Transporte Aéreo

Argentina Ground Support obtuvo autorización para operar servicios de rampa

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La apertura del mercado de servicios aeroportuarios continúa sumando nuevos actores. El Gobierno nacional autorizó a la empresa Argentina Ground Support S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país, una decisión que se enmarca en la estrategia de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la administración nacional para incrementar la competencia en actividades que históricamente estuvieron concentradas.

La autorización fue oficializada mediante la Disposición 16/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez. La medida habilita a la firma a prestar servicios de asistencia en tierra, una actividad clave para la operatoria de las compañías aéreas.

La empresa había solicitado la autorización en el marco de las modificaciones introducidas por el Decreto 599/2024, que redefinió el régimen de acceso a los mercados aerocomerciales. Esa normativa amplió el esquema de autorizaciones para actividades vinculadas al transporte aéreo, incluyendo expresamente los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores privados.

Según surge de la disposición, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, emitió un dictamen técnico favorable sobre la solicitud. Asimismo, la firma acreditó los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico, además de cumplir con las exigencias regulatorias establecidas por la legislación vigente.

La autorización se encuadra además en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de permisos destinados a empresas de servicios de rampa. Ese régimen establece autorizaciones por un plazo de 15 años, con renovación automática siempre que los operadores mantengan los estándares exigidos en materia de seguridad operacional.

La asistencia en tierra comprende un conjunto de servicios indispensables para la actividad aeroportuaria, entre ellos la carga y descarga de equipajes y mercaderías, el remolque de aeronaves, el abastecimiento de equipos en plataforma y otras tareas logísticas que permiten la operación de los vuelos comerciales. La incorporación de nuevos prestadores busca ampliar la oferta disponible para las aerolíneas y reducir las barreras de acceso a este segmento del negocio aeroportuario.

Desde una perspectiva económica, la decisión consolida uno de los ejes de la política aerocomercial del Gobierno: sustituir un esquema de fuerte regulación por un modelo con mayor competencia entre operadores privados. La expectativa oficial es que el incremento de oferentes contribuya a mejorar la eficiencia de los servicios, generar inversiones en infraestructura operativa y reducir costos para las compañías aéreas, con potencial impacto sobre la conectividad y la competitividad del sistema aeroportuario argentino.

Con esta autorización, Argentina Ground Support se incorpora al universo de empresas habilitadas para competir en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria, en línea con la política de liberalización del transporte aéreo que el Ejecutivo viene implementando desde 2024.

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ANAC flexibiliza certificaciones aeronáuticas y habilita permisos provisorios para acelerar el ingreso de operadores

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio un nuevo paso en la agenda de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno nacional. Mediante la Resolución 436/2026, el organismo autorizó el otorgamiento de certificados provisorios para una amplia gama de actividades aeronáuticas cuando los únicos requisitos pendientes sean de carácter documental o administrativo y no comprometan la seguridad operacional.

La medida busca reducir los tiempos de ingreso al mercado de nuevos operadores, uno de los ejes centrales de la política aerocomercial vigente desde la aprobación del nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En la práctica, permitirá que empresas y organizaciones comiencen a operar mientras completan trámites accesorios, evitando demoras burocráticas que hasta ahora postergaban la emisión de habilitaciones definitivas.

El régimen alcanzará a los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), Certificados de Explotadores de Trabajo Aéreo (CETA), certificados digitales para operadores aeroportuarios y de rampa, centros de instrucción y entrenamiento aeronáutico, talleres aeronáuticos de reparación, reconocimientos de certificados extranjeros y dispositivos de simulación de vuelo, entre otros.

La resolución establece que los certificados podrán emitirse únicamente cuando los requisitos técnicos, operativos y de seguridad ya hayan sido acreditados por las áreas competentes de la ANAC. Los aspectos pendientes deberán limitarse a cuestiones consideradas no esenciales, como la acreditación del pago de aranceles, inscripciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), legalizaciones, apostillas, traducciones públicas o registraciones societarias.

No obstante, el organismo aclara que la enumeración no es taxativa y que cualquier duda respecto de una eventual afectación de la seguridad operacional deberá resolverse con criterio restrictivo, privilegiando siempre la protección de la actividad aérea.

Los certificados provisorios tendrán una vigencia máxima de 90 días corridos desde su emisión. Antes de su vencimiento, el interesado podrá solicitar una única prórroga por igual período, siempre que fundamente las razones que impiden completar la documentación requerida. En caso de no regularizar la situación dentro de esos plazos, la autorización caducará automáticamente.

