Uruguay

Murió el músico uruguayo Rubén Rada a los 83 años

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Este miércoles murió Rubén “El negro” Rada a los 83 años según informaron sus familiares a través de un comunicado publicado en redes sociales. El músico uruguayo fue conocido por sus canciones inolvidables, por su gran sentido del humor que no solo expresó en su música, sino también en su rol como presentador televisivo, actor y más.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia del músico que se encontraban internado en Montevideo hace algunas semanas.

Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”, cerraron.

Tal como recordó Cecilia Absatz para La viola (TN): Como a los quince años, Rada integró la orquesta Cubanacán y adoptó el candombe como su principal influencia. A los 17 fue Richie Silver, ya al frente de la banda Los Hot Blowers. Esa banda integraba músicos notables, como los hermanos Hugo Osvaldo Fattoruso e incluso el humorista Cacho De la Cruz.

En la década del 60 y ya como músico profesional y temas propios, Rubén Rada comenzó a experimentar con diferentes estilos, canciones en inglés e instrumentos eléctricos, tumbadoras y batería. El grupo se llamaba El Kinto y lo definían como una mezcla de rock psicodélico, candombe y música brasileña. La carrera de Rubén Rada siguió con el grupo Totem y más tarde el conjunto Opa que fusionaba el candome con el jazz rock. Músicos como los Fattoruso comenzaron a versionar sus temas, por ejemplo Dedos, que grabaron y titularon Fingers (El Rada).

Además de trabajar en cine y televisión, Rubén Rada enriqueció el candombe en formas inesperadas, revolucionó la música para niños y en sus conciertos es capaz de hacer un número de stand up entre tema y tema. Un artista enorme.

La relación de Rubén Rada con Argentina

En los años 80 Rada se instaló en la Argentina, grabó el álbum A los Shakers con el conjunto Opa y con frecuencia volvía a su Montevideo natal para ofrecer recitales. Pero para entonces ya era muy popular en la Argentina y grabó varios álbumes con temas como “Ayer te vi”, “Las manzanas”, “Malísimo”. Participó en festivales consagrados de Río de Janeiro y Cuba. En México fue telonero de UB40 Sting y colaboró con Jon Anderson.

En los ‘90 volvió definitivamente a Uruguay. Entre otras cosas comenzó a realizar espectáculos para niños y editó una serie de discos infantiles en los que surgió el personaje Rubenrá. A fines de los noventa grabó Miscelánea negraBlack: ambos Discos de Platino en Uruguay. Sus álbumes ya eran distribuidos por las grandes discográficas como Polygram, EMI y Sony Music.

Entonces comenzó a trabajar con Cachorro López: editaron el disco Quién va a cantar, con temas como “Cha-cha, muchacha” y “Muriendo de Plena”: fue cucádruple Platino en Uruguay y Disco de Oro en la Argentina. Luego, como Richie Silver, ganó el Premio Gardel 2007 como artista rock revelación. Poco después, a los 65 años, anunció que dejaba los escenarios; no se sentía capaz de mantener la nitidez y la potencia de antes.

En 2024 se presentó en el Teatro Ópera un recital de gran nitidez y potencia, llamado A la vuelta de Japón. La banda que lo acompañaba incluía a sus hijos, Matías Rada en guitarra y Lucila y Julieta Rada en voces. Con su proverbial carisma y natural alegría, Rubén Rada emocionó al público y coreó de pie junto con él el “Candombe para Gardel”.

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Tribunal federal de EE.UU. anula la suspensión de visas para 75 países

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Un tribunal federal de Estados Unidos (EE.UU.) anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países que había dispuesto la administración de Donald Trump, al considerar que la medida impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales y vulneró el principio de evaluación individual de los solicitantes.

La decisión fue adoptada por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, en una sentencia de 61 páginas. La magistrada calificó la prohibición como «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento oficial según el cual los solicitantes de los países incluidos en la lista representaban un riesgo elevado de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.

