Segmentación Tarifaria: ¿medida suficiente?

Un recorte en los costos de generación de la energía se posiciona como la manera más sostenible de garantizar una tarifa más económica. En este punto, se prevé que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner reduzca la necesidad de importar gas natural costoso.

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La magnitud de los subsidios energéticos se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años, siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto público. Aun así, sigue siendo superior a la de los años previos.

A pesar de que el Programa de Segmentación evitó que el atraso real tarifario siguiera profundizándose, este resulta insuficiente para cumplir los objetivos de reducción del gasto público y, consecuentemente, para la necesaria consolidación fiscal acordada con el FMI.

A costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones, nuevos ajustes en las tarifas se tornan necesarios, ante la necesidad del Gobierno de profundizar el ajuste real del gasto en la segunda mitad del año y el aumento en los costos luego del salto discreto del tipo de cambio oficial.

La reducción de la cuenta de subsidios energéticos constituye una de las claves para alcanzar la consolidación fiscal y cumplir con las metas acordadas con el FMI. Además de representar un elevado costo fiscal (2% del PIB en 2022), el actual esquema de subsidios continúa generando un gasto ineficiente, que no sólo es costoso en pesos, sino también en dólares, explicando el fuerte incremento en las importaciones de energía de los años recientes. Además, fortalece la distorsión de precios relativos y desincentiva un consumo racional de la energía.

A partir de los recientes aumentos, la magnitud de los subsidios energéticos (75% del total de los subsidios económicos) se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años (-20% i.a. real acumulado hasta julio), siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto.

No obstante, la cuenta de subsidios energéticos sigue siendo bastante superior a la de los años previos (en julio fue +22% vs 2020 en términos reales).

En este marco, hasta julio el precio pagado por la demanda cubrió en promedio sólo el 45% del costo de generación eléctrica, por encima del 35% en 2021 y 2022, pero inferior al 55% de 2020, según datos de CAMMESA. Además, el guarismo de este año se ubica aún más lejos del de 2019, cuando, luego de sucesivas actualizaciones, se llegó a cubrir cerca del 70% del costo.

Asimismo, cabe destacar que en esta reciente mejora fue determinante la caída real en el costo de generación (-17% i.a. en promedio), ya que, de haberse mantenido constante el costo respecto al año pasado, la tasa de cobertura habría ascendido a apenas el 37%.

La Segmentación resulta insuficiente

Parte de la explicación de la aún abultada cuenta de subsidios energéticos se encuentra en los impactos de la lógica detrás de la segmentación tarifaria iniciada en septiembre 2022. Analizaremos el caso de las tarifas a la energía eléctrica (75% de los subsidios energéticos), tomando, para simplificar el análisis, la tarifa de EDENOR, prácticamente idéntica a la de EDESUR.

Hasta septiembre del año pasado, los aumentos tarifarios habían sido acotados y prácticamente idénticos para todos los niveles de consumo e ingreso. Esta decisión convalidaba un atraso vigente desde abril de 2019. En ese momento, los mandatarios salientes decidieron interrumpir el proceso de aumentos y congelar el precio de estos servicios, que luego fue profundizada con la irrupción de la pandemia y consideraciones electorales a lo largo de 2021.

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Así, entre marzo de 2019 y agosto de 2022, el valor real (descontada la inflación) de la factura de electricidad de los hogares en el AMBA para un consumo promedio cayó cerca del 65% (se abarató).

En el marco del acuerdo con el FMI, y con el objetivo de comenzar un sendero de reducción del déficit fiscal, el Gobierno comenzó a aplicar desde septiembre de 2022 el Plan de Segmentación, buscando “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”.

El esquema apunta a ir retirando y acotando los elevados subsidios fiscales a los usuarios residenciales según su nivel de ingresos (N1 ingresos altos, N2 bajos y N3 ingresos medios), atenuando el deterioro real de los márgenes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Las únicas facturas de energía eléctrica que se recomponen en términos reales son las del segmento de mayores ingresos (N1)[1], que representan sólo el 30% de los usuarios. Desde septiembre del año pasado estos usuarios fueron perdiendo los subsidios de manera gradual hasta que se llegó a pagar casi la totalidad del costo desde mediados de este año, experimentando aumentos nominales mayores al 500% y retomando valores reales de principios de 2019.

Ahora bien, pese a sufrir incrementos nominalmente elevados, la factura del resto de los segmentos (el 70% de los hogares) tuvo ajustes que se encontraron bien por debajo de la inflación, sin siquiera lograr evitar que el retraso real acumulado hasta septiembre del año pasado sea aminorado. De hecho, la factura promedio para los usuarios N2 y N3 cayó en términos reales un 25% y 20%, respectivamente, respecto de la factura pre-segmentación[2].

