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Las tapas del jueves 27/9: Nuevo pacto con el Fondo, la banda de flotación del dólar y el presupuesto 2019

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A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. El anunció de Nicolás Dujovne junto a Christine Lagarde del nuevo acuerdo fue el tema de la jornada, marcada por temas económicos. En el país el ladero de Dujovne, Guido Sandleris ahora al frente del Banco Central confirmó lo anticipado la semana pasada de una banda de flotación del dólar.
Por su parte en el Congreso sigue el debate por el Presupuesto nacional, ayer fue el turno de Rogelio Frigerio, que trató de explicar porque las provincias deben hacerse cargo de los subsidios al transporte público y a la energía eléctrica. Su premisa es “que las provincias recibirán más fondos de la coparticipación” y por ello deben afrontar el costo de los subsidios interprovinciales.

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Presupuesto: Para Frigerio las provincias se harían cargo de la obra pública y transporte

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Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, habló en la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto del Presupuesto 2019. Uno de los temas centrales fue la cantidad de dinero que las provincias recibirían, en un contexto en el que hay descontento de los gobernadores por la eliminación del Fondo Sojero. El ministro asegura que recibirán aún más dinero que antes, pero también tendrán que administrar sus obras y hacerse cargo de más subsidios.
Frigerio utilizó la comparación con el gobierno anterior para intentar que las situación se vea mejor: “De la torta de recursos federales, las provincias recibían hasta diciembre del 2015 el 25%, mientras que hoy reciben el 33% y el año que viene van a recibir el 34%; es decir un 9% más del total de la torta de recursos”.
“Además, cuando uno analiza la participación de las provincias y de la Nación, excluyendo el sistema de seguridad social, hoy las provincias participan del 50%, cuando hace dos años y medio atrás participaban del 40%”, agregó.
Sin embargo, en las provincias hay disconformidad a partir de la eliminación del Fondo Sojero. Desde 2009, el “Fondo Federal Solidario” consistía en el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que eran repartidos entre las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo explicó el ministro: “El Fofeso (Fondo Sojero) representa 26.000 millones de pesos y la devolución del 15% para las provincias en 2019 representa 136.094 millones de pesos. Es decir, claramente lo que han recuperado las provincias de la mano de la restitución de los fondos que por derecho les corresponden a los gobiernos provinciales es varias veces superior al monto del Fofeso”.
> Energía: El Presupuesto 2019 contempla “213 mil millones de pesos destinados a subsidiar lo que está en la competencia del Gobierno nacional, que es la generación, el transporte y la distribución del gas y solamente la generación y el transporte de la energía eléctrica”. La distribución de la energía eléctrica está en manos de las provincias.
> Obra pública: “Cada jurisdicción de manera autónoma y respetando el federalismo va a ver qué hace con las obras en los municipios como corresponde”.
> Transporte: “Se prevé que a partir de enero de 2019 y en función de sus posibilidades, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad definirán las compensaciones tarifarias al transporte público de pasajeros automotor en sus respectivas jurisdicciones”.
Además, el ministro habló con la prensa y respaldó las negociaciones con el FMI. Según Frigerio, las condiciones necesarias para salir de la crisis son las siguientes:
> Acuerdo con el fondo para dar confianza.
> Tener un presupuesto que refleje el equilibrio de las cuentas públicas.
Con estos dos elementos, dijo que se retomaría la agenda de crecimiento y desarrollo.
También sostuvo que el nuevo acuerdo con el FMI “no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en discusión en el Presupuesto”.
Fue cuestionado por el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, sobre las previsiones en relación al dólar y a la inflación del año que viene ($40,1 y 23%, respectivamente). La respuesta de Frigerio: “Fuimos al FMI con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía y esto es lo que el FMI aceptó”.
Varios diputados reclamaron por la presencia del nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para que explique si se van a mantener las pautas marcadas e n el Presupuesto, a partir del nuevo acuerdo. Según Frigerio, no hay modificación alguna.
También fue cuestionada la “independencia” del Banco Central, a partir de la designación de una persona muy cercana al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “No es que el Banco Central de manera independiente fija algunas de la variables o pautas macroeconómicas de nuestro país; lo que tiene es independencia para cumplir los objetivos que fija siempre el presidente”, respondió Frigerio.