Como parte del nuevo esquema, la ANAC también instruyó a sus dependencias técnicas a incorporar de oficio la documentación que ya obre en poder del Estado, evitando exigir nuevamente certificados de matrícula, aeronavegabilidad, licencias del personal aeronáutico, certificaciones médicas, antecedentes operativos, contratos de utilización de aeronaves u otra información disponible en bases oficiales. La disposición se apoya en el principio de eficiencia burocrática incorporado a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prohíbe requerir al administrado documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Pública.

Desde el punto de vista regulatorio, la resolución se inscribe en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordenó revisar y eliminar normas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para el sector productivo. También se articula con las modificaciones introducidas durante el último año para liberalizar el mercado aerocomercial, fortalecer el gobierno digital y agilizar los procedimientos administrativos.

Para la industria, el impacto potencial es significativo. La posibilidad de obtener habilitaciones provisorias reduce tiempos de espera para nuevas líneas aéreas, empresas de trabajo aéreo, centros de capacitación y talleres aeronáuticos, acelerando proyectos de inversión y ampliando la oferta de servicios sin resignar los controles técnicos que exige la seguridad operacional.

En un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la competencia y mejorar la conectividad federal, la resolución procura equilibrar dos objetivos estratégicos: mantener los estándares internacionales de seguridad aérea y eliminar barreras administrativas que históricamente demoraban el ingreso de nuevos actores al mercado. El resultado esperado es un sistema regulatorio más ágil, apoyado en procesos digitales y con menor carga burocrática, capaz de responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad aeronáutica.

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Flybondi agrava su crisis: lleva más de una semana sin volar y ya canceló más del 20% de sus vuelos en 2026

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La crisis de Flybondi ingresó en una nueva etapa de deterioro. La aerolínea de bajo costo lleva más de una semana sin operar con normalidad en el país, canceló la totalidad de los vuelos previstos para el fin de semana largo y extendió hasta el 30 de septiembre la suspensión de pilotos y tripulantes de cabina, en un contexto marcado por graves problemas financieros y operativos.

Según datos de la plataforma Failbondi, entre el 2 y el 10 de julio la empresa canceló más de 125 vuelos, muy por encima de las menos de 25 cancelaciones que, en conjunto, registraron Aerolíneas Argentinas y JetSmart durante el mismo período. Solo entre el jueves feriado y el viernes fueron suspendidos 28 servicios.

En un comunicado interno dirigido a pilotos y tripulantes, Flybondi informó que profundizará su plan de reorganización como respuesta a la crisis operativa iniciada a comienzos de julio. La medida dispone la suspensión del personal de vuelo y de cabina desde el 7 de julio hasta el 30 de septiembre, aunque los trabajadores podrán ser convocados de manera temporal si la compañía logra reactivar parte de sus operaciones.

La empresa sostuvo que las decisiones adoptadas son “esenciales para revertir la situación actual y asegurar la continuidad de la compañía”.

Un año con récord de cancelaciones

Los indicadores operativos muestran el alcance de la crisis. En lo que va de 2026, Flybondi canceló 2.081 de los 10.204 vuelos programados, lo que equivale a más del 20% de toda su operación.

A ese dato se suma un desempeño muy por debajo del resto del mercado: apenas el 26,6% de los vuelos despegó en horario y el retraso promedio alcanzó los 131 minutos.

La reducción de la flota también refleja la magnitud del problema. Mientras que a comienzos de año la empresa operaba con cerca de 20 aeronaves, hace dos meses disponía de solo tres y actualmente mantiene apenas un avión en servicio.

Deudas, conflictos y presión judicial

La compañía enfrenta además serias dificultades financieras derivadas de contratos impagos con empresas arrendadoras de aeronaves y conflictos con proveedores de combustible, entre ellos YPF.

El escenario se completa con denuncias judiciales, un pedido de quiebra promovido por un hotel que reclama deudas por el alojamiento de pasajeros afectados por reprogramaciones y reclamos de otros proveedores vinculados a la operación.

En paralelo, distintas provincias aplicaron multas millonarias por incumplimientos con los usuarios, mientras la Secretaría de Transporte mantiene bajo seguimiento la comercialización de pasajes para vuelos que posteriormente son cancelados.

