MONTEVIDEO, New York Times. — Por primera vez en la historia del continente, un país de América Latina venderá marihuana de manera oficial: este miércoles 19 de julio, cuando abran los comercios en Uruguay, casi 5000 ciudadanos registrados como “adquirentes” podrán comprar marihuana “recreacional” en 16 farmacias del país a 1,30 dólar el gramo.
La droga, por ahora, está libre del impuesto al consumo (IVA). Así lo decidió el Estado, que fijó el precio para competir sobre todo con el cannabis que llega desde Paraguay y se comercia de manera ilegal (una marihuana prensada de calidad inferior, que abastece también a Brasil y Argentina).
Uruguay es el primer país del mundo que compró, germinó y entregó —en febrero de 2016— 4000 plantines de marihuana a dos empresas que las florecieron y cosecharon por primera vez en mayo de 2016. Las autoridades uruguayas dicen que ya tienen una existencia de 400 kilos de marihuana de calidad para vender en las farmacias.
Esta es la tercera forma de acceso a la marihuana prevista en la Ley 19.172, que reguló el mercado en este pequeño país suramericano en diciembre de 2013. Hasta este miércoles, los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años interesados en acceder al cannabis legal podían elegir entre cosechar en su casa hasta medio kilo de marihuana al año o asociarse con amigos, conocidos o algún jardinero y plantar hasta 99 plantas hembras para llevarse una porción mensual de 40 gramos como máximo. Desde mañana también podrán optar por comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes.
El cannabis se comercializará en un empaque de plástico trilaminado con dos cierres. Uno tipo zipper y otro de seguridad para evitar perfumar las tiendas y preservar las características vegetales. El envoltorio, en color azul y blanco, tiene recomendaciones: usar el cannabis vaporizado, no mezclar con otras sustancias psicoactivas, evitar su consumo durante tareas de aprendizaje, de memoria o en el embarazo. El uso está prohibido para menores de 18 años.
El contenido del envase pesa cinco gramos. Las farmacias pueden almacenar hasta dos kilos en armarios amurados para evitar robos. También cuentan con un sistema de aviso a la policía.
Hasta el viernes anterior al comienzo de la venta había 4893 “adquirentes” registrados en las oficinas del correo estatal. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta. Un escáner dactilar almacena las huellas de los usuarios en servidores informáticos para corroborar la identidad del comprador y que no se pasen de la cantidad permitida. El sistema usa la misma tecnología que los servicios financieros. Las otras dos formas de conseguir cannabis también requieren registro.
Los farmacéuticos no tienen acceso a los datos personales del comprador. Solo sabrán si está habilitado a través de un lector de huellas digitales. Los datos están encriptados y el servidor se bloquea si alguien lo mueve.
La gestión de los datos sensibles fue uno de los puntos débiles del proceso y recibió críticas durante los debates sobre la regulación del mercado de cannabis.
Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) —una agencia que depende de la presidencia del país—, admite que “el registro es una restricción. Por más que se otorguen todas las garantías de protección de datos exige un nivel de confianza hacia las instituciones que no todo el mundo tiene necesariamente”.
Las cifras le dan la razón. De las 161.475 personas que la Junta Nacional de Drogas estima que usan marihuana al menos una vez al año, solamente unas 5000 se registraron para comprar en farmacias.
En diciembre de 2013 el parlamento votó la ley para regular el cannabis. En 2014 empezó a funcionar el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que habilitó, en primer lugar, el registro para el cultivo hogareño. Desde entonces, 6942 personas confiaron sus datos al Estado para poder sembrar, cultivar, cosechar y almacenar hasta 480 gramos anuales de marihuana por hogar.
El mismo año comenzaron a funcionar también los clubes de membresía. Entre 15 y 45 personas pueden formar una asociación civil para plantar marihuana legal y acceder a 40 gramos mensuales por socio.
La economía del cannabis
El principal argumento que el gobierno del expresidente José Mujica repitió para impulsar la reforma a las políticas de drogas era que había que quitarle una porción del mercado al narcotráfico
La Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay le arrebató en 2016, en total, 4373 kilos de marihuana al narcotráfico, fundamentalmente material paraguayo prensado.
La legalidad parece que será más efectiva que la policía para quitarle utilidades al narcotráfico.
