Milei transfiere a la Secretaría de Transporte el control sobre contratos ferroviarios
El Poder Ejecutivo modificó el Decreto 1027/2018 y transfirió a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía la potestad para renegociar los contratos de concesión ferroviaria. La medida se da en el marco de la emergencia ferroviaria y busca agilizar decisiones clave sobre la infraestructura del sistema nacional.
Reorganización en plena emergencia ferroviaria
A través del Decreto 478/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dispuso sustituir el artículo 2° del Decreto 1027/2018, que hasta ahora delegaba al entonces Ministerio de Transporte las competencias previstas en el artículo 3° de la Ley 27.132. Esta norma habilita al Poder Ejecutivo a reasumir la administración de la infraestructura ferroviaria y renegociar concesiones vigentes con las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca.
Ahora, la Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, será la responsable de avanzar con esas adecuaciones, en medio de la reestructuración impulsada bajo el paraguas de la emergencia ferroviaria dispuesta por los decretos 525 y 526 de junio de 2024.
Qué aspectos deberá renegociar el Gobierno
Según el nuevo artículo 2° del decreto, la Secretaría deberá analizar y definir:
- La extensión de los contratos, hasta un máximo de 10 años.
- El régimen de inversiones a cumplir por las concesionarias.
- Reembolsos por mantenimiento de terceros en la red ferroviaria.
- Reglas para la ejecución de obras por parte de terceros.
- La asignación de material rodante durante la vigencia contractual.
- La administración de accesos a puertos por parte de la empresa estatal ADIF.
Concesiones prorrogadas y control en manos del Estado
Las concesiones de NCA, Ferrosur y Ferroexpreso tienen plazos vigentes que fueron prorrogados por resoluciones del Ministerio de Economía. Algunas vencen entre junio de 2025 y abril de 2026. Mientras se desarrolla el proceso de adecuación contractual, el Estado mantiene la operación ferroviaria bajo supervisión directa y busca garantizar la continuidad de los servicios.
El Gobierno declaró en 2024 la emergencia pública ferroviaria por 24 meses, con el objetivo de priorizar inversiones y garantizar la seguridad operativa. Esta medida abarca toda la red ferroviaria nacional, incluso cuando las operaciones estén concesionadas a privados.
La reestructuración del sistema ferroviario representa un capítulo central en la estrategia del Ejecutivo para reordenar sectores clave de infraestructura. Aunque aún no se ha definido si habrá nuevas licitaciones o se avanzará con estatización plena, la transferencia de facultades a Transporte permite al Ejecutivo acelerar definiciones en un sector estratégico para las economías regionales.
