Las Cámaras de Transportistas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) advirtieron que, debido al incumplimiento en los pagos de subsidios, junto con el persistente congelamiento tarifario, no podrán garantizar la continuidad de los servicios en gran parte del territorio de cobertura, con probables interrupciones de servicios en varias líneas de colectivos.
En un comunicado indicaron que, esta situación se debe “a una inédita combinación de factores que explican el deterioro en los servicios que se observa en estos meses y que lamentablemente nos llevarán a una mayor reducción o eventual parálisis de los servicios, de no tomarse medidas urgentes”.
Agrega el documento difundido que “durante este 2023 se ha registrado la mayor inflación en la Argentina en 30 años. En este contexto, las tarifas han estado congeladas desde el mes de agosto 2023 y durante más de 3 años entre 2019 y 2022. Por otro lado, las compensaciones (subsidios) tarifarias que, deberían cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por el pasajero y el costo real de la actividad, se encuentran persistentemente mal calculadas”.
“Esta semana se actualizaron los precios de la estructura de costos a precios de agosto y septiembre ante los vigentes de abril. Una actualización que ya nace atrasada en más de 30%. El sector, así como el país en la actualidad, carece de alternativas financieras para hacer frente a la continuidad de los servicios”, apuntaron.
Y afirmaron que “tampoco cuenta con atributos, que, si tienen otras actividades, de actualizar el precio/tarifa de sus servicios. Somos un sector que destina más del 80% de sus ingresos en salarios, comprar gasoil y repuestos indispensables para operar. Los cuales, además de ser cada vez más inaccesibles por los desfasajes entre los ingresos reconocidos por el regulador y los precios reales del mercado, son cada vez más difíciles de adquirir por el creciente desabastecimiento”.
Finalmente, adviertieron “a la población del inminente impacto de esta situación, y las consecuencias que esto puede traer para millones de personas: Llamamos a la responsabilidad de las autoridades de transporte de las 3 jurisdicciones del AMBA para que se cumplan las obligaciones normativas, de manera que sea posible la continuidad operativa”.
Firman el documento la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (Ceap); la Cámara Empresaria del Transporte >Urbano de Buenos Aires (Cetuba); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).
Lockout con reducción de servicios en el autotransporte de pasajeros en el AMBA
Dos líneas del transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no prestan servicios, mientras que líneas comunales y provinciales del conurbano redujeron sus frecuencias, como consecuencia de la decisión adoptada por las Cámaras de Empresarios del Transporte por lo que consideran “incumplimiento de pago de subsidios” y “congelamiento de tarifas”.
La medida comenzó a concretarse desde las 0 de hoy y abarca a las líneas 388 y 406, que directamente no funcionan, en tanto que las líneas comunales y provinciales del Conurbano que circulan en el AMBA, del número 200 en adelante, lo hacen con horarios y frecuencias reducidas en reclamo de las deudas acumuladas por subsidios y el congelamiento de tarifas.
Según explicaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la suspensión del servicio en las líneas 388 y 406 se debe a la “falta de pago de viáticos” y “por no tener una fecha comprometida de pago”, y por ese motivo los trabajadores realizan una “abstención de tareas”.
Las líneas de colectivos 338 prestan servicios de media distancia (La Plata – Vicente López) y la línea 406 realiza recorridos entre San Francisco Solano y Ramos Mejía.
Las cinco cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos habían anticipado ayer la reducción del servicio, a raíz de la falta de pago de los subsidios al transporte.
Así, desde esta mañana todas las líneas de colectivos que van del número 200 en adelante funcionan con horario y frecuencias reducidas.
El Ministerio de Transporte estableció un refuerzo de $ 6.000 millones para el Fondo Compensador al Transporte Público de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, a través de la Resolución 608/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La misma establece que la distribución de ese monto será de la siguiente manera: $ 1.000 millones para octubre; $ 2.500 millones para noviembre y la misma cifra para diciembre.
