Uruguay

El cambio climático convierte a Uruguay en productor de yerba

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Ramiro Barreiro (Dialogue Earth). Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara -un tipo de caña de bambú- y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar.

Hoy en día, esta hojade la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.

Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchada, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, todos son cultores de esta bebida, y en estos países el mate es un clásico para el trabajo en equipo, en jornadas de trabajo o estudio, charlas cruciales y también banales, y como presentación ante extranjeros, que suelen acceder a probar este extraño brebaje verde con desconfianza.

Su gran popularidad también contribuye a impulsar una industria que genera más de 2.000 millones de dólares al año. Más allá de la infusión tradicional, la yerba mate se utiliza cada vez más en bebidas energéticas, cosméticos, barritas de cereales, helados y vermú, entre otros productos.

Sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático traen consigo desafíos y transformaciones en la agricultura en este rincón de América del Sur, el panorama de la producción de yerba mate, actualmente dividida entre Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, también podría estar a punto de cambiar.

En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente 10 kg por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.

Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y se mantendrán estables o hasta aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria.

El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.

En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste.

Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.

En la actualidad Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.

“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte a Dialogue Earth Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.

En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.

El proyecto de Ambá

La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha -a unos 300 metros sobre el nivel del mar- donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate.

Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.

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Empleados empaquetan yerba mate en grandes bolsas en una plantación de Misiones, Argentina. El país es actualmente el líder en superficie cultivada de yerba mate, mientras que los proyectos en Uruguay son en su mayoría de pequeña escala (Imagen: Jason Rothe / Alamy)

El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.

Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.

La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran el vivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.

Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición.

“Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá.

El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba y, como es de prever, todo sucede al ritmo del mate.

Una historia de silvicultura y ganadería

Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, por lo que se poda para facilitar la recolección de las ramas.

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Arbustos de yerba mate plantados en una granja finca en Brasil. En estado silvestre, los arbustos se convierten en árboles que pueden alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, pero en las plantaciones se podan para facilitar la recolección de las ramas (Imagen: Adilson Sochodolak / Alamy)

La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm. Además, es reacia a la luz solar directa.

Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.

Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua —“morador del bosque” en guaraní—, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas.

Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.

“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.

La silvicultura se ha convertido en una importante actividad económica y un sector exportador para Uruguay, con aproximadamente el 6% de su superficie dedicada a monocultivos de eucalipto y pino, lo que genera preocupación por el impacto ambiental.

dos vacas en una pastura
Ganado Angus en la finca Rincón del Sauce, en el departamento de Florida, en el sur de Uruguay. Los árboles de yerba mate del país desaparecieron debido a factores como el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por el gusto de las vacas por las hojas amargas de yerba, señala el ingeniero agrícola Raúl Nin (Imagen: Pablo Bielli / Dialogue Earth)

Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.

Regeneración

Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.

“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi.

La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.

“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma. 

Un informe del INYM al que Dialogue Earth tuvo acceso relevó condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas.

“Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.

La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas”, sostiene.

La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.

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Uruguay bajo la lupa del FMI, resiliencia económica y necesidad de consolidación fiscal

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su misión del Artículo IV en Uruguay, realizada entre el 8 y el 19 de septiembre de 2025, y presentó un balance preliminar que subraya la solidez macroeconómica del país frente a un contexto global incierto, aunque advierte sobre el aumento del déficit fiscal proyectado en 2025. La evaluación, liderada por Raphael Espinoza, reconoce la estabilidad del sistema financiero, la baja inflación y las abundantes reservas, pero plantea desafíos en materia de sostenibilidad fiscal y reformas estructurales.

La declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2025

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el Sr. Raphael Espinoza, visitó Montevideo del 8 al 19 de septiembre para la realización de la consulta del Artículo IV de 2025. Al final de la visita, la misión emitió la siguiente declaración:

Contexto y coyuntura económica

La economía uruguaya sigue siendo resiliente en medio de la creciente incertidumbre mundial. Tras una grave sequía en 2023, la producción agrícola creció significativamente en 2024, sustentando el crecimiento en torno al potencial y contribuyendo a reducir el déficit de cuenta corriente a -1 por ciento del PIB. La apreciación significativa en términos reales de la moneda argentina también contribuyó a mejorar la posición externa en 2024 y aumentó los ingresos de turismo a comienzos de 2025. Con la brecha del producto cerrándose, la tasa de desempleo ha disminuido y los salarios reales están creciendo en línea con la productividad. El déficit fiscal del gobierno central, incluida la seguridad social (GC-BPS) aumentó en 2024 a 3,2 por ciento del PIB, lo que obligó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Las reservas internacionales son abundantes y alcanzaron un nivel equivalente a 11 meses y medio de importaciones a fines de agosto de 2025.

La inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del Banco Central del Uruguay (BCU) durante más de dos años. El fortalecimiento global del dólar y la incertidumbre en torno al referéndum sobre la reforma jubilatoria contribuyeron a una depreciación del peso a fines del 2024, lo cual generó un aumento de la inflación. Esto motivó al BCU a subir tres veces la tasa de política monetaria. En 2025, tras el debilitamiento global del dólar, con la apreciación del peso y una caída de las expectativas de inflación, la inflación se redujo a 4,2 por ciento en agosto, por debajo de la meta del BCU, lo que justificó recortes de tasas en julio y agosto.

La incertidumbre en torno a la política comercial mundial ha tenido hasta ahora un impacto macroeconómico directo limitado. Esto se debe a las relaciones comerciales diversificadas de Uruguay y a su fuerte dependencia a las materias primas, cuyos precios se han mantenido estables. Uruguay mantiene un acceso favorable a los mercados financieros, respaldado por calificaciones crediticias de grado de inversión y spreads soberanos en mínimos históricos, actualmente los más bajos de la región.

Un nuevo gobierno asumió el cargo en marzo, con una agenda que busca equilibrar el crecimiento inclusivo con la estabilidad macroeconómica. La agenda prioriza el crecimiento económico sostenible, impulsado por la inversión privada y la mejora de la competitividad, al tiempo que amplía la protección social y se compromete con la prudencia fiscal y la baja inflación. En julio, el gobierno emitió nuevos lineamientos para la ronda regular de negociaciones salariales de dos años de duración, con el fin de impulsar los salarios de los trabajadores de ingresos bajos y contribuir a la desindexación. 

Perspectivas y Riesgos

Se prevé que el crecimiento se modere en 2025. 
Se espera un crecimiento de 2,5 por ciento en 2025 y 2,4 por ciento en 2026, impulsado por la recuperación de los salarios reales tras la pandemia y menor incertidumbre interna. Se espera que la inflación se consolide en torno a la meta de 4,5 por ciento, lo que permitiría al BCU contemplar una relajación gradual de la política monetaria si el contexto interno y las expectativas inflacionarias lo permiten. Se prevé que el déficit de cuenta corriente aumente levemente a 1,7 por ciento del PIB a mediano plazo, en línea con los fundamentos económicos.

Los riesgos macroeconómicos están equilibrados. Los escenarios negativos se derivan del entorno internacional, que está sujeto a shocks de política comercial y de precios de materias primas, de la incertidumbre regional, y de shocks climáticos. Las amplias reservas de liquidez, los largos plazos de vencimiento de la deuda, las condiciones favorables de endeudamiento y una creciente proporción de emisiones de deuda interna limitan los riesgos fiscales a corto plazo. Los riesgos sistémicos permanecen contenidos, debido a un ratio crédito/PIB bajo, amplia liquidez y capitalización bancaria, abundantes reservas de divisas y un nexo soberano-bancario limitado. Los escenarios positivos incluyen altos rendimientos agrícolas, precios favorables de las materias primas, nuevos acuerdos comerciales, oportunidades de ganar mercados y atraer inversiones, y efectos mayores a lo previsto de las reformas estructurales.

