El nacimiento del yaguareté número 50 en libertad en los Esteros del Iberá marca un nuevo hito en uno de los procesos de restauración ecológica más ambiciosos de Argentina. La cifra confirma el éxito de un proyecto que logró reintroducir al mayor felino de América en una región donde había desaparecido hace más de siete décadas.
El registro representa mucho más que un dato simbólico. Refleja la consolidación de una población reproductiva de yaguaretés en estado silvestre, capaz de sostenerse y expandirse en un ecosistema donde la especie había sido extinguida por la caza y la pérdida de hábitat.
El proceso fue posible gracias al trabajo articulado entre Rewilding Argentina, el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, instituciones científicas, equipos veterinarios, técnicos especializados y comunidades locales. Durante años, las tareas incluyeron la construcción de corrales de adaptación, el traslado de ejemplares, programas de reproducción, monitoreo permanente y liberaciones controladas.
La recuperación del yaguareté tiene un impacto que trasciende a la propia especie. Como principal depredador terrestre del país, cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas, regulando poblaciones de otras especies y contribuyendo a la restauración de procesos ecológicos que se habían perdido tras su desaparición.
Con una población creciente de ejemplares libres en Iberá, los esfuerzos de conservación ingresan ahora en una nueva etapa. El desafío pasa por fortalecer la conectividad entre poblaciones silvestres y promover la recuperación del yaguareté en otros ambientes naturales de Argentina, favoreciendo corredores biológicos que permitan ampliar su distribución histórica.
Desde la organización conservacionista destacan que el concepto de rewilding va más allá de la reintroducción de una especie. El objetivo es reconstruir ecosistemas completos, recuperar funciones ecológicas esenciales y generar condiciones para que los procesos naturales vuelvan a desarrollarse de manera autónoma.
El nacimiento del yaguareté número 50 se convierte así en un símbolo de la recuperación de la biodiversidad en el nordeste argentino y en una muestra de que la convivencia entre las comunidades humanas y la fauna silvestre es posible cuando existen políticas de conservación sostenidas en el tiempo.
La problemática del atropellamiento de fauna silvestre en Misiones sumó un nuevo antecedente institucional relevante. La futura concesión del Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones, que incluye sectores estratégicos de la Ruta Nacional 12, deberá incorporar medidas específicas de monitoreo, análisis y mitigación ambiental para reducir el impacto sobre especies silvestres, incluidas algunas en grave riesgo de conservación.
La incorporación de estas exigencias fue destacada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que impulsó distintas actuaciones y pedidos formales para que la problemática fuera contemplada dentro de los pliegos definitivos de licitación elaborados por la Dirección Nacional de Vialidad.
El avance adquiere especial relevancia en Misiones, una provincia atravesada por corredores biológicos estratégicos de la Selva Paranaense y donde el atropellamiento de fauna constituye una de las principales amenazas para especies emblemáticas como el yaguareté, el tapir y otros mamíferos de gran porte.
Durante la investigación impulsada por la Defensoría, distintos organismos nacionales y provinciales aportaron información sobre la gravedad de la situación. Entre ellos participaron la Administración de Parques Nacionales y la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), que brindaron datos técnicos sobre sectores críticos, patrones de mortalidad y especies afectadas.
Con base en esos informes, la Defensoría presentó observaciones durante la audiencia pública correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Allí solicitó expresamente que los pliegos incluyeran estudios ambientales específicos, monitoreos sistemáticos y herramientas orientadas a disminuir el impacto vial sobre la biodiversidad.
Finalmente, los documentos licitatorios incorporaron artículos que obligan al futuro concesionario a realizar relevamientos ambientales permanentes, monitoreo de fauna atropellada, análisis de permeabilidad ecológica y evaluación del denominado “efecto barrera”, uno de los fenómenos más estudiados en ecología vial por fragmentar hábitats y alterar corredores biológicos.
Además, el concesionario deberá elaborar recomendaciones técnicas y estrategias de mitigación destinadas a prevenir nuevos atropellamientos y mejorar la conectividad ecológica en las zonas de mayor sensibilidad ambiental.
Desde la Defensoría consideraron que la inclusión de estas herramientas representa “un avance relevante” porque incorpora formalmente la problemática ambiental dentro de las obligaciones contractuales de la futura concesión vial.
