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El Gobierno actualiza tarifas eléctricas: nuevos precios mayoristas y subsidios diferenciados desde junio

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El Gobierno actualiza tarifas eléctricas para mantener la sustentabilidad del sistema: impacto en usuarios residenciales y grandes consumidores

A partir de junio se implementan nuevos precios estacionales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y Tierra del Fuego, con bonificaciones para sectores vulnerables y señales de reducción progresiva de subsidios.

La Secretaría de Energía oficializó, mediante la Resolución 226/2025, una nueva actualización de precios para la energía eléctrica, vigente entre el 1 de junio y el 31 de octubre. La medida alcanza tanto al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como al subsistema de Tierra del Fuego (MEMSTDF), con el objetivo de consolidar un sendero de precios que refleje costos reales y permita la viabilidad operativa de todo el ecosistema energético nacional.

La decisión, en línea con la política de reducción gradual de subsidios, responde a una instrucción del Ministerio de Economía que apunta a “mantener precios y tarifas en valores reales constantes y evitar el deterioro económico del sector”, tal como argumenta la norma en sus considerandos.

Precios diferenciados según usuario y franja horaria

En el MEM, el nuevo Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para usuarios generales se fijó en:

  • $65.177/MWh en hora pico,
  • $63.894/MWh en hora resto,
  • $62.880/MWh en hora valle.

El Precio de Referencia de la Potencia (POTREF) fue establecido en $5.643.440 por MW-mes.

En Tierra del Fuego, los valores son levemente superiores. En la DPE Ushuaia, el PEE varía entre $56.780 y $57.158 según la franja horaria, mientras que el POTREF se fija en $7.162.512 por MW-mes. En Río Grande, los precios energéticos se incrementan hasta $59.541/MWh en hora valle y el POTREF asciende a $8.282.888.

El esquema mantiene bonificaciones específicas para usuarios residenciales Niveles 2 y 3 (sectores de ingresos bajos y medios), conforme al Decreto 465/2024. Estos descuentos aplican dentro de determinados límites de consumo, superados los cuales se paga tarifa plena.

El resto de los segmentos —incluidos grandes usuarios, alumbrado público y residenciales de Nivel 1 (sin subsidio)— abonan la tarifa plena sin bonificaciones.

Reglas de juego para los distribuidores

Los valores establecidos serán utilizados por las distribuidoras y cooperativas para conformar los cuadros tarifarios aplicables en cada jurisdicción. Como parte del proceso de control, los volúmenes declarados de energía deberán ser validados por entes reguladores provinciales, lo que refuerza la transparencia y direccionamiento de los subsidios.

La actualización de tarifas se da en un contexto de fuerte presión fiscal y busca dar señales claras a inversores del sector energético. La política tarifaria procura converger hacia un esquema de costos reales, reduciendo paulatinamente los subsidios generalizados e incentivando el uso eficiente de la energía.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, firmó la resolución que establece estos nuevos parámetros, clave en la hoja de ruta fiscal del Gobierno y en su estrategia de consolidación macroeconómica.

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Subsidios energéticos cayeron 78% en abril y marcan el nivel más bajo en una década

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El ajuste en subsidios a la energía y transporte representa solo el 3,4% del gasto primario acumulado, muy por debajo del promedio de los últimos seis años. La cobertura tarifaria alcanza niveles inéditos para usuarios residenciales.

La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional tuvo en abril uno de sus principales pilares en el recorte de subsidios económicos, especialmente en los rubros de energía y transporte. Según datos oficiales procesados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), los subsidios energéticos se desplomaron un 78,1% interanual en términos reales, mientras que los destinados al transporte retrocedieron un 8,2%. El total de subsidios económicos cayó casi un 70% interanual, el nivel más bajo de los últimos 10 años.

Según el relevamiento del IIEP, los subsidios a la energía y el transporte representaron apenas el 3,4% del gasto primario de la Administración Nacional acumulado a marzo de 2025, mientras que entre 2018 y 2024 ese porcentaje promedió el 10,2%. Esta dinámica explicó el 9,4% del superávit fiscal primario de marzo.

“Los subsidios energéticos ya están en niveles más bajos que los registrados en el mejor momento del gobierno de Macri. Este año podrían cerrar en torno al 0,6% del PBI, el nivel más bajo en 15 años”, sostuvo Nicolás Gadano, economista de Empiria.

La consultora agregó que en el acumulado del primer cuatrimestre del año, los subsidios económicos cayeron un 47% interanual real, con una merma aún mayor en el caso de los energéticos, que bajaron un 66%.