Asimismo, indica que debe abonarse el 97% del monto correspondiente a diciembre en el mismo mes -y no a mes vencido-, para aquellos beneficiarios que hubieran cumplido con la rendición de los fondos percibidos del Estado Nacional correspondientes a noviembre.
De esta manera, el importe total que estarán recibiendo las provincias será de $ 10.000 millones para octubre, $ 11.500 para noviembre y la misma suma para diciembre.
El Fondo Compensador se encarga de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional para permitir que las tarifas sean provistas a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de funcionamiento y mantenimiento.
De esta forma, se garantiza el acceso de la población a los servicios que ofrece el transporte público de pasajeros.
Sólo 1.665 personas renunciaron al subsidio para el transporte público de pasajeros
Un total de 1.665 personas pidieron la baja a través de la tarjeta SUBE, luego de habilitarse el formulario para renunciar a los subsidios al transporte público, según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.
La alternativa a renunciar al subsidio para pasajeros de colectivos y trenes de jurisdicción nacional, fue anunciada por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, el 20 de octubre.
Al día de hoy, sobre 18 millones de tarjetas activas, sólo 1.665 usuarios pidieron la baja, de los cuales 49 resultaron arrepentidos, a través de los sistemas de la tarjeta SUBE. De ese total, 512 tarjetas validaron la renuncia, y tan solo 290 tarjetas fueron utilizadas para realizar viajes sin subsidio.
Giuliano, sostuvo al respecto que “evidentemente la decisión de Milei de quitar los subsidios tiene muy poco respaldo popular y social. Hay una reflexión colectiva sobre que el subsidio tiene impacto en la economía familiar y del comercio, la industria, la salud, la educación y en el ambiente”.
“Esta propuesta que fue presentada por Milei en la Cámara Nacional Electoral antes de las propias elecciones, demostramos que es una propuesta fallida, perjudicial para la sociedad. Milei nunca entendió la rentabilidad social del transporte y la sociedad, que tuvo la opción de decidir entre renunciar al subsidio o sostenerlo, decidió sostenerlo”, señaló Giuliano para finalizar.
Las fuentes indicaron que la mayor parte de las renuncias registradas pertenecen a usuarios y usuarias del AMBA, y le siguen localidades como Rosario, Mendoza y General Pueyrredón.
Desde que se habilitó el formulario para solicitar la baja del subsidio voluntario, el cobro sin subsidio para quienes completaron el formulario es automático. La renuncia se realiza en todas las tarjetas registradas y no se podrá acceder a los beneficios del Atributo Social Federal.
El ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó hoy que los eventuales votantes del candidato presidencial Javier Milei deben conocer el “impacto económico” que tendrá para sus bolsillos la eliminación de los subsidios para el pago de los servicios públicos.
“El que va a votar va a decidir sobre su transporte, sobre su familia, y el impacto económico que representa. No es lo mismo $ 700 como plantea Milei en el transporte, que la tarifa que tiene cada ciudad y el AMBA”, señaló Giuliano a Radio 10.
Remarcó que “cuando se quita el subsidio, cuando se corre el Estado, el colectivo cuesta $ 700, o el tren cuesta $ 1.100”.
“Ese es el efecto que provoca la decisión de Milei y que hoy la pone él libremente en la discusión, porque eso está en la plataforma electoral”, afirmó el ministro.
El funcionario recordó que durante el gobierno anterior “la SUBE quedó encapsulada en la ciudad de Buenos Aires y en (el conurbano de) Buenos Aires, y ahora la llevamos a todo el país”.
“Lo que está planteando Milei en relación al transporte, también viene con el tema de la luz eléctrica y con el combustible, que sin subsidio llegaría a $ 800 el litro”.
Para Giuliano, “la SUBE es un programa que está en expansión en todo el país. Estamos avanzando con este mismo programa en Córdoba y en seis localidades de esa provincia, extendiendo el atributo social que durante el gobierno anterior quedó en la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito (conurbano) de Buenos Aires”.