Políticas de estabilidad y crecimiento

Política fiscal

Se prevé que el déficit fiscal aumente en 2025 debido a la inercia fiscal. Dado que las opciones de política fiscal están limitadas por el calendario de transición de gobierno y las rigideces del gasto, se proyecta que el déficit del GC-BPS aumente a 4,1 por ciento del PIB en 2025 (3,7 si se incluyen los cuarentones), es decir, 0,9 puntos porcentuales por encima del déficit de 2024. Según la nueva administración, este aumento proyectado se debe principalmente a la postergación de gastos del año 2024, a pagos anticipados de impuestos, y a nuevos gastos comprometidos en los últimos años. Esta inercia hace que la posición fiscal sea ligeramente procíclica en 2025, dentro de un contexto de una brecha del producto casi cerrada.

El proyecto de ley de presupuesto quinquenal tiene por objeto reducir el déficit y estabilizar la deuda a mediano plazo por debajo de una nueva ancla de deuda prudencial. Contempla un aumento permanente del gasto e inversión social, que se financiará con un aumento gradual de los ingresos mediante la modernización y mayor eficiencia de la administración tributaria, la lucha contra el fraude fiscal, la implementación del impuesto mínimo global, y la racionalización de determinados impuestos. Estos esfuerzos contribuirían a mejorar el saldo primario estructural del GC-BPS, de -1,5 por ciento del PIB en 2025 y 2026 a 0,1 por ciento del PIB en 2029. La deuda neta se estabilizaría debajo de la nueva ancla prudencial, en torno al 63 por ciento del PIB frente al 58 por ciento del PIB en 2024. Este ajuste está sujeto a riesgos derivados del entorno macroeconómico y del contexto impositivo internacional, de demoras en la ejecución, y de presiones de gasto en el futuro. Se recomiendan más esfuerzos para situar la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente a mediano plazo, subiendo gradualmente el saldo primario del GC-BPS hasta alrededor de 1/2 por ciento del PIB en 2029. Entre las opciones que existen están reducir los incentivos fiscales, moderar el gasto salarial y mejorar la eficiencia de los gastos.

La propuesta de reforma de la institucionalidad fiscal ayudará a consolidar los avances recientes en materia de credibilidad y promoverá la disciplina fiscal. Las mejoras, que están en línea con recomendaciones anteriores del FMI, incluyen metas vinculantes de la regla fiscal ancladas a un nivel prudencial de deuda neta sobre PIB, mecanismos correctivos sobre las desviaciones, y una mayor autonomía y un mandato ampliado del Consejo Fiscal. La puesta en marcha adecuada de esta reforma y el cumplimiento de las metas serán importantes para obtener los beneficios reputacionales esperados. Se prevé que el diálogo social sobre protección y seguridad social culmine con propuestas en abril de 2026, y será importante que cualquier propuesta de reforma sea coherente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del gasto social.

Política monetaria

El nombramiento del primer Presidente del BCU sin afiliación política marca un avance en la independencia de facto del banco central. Fundamental para la estrategia de desinflación ha sido el compromiso de llevar la inflación a la meta de 4,5 por ciento, respaldado por una política monetaria contractiva y una mejor comunicación del banco central, así como por el presupuesto y los lineamientos del gobierno para la negociación colectiva.

La política monetaria ha sido apropiadamente contractiva. Con expectativas de inflación más bajas, la tasa real de interés está por encima de la tasa neutral. Esto, junto con la apreciación del peso, ha ayudado a bajar la inflación. Las recientes reducciones de la tasa de política monetaria se justifican por una disminución de la inflación y de sus expectativas. Seguir destacando en las comunicaciones públicas que la meta de inflación es de 4,5 por ciento con un rango de tolerancia debería continuar ayudando a anclar las expectativas.