El fallo pone el foco en un aspecto central de la política migratoria estadounidense: la administración había instruido a funcionarios consulares a denegar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos establecidos y que probablemente podían sostenerse económicamente por sus propios medios. Para Vargas, esa aplicación generalizada contradice las normas que exigen analizar cada solicitud de manera individual.

La resolución también deja abierta una consecuencia concreta para quienes ya habían sido afectados por la política. La jueza revocó las denegaciones de visas que se hubieran basado exclusivamente en la medida cuestionada, lo que podría derivar en la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.

América Latina, entre los países alcanzados

La suspensión había afectado a numerosos países de América Latina y el Caribe. Entre ellos figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluía a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.

El caso judicial tuvo entre sus demandantes a cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visa fueron rechazadas con referencia a la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares provenientes de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.

El alcance de la sentencia trasciende así la discusión administrativa sobre la emisión de visas. El criterio adoptado por el tribunal cuestiona la posibilidad de utilizar una clasificación por país como fundamento suficiente para bloquear solicitudes que deberían ser examinadas individualmente.

El Gobierno de Trump defendió los controles

El Departamento de Estado evitó pronunciarse específicamente sobre el litigio, aunque un portavoz defendió la política migratoria de la administración. Según sostuvo, el Gobierno mantiene los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas como parte de su estrategia para proteger al pueblo estadounidense.

La sentencia, sin embargo, establece un límite a ese enfoque cuando las restricciones terminan convirtiéndose en una prohibición general para ciudadanos de determinados países. El eje del fallo no pasa solamente por la política migratoria, sino por el alcance de las facultades administrativas para establecer restricciones que afectan derechos y procedimientos individuales.

Organizaciones vinculadas a la defensa de los inmigrantes celebraron la decisión. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, afirmó que el fallo constituye una victoria para las familias afectadas y sostuvo que las leyes migratorias no pueden utilizarse para justificar discriminaciones.

Desde Democracy Forward, su presidenta y directora ejecutiva, Skye Perryman, también calificó la resolución como un rechazo contundente a una política que, según la organización, provocó perjuicios a familias y comunidades.

El nuevo escenario abre ahora una instancia de revisión para las solicitudes alcanzadas por la medida. La disputa también podría continuar en otras instancias judiciales, mientras la administración Trump sostiene su estrategia de endurecimiento de los controles migratorios.

En términos prácticos, la decisión devuelve al centro del procedimiento el análisis individual de cada solicitante. Para miles de personas cuyos trámites quedaron paralizados o fueron rechazados exclusivamente por pertenecer a alguno de los países incluidos en la suspensión, esa diferencia puede determinar si sus expedientes vuelven a ser considerados.

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Mercosur actualiza el régimen de zonas francas: un nuevo protocolo que impacta sobre el comercio regional

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Desde este 2 de julio comenzó a regir el 222° Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N°18, que incorpora al ordenamiento jurídico del Mercosur una nueva regulación sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Para las economías regionales, la medida redefine el marco normativo bajo el cual operan estos instrumentos de promoción comercial.

La Cancillería argentina oficializó la entrada en vigor para el país del Ducentésimo Vigésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°18, celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El instrumento incorpora al tratado la Decisión Mercosur N° 02/25, referida al régimen de zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales, actualizando las reglas comunes del bloque.

El protocolo fue suscripto en Montevideo el 26 de junio de 2025 y comenzó a regir para la Argentina el 2 de julio de 2026, tras completarse el procedimiento previsto entre la Secretaría del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El texto del protocolo tiene un alcance puntual pero relevante: incorpora formalmente al ACE 18 la Decisión 02/25 del Mercosur, que regula el funcionamiento de los regímenes especiales vinculados al comercio exterior. Además, modifica el artículo 3 del anexo correspondiente al 113° Protocolo Adicional del mismo acuerdo.

Aunque la publicación en el Boletín Oficial no desarrolla el contenido técnico de la decisión incorporada, su entrada en vigencia implica que las nuevas disposiciones pasan a integrar el marco jurídico que regula las relaciones comerciales entre los cuatro socios del Mercosur.

