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De la Sota: “La política de subsidios al transporte privilegia descaradamente al AMBA”

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La diputada le reclamó al Gobierno Nacional que “modifique su conducta discriminatoria y preste igual asistencia a todos los argentinos”

La diputada nacional Natalia De la Sota (Córdoba Federal) reiteró su contundente rechazo a la discriminación que ejerce el Gobierno nacional en la distribución de subsidios al transporte. La legisladora denuncia que esta política “privilegia descaradamente al AMBA en detrimento de las provincias” y profundiza las brechas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.

De la Sota expresó su profunda preocupación por esta situación a través de un proyecto de resolución parlamentaria donde plasma su “categórico rechazo” a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público del interior del país.

Un sistema desigual que hiere el federalismo

La diputada cordobesa criticó que mientras se castiga al interior del país, en el AMBA se incrementan los subsidios. Según De la Sota, esta medida configura un “trato desigual e injustificado” que viola flagrantemente el principio de federalismo.

Como ejemplo, la legisladora detalló que el municipio de Córdoba debió aportar 29 millones de pesos para sostener el servicio de transporte urbano a 700 pesos, con fondos provenientes de los contribuyentes locales. En contraste, en el AMBA el costo del mismo servicio es de 270 pesos y se financia con aportes “de todos los argentinos”.

Una “delicadísima situación” y un reclamo sin respuesta

De la Sota sostuvo que el servicio de transporte urbano de pasajeros en Argentina atraviesa una “delicadísima situación”, al borde del colapso debido a la falta de recursos provinciales y municipales y la imposibilidad de aumentar las tarifas.

También advirtió que esta situación se agrava aún más en el interior del país, donde el servicio es monomodal, a diferencia del AMBA que cuenta con una red multimodal que incluye subterráneos, trenes de cercanía y metrobuses, entre otros.

En declaraciones a medios de prensa, De la Sota enfatizó que desde todo el país se han elevado innumerables reclamos al Gobierno nacional, con propuestas concretas para que “modifique su conducta discriminatoria y preste igual asistencia a todos los argentinos”. Sin embargo, la legisladora lamenta que estas peticiones no han obtenido respuesta alguna, perpetuando la inequidad en la distribución de recursos.

El único voto en contra 

De la Sota, hija del fallecido ex Gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, fue la única legisladora oficialista cordobesa que votó en contra del proyecto de Ley de Bases en la Cámara de Diputados. Argumentó su voto negativo al sostener que el proyecto “agudiza las desigualdades, daña a las familias pobres y a la clase media, promueve menos derechos y solo ajusta al que trabaja”.

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Subsidios energéticos: ponen en marcha un período de transición para implementar un nuevo régimen tarifario

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El Gobierno puso en marcha un “Período de Transición” para implementar un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, mediante el Decreto 465/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez, busca contribuir al paso de un esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados para propiciar la puesta en funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE).

Los objetivos del nuevo esquema son: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.

En la argumentación del documento oficial, se expuso que “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.

Mientras que “en cambio, los subsidios focalizados buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.

Ante esto, el Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura”.

De esta manera, la Secretaría de Energía avanzará con la reducción de los subsidios para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), con el fin de “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”.

Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía”.

Las facultades de Energía durante el “Periodo de Transición”:

  • 1) Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas.
  • 2) Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
  • 3) Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
  • Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
  • Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
  • Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
  • Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
  • Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.
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Acuerdo en empresas de colectivos: a cuánto se irá el salario de un chofer en el AMBA

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Tras varias semanas de conflicto, se acordó un nuevo piso salarial. El Gobierno subirá los subsidios.

Finalmente, tras varias semanas de conflicto y negociaciones, se llegó a un acuerdo entre las empresas de colectivos y el sindicato de choferes, la UTA.

A partir de la audiencia entre Gobierno, cámaras empresarias y UTA, se llegó a un acuerdo y el básico de los choferes será en junio $1.000.000 y en julio $1.060.000. 