El BCU mejoró significativamente su marco de política monetaria, incluyendo su comunicación, pero esfuerzos adicionales podrían fortalecer aún más su credibilidad. El tipo de cambio debe seguir absorbiendo los shocks, y las intervenciones cambiarias deben utilizarse únicamente para responder a condiciones de mercado desordenadas. Para mejorar la transmisión de la política monetaria y fortalecer el sector financiero, el BCU comenzó a reformar su estrategia de desdolarización. Una primera propuesta de ley se centra en incrementar la competencia en el mercado de depósitos en moneda local. Para alinear la independencia de jure del BCU con la de otros bancos centrales de la región y así fortalecer aún más su credibilidad, se recomienda que la designación de los miembros del Directorio siga las mejores prácticas internacionales, incluyendo la designación por períodos fijos que no coincidan con el ciclo electoral.

Sector financiero

El sistema bancario está bien capitalizado, tiene alta liquidez, y es rentable. Los bancos uruguayos mantienen ratios de capital que casi duplican el requisito regulatorio mínimo, con una rentabilidad sólida y un bajo nivel de morosidad respaldado por provisiones adecuadas. Si bien la dolarización amplifica los riesgos de crédito y liquidez en divisas, estos riesgos están atenuados por un bajo nivel de endeudamiento de los hogares, una deuda empresarial moderada y con cobertura de riesgos, y abundantes reservas de divisas. La intermediación financiera sigue siendo baja, ya que el crédito privado representa solo un 31 por ciento del PIB, aunque ha aumentado 10 por ciento del PIB desde 2010. Los riesgos para la estabilidad financiera relacionados con la vivienda son bajos, debido a que el mercado de viviendas residenciales es relativamente pequeño y los precios son estables.

Las autoridades mantienen su compromiso de fortalecer el marco regulatorio y de supervisión. La regulación de los proveedores de servicios de activos digitales ha mejorado y el perímetro regulatorio se ha ampliado. La Superintendencia de Servicios Financieros debe continuar implementando su hoja de ruta para fortalecer su marco de supervisión basada en riesgos. Las iniciativas previstas buscan mejorar la gestión de datos y la presentación de información dentro del sistema de supervisión financiera. El Comité de Política Macroprudencial creado recientemente debería aprovecharse para fortalecer el marco macroprudencial. La nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y otras iniciativas regulatorias en curso reforzarán la eficacia del marco Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay y su alineación con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Un mayor acceso al crédito y la desdolarización apoyarían el crecimiento y contribuirían a la estabilidad macroeconómica. El acceso limitado al crédito en moneda local y el desarrollo modesto de los mercados de capital menoscaban la contribución del sector financiero al crecimiento y limitan la eficacia de la política monetaria. Mejorar el acceso al crédito de empresas solventes —en especial en segmentos desatendidos como las PYMES—, manteniendo al mismo tiempo normas de crédito prudentes, combinadas con reformas regulatorias para facilitar la igualdad de condiciones, podría contribuir al desarrollo financiero.

Políticas estructurales

Tras un período de crecimiento lento, las reformas estructurales son fundamentales para impulsar el potencial económico de Uruguay. Reformas ambiciosas podrían dar frutos ya que Uruguay tiene brechas respecto a las economías avanzadas en términos de infraestructura, facilitación del comercio, barreras a la entrada y cuellos de botella regulatorios, concentración del mercado, capital humano y acceso al crédito. Las nuevas autoridades ya han anunciado medidas para reducir la burocracia, abrir nuevos mercados de exportación, así como modernizar las instituciones y los incentivos fiscales a la inversión, la promoción de las exportaciones y la innovación. También se están destinando más recursos para aumentar el capital humano, atraer talento extranjero y abordar la inseguridad. Para los próximos años, se recomienda intensificar el programa de reformas, por ejemplo simplificando los procesos de creación de empresas, la concesión de licencias y la tributación, reforzando la política de competencia, mejorando la calidad educativa y reduciendo la deserción escolar. El gobierno está reformando el marco de incentivos en las empresas públicas para alinear mejor los salarios con la productividad. Además, para sacar mejor provecho de las capacidades de las empresas públicas es importante asignar eficientemente recursos y fijar precios que reflejen los costos. El gobierno ha establecido una agenda para desarrollar mecanismos financieros para una mejor adaptación al cambio climático, un tema considerado política de Estado en el país.

