En un hecho que marcaría un hito en la justicia tucumana, la Cámara Federal de Tucumán procesó a cuatro empresarios que dirigieron el ingenio La Fronterita. En este establecimiento, el Ejército montó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó antes durante la última dictadura militar.
Con esta resolución se espera que, por primera vez en la provincia, se analice la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad a través de un juicio oral.
Esta causa fue una de las tantas que padecieron y resistencias características en los casos enfocados en el aporte de civiles y empresarios a crímenes de terrorismo de Estado. Ya en el año 2019, el juez Daniel Bejas había dictado falta de méritos, algo que fue confirmado por la Cámara de Tucumán.
No obstante, el 29 de diciembre del 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó la decisión y ordenó dictar un nuevo fallo. Tras esta resolución de la Casación, los camaristas Juan Carlos Reynaga, Mario Rodolfo Leal y José Camilo Quiroga Uriburu dictaron el procesamiento de Jorge Alberto Figueroa Minetti (que ofició como administrador y presidente de la firma), José Minetti y Cia (que controlaba el ingenio) y de los integrantes del directorio Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos.
Los cuatro empresarios fueron procesados por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio.
La Cámara dio por acreditado que el ingenio prestó sus instalaciones para que se instalara una base militar y para que funcionara allí un centro clandestino, aportó la logística, autorizó la circulación de los uniformados en todo el predio, proveyó vehículos para los secuestros y dio información a los militares para determinar los blancos de la represión clandestina.
El procesamiento fue calificado como un “valioso avance en la consolidación del proceso de Verdad, Memoria y Justicia en nuestro país” por la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
Después de esta resolución, debería iniciarse el trámite para que los cuatro se sienten en el banquillo. “Es un paso más que nos acerca al juicio oral”, celebró el fiscal Pablo Camuña en diálogo con Página/12.
La represión en el ingenio
Con la implementación del Operativo Independencia en febrero de 1975, se instaló una base militar en las instalaciones de la empresa José Minetti y Cia, dueña del ingenio La Fronterita. La ocupación militar se extendió por lo menos durante cuatro años y provocó una honda transformación al interior de la empresa azucarera.
La fuerza de tareas “Rayo” del Ejército fue la responsable de la represión en esa zona cercana a Famaillá. El Ejército se asentó, en un primer momento, en un sector conocido como “los conventillos”, que era el lugar donde se alojaban los obreros temporarios durante la zafra.
Para ceder el espacio a los militares, la empresa relocalizó a estos trabajadores. Después, según los testimonios recolectados por la fiscalía, se pudo determinar que el ingenio construyó unas casas prefabricadas para que se asentaran los integrantes de las fuerzas armadas en la zona que se conoce como “Tambo” o “Laguna”.
En esta causa, se investiga lo sucedido con 68 víctimas. De ellas, 43 trabajaban en el ingenio; 31 vivían en las colonias que rodeaban al predio; diez fueron secuestradas camino al trabajo; diez fueron secuestradas en el retén que estaba en las inmediaciones del ingenio; diez eran integrantes del gremio del ingenio y ocho fueron secuestradas con vehículos de la empresa.
Los años de la ocupación militar, el control, los secuestros, las torturas, las violaciones y los asesinatos provocaron, a través del terror, una transformación de las relaciones sociales y de producción en el lugar.
Entre 1975 y 1982, se redujo en un 62 por ciento la planta laboral de la empresa sin que hubiera algún conflicto laboral. El dato es relevante porque, antes del Operativo Independencia, se había registrado una alta conflictividad. Sin embargo, tras la represión, la empresa logró despedir a 800 personas en seis años sin que se registrara una reacción organizada.
En ese ínterin, la compañía aumentó su productividad en un 30 por ciento, se convirtió en la segunda empresa más importante de la provincia y adquirió otro ingenio, el Bella Vista, a precio vil, según reconstruyó la fiscalía.
El rol de los empresarios
El caso del ingenio La Fronterita es emblema de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, como quedó establecido en el informe que, a finales de 2015, publicaron el Ministerio de Justicia, FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que actúa como amicus en esta causa–.
El avance que se registró en este expediente coincide también con la revitalización de la causa por la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y el exadministrador Alberto Lemos.
El viernes pasado, Blaquier y Lemos finalmente fueron elevados a juicio oral en una de las dos causas que tienen por los secuestros ocurridos en la provincia de Jujuy durante el año del golpe. La reactivación se produjo después de que la Corte Suprema revocara, después de seis años la falta de mérito con que la Casación había beneficiado a los dos empresarios.
En algún tiempo volverá a la Corte el caso de los hermanos Julio y Emilio Méndez, absueltos recientemente por la Casación en el caso del secuestro y homicidio del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de la cementera Loma Negra.
El tribunal entendió, siguiendo un estándar establecido por la propia Corte para el caso, que no estaba acreditado que los Méndez supieran que su quinta de Tandil estuviera siendo usada como un centro clandestino donde estuvo cautivo Moreno.
En otro caso emblemático, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación viene reclamando que la Sala II de la Cámara Federal de Casación confirme las condenas por los crímenes cometidos en la planta de la empresa Ford.
