yerba mate

Rescataron a tareferos que estaban sin alimentos y sin poder regresar a sus hogares en Oberá

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Un grupo de trabajadores tareferos que realizaba tareas rurales en Colonia San Juan y Picada Las Minas, en el municipio de San Pedro, fue asistido después de que una denuncia anónima alertara sobre las condiciones en las que se encontraba. Los trabajadores estaban sin alimentos y no contaban con medios para regresar a sus hogares en Oberá, donde permanecían sus familias.

La situación motivó la intervención del Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones. Por indicación de la ministra Silvana Giménez, el subsecretario de Relaciones Gremiales, Gastón Mesa, llegó hasta la zona junto con inspectores del Departamento de Policía del Trabajo y del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo.

En el lugar se realizó un relevamiento de los tareferos y de las condiciones en las que permanecían mientras desarrollaban sus tareas. La inspección constató una situación de vulnerabilidad: además de encontrarse lejos de sus lugares de residencia, los trabajadores no tenían alimentos ni posibilidades de retornar por sus propios medios a Oberá.

Ante ese escenario, Trabajo tomó contacto con las partes involucradas para resolver, como primera medida, el regreso de los tareferos. La intervención permitió organizar el traslado hasta Oberá y que los trabajadores pudieran reencontrarse con sus familias.

La actuación, sin embargo, continuará después del regreso. A partir de la información recogida durante la inspección, la Delegación del Ministerio de Trabajo en Oberá se pondrá en contacto con los trabajadores para brindar asistencia y realizar el seguimiento de cada situación.

La denuncia que dio origen al operativo había sido realizada de manera anónima y permitió que los inspectores se trasladaran hasta las zonas rurales de San Pedro para verificar directamente las condiciones denunciadas.

La intervención se inscribe en las tareas de fiscalización laboral que realiza la Provincia, particularmente relevantes en actividades rurales como la cosecha de yerba mate, donde los trabajadores pueden permanecer durante períodos prolongados lejos de sus hogares y familias.

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Proponen bajar del 35% al 25% el palo en la yerba para mejorar calidad y precio

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El porcentaje de palo permitido en la yerba mate volvió al centro de la discusión sobre cómo enfrentar los desequilibrios del mercado. Una iniciativa presentada en la Legislatura misionera propone reducir del actual 35% al 25% el límite máximo autorizado en la yerba mate elaborada con palo.

El proyecto de comunicación fue presentado por el diputado provincial Martín Arjol y solicita al Poder Ejecutivo de Misiones que gestione ante las autoridades nacionales la modificación del Código Alimentario Argentino.

La propuesta tiene dos objetivos. Por un lado, aumentar la proporción relativa de hoja en el paquete y mejorar así la calidad del producto final. Por otro, utilizar esa modificación como una herramienta para incidir sobre la ecuación entre producción, demanda industrial y stocks.

Ese segundo punto aparece en un momento especialmente sensible para la cadena yerbatera, atravesada por la caída del precio que recibe el productor y por una discusión abierta acerca de las causas del desequilibrio.

En los fundamentos, Arjol sostiene que la yerba mate atraviesa ciclos de exceso y escasez y que, cuando la disponibilidad de hoja verde supera la capacidad de absorción del mercado interno, las exportaciones y los stocks, aumenta la presión bajista sobre el precio primario.

“La yerba mate no se comporta como un commodity. El sector atraviesa ciclos de exceso y escasez de oferta que terminan repercutiendo directamente sobre el pequeño productor”, señala el legislador.

Diez puntos menos de palo

La modificación propuesta es concreta: llevar del 35% al 25% el máximo de palo admitido en la yerba mate elaborada.

Los fundamentos del proyecto señalan que históricamente la participación del palo fue menor y que el porcentaje autorizado se incrementó en diferentes momentos frente a escenarios de escasez de materia prima.

El efecto sobre la composición del paquete sería directo: con un límite menor de palo, aumentaría proporcionalmente la participación de hoja en el producto elaborado.

La iniciativa plantea esa modificación como una alternativa a mecanismos de regulación directa sobre la producción. “Es una medida sencilla, razonable y menos traumática que otras alternativas intervencionistas. Podemos mejorar la calidad de nuestra infusión nacional y, al mismo tiempo, contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de materia prima”, sostiene Arjol.