“Sergio Massa es el autor de que el reparto del subsidio vaya directamente al usuario y no se quede en los niveles empresariales. Permite que haya menos intermediarios como con la luz y la universidad. La universidad tiene un costo de $ 3 millones anuales. Si no hay subsidio, no hay aporte del Estado”, añadió Giuliano.
Por otra parte, y refiriéndose nuevamente a Milei, aseguró que “el único miedo que puede estar dando vuelta, es el miedo que se provoca cuando se dice que va a haber compra venta libre de órganos, o portación libre de armas”.
Mañana entrará formalmente en vigencia la renuncia opcional al pago con subsidio del pasaje del transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional, que permitirá a los usuarios que lo deseen pagar la tarifa plena, permitiendo que los montos que el Estado dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades.
La medida había sido anunciada formalmente el 16 de octubre por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y desde el viernes 20 está disponible el formulario para formalizar la opción en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.
Hasta el momento, la cantidad de usuarios que hicieron uso de la opción es marginal y, según las primeras informaciones Transporte, sólo la habían ejercido 133 personas.
En el caso específico del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar a los subsidios pasaría a ser de $ 700 por viaje, una opción que hasta el momento puede tomarse a bordo de los colectivos, previa información al chofer de la unidad.
Giuliano había señalado hace diez días que la medida entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre y con ella se busca “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.
En la conferencia de prensa, el ministro recordó que “algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte”.
Por tal razón se habilitó la opción para que “cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse”, explicó.
Al respecto, aclaró que “quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada”.
Giuliano remarcó que “el subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario, achatando los costos de las tarifas, permitiendo que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado”.
Asimismo, formalizó la invitación a las provincias a adherirse a la opción.
Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes,
Luego, debe completar el formulario de renuncia al subsidio – que tiene validez como declaración jurada- que se encuentra en la web de SUBE (www.argentina.gob.ar/SUBE).
La medida alcanza a los usuarios de transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas.
Comprende también a los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.
En base a los números informados por el ministro, en el caso de los trenes los valores del actuales de los pasajes con subsidio son de entre $ 11,57 y $ 52,95 en el AMBA; de $ 79 en el caso de Salta; $ 105 en el circuito Resistencia-Los Amores, en Chaco; $ 180 en Rosario-Cañada de Gómez, Santa Fe.
En estos casos, los usuarios que renuncien a los subsidios deberán abonar pasajes que van desde $ 655 hasta $ 1.100 por viaje.
En lo que respecta al servicio de colectivos, puntualmente en el AMBA, el valor del pasaje con subsidio en la actualidad va de $ 52,96 (mínima) hasta $ 72,61 (máximo) y quienes renuncien a los subsidios deberán abonar una tarifa de $ 700, precisó Giuliano.
La magnitud de los subsidios energéticos se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años, siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto público. Aun así, sigue siendo superior a la de los años previos.
A pesar de que el Programa de Segmentación evitó que el atraso real tarifario siguiera profundizándose, este resulta insuficiente para cumplir los objetivos de reducción del gasto público y, consecuentemente, para la necesaria consolidación fiscal acordada con el FMI.
A costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones, nuevos ajustes en las tarifas se tornan necesarios, ante la necesidad del Gobierno de profundizar el ajuste real del gasto en la segunda mitad del año y el aumento en los costos luego del salto discreto del tipo de cambio oficial.
La reducción de la cuenta de subsidios energéticos constituye una de las claves para alcanzar la consolidación fiscal y cumplir con las metas acordadas con el FMI. Además de representar un elevado costo fiscal (2% del PIB en 2022), el actual esquema de subsidios continúa generando un gasto ineficiente, que no sólo es costoso en pesos, sino también en dólares, explicando el fuerte incremento en las importaciones de energía de los años recientes. Además, fortalece la distorsión de precios relativos y desincentiva un consumo racional de la energía.
