Los costos de las energías deben ser de dominio público
Muletilla habitual es decir que las tarifas de los energéticos (combustibles, energía eléctrica, otros) deben incrementarse pues sus costos aumentan. Pero lo que parece ser un secreto guardado bajo siete llaves, es el costo real de cada energético que consumimos los argentinos.
Con buena parte del manejo de los energéticos en manos privadas, lo referente a datos concretos de costos parece diluirse en debates en los que quienes saben no lo dicen, y quienes preguntan o cuestionan no lo saben.
Haciendo algo de historia, desde comienzos del siglo XX, en Argentina, tanto los combustibles como la generación y venta de energía estaban en manos privadas, casi todas extranjeras. En el caso de la electricidad, los manejos eran por regla general desvergonzadamente alevosos, estando la fijación de los contratos de servicios y tarifas, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en manos de los concejos deliberantes. La principal empresa prestadora del servicio era CHADE, lo cual dio origen al despectivo concepto de “concejales chadistas”.
Tan prolongadas eran las concesiones del servicio, con pingües ganancias aseguradas y escasas inversiones en nuevos equipos e incluso en mantenimiento, que “la Ítalo” (CIADE) todavía operaba al perpetrarse el “proceso”, siendo el nefasto Martínez De Hoz uno de sus directores al asumir como ministro en ese período.
Tanto ese siniestro personaje, como su alter ego Videla, enfrentaron la férrea oposición del gremialista Oscar Smith a la política de privatizaciones del sector eléctrico, ya anunciada, como parte de las medidas ultra privatistas del neoliberalismo que nos impusieron a fuerza de bayonetas. “Casualmente” Smith fue uno de los primeros “desaparecidos” del “proceso”.
La empresa estatal SEGBA fue rápidamente desguazada en las privadas EDENOR, EDESUR y EDELAP, cuyos costos operativos parecen ser uno de los insondables misterios de los muchos que hay en nuestro país.
SEGBA había sido creada por Perón, para ordenar el caos de varias generadoras eléctricas privadas, de tan cuestionados manejos y escasas inversiones reales.
En lo referente a los combustibles, su procesamiento y venta estaba en manos de dos transnacionales, una británica y otra estadounidense, las cuales imponían precios altos en función de costos teóricos calculados en función de los vigentes en alrededores del Golfo Pérsico y su teórico transporte.
Al crearse YPF (primera petrolera estatal del mundo), y manejarse en forma ejemplar por parte de los Generales Ingenieros Mosconi y Baldrich, los precios de los combustibles bajaron sustancialmente y la participación de YPF en el mercado creció sostenidamente.
Con el golpe de Estado -de claro cuño ultra liberal- de 1930, se favoreció a las petroleras extranjeras, creciendo su participación y aumentando los precios de los combustibles. Y tal como es metodología habitual de los sectores apátridas, Mosconi y Baldrich fueron denostados en base a cargos falsos, soportaron persecuciones brutales, siendo incluso encarcelado Baldrich…y todo eso por el “delito” concreto de ser patriotas insobornables. ¡La historia se repite!
En la década peronista 1946-1955, además de las estatizaciones para controlar el estratégico Sector Energético, se crearon Gas Del Estado, Agua y Energía Eléctrica y la Comisión Nacional de Energía Atómica, todos ellos desmintiendo el mito de la supuesta crónica ineficiencia del Estado; construyéndose a menor costo que el presupuestado y en menor tiempo, el primer gran gasoducto, de Comodoro Rivadavia a Capital Federal, abasteciendo también a las muchas localidades en su extenso trayecto, lo cual redundó en un más eficiente y económico abastecimiento de gas a muchos argentinos.
Fue tan eficiente Gas Del Estado, que Gaz De France la tomó como modelo para su creación. Como actividades estratégicas que son, todas las vinculadas al complejo Sector Energético estaban en manos del Estado Nacional, cuyo objetivo básico era brindar los insumos y servicios energéticos a todo el país, a precios accesibles, como bienes y servicios esenciales para toda nuestra población, y en el caso de los combustibles, con precios uniformes en todo nuestro extenso territorio.
En el “proceso”, con Martínez De Hoz y sus continuadores, se hizo trabajar a pérdida a las Empresas del Estado, mediante un perverso mecanismo de endeudamiento en divisas, mientras las tarifas se mantenían intencionalmente bajas, para forzar el caos en esas empresas, argumentando la supuesta “incapacidad del Estado como empresario”.