Desde la perspectiva empresarial, esto significa que las operaciones desarrolladas bajo regímenes especiales deberán adecuarse a las reglas armonizadas acordadas por los Estados Parte.

¿Por qué es relevante para el NEA?

Las provincias del noreste argentino mantienen una fuerte vinculación logística y comercial con Paraguay y Brasil, dos de los principales destinos y orígenes del intercambio regional.

La actualización normativa adquiere especial importancia porque las zonas francas y las áreas aduaneras especiales constituyen herramientas destinadas a mejorar la competitividad mediante beneficios aduaneros y operativos para determinadas actividades industriales y comerciales.

Para sectores exportadores del NEA —como la forestoindustria, la producción yerbatera, el té, el arroz o la industria alimentaria— la previsibilidad regulatoria dentro del Mercosur resulta un componente clave para planificar inversiones, logística y estrategias comerciales de mediano plazo.

Qué cambia para las empresas

Más que introducir beneficios inmediatos, el protocolo consolida un nuevo marco normativo regional sobre instrumentos de promoción comercial.

Entre los aspectos relevantes para el sector privado se destacan entra en vigor para Argentina el 222° Protocolo Adicional del ACE 18. Se incorpora la Decisión Mercosur 02/25 sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Se actualiza el régimen jurídico común aplicable entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las nuevas disposiciones pasan a formar parte del marco legal del Mercosur para este tipo de operaciones comerciales.

La entrada en vigor del protocolo constituye un paso jurídico más dentro del proceso de actualización normativa del Mercosur. El verdadero impacto para el sector productivo dependerá de cómo cada Estado Parte implemente la Decisión 02/25 y de si las nuevas reglas contribuyen a facilitar el comercio intrabloque, reducir costos logísticos y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos vinculados con zonas francas y regímenes aduaneros especiales. Para las economías del NEA, estrechamente integradas con los mercados vecinos, ese desarrollo tendrá incidencia directa sobre la competitividad regional.

Mercosur actualiza el régimen de zonas francas by CristianMilciades

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León XIV planea una visita de tres días a la Argentina en noviembre y recorrerá también Perú y Uruguay

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La esperada visita del papa León XIV a la Argentina parece tomar cada vez más forma. Aunque el Vaticano aún no realizó el anuncio oficial, distintas fuentes eclesiásticas dan por muy probable que el pontífice concrete en noviembre una gira por América Latina que incluirá Perú, Argentina y Uruguay.

La información fue revelada por la periodista argentina Elisabetta Piqué, corresponsal en Italia y una de las observadoras más cercanas a la actualidad vaticana, quien recogió testimonios de altos referentes de la Iglesia que actualmente se encuentran en Roma.

De acuerdo con lo publicado por Piqué, el itinerario preliminar contempla una estadía de aproximadamente diez días en Perú, tres días en la Argentina y un día y medio en Uruguay. La gira se desarrollaría durante la primera quincena de noviembre y tendría un fuerte contenido pastoral, simbólico e institucional.

Uno de los principales impulsores de esta versión es el obispo castrense argentino, Santiago Olivera, quien este miércoles mantuvo un breve encuentro con León XIV al finalizar la audiencia general en el Vaticano. Olivera participó de la actividad junto a una delegación de militares argentinos que integran la misión de Naciones Unidas en Chipre.

“Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, señaló Olivera en declaraciones recogidas por Piqué. El obispo contó además que durante el saludo le expresó al Pontífice que la Argentina lo espera y que León XIV respondió con una sonrisa y un sugestivo “veremos”.

Si bien el viaje aún depende de la confirmación de la Santa Sede, Olivera aseguró que en los ámbitos eclesiásticos romanos la posibilidad es considerada altamente probable. “Aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad”, afirmó.

La gira tendría un marcado acento peruano. No resulta casual: Robert Prevost, hoy León XIV, pasó gran parte de su vida sacerdotal en Perú, primero como misionero agustino y luego como obispo. Según trascendió, el Pontífice pretende visitar Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco, lo que explica que la mayor parte del recorrido se concentre en ese país.