Además, el Gobierno actualizó la estructura de costos y por lo tanto aumentará los montos de subsidios otorgados.

El acuerdo su suscripto por el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA),  la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA), Mario Vacca, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Roberto Rodríguez, la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, y la Cámara del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), Fabio Ferreira.

Por ese acuerdo, a partir del 1° de JUNIO de 2024, se establece un salario básico conformado de PESOS UN MILLON ($1.000.000), proporcional al tiempo trabajado.

A partir del 1° de JULIO de 2024, se establece un salario básico conformado de PESOS UN MILLON SESENTA MIL ($1.060.000), proporcional al tiempo trabajado.

Las partes acuerdan que el rubro Viáticos/Reintegro de Gastos, por cada día efectivamente trabajado, será incrementado en los mismos porcentajes que el salario básico conformado fijado en el presente acuerdo.

Quedando por ello determinado el incremento en las siguientes sumas:
A.- A partir del 1° de JUNIO de 2024 en $ 5.720 (pesos cinco mil setecientos veinte). 
B.- A partir del 1° de JULIO de 2024 en $ 6.065 (pesos seis mil sesenta y cinco).

Las partes acuerdan el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, no regular ni habitual en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.241, a todo el personal con relación laboral vigente al 31 de mayo de 2024, de $250.000, para el personal de conducción, y en forma proporcional para cada una de las demás categorías convencionales y por los días efectivamente trabajados durante el mes de mayo 2024, que se pagará el día 15 de julio de 2024. 

Las partes asumen el compromiso de reunirse después del 15 de agosto y una vez que hubiera sido publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio a los fines de determinar el salario del mes de agosto.

Las partes acuerdan el pago de una asignación no remunerativa “a cuenta”, a todo el personal con relación laboral vigente al 31 de julio de 2024, de $100.000.

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Presidente de EUTA advierte sobre desafíos financieros en el transporte: compensaciones y tarifas en debate

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El presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Guillermo Leumann, expresó preocupación por la situación financiera del transporte en medio de la crisis nacional. En una entrevista posterior a la presentación de la empresa San José, Leumann destacó la necesidad de encontrar un equilibrio entre costos y rentabilidad para mantener la calidad del servicio.

Leumann señaló que la falta de compensaciones nacionales desde enero ha dejado a las provincias a cargo de cubrir los costos operativos del transporte. Esta situación, junto con la deuda pendiente del gobierno anterior con Misiones, ha generado un desafío adicional para las empresas del sector.

Además, Leumann destacó la complejidad de las medidas económicas adoptadas a nivel nacional, que han impactado en los costos operativos de las empresas de transporte. Ante este panorama, enfatizó la importancia de evaluar constantemente la rentabilidad de las empresas y su capacidad para cubrir los costos de explotación.

En cuanto a la Ley Bases y la coparticipación con las jurisdicciones provinciales, Leumann indicó que se espera una definición por parte del Senado. Sin embargo, advirtió que las empresas provinciales no están en condiciones de asumir los mismos bonos de actualización que se plantean para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dada la diferencia en las condiciones financieras.

Leumann destacó la importancia de encontrar soluciones que garanticen la viabilidad financiera del transporte en medio de la crisis nacional, asegurando la continuidad y mejora del servicio para los usuarios en las provincias argentinas.

La entrevista:

P – En lo que va del año ya hubo una inflación acumulada de cien por ciento. Y ¿cómo está el servicio de transporte en las diferentes empresas? ¿Cómo están en el tema tarifas en lo que es zona capital?
R – Bueno eh básicamente a la de la acomodación de los costos en función de las medidas que el Estado Nacional está adoptando desde la parte económica evidentemente hay una reestructuración de costos.