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El Gobierno dio marcha atrás en su intento de cortar subsidios al gas en Vaca Muerta

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Las petroleras que ya desembarcaron en Vaca Muerta y las que analizan hacerlo seguirán contando con el subsidio a la producción de gas no convencional que el Gobierno dispuso en el 2017 para, precisamente, promocionar las inversiones en la principal zona hidrocarburífera de la Argentina y una de las mayores del mundo.
La continuidad de estos fondos quedó asegurada para en el Presupuesto 2019 que el Gobierno enviará para su discusión en el Congreso con una partida de $28.700 millones o casi u$s700 millones, según el valor actual del dólar. Un monto que supera en $17.000 millones a los $10.738 millones establecidos para este año.
La partida figura en el anexo del Ministerio de Hacienda vinculado a la Secretaría de Energía bajo el título de “Subsidios a la oferta de gas natural”. El programa contempla las acciones destinadas al subsidio a la oferta de gas natural creado con el objetivo de estimular la producción de este insumo y cubrir las necesidades de acceso al combustible.
En este marco, el Gobierno decidió mantener vigente la Resolución 46/2017 creada por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, para establecer incentivos a la producción de gas no convencional que marcan un sendero de precios hasta el 2012 y que actuaron como disparadores de la producción en Vaca Muerta.
En concreto, el programa le otorga a las empresas un subsidio directo que cubre las diferencias entre el importe promedio del gas en el mercado y el precio estímulo fijado por el Estado. De esta forma, se le garantiza a los grupos petroleros ingresos competitivos al margen de las oscilaciones del mercado.
Por caso, este año el incentivo se ubica en los u$s7,50 por millón de BTU. Pero la norma establece que ese valor deberá ir cayendo a u$s7 en el 2019; a u$s6,50 en 2020 y a u$s6 en 2021.
Marcha atrás de Hacienda
Esta resolución había sido puesta bajo la lupa por los técnicos del Ministerio de Hacienda en el marco del plan de ajuste orientado a recortar gastos e incrementar ingresos que permitan alcanzar la meta de déficit cero impuesta por el Gobierno para el año próximo como parte del acuerdo de financiamiento con el FMI.
Se había llegado a la conclusión sobre la necesidad de renegociar el monto de esos subsidios o directamente eliminarlos sin haberse tenido en cuenta los millonarios montos ya invertidos y los ya comprometidos por los petroleros en la zona al calor de esta política de incentivos.
De hecho, el lunes pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, viajó a la ciudad norteamericana de Houston a “vender” Vaca Muerta entre inversores de ese país, promocionando las estrategias oficiales que han permitido hasta ahora grandes inversiones en esa área de la provincia de Neuquén, donde ya se extraen grandes volúmenes de gas no convencional.
Algunos empresarios petroleros le habían advertido ya al propio Iguacel y a otros funcionarios del Gobierno que el recorte de estos subsidios o su eliminación provocarían un preocupante freno en las inversiones y hasta posibles juicios contra el Estado por cambios en las reglas de juego de manera unilateral, entre otras críticas.
El más perjudicado por eventuales modificaciones a la Resolución 46/2017 sería el grupo Techint que, a través de su petrolera, lleva invertidos en la zona u$s1.400 millones y tiene otros u$s600 millones comprometidos en desarrollos futuros. Según una nota publicada la semana pasada en el diario Río Negro, Tecpetrol debe recibir u$s350 millones de subsidios este año y otros u$s650 millones en el 2019 con el precio del gas en torno a los u$s4 por millón de BTU.
En iguales condiciones se encontraban otras empresas como Capez, PAE, Total e YPF, que también preciben el incentivo y que se había mostrado preocupadas por una posible eliminación o reducción de esos beneficios.
Además de las empresas, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se había convertido en el abanderado de la defensa del subsidio y había hecho llegar un fuerte reclamo para que se mantengan al propio Dujovne.
De hecho, no viajó a Houston con Iguacel esta semana para mostrar su descontento con la posibilidad de que se recortaran esos incentivos que ahora el Gobierno decidió mantener, por lo menos por un año más.
El mandatario había advertido que 11 proyectos presentados para Vaca Muerta corrían peligro de no concretarse. Se trata de desarrollos que estaban esperando ingresar al programa de estímulo a la producción y que ya cuentan con el visto bueno de la provincia.
El caso más reciente es del de PAE que no se encuentra vinculado a la producción de gas sino a la de petróleo no convencional pero que, debido a la incertidumbre financiera y a las dudas por los cambios en las normas, también estaba en dudas.
Se trata de una concesión para explotar el área Coirón Amargo Sur Este y que representa una inversión de u$s120 millones en un lapso de cuatro años.
En función de los resultados que obtenga en la primera etapa, se estima que el desarrollo de la zona implicará inversiones por u$s1.200 millones para perforar casi 90 pozos.
Con esta concesión, la provincia ya suma 31 proyectos de shale y light no convencionales en etapa piloto por un total de u$S8.058 millones y 543 pozos, según un informe elaborado por la provincia de Neuquén.
En tanto, en las partidas para energía que el Presupuesto 2019 también elaboró se encuentran fondos orientados a sostener otros proyectos para el sector gasífero. Por caso, $256 millones que el Gobierno adeuda por el Plan Gas II, además de otros $2.923 millones por el Plan Gas III.
También pidió que la Secretaría de Energía de la Nación corrija la Resolución 46 que estructuró el nuevo Plan Gas y cuya “letra chica” les permitió a algunas operadoras elevar el superprecio del gas de Vaca Muerta hasta casi 8 dólares. El mandatario aseguró que el sendero de precios pautado en la normativa establecía un tope de 7,5 dólares por millón de BTU y que “no fue el espíritu” de la resolución pagar un valor por encima.

