UNIVERSIDADES

Garrahan y Universidades: con voto misionero, Diputados rechazó los vetos de Milei

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La Cámara de Diputados volvió a marcar distancia con el Poder Ejecutivo al rechazar este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, el Congreso insistió en la sanción de la norma que declara la emergencia de la salud pediátrica en el país y garantiza el sostenimiento del emblemático hospital. El proyecto deberá volver al Senado, donde el oficialismo tiene pocas posibilidades de revertir el resultado.

La jornada estuvo atravesada por una masiva movilización frente al Congreso, con miles de manifestantes en defensa de la educación y la salud públicas. El quórum se logró con el aporte de bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal y la UCR. Acompañaron la insistencia los cuatro diputados renovadores misioneros: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik.

Los diputados del bloque misionerista votaron en contra de los vetos de Milei.

El gobernador Hugo Passalacqua fue uno de los primeros en celebrar el voto de los diputados misioneristas: “Celebro con enorme alegría la decisión de nuestras diputadas y diputados nacionales de alzar la voz en favor del Hospital Pediátrico Garrahan y, como docente de la querida UNaM, particularmente también me llena de orgullo su respaldo a la universidad pública. La salud y el futuro se honran votando a favor de Misiones y de la Argentina. ¡Felicitaciones!”. Antes, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, había pedido que los diputados misioneros votaran en contra de los vetos, tal como sucedió.

En el caso de la emergencia pediátrica, además de los diputados renovadores, votó a favor de la insistencia Emanuel Bianchetti, del PRO, mientras que el radical con peluca Martín Arjol decidió votar en contra del financiamiento del Garrahan. La puertista Florencia Klipauka, hasta ahora fiel aliada del Gobierno, eligió ausentarse.

Por otro lado, en el caso de la ley de financiamiento universitario, la Renovación votó en contra del veto y se sumó Arjol, El radical evitó votar en contra de su propia historia familiar. En este caso, el macrista Bianchetti y Klipauka se ausentaron.

Seis diputados que fueron parte de La Libertad Avanza votaron en contra del veto de Javier Milei. También hubo media docena de legisladores del Pro que avalaron la insistencia.

La norma aprobada declara por un año la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, a raíz de la grave situación que atraviesa el sistema. Reconoce al Garrahan como hospital de referencia nacional y ordena asignar de manera prioritaria recursos para su funcionamiento pleno.

Incluye la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que había modificado el régimen de residencias médicas, y establece la recomposición inmediata de salarios para el personal de salud pediátrica y residentes, con equiparación a los niveles reales de noviembre de 2023. Además, exime del pago de Ganancias a los profesionales en actividades críticas, guardias y horas extras.

Otro artículo habilita al Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar reservas para contingencias sanitarias. También crea una comisión de seguimiento integrada por diputados, senadores, autoridades sanitarias y la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre la implementación.

El reclamo surgió en 2024, cuando los trabajadores del Garrahan realizaron el primer paro desde el inicio del gobierno libertario. En el último año, más de 200 profesionales renunciaron por las condiciones salariales y laborales. La ley busca frenar esa sangría y garantizar la continuidad de servicios de alta complejidad como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugías cardiacas.

Los argumentos del Gobierno

El veto de Milei, publicado el 11 de septiembre mediante el decreto 651/25, sostuvo que la norma “no tiene financiamiento genuino, fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en su implementación, distorsiona salarios y compromete la coparticipación federal”. El Poder Ejecutivo advirtió que el proyecto implica “un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal de la Nación y las provincias”.

La votación de este miércoles ratifica la debilidad parlamentaria del oficialismo, que no pudo evitar la conformación de una mayoría amplia en defensa de dos pilares centrales: educación y salud públicas. Ahora, el Senado será el que defina la suerte definitiva de las leyes. Con el antecedente de agosto y la falta de números propios, todo indica que Milei sufrirá un nuevo revés institucional en la Cámara alta.

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Los rectores rechazaron el Presupuesto 2026 y advirtieron que “consolida el ajuste universitario”

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El Presidente adelantó que se les asignará $4,8 billones a las universidades nacionales. Las autoridades universitarias reclaman que se eleve a $7,3 billones.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas de todo el país, rechazó el proyecto de ley de Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei. “Consolida el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, sostuvieron.