Uruguay está ganando reconocimiento regional en innovación e Inteligencia Artificial (IA). Para maximizar los beneficios potenciales de la IA, sería recomendable cerrar las brechas digitales e integrar la innovación impulsada por la IA en la educación y la industria de una manera equitativa y ética. Además, apoyándose en los éxitos recientes en adopción de tecnología, se podrían diseñar programas para los trabajadores vulnerables a la IA.  

El mercado laboral uruguayo enfrenta importantes desafíos, como una flexibilidad limitada, un alto desempleo juvenil y el envejecimiento de la población. Las instituciones del mercado laboral han contribuido a lograr estabilidad y una desigualdad relativamente baja, además de permitir mecanismos de coordinación que ayudan a sortear las crisis. Sin embargo, las empresas perciben las prácticas de contratación y fijación de salarios como restrictivas. La introducción de medidas que permitan tener en cuenta la heterogeneidad de empresas en estas prácticas fortalecería la competitividad, contribuiría a una asignación más eficiente de recursos humanos y podría dinamizar las oportunidades de empleo. Los lineamientos propuestos recientemente por el gobierno para la negociación salarial están alineados con los objetivos de inflación y contribuyen a la desindexación, además de impulsar los salarios de bajo ingreso. Dadas las altas tasas de desempleo de las poblaciones vulnerables, se recomienda vigilar los posibles efectos de la nueva ronda salarial sobre el empleo de jóvenes y trabajadores poco calificados. El envejecimiento de la población plantea riesgos para el crecimiento y la sostenibilidad, resaltando el valor de las políticas que fomentan la participación en la fuerza laboral y la integración de la población migrante en el mercado laboral.

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Con 15% de crecimiento anual, Paraguay apunta a USD 5.000 millones en exportaciones forestales

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Paraguay avanza a paso firme en el desarrollo de su industria forestal, consolidándose como un actor emergente en la región. Actualmente el país cuenta con 300.000 hectáreas de plantaciones forestales y un ritmo de expansión anual de 50.000 hectáreas, lo que equivale a un crecimiento del 15% anual, según informó la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, durante su presentación en el Paraguay Business Week 2025.

El sector, que ya genera exportaciones por USD 53 millones entre enero y julio de este año, proyecta alcanzar un potencial de facturación de USD 5.000 millones anuales en la medida en que se consoliden inversiones industriales y se amplíen los mercados.

Potencial regional y oportunidades de inversión

Goralewski destacó que Paraguay cuenta con más de 5 millones de hectáreas aptas para el desarrollo forestal, lo que coloca al país en una posición estratégica frente a la creciente demanda global de productos forestales. “El sector puede convertirse en uno de los motores de diversificación económica, contribuyendo al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental”, señaló.

El modelo paraguayo sigue una trayectoria similar a la de Uruguay, que a través de un plan sostenido logró transformarse en una potencia forestal regional. Para Paraguay, este camino significa la posibilidad de generar nuevos empleos rurales, atraer capital extranjero y posicionarse como referente en inversiones verdes.

La funcionaria subrayó que la demanda internacional de productos forestales crece de forma sostenida y que el país se prepara para responder a ese mercado con una oferta competitiva y certificada.

Política Forestal Nacional: sostenibilidad y competitividad

La expansión forestal se enmarca en la Política Forestal Nacional, diseñada para equilibrar crecimiento económico y sostenibilidad. Sus ejes incluyen:

  • Provisión de bienes y servicios forestales desde bosques nativos y plantaciones.
  • Agregado de valor y fomento de la competitividad en mercados nacionales e internacionales.
  • Gestión ambiental integral, con control de incendios, manejo de plagas y protección de cauces hídricos.
  • Conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas.

“Queremos posicionar a Paraguay como un referente regional en inversiones verdes, combinando conservación, desarrollo económico y generación de empleo”, afirmó Goralewski.

La consolidación de la industria forestal paraguaya tendrá repercusiones no solo internas, sino también en el mercado regional del Mercosur, donde la integración logística y comercial con Argentina, Brasil y Uruguay resulta clave.