También señalaron que el caso podría convertirse en antecedente para otros corredores nacionales donde se registran situaciones similares, especialmente en regiones con alta biodiversidad y fuerte presión del tránsito pesado.
El antecedente inmediato más cercano fue el de la conexión vial Rosario-Victoria, donde también se incorporaron medidas vinculadas al monitoreo y mitigación del atropellamiento de fauna silvestre. En ese caso, las obras ya fueron adjudicadas y comenzaron las primeras instancias de trabajo técnico y articulación institucional previstas en los pliegos.
En Misiones, la discusión adquiere una dimensión aún más sensible por el valor ambiental de la Selva Misionera, uno de los últimos grandes remanentes continuos de bosque atlántico del continente y hábitat de especies críticas para la conservación regional.
El avance también se produce en un contexto donde científicos, ambientalistas y organismos provinciales vienen advirtiendo sobre el impacto creciente del tránsito en rutas que atraviesan áreas protegidas y corredores biológicos estratégicos de la provincia.
En una provincia donde históricamente la riqueza se midió por lo que se extraía del monte -madera, yerba, té, tabaco o biodiversidad convertida en recurso-, está sucediendo una transformación silenciosa. Tardará años en verse, pero que comienza a transformarse en un legado a perpetuidad. En lugar de cortar monte, de expandir la frontera agraria, hay quienes vieron el negocio en reforestar, en cuidar, en replantar monte caído. Y el negocio está funcionando: consiguió inversiones por siete millones de dólares.
La firma detrás de esta transformación es Nideport, que encontró en Misiones el laboratorio perfecto para desarrollar créditos de carbono de alta integridad. Hace seis meses, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, desarrollado por la empresa Nideport, obtuvo la certificación internacional de Verra bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), el máximo nivel de reconocimiento global por su impacto en clima, comunidad y biodiversidad.
La certificación de 138.000 créditos de carbono (VCUs) posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales más grandes del mundo y el primero de bosque nativo en Argentina en alcanzar este nivel de validación. La certificación abarca dos años, 2021 y 2022, sobre la retención de emisiones en la selva misionera.
Verra -la misma entidad que certifica los bonos de carbono del programa jurisdiccional de Misiones– garantiza que estos créditos poseen trazabilidad, adicionalidad y permanencia verificable, lo que les otorga credibilidad y competitividad en los mercados internacionales.
Juan Núñez -junto a su socio Tomás Gutiérrez– es uno de los empresarios detrás de uno de los proyectos más singulares de la nueva economía verde argentina: transformar la recuperación de bosque nativo degradado en un activo rentable, escalable y financieramente sostenible.
“No podíamos depender de la filantropía. Salvar la selva tenía que ser rentable, porque si no, nunca iba a escalar”, resume, con una frase que funciona como manifiesto de época. “Entendíamos que la filantropía para nosotros no era el camino y que también para que eso sea escalable necesitamos que tuviera rentabilidad. Como cualquier negocio”.
No habla desde el ambientalismo tradicional. Es abogado, viene del mundo de la tecnología y la seguridad, con formación en Israel y trayectoria lejos del universo forestal. Pero encontró en la crisis climática una certeza brutal: el sistema natural del planeta ya no logra regenerarse solo.
“Los umbrales biológicos ya están prácticamente cruzados. El mundo ya no se regenera naturalmente”, dice. “La economía global depende mucho de lo que sucede con los bosques, con la producción incluso hídrica de los ríos y demás, tienen origen en los bosques”.
Juan Núñez y Tomás Gutierrez son los socios fundadores de Nideport, que certificó bonos de carbono en Misiones.
Y allí nació la pregunta fundacional: si toda la economía global depende de los bosques -del agua, del clima, de los suelos, de la biodiversidad-, ¿por qué restaurarlos no podía ser también un gran negocio?
La respuesta apareció en el mercado de créditos de carbono.
Ese sistema, consolidado tras el Protocolo de Kioto y luego reforzado por el Acuerdo de París, permite que empresas que emiten dióxido de carbono compensen su huella comprando créditos generados por proyectos que capturan o evitan emisiones.
Pero no todos los créditos son iguales.