A partir de los recientes aumentos, la magnitud de los subsidios energéticos (75% del total de los subsidios económicos) se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años (-20% i.a. real acumulado hasta julio), siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto.
No obstante, la cuenta de subsidios energéticos sigue siendo bastante superior a la de los años previos (en julio fue +22% vs 2020 en términos reales).
En este marco, hasta julio el precio pagado por la demanda cubrió en promedio sólo el 45% del costo de generación eléctrica, por encima del 35% en 2021 y 2022, pero inferior al 55% de 2020, según datos de CAMMESA. Además, el guarismo de este año se ubica aún más lejos del de 2019, cuando, luego de sucesivas actualizaciones, se llegó a cubrir cerca del 70% del costo.
Asimismo, cabe destacar que en esta reciente mejora fue determinante la caída real en el costo de generación (-17% i.a. en promedio), ya que, de haberse mantenido constante el costo respecto al año pasado, la tasa de cobertura habría ascendido a apenas el 37%.
La Segmentación resulta insuficiente
Parte de la explicación de la aún abultada cuenta de subsidios energéticos se encuentra en los impactos de la lógica detrás de la segmentación tarifaria iniciada en septiembre 2022. Analizaremos el caso de las tarifas a la energía eléctrica (75% de los subsidios energéticos), tomando, para simplificar el análisis, la tarifa de EDENOR, prácticamente idéntica a la de EDESUR.
Hasta septiembre del año pasado, los aumentos tarifarios habían sido acotados y prácticamente idénticos para todos los niveles de consumo e ingreso. Esta decisión convalidaba un atraso vigente desde abril de 2019. En ese momento, los mandatarios salientes decidieron interrumpir el proceso de aumentos y congelar el precio de estos servicios, que luego fue profundizada con la irrupción de la pandemia y consideraciones electorales a lo largo de 2021.
Así, entre marzo de 2019 y agosto de 2022, el valor real (descontada la inflación) de la factura de electricidad de los hogares en el AMBA para un consumo promedio cayó cerca del 65% (se abarató).
En el marco del acuerdo con el FMI, y con el objetivo de comenzar un sendero de reducción del déficit fiscal, el Gobierno comenzó a aplicar desde septiembre de 2022 el Plan de Segmentación, buscando “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”.
El esquema apunta a ir retirando y acotando los elevados subsidios fiscales a los usuarios residenciales según su nivel de ingresos (N1 ingresos altos, N2 bajos y N3 ingresos medios), atenuando el deterioro real de los márgenes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.
¿Qué ha sucedido desde entonces? Las únicas facturas de energía eléctrica que se recomponen en términos reales son las del segmento de mayores ingresos (N1)[1], que representan sólo el 30% de los usuarios. Desde septiembre del año pasado estos usuarios fueron perdiendo los subsidios de manera gradual hasta que se llegó a pagar casi la totalidad del costo desde mediados de este año, experimentando aumentos nominales mayores al 500% y retomando valores reales de principios de 2019.
Ahora bien, pese a sufrir incrementos nominalmente elevados, la factura del resto de los segmentos (el 70% de los hogares) tuvo ajustes que se encontraron bien por debajo de la inflación, sin siquiera lograr evitar que el retraso real acumulado hasta septiembre del año pasado sea aminorado. De hecho, la factura promedio para los usuarios N2 y N3 cayó en términos reales un 25% y 20%, respectivamente, respecto de la factura pre-segmentación[2].
Ampliando la mirada, frente a marzo de 2019 las tarifas del segmento N1 caen 5,4% en términos reales, mientras que el atraso real del grupo de ingresos bajos es del 74%, y el de ingresos medios, 71%.
Por consiguiente, mientras que la tarifa de los usuarios del segmento N1 cubre actualmente casi 100% del costo de generación eléctrica, los usuarios de ingresos medios (N3)[3] y bajos (N2) pagan apenas el 17% y el 13%, respectivamente (IIEP-UBA).