Milei adelantó que se les asignará $4,8 billones a las casas de altos estudios, pero las autoridades universitarias reclaman que se eleven los fondos para garantizar el funcionamiento de las facultades.

La crítica de los rectores se da en la previa a la marcha federal en rechazo al veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Para el CIN, los fondos que contempla el Presupuesto 2026 “implica anualizar lo percibido a diciembre de 2025″. “Queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema, remarcaron los rectores.

“El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, concluyeron.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostiene que el Presupuesto presentado por el Gobierno “amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”. Y solicitaron que los legisladores ratifiquen la Ley de Financiamiento “para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026″.

Por su parte, este miércoles 17 de septiembre se realizará la tercera Marcha Federal Universitaria. En paralelo, Diputados tratará el rechazo al veto de Javier Milei contra la ley de Financiamiento.

La convocatoria a las 17 frente al Congreso. A las 18 comenzará el acto central. Participará el CIN, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU histórica, FATUN y UDA. También contará con la presencia de la CGT.

El reclamo de las universidades: qué le exigen al Gobierno para el 2026

De acuerdo a los cálculos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el monto que necesitan las universidades para el 2026 totaliza en $7,32 billones.

Según las autoridades de las casas de altos estudios, esa cifra “actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023” y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.

En tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a implementar este lunes un plan de restricción de gastos operativos. Las medidas abarcan desde la prohibición de uso calefacción o aires acondicionados hasta la restricción de programas de extensión universitaria o investigación. Sólo los hospitales universitarios quedan excluidos.

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Universidades, pediatría y DNU: Diputados tratará los vetos presidenciales en una sesión clave el 17 de septiembre

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La oposición logró convocar para el 17 de septiembre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que incluye el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, además de la creación de comisiones investigadoras y la reforma del régimen de DNU. La discusión promete un fuerte impacto político y movilizaciones en la calle.

Los vetos que tensaron la relación entre el Congreso y la Casa Rosada

El detonante de la convocatoria fue la decisión del presidente Javier Milei de vetar dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso:

  • Ley de financiamiento universitario: establecía la actualización automática de fondos por inflación para universidades nacionales y ordenaba la reapertura de paritarias docentes.
  • Ley de emergencia pediátrica: buscaba fortalecer el sistema hospitalario infantil y recomponer los ingresos de médicos y trabajadores de la salud.

El Poder Ejecutivo argumentó que ambas medidas implicaban un “costo fiscal excesivo” que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los vetos encendieron la reacción de rectores, sindicatos docentes y pediatras, que este viernes marcharon a Plaza de Mayo y anticiparon nuevas movilizaciones para el día de la sesión.

El temario: pedidos de informes, comisiones investigadoras y límites a los DNU

La sesión especial no se limitará al rechazo de los vetos. El temario, impulsado por la oposición, incluye puntos sensibles para el Gobierno:

  • Pedidos de informes a Karina Milei y Mario Lugones: por audios que los vinculan con presuntas coimas y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y autoridades del área por supuestas irregularidades en prestaciones sociales.
  • Creación de comisiones investigadoras: sobre la comercialización de fentanilo contaminado y las responsabilidades de la ANMAT en su fiscalización.
  • Reforma del régimen de DNU: proyectos para limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia y reforzar el rol del Congreso.
  • Transformación institucional de organismos nacionales como el INA y el INPRES, además de reformas en políticas vinculadas a discapacidad y programas de salud.

El oficialismo buscará frenar la avanzada opositora apelando a sus aliados estratégicos y con la promesa de paliativos presupuestarios en el Presupuesto 2026. En paralelo, gobernadores peronistas y radicales presionan por recursos para las provincias y podrían ser decisivos en la votación.

Para revertir los vetos, la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario complejo en el que el respaldo de diputados provinciales será determinante.

Más allá del resultado, la sesión del 17 de septiembre se perfila como un hito político que pondrá en juego la capacidad de negociación del Gobierno, el peso del federalismo en el Congreso y la resistencia social frente a los recortes en educación y salud.

