Paritarias: UTA pide piso de 40% y firmas trimestrales
El gremio de colectiveros arrancó esta semana paros nocturnos en casi todo el país con excepción de CABA y el Conurbano, y promete endurecerse junto con ferroviarios en la próxima discusión salarial.
Más problemas para el Gobierno con los sindicatos. La intención oficial de sellar como cada año acuerdos salariales por doce meses, con un mecanismo de revisión semestral, chocará con el plan de los gremios del transporte público de pasajeros de fraccionar los entendimientos por plazos menores, de tres o cuatro meses, como hoy oficializarán los metalúrgicos de la UOM, y por valores superiores al 40 por ciento. Al menos ese es el planteo que oficializará en los próximos días la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, y se prevé que seguirán esos pasos las organizaciones ferroviarias.
La propuesta de “miniparitarias” ideada por la UOM promete generalizarse este año frente a un escenario de incertidumbre por el comportamiento inflacionario y el clima electoral. Se trata de un mecanismo que intentarán imponer los gremios frente a la negativa, hasta ahora, del Ejecutivo a aceptar la reimplantación de las cláusulas gatillo que se generalizaron en la ronda 2017 de paritarias. Esta semana el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, intentó sostener la vigencia anual de los acuerdos salariales al afirmar que en los próximos meses no habrá “movimientos tan bruscos” en los precios, pese a que la pauta inflacionaria pasó del 23% plasmado en el presupuesto a un rango más cercano a entre el 35 y 40 por ciento, según los analistas.
En el caso de la UTA, el planteo a las empresas de micros de corta, media y larga distancia será firmar de manera fraccionada por tres o cuatro meses y con una proyección anual total de aumento que debería superar el 40 por ciento. La última palabra, sin embargo, no la tendrán los dueños de colectivos sino la administración de Mauricio Macri: desde hace años las paritarias del gremio que lidera Roberto Fernández dependen de subsidios estatales al transporte público de pasajeros. De ahí que los resultados terminen por homologarse tanto a los servicios de colectivos como a los de trenes de pasajeros, cruzados por igual por los desembolsos estatales.
De hecho el gremio de colectiveros mantiene un conflicto por la desconexión de esos subsidios en las provincias. Esta semana la UTA arrancó un paro de actividades entre las 22 y las 6 en casi todo el país por la falta de pago de la última actualización salarial que debía regir para enero y febrero de este año. Quedaron a salvo de la medida de fuerza la Capital Federal y el conurbano bonaerense, adonde los pagos del Ministerio de Transporte se volcaron de manera casi lineal a los aumentos de salarios. La disparidad guarda relación con la decisión del Ejecutivo nacional de reducir de manera paulatina los subsidios y transferir a las provincias la determinación sobre los salarios de los choferes.
A pesar de haber derivado esa problemática a las provincias el Gobierno enfrentará en la paritaria de los transportistas una disyuntiva: si no accede a los reclamos de la UTA, y eventualmente de los sindicatos ferroviarios que suelen ubicarse en la misma línea, corre el riesgo de resquebrajar la alianza implícita que mantiene con Fernández y con Omar Maturano, líder de los maquinistas de trenes de La Fraternidad, y hasta de volcarlos a una conflictividad de la que todavía no resolvieron formar parte. De hecho ambos gremios mantuvieron hasta ahora el suspenso respecto de qué harán con la marcha convocada por la CGT y los sindicatos disidentes, encabezados por Hugo Moyano, para el 4 de abril a la Plaza de Mayo.
En cambio, si convalida la demanda de los gremios, el Ejecutivo afronta la posibilidad cierta de generar un efecto contagio con el resto de las organizaciones del sector privado, que intentarán poner como piso el número pactado por los transportistas y como meta el plazo acortado de vigencia. Se trata de una encerrona que los propios funcionarios sólo intentarán sortear con el habitual recurso de prometer más fondos para las obras sociales sindicales en una negociación abierta y que corre por cuerda separada del resto de los contactos entre el Gobierno y la CGT.
Fuente Ámbito
