social SUBE, las  transferencias a provincias y AMBA totalizan $ 450.424 millones, equivalente a un 94% de  lo ejecutado por el FFSIT. De ese total, las provincias participan solo del 18% mientras que  el AMBA lo hace en el 82%. 

¿Cómo se repartió el Fondo Compensador entre las provincias del país? 

De los $ 70.712 millones destinadas a las 23 provincias, el 20,6% quedó en Córdoba, que  se hizo de $ 14.573 millones entre enero y noviembre del 2023. Santa Fe, con el 14,9%  (por $ 10.548 millones) se ubica en segundo lugar, y más atrás quedan Tucumán ($ 6.813  millones), Salta ($ 6.195 millones) y provincia de Buenos Aires, excluyendo los partidos del  Gran Buenos Aires ($ 4.433 millones). Todas estas provincias recibieron recursos del Fondo  Compensador en todo el período enero-noviembre inclusive, al igual que otras siete  provincias.  

Con fondos captados solo hasta octubre inclusive se encuentran Corrientes, Santiago del  Estero, Formosa y La Pampa; tres lo hicieron hasta septiembre inclusive (Chubut, San Luis,  Río Negro); una hasta agosto inclusive (Misiones); dos hasta abril (Santa Cruz y Tierra del  Fuego) y una provincia, Mendoza, registra fondos solo en enero y febrero. 

Estimación de pérdida de recursos por eliminación del Fondo Compensador en 2024 

Si bien los datos provisorios señalados previamente indican que por el Fondo Compensador  se distribuyeron $ 70.712 millones, las proyecciones realizadas considerando los meses  adeudados a las provincias indican que el año 2023 podría haber cerrado con un total  destinado a tal fin de $ 87.600 millones, recursos que con la medida anunciada por el  Gobierno nacional ya no llegaran a las provincias en este 2024.

Suponiendo que dicho total podría haber sido ampliado en igual nivel que la estimación  inflacionaria detallada en el proyecto de presupuesto 2024, estamos hablando de un fondo  de $ 148.968 millones.

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Sin subsidios: el boleto del transporte público en Buenos Aires costará 270 pesos

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La Secretaría de Transporte anunció hoy que a partir de mañana el boleto mínimo de colectivo costará $270 y el del tren $130, luego de que la justicia dispusiera el “efecto suspensivo” de la medida cautelar que dilataba la implementación de los nuevos cuadros tarifarios puestos a consideración en audiencia pública.

Al dar a conocer la inminente implementación, fuentes de la Secretaría de Transporte explicaron que “las tarifas fueron calculadas en base a una menor participación estatal en el sistema de transporte a través de subsidios, y por eso se avanzó en esta actualización de tarifas que arrastraban años de atraso”.

Así, “el valor de la tarifa busca generar una mayor equidad de precios con los principales centros urbanos del país para conseguir una política de transporte público verdaderamente federal”.

La decisión cuenta con el aval de la justicia, ya que levantó la restricción vigente hasta hoy tras una medida de amparo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora que hizo lugar a la presentación del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Al respecto, las fuentes de Transporte explicaron que “el juez de primera instancia concedió la apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar. Esto significa que el Poder Ejecutivo quedó habilitado a continuar con el proceso de adecuación tarifaría”.

De este modo, se aplicará el nuevo cuadro tarifario, que establece que el boleto mínimo para el colectivo será de $270 y para el tren será de $130, siempre y cuando se utilice la tarjeta SUBE nominizada.

Las nuevas tarifas para el colectivo incluyen un boleto mínimo de $270 para recorridos de 0 a 3 kilómetros, con una tarifa social de $121,50 y un valor sin nominalizar de $429,30 a partir de abril de 2024.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, el costo será de $300,78, con una tarifa social de $135,35 y un valor sin nominalizar de $478,24.

En recorridos de 6 a 12 kilómetros, el precio será de $323,95, con una tarifa social de $145,78 y un valor sin nominalizar de $515,08.

Para distancias de 12 a 27 kilómetros, el costo será de $347,15 con tarjeta SUBE, $156,22 con tarifa social y $551,97 sin nominalizar.

Por último, para recorridos de más de 27 kilómetros, el boleto costará $370,18 con tarjeta SUBE, $166,58 con tarifa social y $588,59 sin nominalizar.

En cuanto a los trenes, para todas las líneas, el boleto en la sección con tarjeta SUBE será de $130, con una tarifa social de $58,50 y un valor sin nominalizar de $260.

En la segunda sección, el costo será de $169 con tarjeta SUBE, $76,05 con tarifa social y $338 sin nominalizar.

Para la tercera sección, el valor será de $208 con tarjeta SUBE, $93,60 con tarifa social y $416 sin nominalizar.

A partir de febrero, además del ajuste mensual en base a la evolución de la inflación, se implementará progresivamente una quita de subsidios que afectará el valor final de los distintos medios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En tanto, se ratificó que el sistema de diferenciación de tarifa para las SUBE nominalizadas comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2024, y hasta esa fecha, todas las tarjetas pagarán la tarifa de tarjetas nominalizadas.

Luego del 1 de abril, las personas sin tarjeta registrada pagarán la tarifa diferencial pero podrán seguir registrando sus tarjetas para acceder a la tarifa más económica.

Por otra parte, la cartera de Transporte resaltó que la consulta pública se desarrolló en las mismas condiciones que los implementados en otros años pero, en esta ocasión, contó con una mayor participación.

El informe final de la Secretaría detalló que se registraron, en total, 245 opiniones y propuestas a través de la Web del organismo, una amplia diferencia en relación a la actualización tarifaria que la gestión anterior hizo en 2022, cuando se recibieron sólo 28 comentarios para modificar el mecanismo de incremento del boleto.

Los 245 comentarios de la consulta pública fueron respondidos por el equipo técnico de la Secretaría de Transporte y tuvieron como ejes principales la utilización de la tarjeta SUBE, los valores del cuadro tarifario, la actualización del cuadro tarifario, los atributos sociales, el boleto integrado, y el servicio ferroviario.

Con este nuevo proceso concluido, la Secretaría de Transporte “cumplió con

los requisitos legales y puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana”, se explicó.

Esto permitirá “reducir los recursos que el Estado destina en subsidios, cuidando a los sectores vulnerables a través de los atributos sociales y disminuyendo las desigualdades que existen entre el AMBA y el interior del país”.

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