La UE evalúa activar su “bazuca comercial” ante la amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia
La escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea volvió a ganar intensidad luego de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles adicionales contra ocho países europeos en represalia por su rechazo a la pretensión estadounidense sobre Groenlandia. Ante este escenario, Francia pidió formalmente a la UE activar el Instrumento Anticoerción Económica (ACI), conocido como la “bazuca comercial”, una herramienta aprobada en 2023 para responder a presiones externas que afecten la soberanía económica y política del bloque. La medida abre un frente de alto impacto económico, comercial e institucional en una relación bilateral que mueve más de US$1,8 billones al año.
La advertencia estadounidense no sólo reavivó el debate sobre la autonomía estratégica europea, sino que colocó al comercio internacional y a la estabilidad de las relaciones transatlánticas en el centro de la agenda política global, con posibles consecuencias sobre inversiones, cadenas de valor y flujos financieros.
Aranceles, Groenlandia y un conflicto que escala
El detonante del conflicto fue el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 10% a los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, porcentaje que se elevaría al 25% a partir de junio, condicionado a que Dinamarca acepte vender Groenlandia a Estados Unidos.
“¡La paz mundial está en juego! China quiere Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, en un mensaje que generó fuerte rechazo en Europa. La decisión fue comunicada pocos días después de que estos países enviaran una misión militar conjunta a Groenlandia para reforzar la seguridad del territorio.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió con dureza: “Europa no se dejará chantajear”. En la misma línea, los gobiernos afectados iniciaron contactos diplomáticos con Washington y expresaron su disposición a dialogar “sobre la base de los principios de soberanía e integridad territorial”. Sin embargo, el tono del conflicto marcó un punto de inflexión.
En ese contexto, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de “inaceptable” la amenaza arancelaria y solicitó a sus pares europeos avanzar con la activación del Instrumento Anticoerción Económica, una señal de que la UE evalúa pasar del diálogo a la disuasión efectiva.
Qué es el Instrumento Anticoerción Económica y cómo funciona
El ACI fue aprobado por la Unión Europea en 2023 como una herramienta de defensa frente a presiones externas. Según el Parlamento Europeo, su objetivo central es disuadir a terceros países de ejercer medidas coercitivas contra los intereses de la UE o de alguno de sus Estados miembros, y, en última instancia, permitir la aplicación de contramedidas.
El instrumento autoriza a la UE a adoptar una amplia gama de medidas retaliatorias, entre ellas:
- Imposición de aranceles adicionales a productos importados.
- Restricciones al comercio de servicios.
- Limitaciones al acceso a la inversión extranjera directa.
- Exclusión de empresas extranjeras de licitaciones públicas en los 27 Estados miembro.
- Restricciones a la compra de acciones, al financiamiento público o privado y a la participación en contratos estatales.
Además, el ACI habilita a exigir una “reparación” económica al país que ejerza coerción comercial o financiera.
Tras la aprobación de la normativa, el eurodiputado alemán Bernd Lange sostuvo: “Este instrumento nos permite reaccionar rápidamente ante la presión de otros países. Ahora tenemos una amplia gama de contramedidas para defender la soberanía de la Unión”. Si bien el diseño del ACI es esencialmente disuasorio, su activación marcaría un giro significativo en la política comercial europea.
Antecedentes, comercio bilateral y el dilema político
El ACI comenzó a gestarse tras la primera presidencia de Trump, período atravesado por fricciones comerciales entre Washington y Bruselas. Sin embargo, el episodio que aceleró su aprobación fue el conflicto entre China y Lituania en 2021, cuando Pekín impuso restricciones comerciales luego de que el país báltico fortaleciera sus vínculos con Taiwán. En aquel caso, la UE argumentó que la coerción comercial no está contemplada en los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que justificó la creación de una herramienta específica.
La magnitud del actual conflicto explica la cautela europea. En 2023, el comercio de bienes y servicios entre la UE y EE.UU. superó los US$1,8 billones, con intercambios diarios cercanos a US$5.000 millones, según la Comisión Europea. En bienes, la UE registró un superávit superior a US$170.000 millones, mientras que en servicios EE.UU. obtuvo un saldo favorable de casi US$120.000 millones.
En julio pasado, ambas partes habían alcanzado un acuerdo para reducir aranceles del 25% al 15%, a cambio de inversiones europeas por miles de millones de dólares en el sector industrial y de defensa estadounidense. La posibilidad de que este pacto quede congelado ahora aparece como una de las principales consecuencias del conflicto.
Mientras Macron y otros líderes presionan para avanzar con el ACI, algunos gobiernos llaman a la prudencia. El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, recordó que el instrumento “está sobre la mesa”, pero pidió agotar la vía diplomática. En el mismo sentido, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store advirtió: “Debemos ser muy cuidadosos para no entrar en una guerra comercial que se salga de control”.
Los embajadores de los 27 países de la UE tenían previsto reunirse de emergencia para analizar la situación y definir los próximos pasos, en un escenario donde la activación de la “bazuca comercial” podría redefinir la relación transatlántica y sentar un precedente clave en la política comercial global.