De confirmarse las proyecciones, el sector podría convertirse en una de las principales fuentes de divisas no tradicionales para el país, diversificando la matriz exportadora más allá de los productos agrícolas tradicionales.

En este escenario, la articulación público-privada y el interés de inversores extranjeros serán determinantes para convertir el potencial de 5 millones de hectáreas en un motor efectivo de desarrollo sostenible.

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Milei avanza con incentivos en el Canal Martín García en plena transición de la hidrovía

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso una rebaja transitoria de 60 días en las tarifas de la Vía Navegable Troncal. La medida busca potenciar el tráfico fluvial y facilitar la transición del nuevo esquema concesionado de dragado y señalización.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), creada por DNU en enero de este año como autoridad autárquica en reemplazo de la Administración General de Puertos, dispuso a través de la Resolución 40/2025 una bonificación del peaje en el Canal Martín García para todos los buques que utilicen el trayecto entre las secciones 1.1 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada en el Boletín Oficial del 5 de septiembre de 2025, tendrá vigencia por 60 días corridos y apunta a estimular el tránsito fluvial en el Río de la Plata, favorecer el comercio bilateral y regional y acompañar el reordenamiento del sistema de navegación.

La disposición se enmarca en un proceso de reordenamiento institucional y contractual que arrastra varios años de debate en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay, clave para el comercio exterior argentino y regional.

  • En 2021, el Estado había otorgado a la Administración General de Puertos (AGP SE) la concesión del dragado, balizamiento y control hidrológico.
  • En 2024, por Decreto 699, estas actividades fueron declaradas servicio público y se delegó a la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la organización de la nueva licitación internacional para la modernización y ampliación de la traza.
  • Finalmente, en enero de 2025, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, disolvió la AGP S.A.U. y centralizó en la nueva agencia todas las competencias de autoridad de aplicación y control.

La resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, se justifica en la necesidad de ordenar el tráfico en el Río de la Plata y analizar alternativas viables de mantenimiento mientras avanza el proceso de adjudicación definitiva de la concesión de la vía navegable troncal.

Alcance técnico de la medida

El artículo 1 de la resolución establece que:

  • La bonificación regirá para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García, en ambos sentidos, dentro del trayecto comprendido en el contrato de concesión suscripto en 2021 y revisado en 2024.
  • La medida se aplicará durante 60 días corridos desde la entrada en vigencia (día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial).
  • Se trata de una rebaja focalizada en un tramo estratégico que compite con el Canal Emilio Mitre como ruta principal de ingreso y salida hacia el Atlántico.

El objetivo, según los considerandos, es “potenciar el flujo de buques y estimular el desarrollo del comercio bilateral y regional”, favoreciendo a armadores y operadores que elijan esta ruta en el marco de los ajustes provisorios en la red troncal.

La medida tiene efectos directos sobre la competitividad logística del comercio exterior argentino y regional, en un contexto donde el costo del dragado y señalización de la hidrovía es un factor central para exportadores de granos, combustibles y manufacturas.

El Canal Martín García, administrado en forma binacional por Argentina y Uruguay, es una alternativa estratégica al Mitre, pero requiere incentivos para captar mayor volumen de tránsito. La bonificación temporaria busca precisamente inclinar la balanza hacia un mayor uso de esa vía.

En lo político, la decisión refuerza el rol de la ANPyN como continuadora de la AGP, consolidando el esquema de transición mientras se definen los términos de la próxima licitación internacional. La disposición también exhibe el interés del Gobierno en mantener regularidad y continuidad en un servicio considerado crítico para la macroeconomía.

Sin embargo, desde el sector privado persiste la expectativa sobre el futuro régimen de tarifas y peajes, así como la capacidad del Estado de garantizar un esquema de financiamiento eficiente para las obras de dragado a largo plazo.

En el corto plazo, la bonificación funcionará como un incentivo coyuntural que permitirá medir la respuesta del mercado y ajustar el flujo de tráfico en el Río de la Plata.