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El transporte de pasajeros en crisis: suspenderían frecuencias y empleados

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La reducción global de subsidios para achicar el gasto público, comenzó a impactar fuerte en el transporte público de pasajeros en Misiones. Los servicios urbanos de Posadas e interurbanos plantean que están afrontando uno de sus peores momentos, donde elijen suspender frecuencias y reducir personal para poder subsistir.
Desde el sector empresario advierten que el Estado “subsidia a los usuarios y no a las empresas” y alertaron que el sector está “al límite de sus posibilidades de operación”. Desde hace años la inflación viene empujando los costos en una escala que no puede ser trasladada a tarifas.
Para los empresarios las diferencias entre los costos reales y los formalmente reconocidos por el Estado, comienzan a impactar en la cadena de pago a proveedores e inclusive en la capacidad para afrontar las obligaciones salariales y previsionales
Por un lado el conflicto de las empresas del transporte urbano de pasajeros de Posadas, Garupá y Candelaria. Los empresarios nucleados en EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor), insisten en que a la fecha “la ecuación polinómica de costos arroja un boleto arriba de los 55 o 57 pesos”.
Quien confirmó este “defasaje tarifario” fue Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay y de Bencivenga. Quien explicó en Radio República que “todos los insumos están dolarizados, el combustible, los colectivos, las cubiertas, los salarios que se actualizan por inflación”.
Indicó que “todo eso es un cóctel que a diario impacta en la caja de las empresas”, por ello no pueden “sostener los servicios porque no les da”.  Consideró que “la gente necesita más y mejores servicios, pero para ello nos tienen que dar los costos o no podremos seguir trabajando”.
Afirmó que “siempre es castigado el empresario por el precio del boleto de colectivo. Pero nosotros damos trabajo a mucha gente y se nos hace imposible. Si no se hace una readecuación de tarifas se nos hace imposible mantener la actividad”, afirmó Skrabiuk.
“Nosotros no podemos seguir manteniendo el servicio, si trabajamos a perdida”, afirmó el empresario. Planteó que actualmente están un 70 por ciento desactualizados con el valor del boleto. Además planteó que hay un gran desconocimiento de que pasará con los subsidios hacia fin de año.
Explicó que actualmente reciben 17 pesos en concepto de subsidios por cada boleto, por lo que se mostró preocupado por quien afrontará ese valor si Nación avanza con la quita de subsidios. Indicó que de esos 17 pesos, 12 pesos corresponden a compensación de tarifas y otros 5 pesos por compensación de combustible.
“Tenemos que explicar que la situación actual no es sostenible la actividad, porque subieron los costos, baja la cantidad de usuarios y tenemos problemas con el Boleto Educativo sobre el cual pedimos más control”, indicó Skrabiuk. Alertó que “hay avivados que se inscriben en una carrera y luego no cursan, pero usan el boleto educativo y nosotros al encontrarnos con esto ya lo hemos denunciado”.