El panorama configura una de las mayores crisis que atraviesa Flybondi desde su creación y una de las paralizaciones más severas del mercado aerocomercial argentino desde la pandemia.

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Flybondi enfrenta una crisis financiera y operativa: un pedido de quiebra, embargos y una flota reducida

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La aerolínea de bajo costo Flybondi enfrenta una profunda crisis financiera y operativa que amenaza con comprometer su continuidad. A los problemas de puntualidad y cancelaciones registrados durante el último año se suman ahora un pedido judicial de quiebra, embargos por deudas impagas y una drástica reducción de su flota operativa, mientras crecen los interrogantes sobre la capacidad de la empresa para sostener sus operaciones.

La situación se agravó en las últimas semanas con la salida de varios ejecutivos de primera línea, entre ellos la CEO Paz Lovisolo, el Chief Commercial Officer Federico Pastore y la gerenta de Asuntos Corporativos y Comunicación Externa, Lucía Ginzo. Las desvinculaciones se producen en un contexto en el que la compañía también habría desactivado su área de prensa, reduciendo al mínimo su comunicación institucional.

El frente judicial más complejo fue abierto por el Hotel Presidente de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó la quiebra de Flybondi ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 por una deuda superior a los 660 millones de pesos.

El reclamo comprende 49 facturas impagas correspondientes a servicios de alojamiento y utilización de salones para las tripulaciones de la aerolínea, emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

Aunque el juez Guillermo Pesaresi rechazó inicialmente el pedido por cuestiones formales vinculadas a las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, el expediente continúa en trámite y podría avanzar una vez subsanadas esas observaciones.

Embargos y cuentas sin fondos

El pedido de quiebra para la aerolínea que llegó a la Argentina en 2018 de la mano de Mauricio Macri y su política de cielos abiertos, llega después de otra demanda iniciada por la empresa de transporte Manuel Tienda León, que reclamó judicialmente el cobro de más de 122 millones de pesos por servicios impagos.

En esa causa, la Justicia autorizó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Flybondi. Sin embargo, según la publicación periodística, los abogados de la empresa demandante encontraron que las cuentas presentaban saldos mínimos o insuficientes para cubrir la deuda.

Ese escenario de iliquidez habría impulsado al Hotel Presidente a avanzar con la solicitud de quiebra como última instancia para intentar recuperar los montos adeudados.

Una operación sostenida con apenas dos aviones

La crisis financiera también impacta directamente sobre la operación diaria.

De acuerdo con la información publicada por Perfil, Flybondi pasó de contar con una flota cercana a 15 aeronaves a operar actualmente con solo dos Boeing 737-800, identificados con las matrículas LV-KDQ y LV-KJD.

El resto de los aviones permanece fuera de servicio debido a deudas con empresas de leasing, que estiman obligaciones impagas cercanas a los 25 millones de dólares.

A ello se agregan aproximadamente 5,5 millones de dólares adeudados a talleres especializados en mantenimiento pesado ubicados en México, que retendrían aeronaves hasta tanto se cancelen los pagos pendientes.

También habría problemas para cargar combustible

Otro de los aspectos que preocupa al mercado es la continuidad operativa de los vuelos.

Según fuentes citadas por Perfil, YPF habría suspendido el crédito comercial para el suministro de combustible debido a retrasos en los pagos de la aerolínea. De confirmarse, la medida representaría una nueva complicación para una empresa que ya opera con una capacidad muy limitada.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial de la petrolera ni de Flybondi sobre esa situación.

Cancelaciones récord y fuerte pérdida de mercado

Los problemas financieros coinciden con un marcado deterioro de los indicadores operativos.

Datos de la consultora Adventus, citados por Perfil, muestran que entre junio de 2025 y mayo de 2026 la compañía acumuló más de 2.500 vuelos cancelados, afectando a unos 350.000 pasajeros.

Solo durante mayo de este año, Flybondi habría registrado una puntualidad del 26,64%, mientras que casi el 47% de los vuelos programados fueron cancelados.

En el mismo período, su principal competidora, JetSMART, alcanzó una puntualidad superior al 90% y una tasa de cancelaciones inferior al 0,5%.

La pérdida de confiabilidad también se habría reflejado en su participación de mercado, que según el informe cayó del 25% al 6% en pocos meses.

Expectativa sobre el futuro de la compañía

El escenario plantea crecientes interrogantes dentro del sector aerocomercial.