A mediano plazo, el desafío pasa por:

  • Definir los adjudicatarios de la licitación internacional para la Vía Navegable Troncal.
  • Establecer un régimen tarifario transparente y sustentable que financie las obras sin afectar la competitividad exportadora.
  • Coordinar la administración con Uruguay en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), dado el carácter binacional del Canal Martín García.

La resolución marca así un punto de transición en la política portuaria y de navegación interior, con impacto económico, institucional y diplomático.

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Messi y Suárez fundan Deportivo LSM: el nuevo club que sacude al fútbol uruguayo y apuesta por un modelo integral de desarrollo

El astro argentino se unió oficialmente al proyecto de Luis Suárez, que ya cuenta con infraestructura profesional en Canelones y debutará en la AUF. Apuntan a una formación deportiva con impacto social y humano desde las bases.

Un club con ADN de élite: Messi se suma al sueño de Suárez

En un anuncio que sorprendió al mundo deportivo, Luis Suárez y Lionel Messi oficializaron la creación del club Deportivo LSM, que competirá profesionalmente en el fútbol uruguayo bajo la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El proyecto, que nació en 2018 bajo el nombre Deportivo LS, ahora suma al rosarino como socio fundador en una propuesta que combina alto rendimiento, inclusión social y formación integral de jóvenes.

“Desde chicos compartimos muchas experiencias en la élite del fútbol, y ahora este proyecto es el lugar perfecto para seguir nuestra visión desde otro lugar”, explicó Suárez en un video. Messi, emocionado, lo acompañó: “Para mí es un orgullo. Gracias por invitarme a este proyecto que creció tanto y que ahora tengo el privilegio de compartir con vos”.

Ciudad Deportiva y estructura profesional: el proyecto que pisa fuerte

Ubicado en Ciudad de la Costa (Canelones, Uruguay), el club ya cuenta con una Ciudad Deportiva de primer nivel, inaugurada en 2023. El complejo incluye:

  • 8 hectáreas de terreno
  • Mini estadio de césped sintético (1.400 espectadores)
  • Estadio de fútbol 7 (620 personas)
  • 3 canchas de césped natural
  • Pileta semi-olímpica, gimnasio, vestuarios, restaurante y canchas techadas

Este despliegue posiciona al club no solo como un actor competitivo en la AUF, sino también como un referente en desarrollo de infraestructura deportiva en la región. “Queremos darles a los chicos lo que nosotros no tuvimos”, remarcó Suárez, al explicar la motivación detrás de la inversión en instalaciones.

De baby fútbol a la AUF: una escalera formativa con proyección

Desde su fundación en 2018, el Deportivo LS ya participa en:

  • Baby fútbol
  • Liga Universitaria (ascenso en su primer año)
  • Campeonato Uruguayo Sub 14 femenino

Ahora, con el ingreso a la AUF, el club se consolida como un proyecto integral que abarca desde las categorías infantiles hasta la competencia profesional. Según anticipó Suárez, la idea es formar futbolistas en un entorno que combine “infraestructura deportiva y valores humanos”.

Una visión que trasciende el negocio del fútbol

El modelo impulsado por Suárez y Messi va más allá de lo económico. Apunta a replicar un enfoque de formación como el que ambos vivieron en La Masía, pero adaptado al contexto social y cultural uruguayo. Con más de 3.000 socios, el club proyecta una expansión sostenida, tanto en lo deportivo como en lo comunitario.

Este tipo de proyectos se enmarca en una tendencia global de jugadores consagrados que apuestan por el desarrollo de clubes propios con un perfil formativo, social y competitivo. Sin embargo, el caso de Deportivo LSM destaca por su nivel de infraestructura, planificación y respaldo institucional, en una liga en crecimiento como la uruguaya.

Con la incorporación de Messi, el Deportivo LSM no solo gana visibilidad internacional, sino que se consolida como un proyecto con potencial transformador para el fútbol juvenil sudamericano. La experiencia, el prestigio y el compromiso de sus fundadores prometen ser un imán para talentos emergentes y un ejemplo de cómo el deporte puede combinar competitividad con impacto social.

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