Cambios sin reformas estructurales: segmentación y bonificaciones

A pesar de la fuerte baja en los fondos destinados a subsidiar el consumo energético, el esquema tarifario sigue replicando la estructura heredada, con segmentación en tres niveles de usuarios (N1, N2 y N3) y bonificaciones sobre los precios mayoristas de energía y gas.

“La estructura no ha cambiado. El Gobierno sigue subsidiando el precio mayorista y manteniendo la segmentación. Solo introdujo bonificaciones decrecientes”, explicó Julián Rojo, investigador del IIEP.

  • N1 (altos ingresos) paga la tarifa plena.
  • N2 (bajos ingresos) recibe bonificación sobre los primeros 350 kWh.
  • N3 (ingresos medios) recibe subsidio hasta los primeros 250 kWh.

Cobertura tarifaria: más usuarios pagan el costo real

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, fijó nuevos precios mayoristas mediante las Resoluciones 26, 36 y 110/2025. Como resultado, la cobertura de costos por parte de los usuarios se incrementó notablemente:

  • En energía eléctrica, los usuarios residenciales cubren el 63% del costo total, y el Estado aporta el 37% restante.
  • En gas natural por red, la cobertura del nivel N1 es del 88%, mientras que los niveles N2 y N3 pagan apenas el 23% y el 29%, respectivamente.

Cabe destacar que, debido a la estacionalidad, los subsidios al gas incluso subieron en abril respecto de marzo para los segmentos más vulnerables. En el caso del N2, pasaron del 70% al 77%, y en el N3, del 57% al 71%.

Subsidios al mínimo, pero sin reforma estructural

Pese a la magnitud del recorte, el Gobierno aún no ha instrumentado una reforma de fondo en el esquema de subsidios. La reducción se basa en bonificaciones decrecientes y mayor carga tarifaria sobre los usuarios, pero sin revisar los componentes estructurales ni actualizar los costos del servicio, una tarea pendiente desde la última revisión tarifaria formal de 2017.

“La baja del gasto en subsidios no implica un rediseño del sistema. El recorte responde a la decisión de reducir el esfuerzo estatal en la factura final, no a una política energética sustentable de largo plazo”, concluyó Rojo.

Con el superávit fiscal como norte, el Gobierno se apoya en el adelgazamiento del gasto en subsidios como herramienta clave para sostener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad social del nuevo esquema tarifario y su impacto distributivo, especialmente en el contexto de caída del poder adquisitivo y aumento de tarifas en hogares de ingresos medios y bajos.

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Fracasa una nueva audiencia entre la UTA y FATAP y se agrava el conflicto en el transporte del interior

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Una nueva audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), celebrada este miércoles de manera virtual, terminó sin acuerdo y con fuertes cruces entre las partes. En medio del conflicto por los salarios del transporte de pasajeros del interior del país, ambas delegaciones se acusaron mutuamente de incumplir las normas laborales y no hubo avances para destrabar la negociación paritaria.

Durante el encuentro, convocado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, FATAP pidió que se tomen medidas frente al paro realizado el martes 6 de mayo en el interior del país. Calificó la medida como “ilegítima”, denunció que se hizo “sin sustento legal” y solicitó que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria. También remarcó que el paro perjudicó a millones de usuarios y dejó a las empresas “en estado de indefensión y parálisis”.

En su descargo, FATAP planteó que la medida de fuerza fue intempestiva y que responde a un conflicto ajeno a su representación, centrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “La pérdida de ingresos ocasionada por el paro se suma a una caída de la demanda del 30% interanual, la proliferación del transporte informal y la eliminación del Fondo Compensador al Transporte”, alertó la federación empresaria.

Por su parte, la conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, rechazó “en todos sus términos” la acusación de ilegalidad. El gremio defendió su derecho a la protesta amparado en la Constitución Nacional y argumentó que FATAP no ha hecho ningún esfuerzo serio para alcanzar un acuerdo salarial. Según indicaron, la negociación comenzó formalmente en marzo, con varias audiencias y reprogramaciones, sin que los empresarios hayan presentado propuestas concretas.

“La patronal ha quebrado la paz social, y la medida de fuerza fue anunciada públicamente el 30 de abril. La negativa de la Secretaría de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria se interpreta como una negativa expresa a los pedidos empresariales”, sostuvo la UTA. Además, desmintió que el transporte urbano de pasajeros sea un “servicio esencial”, citando el criterio del Comité de Libertad Sindical de la OIT y la ley nacional 25.877.