Además de las causas judiciales, las deudas con proveedores internacionales y la reducción de la flota, el mercado sigue de cerca la posibilidad de que la empresa avance hacia un proceso formal de reestructuración de pasivos.

Hasta el cierre de la edición citada, ni Flybondi ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían brindado explicaciones públicas sobre la situación financiera de la compañía.

Mientras tanto, el futuro inmediato de la aerolínea permanece bajo observación, con dudas sobre su capacidad para sostener la programación de vuelos en los próximos meses y evitar un eventual concurso preventivo o una profundización de la crisis.

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Habilitan a Aerowise para prestar servicios de rampa y operaciones

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La autorización otorgada a Aerowise S.A.S. amplía el universo de prestadores aeroportuarios bajo el esquema de desregulación del mercado aerocomercial. Para las economías regionales, la incorporación de nuevos operadores puede traducirse en una mayor competencia en servicios clave para la logística aérea y la conectividad.

El Ministerio de Economía autorizó a Aerowise S.A.S. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en la Argentina, una actividad estratégica para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos y el movimiento de pasajeros y cargas. La habilitación, oficializada mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se enmarca en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional desde 2024.

La decisión no implica la incorporación de una nueva aerolínea sino de un proveedor de infraestructura y asistencia en tierra, un segmento históricamente concentrado y determinante para la eficiencia operativa de las terminales aéreas.

Un mercado que suma nuevos jugadores

La autorización fue concedida luego de que la empresa acreditara los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por el Código Aeronáutico y recibiera dictámenes favorables de las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El régimen vigente, reglamentado mediante el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, establece que estas autorizaciones tienen una vigencia de 15 años, con renovación automática condicionada al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

El objetivo oficial es ampliar la competencia en un segmento esencial para el transporte aéreo, donde las empresas de rampa realizan tareas como asistencia a aeronaves durante las operaciones en tierra. Carga y descarga de equipajes y mercaderías. Servicios operacionales en plataforma. Apoyo logístico para vuelos de pasajeros y carga.

Estas actividades inciden directamente sobre los tiempos de rotación de las aeronaves, los costos operativos de las compañías aéreas y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria.

Qué impacto puede tener para las economías regionales

La incorporación de nuevos prestadores cobra relevancia para provincias cuya competitividad depende cada vez más de la conectividad aérea y del transporte de productos de alto valor agregado.

En el NEA, donde los aeropuertos cumplen un rol creciente para el turismo, la exportación de productos perecederos y la movilidad empresarial, una mayor oferta de servicios aeroportuarios puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la disponibilidad de servicios para las compañías que operan o proyectan nuevas rutas.

Aunque la disposición no modifica las condiciones comerciales de los aeropuertos ni garantiza reducciones inmediatas de tarifas, sí profundiza un esquema de competencia que busca eliminar barreras de ingreso para nuevos operadores privados.

La estrategia oficial de desregulación

La autorización a Aerowise se inscribe dentro del proceso de liberalización del mercado aerocomercial iniciado durante la actual gestión, que reemplazó un sistema con mayores restricciones administrativas por un régimen basado en autorizaciones sujetas al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad.

El nuevo modelo separa con mayor claridad dos funciones: por un lado, el acceso al mercado para prestar servicios; por otro, la fiscalización permanente de la seguridad operacional, responsabilidad que continúa bajo la órbita de la ANAC.

Para el sector privado, esta diferenciación reduce incertidumbre regulatoria y facilita la incorporación de inversiones en actividades complementarias al transporte aéreo.

La medida introduce algunos elementos relevantes para operadores aeroportuarios y empresas vinculadas a la logística Aerowise S.A.S. queda habilitada para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años, renovable automáticamente si mantiene los estándares exigidos. La empresa acreditó solvencia técnica y financiera, conforme al Código Aeronáutico. El Gobierno continúa ampliando la competencia en actividades auxiliares del transporte aéreo.

La apertura del mercado de servicios de rampa será relevante en la medida en que logre traducirse en mayor competencia efectiva dentro de los aeropuertos argentinos. Para las provincias del NEA, donde la conectividad aérea es un factor de competitividad para el turismo, el comercio y las exportaciones, la incorporación de nuevos operadores puede mejorar la eficiencia logística. El desafío será verificar si esta mayor oferta termina reflejándose en menores costos operativos para las aerolíneas y, en consecuencia, en una red aérea más dinámica para las economías regionales.

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