Nideport eligió trabajar en el segmento más exigente y más valorizado: créditos asociados a restauración real de naturaleza, con impacto medible en biodiversidad, trazabilidad tecnológica y licencia social validada con comunidades locales.
“Hoy el mercado está orientado a créditos que restauran la naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros”, explica. “Es un tipo de producto barra servicio ideado para hacer un negocio detrás de restaurar el planeta”.
La compañía emite créditos certificados bajo estándares internacionales de máxima exigencia, entre ellos Verra, principal referencia global del mercado voluntario de carbono, además de la distinción CCB Gold -la máxima calificación por impacto positivo en clima, biodiversidad y comunidades- y una calificación A de Sylvera, que la ubica entre los proyectos IFM de mayor integridad y desempeño del mercado .
La sustentabilidad en Nideport, se construye con datos. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica propia basada en inteligencia artificial, drones autónomos y monitoreo forestal en tiempo real que permite supervisar grandes extensiones de bosque y detectar amenazas ambientales antes de que se conviertan en daño irreversible.
Cada árbol plantado está georreferenciado. Cada avance del bosque puede medirse y cada riesgo puede anticiparse.
La estructura incluye tecnología LiDAR, fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras trampa, cámaras en vivo, imágenes satelitales y protocolos de seguridad orientados a prevenir incendios, monitorear deforestación y detectar incluso caza furtiva en zonas críticas .
Además, incorporan blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad total de los créditos emitidos, una condición central en un mercado donde la credibilidad define el valor.
Misiones no es el único territorio en el que invierten. En Uruguay están en la etapa de planificación, gestión y análisis de nuevos ecosistemas y proyectan una expansión global con más de 2 millones de hectáreas evaluadas en múltiples países.
El desembarco en Misiones no fue casual. Uno de los founders tenía tierras en la provincia y fue el anzuelo. Luego, ante complicaciones sucesorias, iniciaron la búsqueda de nuevos campos y encontraron una oportunidad única en el norte misionero: superficies de bosque nativo degradado por décadas de tala selectiva.
“Entendiendo que había una gran oportunidad en Misiones por toda la actividad forestal de bosques nativos”, relata.
No se trata de selva virgen, pero tampoco tierra perdida. Territorios donde todavía sobrevive entre el 20% y el 30% de la biomasa original de un bosque prístino.
“Buscamos tierras que compatibilicen con la emisión de crédito de carbono y que impliquen la necesidad de restaurarlas. Ese es el punto”, explica. “En nuestro caso, en el primer campo que estamos desarrollando, la biomasa está más o menos en un 20% de un bosque prístino”.
Su proyecto insignia es Vida Nativa, en San Pedro, frontera con Brasil: una intervención de 22.878,5 hectáreas sobre el Bosque Atlántico misionero, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente .
Se trata de una ex forestal belga atravesada por cuatro sierras, con una geografía compleja y una biodiversidad que aún resiste: más de 50 especies endémicas y al menos diez especies en peligro de extinción, incluido el yaguareté .
El modelo fue de arrendamiento con opción a compra. “El arrendamiento genera la rentabilidad que tenía por la extracción de madera, pero con muchos menos conflictos y riesgos”, explica Núñez. “Después adquirimos la tierra y ya la preservamos a perpetuidad”.
Plantar no alcanza: restaurar lleva décadas
Hablar de árboles puede sonar simple. No lo es. La restauración ecológica seria no consiste en plantar especies en línea para una foto institucional.
Implica entender el suelo, los doseles, la dinámica, los corredores biológicos y la recuperación funcional del ecosistema.
En Nideport comenzaron con ensayos en 2021. En 2022 iniciaron plantaciones.
Entre 2023 y 2024 ya superaron los 40.000 árboles nativos plantados y mantienen una proyección de 100.000 árboles para 2026.
“Queremos alcanzar los 100 mil árboles por año, pero con rigor científico. Primero hay que entender el suelo y cómo responde el bosque”, explica. “Hoy ya estamos en 30 mil árboles por año”.
La intervención cubre entre 200 y 300 hectáreas por año, dependiendo del nivel de degradación y de la presencia de “bambucias”, esas etapas de transición natural del monte.
