Vialidad

Un freno al desguace de Milei: la Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

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Un fallo judicial frenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto por el presidente Javier Milei en el marco del decreto 461/2025, y representa un nuevo revés para la política de disolución de organismos públicos que impulsa el Gobierno nacional. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza federal Martina Forns, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, ante una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).

La resolución, que suspende por seis meses la vigencia del decreto, advierte sobre el riesgo de “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un ente técnico que requiere autonomía operativa. Además, considera que la Ley Bases, recientemente aprobada, no habilita al Ejecutivo a cerrar organismos autárquicos creados por ley, como es el caso de Vialidad Nacional, que funciona desde hace más de 93 años.

La secretaria general de SEVINA, Emiliana Mcnamara, confirmó la medida de no innovar que impide avanzar con la disolución. “Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó en declaraciones a Canal Abierto. Y subrayó: “Esto es inconstitucional. El objetivo es mantener Vialidad Nacional, porque es el organismo que debe encargarse de cuidar las rutas del país. Este problema no se resuelve ni desfinanciando ni disolviendo”.

La jueza Forns también observó que el artículo 32 del decreto presidencial condiciona la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, lo que viola convenios colectivos de trabajo y normas de jerarquía constitucional.

La causa sigue su curso mientras se aguarda una resolución sobre el fondo del asunto: la legalidad del cierre dispuesto por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. Por ahora, la Dirección Nacional de Vialidad deberá continuar funcionando como tal.

Además de SEVINA, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también presentó una acción de amparo para frenar no solo el cierre de Vialidad, sino también el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y la suspensión de sus efectos.

“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato. Ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó Mcnamara.

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Privatización de rutas: extienden la intervención estatal sobre Corredores Viales S.A.

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El Gobierno prorroga la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de disolución y privatización

A través del Decreto 464/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A., empresa estatal del sector público nacional, hasta tanto se complete su disolución, en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases N° 27.742. La medida responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y operativa en los corredores bajo gestión estatal.

La decisión publicada en el Boletín Oficial prorroga la intervención iniciada mediante el Decreto 244/2025, y mantiene en funciones a la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. Su mandato se extenderá “hasta culminar el procedimiento de disolución de la sociedad dispuesto por el Decreto N° 97/2025”, según consta en el artículo 1° del nuevo decreto.

Corredores Viales S.A., creada originalmente para administrar rutas bajo el régimen de concesión por peaje, fue incluida en el listado de empresas estatales sujetas a privatización total conforme al artículo 7° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Diagnóstico institucional y reformas estructurales

Durante el período de intervención vigente, se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación operativa y administrativa de la empresa, que identificó falencias estructurales en áreas clave como finanzas, compras y contrataciones, gestión legal y capital humano, así como irregularidades en el relevamiento de activos fijos.

Como parte del proceso de reestructuración interna, se implementaron medidas como:

  • Aprobación de un nuevo organigrama institucional.
  • Actualización de normas, reglamentos y procedimientos para contrataciones.
  • Constitución de un Comité de Inversiones.
  • Regularización del área jurídica.

Estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de la Ley de Bases, que exige procesos de privatización con altos estándares de publicidad, competencia y gobierno abierto.

La continuidad de la intervención también responde a la complejidad del proceso de disolución y a la necesidad de avanzar con la renegociación de contratos, liquidación de activos y aseguramiento de la continuidad operativa de los corredores viales en transición hacia la concesión privada.

La ejecución del plan está a cargo del Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con participación de la ex Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos técnicos del Estado nacional.

La prórroga garantiza que el proceso de salida del Estado de la gestión directa de rutas y autopistas se lleve adelante sin interrupciones operativas ni riesgos legales. La decisión política de avanzar en la concesión por peaje como mecanismo de gestión vial se mantiene firme dentro del esquema de desestatización que impulsa el gobierno nacional.

Según lo dispuesto en el Decreto 464/2025, el Ministerio de Economía podrá dictar normas complementarias que resulten necesarias para implementar la medida, que ya se encuentra en plena vigencia desde su publicación.

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Golpe a la infraestructura federal: el cierre de Vialidad Nacional genera incertidumbre en las provincias

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El anuncio del cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad por parte del presidente Javier Milei, formalizado por el vocero Manuel Adorni como una “acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, generó una fuerte preocupación en las provincias, donde se teme por el futuro del mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales clave para la conectividad y la economía regional.