Si las farmacias vendieran las cuatro toneladas de marihuana que comienzan a comercializar esta semana (cada empresa puede producir un máximo de dos toneladas anuales), el consumo total de cannabis legal, en las tres modalidades previstas por la ley, sobrepasará ampliamente las incautaciones policiales.
Esto bajo el supuesto de que los 63 clubes de cannabis acopien su máximo posible (1200 kilos) y que los autocultivadores cosechen cada gramo de su cuota legal (3192 kilos). Estas cantidades ya pisan los talones a los números de la policía. Si además los adquirientes consumen las cuatro toneladas, el cannabis legal duplicará los resultados de la policía.
Cuando los casi 5000 usuarios de las farmacias entren al mercado regulado, un cuarto de la demanda total del país será legal, de acuerdo con las estimaciones de Monitor Cannabis, un núcleo académico multidisciplinario dedicado a estudiar al nuevo mercado regulado, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR) y coordina investigadores de distintas universidades.
Economía de Estado
En Uruguay, el Estado dirige el negocio cannábico. La ausencia de publicidad y el énfasis en la prevención estrangulan cualquier estrategia comercial por fuera de las ideas gubernamentales. Uruguay compró las semillas en España y las germinó en el Instituto Nacional de Semillas. En agosto de 2014 se realizó el llamado a licitación pública abierta internacional para elegir dos postulantes —se presentaron 22— para cosechar y distribuir; pero no para vender.
Cuando necesiten renovar existencias, las farmacias se comunicarán con la agencia de regulación. El IRCCA entonces hará el pedido a las empresas. Las restricciones están hechas a la medida de un pequeño país con tradición estatal.
La inversión inicial prevista de Simbiosys, una de las dos licenciatarias, fue de 1.700.000 dólares el primer año. Las utilidades estimadas llegarían a medio millón de dólares en cinco años.
Las farmacias se quedarán con el 30 por ciento del precio final de venta. Otro 10 por ciento será para el Estado que recaudaría un millón de dólares anuales si los usuarios se fuman las cuatro toneladas previstas por años. Las dos licenciatarias, Simbiosys e International Cannabis Corporation (que cotiza en la bolsa de Valores de Toronto), se quedarán con 0,90 dólares por cada gramo vendido. Son responsables del transporte y de todas las inversiones necesarias para hacer crecer las plantas, cosecharlas y distribuirlas.
Las empresas tienen un monopolio sobre el canal de distribución, pero no pueden hacer publicidad de las dos variedades comercializadas bajo los nombres genéricos de Alfa y Beta. Cada variedad corresponde a los dos tipos de marihuana que el Estado entregó a las empresas. Las plantas germinaron en el Instituto Nacional de la Semilla y las empresas cosecharon sus frutos. Alfa es un híbrido de la subespecie índica, una cepa más bien de relax, introspectiva. En Beta predomina la subvariedad sativa, asociada al humor.
Las dieciséis farmacias no cubren todo el territorio uruguayo. Pero hay veinte más con intención firme de comenzar a la brevedad y otras esperando conocer cómo se mueve el producto.
La ideología judicial
La regulación del cannabis en Uruguay no ha sido en todos sus aspectos como muchos la imaginaban. El gobierno no ha presentado los informes técnicos de evaluación y monitoreo que exige la ley. El comité científico hace meses que no se reúne y tampoco se han conformado algunas comisiones necesarias para la implementación de la ley.
A pesar de la nueva reglamentación, existieron casos de cultivadores legales allanados. La policía no respetó el manual de procedimiento que los obliga a cuidar las plantas en custodia y, si fuera el caso, devolverlas en óptimas condiciones.
Para Gianella Bardazano, profesora del Instituto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), también existe una “ideología judicial” relacionada con la edad y la formación de los magistrados. Algunos jueces, explica, “le atribuyeron el peor de los sentidos” a la modificación del estatus legal del cannabis.
“El consumo recreativo para ellos no existe; son adictos”, señala la investigadora especializada en políticas de drogas.
Algunas hipótesis muestran que la regulación, en vez de aumentar el consumo como algunos temían, no disparó el uso: eso ocurrió durante los últimos diez años de prohibición. Desde 2012 se observa una meseta levemente ascendente.