Otro de los focos de conflicto es el transporte de media distancia o interurbanos. Allí en el contexto de suba de costos y reducción de la demanda, las empresas hacen lo posible por reducir costos. Comenzaron por simplificar servicios, pero ahora anuncian reducción de frecuencias y alertan que de no mejorar la situación deberán reducir personal.
Desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap) se declaró el estado de crisis tras una asamblea. El titular de la Caemtap, Juan Manuel Fouce, confirmó que habrá despidos, reducción de frecuencias y eliminación de servicios en los municipios menos rentables.
“Ya se está hablando con el gremio y se está haciendo una planificación de quita de servicio y horario. Habrá despidos de mucha gente”, señaló Fouce.
La medida responde a la situación crítica que atraviesa el sector, según fundamentó Fouce, y en ese sentido enumeró la quita de subsidios por parte de Nación y el hecho de que la actualización tarifaria cedida por la Provincia no alcanza a cubrir las necesidades.
La reunión para definir el valor del toque de andén para la Terminal de Posadas (que marca el norte para las otras terminales de ómnibus de la provincia), aún no tiene definición. Desde el Municipio quieren volver a percibir el 3,5 por ciento que les corresponde y de esta forma el porcentaje que debe abonar cada unidad que ingresa pasa a ser del 17,25 por ciento. Los empresarios aún no han opinado sobre esta decisión.
Desde la Caemtap habían considerado (antes de la reunión) que el 13,75 por ciento actual que se paga por toque de andén en la Terminal de Posadas es “excesivo”, y más aún el 25 por ciento que se pagaba hace poco más de un mes. Ellos pedían pagar no más del 10 por ciento. Reclamaban una tasa “justificada” en el actual contexto económico.
La reunión entre las partes involucradas en la discusión sobre el precio del toque de andén en la terminal de Posadas concluyó este miércoles sin acuerdo, por lo cual pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.
El análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM arrojó un costo eventual de la tasa del 19,44%, por lo cual la concesionaria que es la empresa Itatí y Asociados pidió unos días para estudiar y hacer algunas aclaratorias. Al no haber un acuerdo se definió un nuevo cuarto intermedios hasta el próximo jueves 27, comentó el director de Transporte de la Municipalidad de Posadas, Iván Lambert.

Reunión del miércoles 19

 
 

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Subsidios al transporte: Misiones debería hacerse cargo de 871 millones de pesos

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El Estado financia el 60% del boleto en promedio, pero dejará de hacerlo en el marco de un plan de ajuste que permita el déficit cero el año próximo. Si Nación avanza con la quita de subsidios aumentaría fuertemente el boleto en todo el país
El Gobierno nacional le traspasará en 2019 a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el autotransporte público de pasajeros local por unos 60.630 millones de pesos, lo que podría determinar fuertes aumentos en las tarifas.
Según datos del ministerio de Transporte de la Nación, el Estado financia el 60 por ciento del boleto de colectivo en promedio en el país, por lo que la supresión de los subsidios en algunas jurisdicciones que no puedan pagarlo repercutirá en un aumento fuerte del precio del viaje para el pasajero.
En medio del ajuste fiscal, la gestión de Mauricio Macri le confirmó a los gobiernos provinciales que desde el año próximo tendrán que afrontar con recursos propios una parte del boleto de colectivos urbanos que actualmente subsidia la Nación.
Pero con la economía sumergida en una recesión y con los impuestos locales (como Ingresos Brutos y Sellos) en pleno descenso por la reforma tributaria impulsada por Cambiemos, no todos los gobiernos provinciales y municipales estarán en condición de afrontar el gasto extra.
Pasarles la responsabilidad a los gobernadores e intendentes fue una de las medidas que encontró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para avanzar hacia el déficit fiscal primario cero en 2019, en medio de un ajuste total que alcanza los 500.000 millones de pesos.
El anuncio de Dujovne significa que las provincias y municipios deberán afrontar un gasto global extra de 60.630 millones de pesos a partir del año que viene, aunque la crisis económica hace presuponer que gran parte de ese dinero se transferido a los usuarios a través del boleto.
Según datos de ejecución presupuestaria anualizados a junio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) demanda una inyección de 26.201 millones de pesos, lo cual representa el 43,26% del total de subsidios que la Nación viene pagando para el autotransporte de pasajeros.
A la provincia de Buenos Aires van 16.752 millones, el 27,61%; a Córdoba van 3.262 millones de pesos, el 5,38%; a Santa Fe se giran 2.705 millones, el 4,65% del total; y a Mendoza van 2.027 millones de pesos, lo que equivale al 3,34%.
A su vez, Tucumán recibe 1.735, lo que representa el 2,86% del total de subsidios; a Salta se envían 1.104, equivalentes al 1,82%; a Jujuy se giran 921 millones, el 1,52%; y a Misiones, 871 millones, el 1,44%.
La lista sigue con San Juan, que recibe 771 millones de pesos, o el 1,27% del total; Entre Ríos con 628 millones de pesos, o el 1,04%; Santiago del Estero, con 587 millones o el 0,97%; y Corrientes, con 510 millones de pesos, lo que representa el 0,84% del total.
Chaco, en tanto, recibe por año 506 millones de pesos, es decir, el 0,83% del total de subsidios; Chubut registra 382 millones, el 0,63%; Neuquén anota 360 millones, el 0,59%; San Luis con 335 millones, el 0,55%.
En última instancia están Río Negro con 303 millones de pesos, lo que equivale a 0,50%; Catamarca con 276 millones o el 0,45%; La Rioja con 127 millones, el 0,21%; Formosa con 101 millones, el 0,17%; La Pampa con 79 millones, el 0,13%; Santa Cruz con 49 millones, el 0,08%; y Tierra del Fuego con 38 millones, el 0,06% del total.

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