Evidentemente las medidas que está tomando el Estado Nacional, que son muy variadas y de todo tipo, algunas vinculadas estrictamente al transporte, otras vinculadas a la economía en general, van impactando fundamentalmente en el esquema de costos. Que es lo que nosotros con EUTA analizamos y evaluamos como para poder ver si en función de las utilidades que las empresas obtienen sea vía compensaciones o vía tarifa este resultan suficientes para poder cubrir los costos de explotación más obviamente un mínimo de rentabilidad por la actividad, que es lo que cualquier empresario pretende para que su empresa goce de buena salud.

Entonces, dentro de ese esquema, obviamente estamos empezando a transitar más allá. El Estado Nacional todavía no ha terminado de reacomodar su plan económico, digamos por las noticias que son de público y notorio conocimiento, lo que está pasando en este momento en el Congreso de la nación, con la Ley Bases, que ha obtenido media sanción, y toda la expectativa que está en este momento puesta en el Senado.

Con las jurisdicciones provinciales hay una definición sí muy clara del Estado Nacional en materia de transporte que ya ha indicado que va a dejar de compensar a los servicios de transporte del interior y que los servicios de transporte del interior van a cerrar exclusivamente con sus poderes concedentes locales, municipales o provinciales, pero ya no va a haber un acompañamiento por parte del Estado nacional en materia de subsidio de compensación.

De hecho, a Misiones nos están debiendo aún noviembre y diciembre del 2.023. Que es un saldo insoluto que quedó del anterior esquema, son fondos que ya están previstos, el servicio se prestó o sea está devengado pero todavía no lo hemos logrado cobrar y desde enero hasta acá el Estado Nacional directamente a eliminado todo tipo de ayuda al transporte del interior. Razón por la cual nos estamos sosteniendo en este momento con las compensaciones que nos da fundamentalmente el Estado provincial más la tarifa. Entonces de esa ecuación tiene que salir este un número que nos permita afrontar los costos y una rentabilidad como poder seguir invirtiendo en flota, en mejora y poder seguir expandiendo y desarrollando en nuestro caso el sistema integrado de transporte.

P – A nivel nacional el sindicato de choferes está pidiendo un incremento o que se incorpore un monto que en la paritaria anterior había sido netamente eh como un bono. Las empresas dentro de EUTA podrían absorber eso y pasar ese bono que se pagó en los primeros meses del año al sueldo
R – Nosotros estamos con un acuerdo paritario local, con un salario básico actual de 737.000 pesos. Que es lo último que tenemos negociado con el sindicato hasta acá. Lo que vos estás haciendo referencia básicamente tiene que con el acuerdo que está girando en el área metropolitana de Buenos Aires. Donde han firmado la semana pasada, no incorporación de esos doscientos cincuenta mil pesos al salario sino han vuelto a acordar dos sumas no remunerativas de doscientos cincuenta mil pesos, quinientos mil en total, pagaderas en mayo y junio. Pero no incorporadas a lo que sería su salario base.

Acá, no solamente en Posadas, en ninguna jurisdicción del interior con los actuales niveles tarifarios y de compensaciones que se están recibiendo por parte de las distintas autoridades de las jurisdicciones local estamos en condiciones de poder afrontar ese nivel o ese impacto salarial porque no tenemos con qué. Esa es la esa es la realidad.

De hecho ayer tuvimos reunión por Zoom con FATAP y la directiva que hemos dado a nuestro presidente es que en las actuales condiciones que estamos es imposible avanzar en una actualización salarial.

Porque entendíamos que estábamos con mucha indefinición en lo que tiene que ver con compensaciones por parte de los estados provinciales y las municipales por un lado y también estudiando un poco el tema tarifario. Si bien la tarifa debe ser reacomodada, somos conscientes que tiene una que tiene que haber una tarifa que el Estado pueda acompañar a los a los usuarios con menos posibilidad de poder afrontarla.