Restaurar completamente un bosque puede llevar entre 20 y 60 años. En algunos casos, incluso siglos.
“La selva puede tardar entre 500 y 1000 años en restaurarse sola. Nosotros aceleramos ese proceso”, dice.
Además, el proyecto ya incorporó una estrategia de conservación a 100 años, una definición poco habitual incluso dentro del mercado internacional de carbono .
Lo que empezó como una idea entre amigos durante la pandemia terminó atrayendo a uno de los fondos más relevantes de América Latina.
“Surge de un grupo de amigos. A mí particularmente se me ocurre que no podíamos ir por la filantropía. Ya conocía el mercado de créditos de carbono por otro inicio de negocio y empezamos a plantear esa idea. Nos agarra la pandemia y en lugar de dedicarle tiempo a Netflix decidimos empezar a desarrollar el modelo”, recuerda.
Draper Cygnus -ligado a Tim Draper, histórico inversor de Tesla y SpaceX- tomó participación en la compañía. Hoy posee el 10%.
En total, entre equity y deuda de impacto, Nideport levantó cerca de siete millones de dólares.
Entre los inversores figuran además Koi Ventures, Antom.la, Alma Vest y Embarca, fondos vinculados a innovación climática y capital de impacto .
Ese capital permitió desarrollar tecnología propia, certificar créditos de carbono -una barrera que muchos proyectos nunca logran superar- y comenzar la fase de retorno. Hoy el negocio ya es rentable.
“Sí, es un negocio rentable. Supera el 40% de retorno”, afirma. “Ya somos un proyecto que logró certificar créditos de carbono, algo que muchos desarrolladores nunca llegan a conseguir”.
Pero advierte: no es un negocio rápido. Requiere paciencia, certificación, tiempo y credibilidad.
No hay greenwashing posible cuando se trabaja con estándares internacionales serios.
En tiempos donde la sustentabilidad suele reducirse a discursos corporativos, Núñez insiste en una premisa poco habitual en el mundo financiero: antes que cualquier aprobación política, importa la licencia social.
Antes que cualquier oficina pública. Primero, la comunidad Mbya.
“Lo importante para nosotros es que el cacique y la comunidad nos den su consentimiento con la comunidad. Eso está antes que cualquier político o estructura de gobierno, los dueños ancestrales de la tierra”, afirma.
Y profundiza: “Eso es el modelo principal. Una vez que tenemos la licencia social, que fue lo primero que hicimos antes de tocar cualquier planta o poner un pie en la tierra, logramos esa aprobación”.
La comunidad Tekoa Alecrín fue el primer actor consultado y hoy forma parte estructural del proyecto, junto al trabajo con cooperativas locales, fortalecimiento comunitario, acceso al agua potable, mejoras habitacionales tradicionales, apoyo educativo y empleo local.
“Nos juntamos con la comunidad, con las cooperativas locales, con el intendente de San Pedro que tiene una apertura muy interesante, y con esa base de licencia social ya estamos conformes”, explica.
Después llegaron las cooperativas, el municipio y recién luego el resto del sistema institucional. En el negocio del carbono, sin legitimidad territorial, no hay proyecto posible.
La burocracia argentina y la urgencia del planeta
Misiones avanza en una estructura provincial para créditos de carbono. La Nación también tiene registros y marcos regulatorios.
Pero para Núñez, el problema sigue siendo la velocidad. “Misiones está recién teniendo una estructura bastante sólida”, señala. “La Nación tiene un tratamiento sobre los créditos de carbono y un registro, pero son realmente estructuras muy burocráticas. Llevamos años en conversación”.
Y ahí aparece una tensión profunda entre la urgencia climática y la lentitud estatal.
Mientras el planeta pierde entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosque por año, la regulación suele caminar a velocidad de expediente.
“Si tuviésemos un mercado de créditos de carbono regulado como existe en Japón, en Paraguay o en México, estaríamos en la panacea, pero bueno, es la Argentina”, ironiza Núñez.
“La humanidad necesita restaurar 2.500 millones de hectáreas de bosques desaparecidos”, advierte.
La visión corporativa ya está planteada con una meta concreta: restaurar 45 millones de hectáreas hacia 2035 y consolidarse como referente regional en soluciones climáticas basadas en la naturaleza .