Claro que los manejos de los entes y empresas del Estado, estaban en manos de capitostes del neoliberalismo, ultra privatistas por antonomasia e interesados en degradar y fundir todo lo estatal. El mecanismo de desorden financiero intencional se montó obligando a las Empresas del Estado vinculadas al Sector Energético, a endeudarse en el exterior, con la garantía patrimonial de dichas empresas…pero esas divisas no quedaban en las arcas de las propias empresas ni se reinvertían productivamente. ¡Eran transferidas al Tesoro Nacional, para enjugar los cuantiosos déficits que la desastrosa gestión de los personeros del neoliberalismo ocasionaba! En el período de Alfonsín, nada de ese ultra privatismo se revirtió, e incluso se profundizó, ralentizando la obra de Yacyretá y frenando la central nuclear Atucha 2, además de otras medidas tendientes a desguazar y hacer desaparecer por inanición al estratégico Sector Nuclear, todo eso bajo la negativa impronta del ultra privatista pro termoeléctrico Lapeña. Con el caos financiero consecuencia de esa política destructiva de endeudamiento patológico, en el período de exacerbación neoliberal que fue la década del menemato, esas Empresas o Entes Estatales de Energía fueron privatizadas por monedas, en muchos casos extranjerizadas, y en otros disueltas (como la emblemática Agua y Energía Eléctrica, perdiéndose muy valiosos datos técnicos acumulados en décadas de trabajo).
Después de la crisis terminal de 2001/2002, siguieron los doce años del peronismo kirchnerista, período en el cual se reestatizaron varios entes y empresas, entre ellas algunas del Sector Eléctrico, además de darse fuerte impulso al Sector Nuclear, y se terminaron dos grandes obras largamente postergadas, la central nuclear Atucha 2 y la hidroeléctrica Yacyretá, construyéndose además varias grandes centrales termoeléctricas de propiedad estatal.
No se reestatizaron otros entes, como las grandes distribuidoras de electricidad en la zona del AMBA, posiblemente ante la urgente necesidad de realizar muy fuertes inversiones en el postergado Sector Energético (como los más de 5.000 Km. de líneas de alta tensión, además de las precedentemente citadas, gasoductos y varias más). Siguieron luego los cuatro años de crudo neoliberalismo macrista, volviéndose a perniciosas “recetas” de paralizaciones de grandes obras y de medidas tendientes al desguace, como las perpetradas en el Sector Nuclear; malvendiéndose las nuevas centrales termoeléctricas y otras medidas muy negativas, como dejar la Secretaría de Energía en manos de un personero de la petrolera – gasífera holando – británica Shell, tildado de impresentable favoritismo a favor de la empresa de la cual fue (o es) alto ejecutivo e incluso accionista.
El mismo funcionario – ejecutivo de la transnacional petrolera, fue uno de los más férreos implementadores de los brutales tarifazos de los servicios públicos, mecánica con la cual transfirieron cuantiosas sumas pagadas por los sufridos usuarios de servicios públicos y consumidores de combustibles, que engrosaron desmedidamente las arcas de los amigos del poder propietarios o administradores de las empresas energéticas y otras de servicios públicos.
Esos tarifazos transformaron bienes y servicios esenciales en inauditos “artículos de lujo”, instalando la pobreza energética como genocida política de Estado. Tarifazos que se justificaron mediante audiencias públicas que poco o nada aclaran y nada solucionan, con incrementos siderales de 5.000 % o más.
Los estudios de costos parecieron brillar por sus ausencias. Esos tarifazos fueron muy superiores a las tasas de inflación, por lo que cabe suponer que no existen justificativos técnicamente bien fundamentados, para volver a aumentar las tarifas. Y los estudios de costos siguen siendo desconocidos o casi inaccesibles para el ciudadano de a pie. Ese estado de cosas, parece dar credibilidad a las opiniones vertidas por el Ing. Garbanz, cuya crítica opinión y su análisis tuvo difusión en las redes sociales…lo cual por lógica no sale en los grandes medios periodísticos concentrados.
Vierto estas opiniones desde la experiencia, pues tuve a mi cargo las auditorías y estudios de costos, de la empresa eléctrica provincial y las muchas cooperativas del servicio eléctrico de mi provincia, varios años ha; además de asesorar a una cooperativa de servicios públicos de una provincia vecina a la mía.
Además, claro está, que analizo este delicado tema, desde una clara postura consustanciada con el Pensamiento Nacional, en las antípodas del insensible y apátrida neoliberalismo.