El proyecto incorpora además otro aspecto de la regulación: propone un tratamiento específico para las yerbas saborizadas y una tipificación diferenciada para las yerbas compuestas. El argumento es que estas últimas pueden contener hasta un 40% de otros vegetales y, por lo tanto, deberían diferenciarse con mayor claridad de la yerba mate tradicional.

El cambio depende de Nación

La modificación no puede resolverse exclusivamente desde Misiones. El porcentaje permitido forma parte de la normativa alimentaria nacional, por lo que el proyecto pide al Gobierno provincial que impulse la gestión ante los organismos nacionales competentes.

La iniciativa menciona como contexto el Decreto 538/2025, que modificó el sistema de actualización del Código Alimentario Argentino y disolvió la Comisión Nacional de Alimentos. Según los fundamentos, el nuevo esquema otorga un papel directo a organismos técnicos como la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos, y al SENASA.

La propuesta, por lo tanto, no establece por sí misma el nuevo porcentaje. Busca que Misiones promueva ante Nación el cambio regulatorio.

Una discusión que ya estaba dentro de la cadena yerbatera

La reducción del palo no es una idea nueva. El planteo ya había surgido dentro del propio sector productivo.

Raúl Karabén, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, elaboradora de Piporé, propuso públicamente en 2024 reducir del 35% al 25% el contenido máximo permitido.

También existe un antecedente legislativo. En 2025, el entonces diputado provincial Paulino Javier Mela presentó un proyecto de comunicación con el mismo objetivo y llevó el planteo al ámbito nacional. Más recientemente, productores autoconvocados incorporaron la reducción del porcentaje de palo entre los puntos de su petitorio, junto con el pedido de emergencia para la actividad yerbatera.

La discusión vuelve ahora en un escenario de fuerte deterioro del precio de la hoja verde. Y suma una variable diferente al debate tradicional entre regulación, liberación del mercado y límites a la producción: modificar la propia composición del producto que llega a las góndolas.

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Nación busca trasladar al Senasa controles que hoy ejerce el INYM

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La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ingresó este martes en una nueva etapa. Durante una reunión extraordinaria de su Directorio, funcionarios del Gobierno nacional plantearon una propuesta de ordenamiento normativo que contempla eliminar o modificar resoluciones propias del organismo y trasladar parte de sus facultades de fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La iniciativa fue presentada durante la visita a la sede del Instituto en Posadas por funcionarios de las áreas de Desregulación y Agricultura. Participaron el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí; la directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales, Brenda Padilla Tanco; el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández.

La propuesta todavía no constituye una decisión definitiva. Deberá ser analizada por el Directorio del INYM, que deberá evaluar el alcance de las modificaciones y su factibilidad. Pero el planteo introduce una discusión de fondo: qué capacidad específica conservará el Instituto para ordenar y controlar una economía regional que ya perdió buena parte de sus herramientas regulatorias.

Ricardo Maciel, representante de Misiones en el Directorio del INYM, explicó que los funcionarios nacionales llevaron una propuesta para “abrogar y ajustar” normas vinculadas con los controles propios del Instituto, con la posibilidad de que determinadas funciones sean ejercidas por el Senasa.

Para el representante misionero, el problema no está en modernizar procedimientos, sino en qué ocurre cuando la modernización supone retirar controles específicos de una cadena productiva compleja. “Quitar controles dentro del sistema de la actividad yerbatera genera mucha asimetría”, sostuvo, al advertir que una menor capacidad regulatoria puede ampliar el margen de negociación del actor con mayor poder dentro de la cadena.

El planteo adquiere mayor peso porque el INYM fue creado precisamente como organismo especializado para una actividad con características particulares. Desde la desregulación iniciada a fines de 2023, el Instituto perdió la facultad de intervenir en la determinación de precios y otras herramientas de ordenamiento productivo. La eventual transferencia de nuevas funciones al Senasa abriría otra instancia de reducción de sus competencias.