Núñez no evita hablar del contexto político ni de la mirada ambiental del Gobierno nacional.
Sabe que el presidente Javier Milei tiene una visión distante respecto del cambio climático y la agenda ambiental, pero asegura que eso no modifica la convicción de la empresa.
“El Presidente tiene su visión sobre el planeta y sobre lo que es el cambio climático, la restauración ambiental; nosotros tenemos la nuestra”, afirma.
Y remata con una definición que resume su postura: “Así como él no lo frena a nadie, nosotros tampoco, y veremos el impacto que tiene cada uno en el tiempo”.
El legado: devolverle algo a la tierra
Hay una frase que atraviesa toda la conversación y que define más que un modelo de negocios.
“Nosotros generamos recursos naturales donde la mayoría de los modelos se basan en extraer recursos naturales”, dice.
Núñez sabe que el capitalismo define las reglas actuales del juego. Y si la única forma de salvar bosques es que salvarlos sea rentable, entonces prefiere jugar ahí.
“Ojalá que los árboles no tuviesen que pagar por ser salvados. Esto lo hablamos mucho internamente. Nosotros no creamos eso ni pusimos eso ahí”, admite.
“De alguna manera nuestro trabajo y nuestro fundamento es devolver a la tierra lo que está quitando la humanidad”, sostiene. “No sé si es una mochila que nos corresponde, pero sí que asumimos”.
Y concluye con una mirada de largo plazo: “Yo creo que las generaciones futuras particularmente no nos lo van a agradecer. Hoy no sé si se siente tanto, pero estamos muy convencidos de lo que hacemos”.
En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y Aguas Misioneras Sociedad del Estado, realizada este miércoles 29 de abril, Agua de las Misiones presentó oficialmente a Kunu, su nueva mascota institucional y embajador de la biodiversidad misionera.
El personaje fue concebido como una figura cercana, educativa y con fuerte identidad regional, pensada para transmitir mensajes vinculados al cuidado ambiental, la preservación del agua y la protección de los recursos naturales, especialmente entre niños y familias. Su presencia estará integrada en campañas digitales, actividades recreativas, acciones institucionales y propuestas pedagógicas orientadas a la concientización ambiental.
La elección del yaguareté como símbolo no fue casual. Se trata de una de las especies más representativas de la Selva Paranaense y uno de los mayores emblemas de conservación de Misiones. Su figura está profundamente asociada a la defensa de la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas de la provincia, convirtiéndolo en un ícono natural con fuerte valor identitario.
El nombre Kunu surgió a partir de un concurso abierto impulsado a través de las redes sociales de la marca, que convocó a una amplia participación de la comunidad. Se recibieron propuestas desde distintos puntos del país y la opción ganadora fue presentada por una seguidora oriunda de la ciudad de Salta, consolidando una propuesta participativa que fortaleció el vínculo con el público.
Desde la empresa destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia de comunicación orientada a profundizar el vínculo con las familias desde una perspectiva educativa, participativa y con arraigo territorial. La intención es reforzar valores asociados al respeto por la naturaleza, el uso responsable del agua y la preservación del patrimonio ambiental de Misiones.
Además, Kunu será una de las figuras destacadas en la promoción institucional de la marca de cara al próximo Mundial de Fútbol, integrándose a futuras campañas especiales y contenidos vinculados a este evento internacional, ampliando así su alcance como representante de la identidad misionera.
Con esta incorporación, Agua de las Misiones continúa consolidando una estrategia de comunicación alineada con el compromiso ambiental, la educación sustentable y la puesta en valor de la biodiversidad provincial, fortaleciendo su posicionamiento como una marca vinculada al cuidado del entorno natural.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones dio un paso clave en la estrategia de conservación del yaguareté al otorgar la viabilidad ambiental preliminar al proyecto de “Plan de suplementación poblacional” en la Reserva de Biosfera Yabotí. La medida, formalizada mediante la Resolución Nº 113 del 17 de abril de 2026, habilita el avance de una iniciativa que busca recuperar la población silvestre del felino más emblemático de la región.