La escala argentina sería más breve, pero no menos significativa. Según indicó Olivera, los obispos argentinos sugirieron a la Santa Sede que el Papa visite Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última sede primada de la Iglesia argentina. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una definición oficial sobre el itinerario.

La eventual visita tendría un fuerte valor histórico. La Argentina no recibe una visita papal desde 1987, cuando llegó san Juan Pablo II. Además, sería la primera vez que León XIV visite el país como jefe de la Iglesia Católica y la primera visita de un Pontífice desde el fallecimiento del papa Francisco.

Otro elemento que aparece en análisis es la posible beatificación de Enrique Shaw, empresario argentino reconocido por su compromiso social y cuya causa avanza en el Vaticano. Olivera, que también participa de ese proceso como vicepostulador, no descartó que la ceremonia pueda coincidir con la presencia del Papa en el país.

Más allá de los aspectos protocolares, la eventual llegada de León XIV genera expectativas por el mensaje que podría transmitir en un contexto de fuerte polarización política y social. Según destacó Olivera en declaraciones reproducidas por Piqué, el Pontífice viene insistiendo en la necesidad de promover una cultura del encuentro, la paz y el diálogo, valores que consideró especialmente necesarios para la realidad argentina.

Por ahora, la confirmación oficial sigue pendiente. Pero en Roma las señales son cada vez más contundentes y todo indica que noviembre podría marcar el regreso de una visita papal a la Argentina después de casi cuatro décadas.

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Szychowski presiona por el patrocinio de yerba extranjera en la Scaloneta

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El ingreso de una yerba envasada de la firma Baldo, como auspiciante de la camiseta de la Selección Argentina de fútbol activó una reacción política en Misiones. El legislador provincial Juan José “Juanjo” Szychowski presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo Nacional intervenga ante la AFA y revise esa decisión, en un movimiento que expone una disputa más profunda: la defensa de la producción regional frente a decisiones comerciales de alto impacto simbólico.

El planteo no es menor. La iniciativa apunta a una marca que, aunque comercializada en la región, tiene origen brasileño, y cuestiona su eventual asociación con uno de los símbolos deportivos más visibles del país de cara al próximo mundial. En ese cruce entre mercado, identidad y regulación, el proyecto introduce una tensión política: ¿hasta dónde puede el Gobierno influir en decisiones de una entidad privada como la AFA cuando están en juego intereses productivos y culturales?

El marco legal y la disputa por el símbolo

El argumento central del proyecto se apoya en la Ley Nacional N° 26.871, que declara al mate como infusión nacional y promueve su consumo en eventos oficiales. Desde esa perspectiva, la incorporación de una yerba extranjera como sponsor de la Selección aparece como una contradicción con el espíritu de la norma.

Pero el punto va más allá de lo declarativo. El texto legislativo traduce ese marco en una preocupación concreta: el impacto sobre las economías regionales de Misiones y Corrientes, donde se concentra la producción yerbatera argentina. La eventual visibilidad global de una marca extranjera, asociada a la Selección, podría alterar el equilibrio competitivo en un mercado donde la identidad de origen es un activo clave.

En ese sentido, el proyecto no propone una medida directa sobre la AFA, sino que solicita la intermediación del Ejecutivo nacional “a través del organismo competente”. Es una vía indirecta, que reconoce los límites institucionales pero busca abrir una instancia de revisión política.

Economía regional vs. autonomía privada

La iniciativa coloca en el centro a tres actores con lógicas distintas: el sector yerbatero del noreste, el Gobierno nacional y la AFA como entidad privada. El proyecto expresa el malestar de la cadena productiva local, que ve en la posible sponsorización una señal adversa en términos de política económica y defensa del mercado interno.

Al mismo tiempo, el pedido de intervención al Ejecutivo introduce una dimensión delicada: la relación entre el Estado y las decisiones comerciales de organizaciones privadas. La AFA, definida en el propio texto como una entidad de derecho privado, no está sujeta a directivas directas del Gobierno, lo que convierte el planteo en una presión política más que en una herramienta normativa.

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