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Educación e inteligencia artificial: el Banco Mundial advierte sobre los desafíos en América Latina

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La inteligencia artificial (IA) ya está transformando la educación superior en América Latina y el Caribe, con aplicaciones que mejoran el aprendizaje, apoyan la investigación y optimizan la gestión institucional. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que su adopción en la región sigue siendo fragmentada, limitada por brechas digitales, baja innovación local y desafíos éticos.

El informe “La revolución de la IA en la Educación Superior. Lo que hay que saber” (2025), elaborado por Ezequiel Molina y Exequiel Medina para el Banco Mundial, expone cómo la masificación del sistema universitario en la región —que pasó de 7,4 millones de estudiantes en 1990 a más de 31 millones en 2023, según UNESCO— enfrenta hoy una encrucijada: garantizar calidad, equidad y eficiencia en un contexto de limitados recursos públicos.

La IA aparece como una herramienta capaz de cerrar brechas de aprendizaje, personalizar trayectorias académicas y reducir costos administrativos, pero con riesgos asociados. El documento señala que América Latina solo aporta el 0,21% de las patentes globales en IA, lo que refleja una débil capacidad de innovación propia.

Además, persisten desigualdades estructurales: solo el 24% de los estudiantes de los quintiles más bajos accedía a la universidad en 2012, y cerca del 50% abandona durante el primer año de cursada, según datos de la CEPAL y del Banco Mundial.

La masificación de la educación superior y la irrupción de la IA

El Banco Mundial clasifica las aplicaciones de la IA en tres áreas principales:

  • Estudiantes: tutores virtuales y plataformas de aprendizaje adaptativo que ajustan contenido y ritmo en tiempo real. Estudios de Harvard y Stanford muestran que los alumnos que utilizan tutores IA aprenden más del doble en menos tiempo y a costos reducidos de hasta 20 dólares anuales por tutor.
  • Docentes: herramientas de evaluación automática y apoyo a la investigación. Un 61% de los profesores encuestados ya usó IA en su enseñanza, pero un 83% expresó preocupación sobre la capacidad de los alumnos para evaluar críticamente sus resultados, y un 80% señaló falta de guías institucionales claras.
  • Instituciones: algoritmos de predicción para identificar estudiantes en riesgo, mejorar procesos de admisión y asignación de recursos. En Chile, un sistema de IA redujo en 20% los errores de asignación de cupos y mejoró un 38% las opciones de alumnos mal emparejados.

El reporte también alerta sobre los retos de infraestructura y conectividad en zonas rurales y advierte que, sin políticas sólidas, las herramientas de IA pueden amplificar desigualdades educativas existentes.

El documento, coordinado por la Práctica Global de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, subraya que la IA no debe reemplazar al criterio humano, sino complementar la docencia e investigación.

Entre los desafíos se destacan:

  • Ética y privacidad de datos: necesidad de marcos regulatorios transparentes y de protección de información estudiantil.
  • Equidad digital: acceso a banda ancha y dispositivos adecuados.
  • Capacitación docente: programas de formación y retención de talento académico.

Las repercusiones económicas y sociales son directas. Una adopción efectiva de la IA podría mejorar la movilidad social al facilitar trayectorias universitarias más exitosas, pero también tensiona a las instituciones con menores recursos y amenaza con profundizar la segmentación educativa si no hay inversión pública y cooperación multisectorial.

Un futuro condicionado por la gobernanza de la IA

El Banco Mundial sostiene que la región debe avanzar hacia un enfoque colaborativo entre gobiernos, universidades y sector privado para impulsar la innovación en IA y garantizar un acceso inclusivo.

La clave será equilibrar nivel de actividad, equidad digital y gobernanza ética. En palabras del informe: “El futuro de la Educación Superior está siendo remodelado por la IA, y las decisiones que se tomen hoy determinarán si esta transformación conduce a una mayor inclusión y oportunidades de aprendizaje para todos”.

Revolución de la IA en Educación Superior by CristianMilciades

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El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez

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El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.

El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.

Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC

La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
  • Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
  • Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
  • Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
  • Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.

La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.

Fundamentos y debate político

Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.

El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.

El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.

La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.

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