El proyecto se desarrollará en el Parque Provincial Esmeralda, en el municipio de San Pedro, dentro de un predio de 30.000 hectáreas. Allí se prevé la construcción de recintos de manejo en una superficie cubierta de 707,89 metros cuadrados, como parte de una intervención de largo plazo con una vida útil estimada en 20 años. La Reserva de Biósfera Yabotí se extiende sobre unas 250,000 hectáreas de selva, donde aún sobreviven especies en peligro como el Águila Harpía y el propio yaguareté. Estudios recientes muestran que el Parque Provincial Esmeralda, situado dentro de la reserva, cuenta con una abundancia de presas que podría sostener a una población mayor de estos felinos, en caso de que se concrete el refuerzo poblacional.
El eje del plan es la suplementación poblacional con ejemplares de ADN misionero, con el objetivo de fortalecer la base genética de la especie y asegurar su permanencia en el hábitat natural. Según se desprende del expediente técnico, la iniciativa busca consolidar la recuperación del yaguareté dentro del Corredor Verde misionero.
La estrategia se inscribe en el Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera (2025–2034), que prevé implementar el manejo activo de la especie hacia 2027. En esta primera etapa, el foco estará puesto en el desarrollo de técnicas de cría en cautiverio bajo condiciones naturales controladas, con vistas a la futura reintroducción en ambientes adecuados.
El proyecto no solo busca reintroducir ejemplares en Yabotí, sino también crear políticas de restauración y conservación de los corredores de biodiversidad. “No podemos realizar una reintroducción sin abordar los factores que llevaron a la disminución de la especie. Estos factores incluyen la cacería, la pérdida de hábitat y los atropellamientos,” indicó el director del IMiBio.
Misiones, según estudios del IMiBio, podría potencialmente albergar entre 250 y 300 yaguaretés en total si se optimiza el entorno y se controlan las amenazas. La reserva de Yabotí, junto con áreas aledañas, tiene suficiente superficie y fauna de presas para soportar una población considerable de estos grandes felinos.
La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental consideró “oportuno, meritorio y conveniente” avanzar con la viabilidad preliminar, aunque estableció un conjunto de exigencias que el proponente -la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia- deberá cumplir en un plazo de 60 días.
Entre las principales obligaciones figuran:
Presentar información técnica complementaria con mayor nivel de detalle.
Cumplir con planes de contingencia, gestión ambiental y monitoreo mensual.
Informar cualquier modificación del proyecto antes de su ejecución.
Minimizar impactos ambientales durante todas las etapas de la obra.
Además, se impusieron restricciones ambientales estrictas, como la prohibición de introducir especies exóticas, la obligación de restaurar áreas intervenidas y la preservación absoluta de cursos de agua y nacientes.
La estrategia no es una reintroducción o rewilding, como ocurrió en Corrientes. En Misiones el animal nunca desapareció completamente. Lo que se busca es reforzar la población. Si el proyecto prospera, la reserva Yabotí podría albergar entre 20 y 30 yaguaretés en el futuro. Pero el objetivo va más allá de los números.
Mientras que en Corrientes la fundación Rewilding ha tenido éxito en la reintroducción de yaguaretés en los Esteros del Iberá, donde actualmente hay 50 ejemplares en libertad, Misiones aún no ha implementado programas masivos de este tipo. En esta ocasión, el proyecto de refuerzo poblacional en Yabotí busca desarrollar técnicas de suplementación de individuos siguiendo normas técnicas internacionales y bajo el cumplimiento de la legislación vigente.
Un proyecto bajo el paraguas constitucional y ambiental
La resolución se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional -que consagra el derecho a un ambiente sano- y en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), que establece la Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta obligatoria para la toma de decisiones.
En ese marco, el Ministerio remarcó que la EIA es un procedimiento “técnico-administrativo con carácter preventivo” que permite analizar la viabilidad ambiental antes de ejecutar cualquier proyecto, garantizando que no comprometa los recursos para futuras generaciones.
La viabilidad otorgada no implica una autorización definitiva, sino el inicio de un proceso de evaluación más profundo. El proyecto deberá cumplir con todas las exigencias técnicas y ambientales para avanzar hacia su aprobación final.
Con esta resolución, Misiones refuerza su posicionamiento como una de las provincias líderes en políticas de conservación, apostando a la recuperación de una especie clave para el equilibrio ecológico de la Selva Paranaense.