Esa es la dichosa compensación, que queremos que vaya a manos del usuario para que el usuario elija y pague su boleto. Y para el usuario que no tenga compensación sea una tarifa que esté en condiciones de poder pagar. No es solamente poner una tarifa, sino también tenemos que asegurar la accesibilidad al sistema de la gente que es la que debe utilizarlo.

P – Con respecto al esquema con seguridad vial ¿Con la seguridad cómo se va a trabajar?
R – Básicamente entendemos que tenemos que hacer mucha mucho hincapié en la capacitación. No solamente del personal, los choferes, sino también del resto de la comunidad.

O sea porque el transporte no solamente es el servicio público. Están los particulares. Los vehículos las motos, las bicicletas, es un conjunto donde tenemos que tratar de educar, de concientizar con normas básicas de seguridad y empezar a cumplirlas y a respetarlas.

P – Se incorporaron nuevos vehículos ahora eléctricos que no son ni bicicletas ni motos pero están también circulando en la vía pública
R – Bueno, todo eso requiere de una regulación y requiere de un orden. Básicamente comenzando por pensar en la seguridad de la persona que utiliza ese medio y se expone por ahí a un riesgo que desde mi punto de vista es innecesario en la medida que podamos desde el servicio de transporte urbano de pasajeros dar un salto de calidad y ser una opción a considerar. Porque ese tipo de vehículos no solamente a simple vista colocan a su usuario en una situación de mucha fragilidad, porque si llega a tocar con una moto, o un auto, ni hablar un vehículo mayor, es muy probable que esa persona salga muy gravemente herida.

Son elementos por ahí recreativos, muy vistosos, entretenidos, pero creo que son de un temor más recreativo que de uso diario para transportarse. La idea es que el servicio de transporte urbano sea la opción a elegir por calidad, por costo y obviamente por eficiencia que es donde tenemos puesto empeño por mejorar día a día.

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Vouchers educativos: el Gobierno publicó el reglamento y fijó requisitos, inscripción y fecha de pago

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El Ejecutivo confirmó que la prestación temporaria “se otorgarán en dos o en tres cuotas mensuales”.

El Gobierno dio a conocer este lunes el reglamento del programa de asistencia “Vouchers Educativos”, al aprobarlo y especificar que la prestación “se otorgarán en dos o en tres cuotas mensuales”, mediante la 90/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El plan fue lanzado por la Secretaría de Educación a mediados de marzo y consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El programa abarca a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, otorgándole el beneficio a quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años. El reglamento puntualizó que la prestación “será de carácter personal e intransferible”.

Requisitos y condiciones

  1. Los titulares de la responsabilidad parental de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  2. La suma del ingreso familiar no debe ser superior a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación del presente requisito. A tal efecto, se considerarán las pautas establecidas en el artículo 13 del presente Reglamento.
  3. Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma “Vouchers Educativos”.
  4. Los estudiantes alcanzados por el presente Programa deben poseer al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

Inscripción

La asistencia se otorgará a partir de una convocatoria pública y abierta, a la que podrán inscribirse todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. El período de inscripción tendrá lugar entre el 3 y el 30 de abril del 2024.

El reglamento estipuló que “la inscripción correspondiente deberá realizarse con el CUIL de alguno de los titulares de la responsabilidad parental del/ de los estudiantes” y aclaró que “sólo podrá inscribir a los estudiantes un responsable parental”, agregando que “en caso de que el CUIL del estudiante haya sido registrado en el Programa, se rechazará cualquier inscripción posterior con ese mismo CUIL”.

La solicitud de la asistencia deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma “Vouchers educativos” en el sitio oficial de la Secretaría de Educación.

Forma y fecha de pago

El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa. Para quienes resulten beneficiarios del plan, la liquidación de la prestación y su pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los beneficiarios de la prestación validados por las instituciones educativas hasta el 18 de abril recibirán un pago mensual en los meses de mayo, junio y julio. En cambio, quienes sean validados entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer pago junto con el segundo en junio y el pago restante en el mes de julio.

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