Perspectivas
Por lo dicho, se evidencia la necesidad de continuar con el sendero de reducción de los subsidios a la energía, a costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones. En esta línea, en su reciente Staff Report, el FMI señaló que aún se requieren esfuerzos adicionales para alinear el precio de las tarifas energéticas a los mayores costos de producción (más aún luego del incremento derivado de la reciente devaluación) y alcanzar la meta de reducción de los subsidios energéticos prevista para 2023 en 0,5% del PIB (de 2% a 1,5%). Según el Fondo, estos ajustes deberían aplicarse a todos los sectores, tanto hogares como comercios e industrias (sin importar el nivel de ingresos), comenzando en septiembre.
De hecho, al ratificar la meta del 1,9% de déficit fiscal primario para 2023, el Gobierno estará forzado a profundizar el ajuste sobre el gasto en la segunda mitad del año para corregir el desvío acumulado en el primer semestre. Esta necesidad evidencia que próximos ajustes en tarifas serán necesarios.
Esta necesidad se refuerza a partir del salto discreto de 22% del tipo de cambio oficial el pasado 14 de agosto: la devaluación tiene efectos sobre la cobertura de costos de generación eléctrica, así como en el costo de abastecimiento de gas natural por redes. En el caso eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80%[4].
Al respecto, Flavia Royón, Secretaria de Energía había anticipado que tras la reciente devaluación habría una actualización de las tarifas de electricidad, luego de que “se realice un estudio de cómo la devaluación afecta el costo de la generación”. Por lo pronto, el Ente Regulador de Energía Eléctrica publicó el Cuadro Tarifario para Septiembre 2023 y no incluyó aumentos para ningún segmento.
Ahora bien, un nuevo ajuste tarifario tendrá impactos inflacionarios y sobre el ingreso disponible de las familias: el aumento necesariamente tendrá que recaer en los segmentos de ingresos medios y bajos -que suman el 70% de los hogares-, ya que son los que tienen un mayor atraso real, por lo que no sólo aumentaría la inflación, si no también podría añadirle un componente regresivo adicional. Por caso, en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos, las tarifas energéticas pesan 11%; mientras que en el 10% más rico pesan cerca del 7%, por lo que una tarifa mayor implicaría que un porcentaje de gasto en consumo deba trasladarse al pago del servicio.
Hacia adelante, el desafío continuará siendo restablecer la tarifa plena para la mayor parte de los usuarios, que se combine con una tarifa social que garantice el acceso a los usuarios de menores ingresos sin generar mayores distorsiones.
Esto será fundamental a la hora de realinear incentivos, de manera que se haga un uso eficiente de los servicios y se allane el terreno para fomentar inversiones que reduzcan los costos.
Un recorte en los costos de generación de la energía se posiciona como la manera más sostenible de garantizar una tarifa más económica. En este punto, se prevé que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner reduzca la necesidad de importar gas natural costoso.
[1] En este segmento ingresan tanto los usuarios residenciales que tienen ingresos de $813.494 o más, y también quienes no se inscribieron para recibir el subsidio, ya sea por decisión propia o por desconocimiento.
[2] Para el caso del gas, la dinámica viene siendo similar: desde 2019 y hasta febrero de 2023, donde inicia la Segmentación, el atraso real era del 50%. Luego, hasta agosto de 2023, hubo una reducción real adicional del 5% para los hogares de altos ingresos, mientras para los niveles N2 y N3 se produjo un recorte adicional de un 2% y 5% respectivamente, según el IIEP-UBA.
[3] Si bien para los hogares de ingresos medios (N3) se fijó un límite de consumo subsidiado (400 kWh), abonando el excedente bajo la tarifa plena, según datos de la Secretaría de Energía de los 3 millones de usuarios N3 menos del 30% supera ese nivel de consumo.
[4] El costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100%, debido a los contratos del Plan Gas.Ar nominados en USD.