A partir de 2003 crecieron los procesados por delitos contra las leyes de drogas en Uruguay. En 2012 llegaron a 12 por ciento. Desde entonces, fluctúan entre 9 y 11 por ciento. “El mercado y sus actores llegaron a un punto de estabilidad donde no hay crecimiento”, interpreta Marcos Baudean, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad ORT, integrante de Monitor Cannabis.
Una de las últimas polémicas en Uruguay es que las variedades disponibles en las farmacias tienen un bajo porcentaje de THC, principio activo responsable del “viaje” de la marihuana: un 2 por ciento, cuando las variedades más habituales tienen como piso un 10 por ciento.
La decisión responde a una visión sanitarista que encarnó el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, dijeron fuentes del proceso. Pero el IRCCA tiene cinco variedades más que están siendo testeadas para incorporar a las farmacias. Su máximo valor de THC será de 8 por ciento, confirmaron desde el instituto regulador.
Otro de los puntos que ha generado sospechas y ha alimentado teorías conspirativas —desde que nunca se iba a cumplir con la venta prevista en la ley hasta que las semillas iban a ser de Monsanto porque había intereses en juego— fue el silencio oficial que mantuvo el gobierno durante todo el proceso, tal vez como estrategia defensiva.
De Uruguay a Latinoamérica
Desde que el expresidente José Mujica propuso regular, especialistas, activistas, académicos, periodistas y políticos de todo el mundo llegaron a Uruguay para conocer la experiencia del país. Uno de ellos fue Andrés López Velasco, director del Fondo Nacional de Estupefacientes de Colombia, responsable gubernamental de que la marihuana medicinal funcione en su país.
En 2016 Colombia votó la Ley 1.787 para la investigación científica y el cannabis medicinal. López explicó a The New York Times en Español que prestaron atención a la legislación uruguaya para desarrollar cáñamo industrial. En Uruguay ya se entregaron siete licencias para este cannabis sin efecto psicoactivo, pero con usos textiles y de alimentación, entre otros.
“En las variedades que tienen THC para uso medicinal aquí [en Colombia] establecemos la obligatoriedad de que todo se procese en aceites y extractos”, explicó López. Algo que Uruguay todavía no ha podido lograr a pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una ley y su reglamentación para el cannabis medicinal.
Colombia está por hacer el llamado para poner en funcionamiento la fabricación y venta de cannabis medicinal. A un año de aprobada la ley, los laboratorios y las universidades ya testean cannabis medicinal para estandarizar la producción de aceites. En Uruguay, a cuatro años de la ley, la marihuana medicinal brilla por su ausencia ante los reparos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) muestra en cada discusión interna.
México, por otra parte, consiguió eliminar la penalización del uso de cannabis medicinal a finales del año pasado. “Todos estamos mirando a Uruguay para ver cómo va la venta en farmacias. Uruguay permite visualizar entre modelos, comparar y sacar una idea de la regulación preferida”, señala Zara Snapp, consultora en políticas de drogas con base en México.
“Lo que pasó en Uruguay sirve para relativizar el peso de los tratados de control de sustancias. Uruguay relativizó el peso de los tratados en general”, opina Catalina Pérez Correa, socióloga y antropóloga de asuntos jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, que discute activamente sobre regulación de mercados de drogas en México.
“Frente a cien años de prohibicionismo se creó un sistema nuevo y es un gran logro. Hay un debate en todo el mundo donde también son muy lentas las iniciativas para regular los mercados y romper el prohibicionismo rígido. Uruguay lo está rompiendo y está ensayando con coraje cívico un nuevo sistema”, opinó Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) en dos periodos y exembajador de Uruguay ante la OEA.
El modelo uruguayo está empezando a caminar en una región que, muy tímidamente, apenas tocó sus marcos normativos. Los porcentajes de THC, el registro y las carencias institucionales podrían mejorar. “Hay una curva de aprendizaje”, repiten desde el IRCCA.
“El paso del tiempo irá dictaminando cuáles de las restricciones tienen que mantenerse y cuáles pueden evolucionar o eventualmente flexibilizarse”, señala Olivera, el actual secretario de la JND.
“Es la primera vez que se hace algo de esto en el mundo”, dice Sebastián Aguiar, doctor en Sociología y coordinador de Monitor Cannabis, “es muy difícil que todo salga bien”.