En el cierre de la audiencia, el funcionario interviniente, Guido Arocco, anunció que el acta será elevada a la Superioridad para su análisis y resolución. También instó a ambas partes a continuar el diálogo directo “extremando esfuerzos” para preservar la paz social.

El conflicto en el transporte del interior persiste desde hace meses, con reclamos por atrasos salariales y falta de previsibilidad financiera. Sin un marco de subsidios claros y con la caída de la demanda, el sistema sigue en riesgo, mientras los usuarios enfrentan interrupciones del servicio.

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La CAF evalúa préstamo de USD 300 millones para fortalecer el programa Alimentar en Argentina

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La CAF aprobará en julio un préstamo de USD 300 millones para fortalecer el programa Alimentar en Argentina
El financiamiento busca asegurar que los beneficiarios cubran el 95% de la Canasta Básica Alimentaria, en línea con el acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI. Se suma a otros desembolsos que reforzaron reservas y programas sociales.

Refuerzo al programa Alimentar: CAF prepara nuevo desembolso para Argentina

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) evalúa aprobar en julio un préstamo por USD 300 millones para reforzar el programa Alimentar en Argentina, una herramienta clave de asistencia alimentaria destinada a familias en situación de vulnerabilidad. El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz-Granados, en el marco de una jornada en Brasilia.

Este nuevo financiamiento se enmarca en el compromiso del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de garantizar que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) accedan al 95% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que según datos del INDEC alcanzaba en marzo los $160.393.

Más de 4 millones de personas alcanzadas por el programa Alimentar

El programa Alimentar, reforzado tras la devaluación de diciembre de 2023, tiene como beneficiarios a madres y padres con hijos menores de 14 años, personas con discapacidad, embarazadas y madres con siete hijos o más que reciben pensiones no contributivas. La medida forma parte del paquete de políticas sociales implementadas por el presidente Javier Milei para mitigar los efectos de la crisis socioeconómica.

A marzo de este año, la cobertura del programa alcanzó el 95,1% del valor de la CBA, cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el FMI.

Recuperación social: mejora en los indicadores de pobreza e indigencia

Según datos oficiales, la pobreza al cierre de 2024 se ubicó en 38,1% de la población, mientras que la indigencia cayó al 8,2%, mostrando una mejora respecto al pico del primer semestre (18,1%). En términos absolutos, unas 6,9 millones de personas salieron de la pobreza y 4,64 millones dejaron de ser indigentes.

Apoyo multilateral y reservas fortalecidas

La CAF ya había desembolsado USD 400 millones en marzo para el mismo objetivo, y otorgó previamente préstamos puente por USD 1.000 millones en julio de 2023 y otros USD 960 millones en diciembre, tras la asunción del nuevo gobierno, que fueron clave para que Argentina cumpliera con compromisos ante el FMI.

El nuevo esquema cambiario implementado por el Ejecutivo se apalancó en divisas provenientes de organismos multilaterales. El FMI desembolsó USD 12.000 millones, el Banco Mundial otros USD 1.500 millones, y se espera que antes de finalizar 2025 lleguen otros USD 5.600 millones, incluidos USD 2.000 millones por una operación “repo” del Banco Central con bancos internacionales.

Díaz-Granados confirmó que la CAF continuará trabajando de forma coordinada con el FMI, el BID y el Banco Mundial para asistir financieramente al país.

Perspectivas: continuidad del apoyo y más fondos en camino

Antes de fin de año, se prevé que la Argentina reciba USD 2.100 millones adicionales de otros organismos multilaterales, a los que se sumarán los USD 300 millones en evaluación por parte de la CAF y otros USD 2.500 millones en distintos formatos de financiamiento.

El éxito de la implementación del programa Alimentar y la continuidad de estos desembolsos estarán sujetos al cumplimiento de los objetivos acordados con el FMI, especialmente en materia de sostenibilidad social y fiscal. El resultado de la revisión técnica del programa está previsto para junio, mes en el que podrían activarse nuevos desembolsos clave para mantener la estabilidad macroeconómica y la asistencia social.

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Superávit fiscal por tercer mes consecutivo: recorte de subsidios y baja de presión tributaria

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El Gobierno nacional cerró marzo con un superávit financiero de $398.909 millones, el tercero consecutivo en lo que va del año. Según el Ministerio de Economía, el sector público nacional acumuló en el primer trimestre un superávit primario de 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del Producto, consolidando el ancla fiscal del programa económico en un contexto de caída de la presión tributaria y recorte en subsidios.