Ampliando la mirada, frente a marzo de 2019 las tarifas del segmento N1 caen 5,4% en términos reales, mientras que el atraso real del grupo de ingresos bajos es del 74%, y el de ingresos medios, 71%.

Por consiguiente, mientras que la tarifa de los usuarios del segmento N1 cubre actualmente casi 100% del costo de generación eléctrica, los usuarios de ingresos medios (N3)[3] y bajos (N2) pagan apenas el 17% y el 13%, respectivamente (IIEP-UBA).

Perspectivas

Por lo dicho, se evidencia la necesidad de continuar con el sendero de reducción de los subsidios a la energía, a costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones. En esta línea, en su reciente Staff Report, el FMI señaló que aún se requieren esfuerzos adicionales para alinear el precio de las tarifas energéticas a los mayores costos de producción (más aún luego del incremento derivado de la reciente devaluación) y alcanzar la meta de reducción de los subsidios energéticos prevista para 2023 en 0,5% del PIB (de 2% a 1,5%). Según el Fondo, estos ajustes deberían aplicarse a todos los sectores, tanto hogares como comercios e industrias (sin importar el nivel de ingresos), comenzando en septiembre.

De hecho, al ratificar la meta del 1,9% de déficit fiscal primario para 2023, el Gobierno estará forzado a profundizar el ajuste sobre el gasto en la segunda mitad del año para corregir el desvío acumulado en el primer semestre. Esta necesidad evidencia que próximos ajustes en tarifas serán necesarios.

Esta necesidad se refuerza a partir del salto discreto de 22% del tipo de cambio oficial el pasado 14 de agosto: la devaluación tiene efectos sobre la cobertura de costos de generación eléctrica, así como en el costo de abastecimiento de gas natural por redes. En el caso eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80%[4].

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Al respecto, Flavia Royón, Secretaria de Energía había anticipado que tras la reciente devaluación habría una actualización de las tarifas de electricidad, luego de que “se realice un estudio de cómo la devaluación afecta el costo de la generación”. Por lo pronto, el Ente Regulador de Energía Eléctrica publicó el Cuadro Tarifario para Septiembre 2023 y no incluyó aumentos para ningún segmento.

Ahora bien, un nuevo ajuste tarifario tendrá impactos inflacionarios y sobre el ingreso disponible de las familias: el aumento necesariamente tendrá que recaer en los segmentos de ingresos medios y bajos -que suman el 70% de los hogares-, ya que son los que tienen un mayor atraso real, por lo que no sólo aumentaría la inflación, si no también podría añadirle un componente regresivo adicional.  Por caso, en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos, las tarifas energéticas pesan 11%; mientras que en el 10% más rico pesan cerca del 7%, por lo que una tarifa mayor implicaría que un porcentaje de gasto en consumo deba trasladarse al pago del servicio.

Hacia adelante, el desafío continuará siendo restablecer la tarifa plena para la mayor parte de los usuarios, que se combine con una tarifa social que garantice el acceso a los usuarios de menores ingresos sin generar mayores distorsiones.

Esto será fundamental a la hora de realinear incentivos, de manera que se haga un uso eficiente de los servicios y se allane el terreno para fomentar inversiones que reduzcan los costos.

Un recorte en los costos de generación de la energía se posiciona como la manera más sostenible de garantizar una tarifa más económica. En este punto, se prevé que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner reduzca la necesidad de importar gas natural costoso.

[1] En este segmento ingresan tanto los usuarios residenciales que tienen ingresos de $813.494 o más, y también quienes no se inscribieron para recibir el subsidio, ya sea por decisión propia o por desconocimiento.

[2] Para el caso del gas, la dinámica viene siendo similar: desde 2019 y hasta febrero de 2023, donde inicia la Segmentación, el atraso real era del 50%. Luego, hasta agosto de 2023, hubo una reducción real adicional del 5% para los hogares de altos ingresos, mientras para los niveles N2 y N3 se produjo un recorte adicional de un 2% y 5% respectivamente, según el IIEP-UBA.

[3] Si bien para los hogares de ingresos medios (N3) se fijó un límite de consumo subsidiado (400 kWh), abonando el excedente bajo la tarifa plena, según datos de la Secretaría de Energía de los 3 millones de usuarios N3 menos del 30% supera ese nivel de consumo.

[4] El costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100%, debido a los contratos del Plan Gas.Ar nominados en USD.

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