Desde el Gobierno de Misiones la reacción fue cautelosa pero crítica: “Hay que ver la letra chica. Si viene o no con recursos. No pinta bueno para el país si es sin recursos para sostener. Las rutas son la infraestructura básica”, señaló una fuente oficial. Y graficó: “Es como si se desarma Vialidad Provincial y cada municipio se tiene que hacer cargo de su pedacito. Inviable. Veremos”.

En la práctica, Vialidad Nacional ya estaba desfinanciada: sin fondos ni obras activas, la mayoría de los proyectos en ejecución estaban paralizados. Sin embargo, su estructura administrativa, técnica y de personal seguía siendo un punto de apoyo esencial para los distritos provinciales. 

En Misiones, el distrito contaba con unos 145 empleados y la responsabilidad sobre alrededor de 500 kilómetros de rutas nacionales. El resto, como la Ruta Nacional 12 y los 35 kilómetros de autovía de la Ruta 105, se encuentran concesionados a través de empresas privadas, bajo la órbita de Corredores Viales o de la Provincia.

La medida, que fue oficializada en el Boletín Oficial, implica también el cierre de la Agencia de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. Todo un repliegue del Estado nacional en un área sensible y estructural para el país, en un contexto en el que los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos -que originalmente debían nutrir al sistema vial- han sido absorbidos completamente por la administración central, sin reinversión en obras.

El presidente Milei justificó la disolución como un paso hacia “la eliminación de la corrupción en la obra pública”, pero no presentó un plan claro sobre cómo se sostendrá el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales distribuidos en un país de dimensiones continentales. Tampoco se explicó qué ocurrirá con los trabajadores ni con los proyectos en curso.

Mientras tanto, los gobiernos provinciales observan con inquietud un nuevo paso hacia la recentralización de fondos sin responsabilidades de ejecución. La desarticulación de un organismo clave como Vialidad Nacional, sin previsión de continuidad operativa ni respaldo financiero, anticipa un escenario de mayor fragmentación y precariedad para la red vial argentina.

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Milei disolvió Vialidad Nacional

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El Gobierno de Javier Milei dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.

En conferencia de prensa, Adorni detalló que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial de mañana.

En la práctica, Vialidad ya era un organismo sin funciones, ya que estaba sin recursos y las obras en distintas rutas del país, paralizadas. Uno de los reclamos de los gobernadores fue justamente por la parálisis de Vialidad y la administración de los recursos, ya que el Impuesto a los Combustibles Líquidos debía nutrir al organismo y sin embargo, el Gobierno nacional absorbió todos los recursos sin hacer una sola obra.

Vialidad tenía a lo largo del país, unos cinco mil operarios, que ahora quedarán a la deriva.

“Esto es un país desconectado literalmente”, cuestionó un dirigente misionero al enterarse de la noticia.

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Vialidad Nacional realiza mantenimiento en diferentes sectores de la ruta 14 en Misiones

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Vialidad Nacional, a través del 15° Distrito Misiones, informa que durante esta semana se llevan adelante diversas tareas de mantenimiento y conservación sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 14, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de transitabilidad sobre las rutas nacionales de la provincia.

Detalle de los tramos y trabajos que se ejecutan:

Km 871,5 – Cercanías de Oberá: tareas de bacheo y limpieza de cunetas en ambos márgenes de la calzada, como parte del mantenimiento periódico de la infraestructura vial.

Km 1048,6 – Zona de San Pedro: reparación y reposición de una alcantarilla transversal, fundamental para el correcto escurrimiento pluvial y la preservación de la calzada.

Km 788,14 – Próximo a San José: relevamiento topográfico con sistema GPS y nivelación de precisión sobre la estructura de la alcantarilla ubicada sobre el arroyo Pindapoy Grande, con el fin de recabar datos técnicos para futuras intervenciones hidráulicas.

Todas estas acciones son realizadas por personal de Vialidad Nacional con equipamiento propio y se enmarcan dentro del Plan de Conservación Integral que el organismo ejecuta en todo el país.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la presencia de equipos y trabajadores sobre la calzada, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las zonas intervenidas, reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal presente. Estas medidas son fundamentales para resguardar la seguridad tanto de los usuarios como de los operarios viales.

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