Superávit financiero en marzo: el Gobierno consolidó equilibrio fiscal por tercer mes consecutivo

Cierre del primer trimestre con excedente: claves del resultado

De acuerdo con el informe oficial difundido por el Ministerio de Economía, en marzo el sector público nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $745.339 millones, mientras que los pagos netos de intereses totalizaron $346.430 millones, resultando en un superávit financiero de $398.909 millones.

Con este resultado, el primer trimestre cerró con superávit primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2%, en línea con el compromiso del Gobierno de mantener el equilibrio fiscal como pilar central de su estrategia económica. Cabe recordar que 2024 finalizó con el primer superávit financiero en 14 años, y el más alto desde 2008.

Menor presión tributaria y recorte del gasto: el trasfondo del equilibrio

El Ministerio destacó que el desempeño fiscal se logró a pesar de una menor presión tributaria, explicada por:

  • La expiración del Impuesto PAIS, que había representado 0,3% del PBI en el primer trimestre de 2024.
  • La reducción transitoria de retenciones a exportadores que liquiden divisas dentro de plazos estipulados.
  • La derogación de la suspensión de certificados de exclusión, que afectó la recaudación de IVA y Ganancias en el comercio exterior.

En este marco, el Gobierno implementó un ajuste fiscal adicional de 0,3% del PBI, que eleva la meta anual de superávit primario de 1,3% a 1,6% del PBI, reforzando el compromiso de austeridad asumido ante el Fondo Monetario Internacional.

Ingresos en alza, pero gastos controlados: cómo se logró el resultado

En marzo, los ingresos totales del SPN alcanzaron $9,47 billones, con una suba interanual de +54,8%, impulsados por:

  • Ganancias: +104,3%
  • Aportes y contribuciones a la seguridad social: +99,7%
  • Derechos de importación: +89,8%
  • Derechos de exportación: +78%
  • IVA neto: +59,4%
  • Débitos y créditos bancarios: +57%

En cuanto al gasto primario, totalizó $8,73 billones (+58,8% i.a.), donde se destacan:

  • Prestaciones sociales: $6,3 billones (+73%), impulsadas por la movilidad jubilatoria y la ayuda escolar.
  • Remuneraciones: $1,14 billones (+39,3%).
  • Transferencias corrientes al sector privado: +40,3%.
  • Transferencias al sector público: +35,3%.

El dato saliente fue la caída de los subsidios económicos, que se redujeron en 11,9% interanual. En detalle, los subsidios energéticos retrocedieron -53,1%, mientras que los destinados al transporte crecieron +114,7%, producto de las actualizaciones en la asistencia a tarifas regionales.

Cierre con impacto: Milei refuerza el sendero fiscal de cara al FMI

El resultado de marzo fortalece la narrativa oficial sobre el ajuste fiscal sin emisión, un eje discursivo clave de la gestión de Javier Milei. En un contexto de fuerte contracción del gasto real y transición hacia un esquema cambiario flexible, el cumplimiento de las metas con el FMI aparece como objetivo prioritario.

Con la cosecha gruesa en marcha y la liberalización del mercado cambiario en proceso, el Gobierno apunta a consolidar superávit sostenido, reconstituir reservas y volver a acceder al financiamiento voluntario en los mercados. La consistencia fiscal será determinante para sostener la estabilidad lograda en el frente cambiario y financiero.

El informe del Ministerio de Economía

Durante marzo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $398.909 millones, producto de un resultado primario de $745.339 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $346.430 millones.

Así, el SPN acumuló al tercer mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), para continuar consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.476.621 millones (+54,8% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +60,1% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+104,3% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+99,7% i.a.), Derechos de Importación (+89,8% i.a.) y Exportación (+78% i.a.), IVA neto de reintegros (+59,4% i.a.) y Débitos y Créditos (+57% i.a.).

Durante marzo, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $8.731.282 millones (+58,8% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.306.205 millones (+73,0% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, y de la ayuda escolar anual que se otorga habitualmente en el mes de marzo. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.147.470,3 millones (+39,3% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.033.494 millones (+39,6% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$771.584,6 millones (+40,3% i.a.). Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad en las asignaciones familiares, los programas de Política Alimentaria, y el Plan 1.000 días.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en marzo alcanzaron los $345.016 millones (+35,3% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $52.499 millones (-11,9% i.a.), donde los energéticos variaron -$163.914 millones (-53,1% i.a.), mientras que los destinados al transporte se incrementaron en +$119.314 millones (+114,7% i.a.).

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