Del control en la cadena al control en góndola

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el cambio en la modalidad de fiscalización. Según explicó Maciel, la propuesta nacional apunta a concentrar determinados controles en el producto terminado, es decir, en el paquete de yerba mate que llega a la góndola, en lugar de sostener controles intermedios sobre las distintas etapas de la cadena.

El dirigente puso como ejemplo el control del porcentaje de palo. El límite establecido para la yerba mate elaborada continúa siendo del 35% y, según explicó, durante la reunión no se planteó modificar ese parámetro. La discusión está puesta en cómo se controla su cumplimiento, y no en eliminar ese límite.

Para Maciel, trasladar el control exclusivamente a la góndola puede resultar insuficiente. La actividad yerbatera requiere controles sobre distintas etapas, desde el ingreso de la materia prima hasta su elaboración, para garantizar que las condiciones establecidas por las normas se cumplan antes de que el producto llegue al consumidor.

El comunicado difundido por el INYM presentó la propuesta desde una perspectiva de modernización institucional. Entre los temas abordados figuraron la digitalización de expedientes mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, la posibilidad de un convenio con el Senasa para articular acciones de fiscalización, registro e inspección, y la modernización del esquema de estampillado mediante un sistema digital de identificación y trazabilidad.

También se analizó la elaboración de un compendio que reúna las normas dictadas por el Directorio para depurar, consolidar y simplificar el marco regulatorio vigente. Es decir, hay un componente genuino de modernización administrativa, pero el conflicto aparece cuando la simplificación normativa se cruza con la pregunta sobre quién conserva la capacidad efectiva de controlar la cadena.

El problema que Nación no tomó: el precio de la hoja verde

La reunión tuvo además otro dato político y económico relevante. Mientras los funcionarios nacionales discutían el rediseño institucional, los representantes del sector productivo plantearon la crisis de rentabilidad que atraviesan los productores de hoja verde.

Maciel señaló que tanto él como otros representantes del sector productivo expresaron la preocupación por los valores que recibe el productor. La respuesta oficial, según relató, fue que el precio de la hoja verde no sería abordado porque corresponde a una cuestión del sector privado.

Ahí aparece la principal tensión de la discusión. Para el productor, la modificación de las reglas de fiscalización ocurre sobre una cadena cuyo principal conflicto económico sigue siendo la distribución del ingreso entre sus distintos eslabones. Para la Nación, en cambio, el precio debe resolverse dentro de las relaciones privadas y el foco de la política pública está puesto en reducir regulaciones y burocracia.

Maciel resumió esa diferencia al señalar que “de nada sirve modificar normativa de un organismo sin considerar las situaciones que está pasando el productor”. La frase condensa el dilema que atraviesa actualmente al INYM: si ya no puede intervenir sobre el precio y pierde nuevas funciones de fiscalización, qué instrumento queda para equilibrar una cadena donde el poder de negociación no está distribuido de manera uniforme.

El argumento oficial apunta a evitar superposiciones y concentrar las funciones sanitarias y de inocuidad alimentaria en el Senasa. El argumento de los sectores que defienden la estructura actual es diferente: una economía regional requiere controles específicos y cercanos a su realidad productiva, además de las competencias sanitarias generales del organismo nacional.

Una discusión que excede al INYM

El propio Instituto comunicó que la reunión forma parte de un proceso de modernización que busca avanzar en digitalización, trazabilidad y simplificación. Esos objetivos no son necesariamente incompatibles con la existencia de controles. El punto de conflicto está en determinar si la tecnología permite hacerlos más eficientes o si la desregulación termina directamente eliminándolos.

La diferencia es sustancial. Digitalizar una fiscalización puede reducir costos y mejorar la trazabilidad sin eliminar la capacidad de control. Trasladar o suprimir competencias, en cambio, modifica quién define las reglas, quién las ejecuta y qué capacidad existe para detectar incumplimientos dentro de la cadena.

Maciel sostuvo que el análisis quedará ahora en manos del Directorio y de los distintos sectores que lo integran. La discusión deberá determinar no solamente qué normas pueden simplificarse, sino cuáles resultan necesarias para evitar que la libertad de mercado termine profundizando las asimetrías existentes.

La yerba mate enfrenta así una discusión institucional que se superpone con una crisis económica. El INYM ya dejó de tener la capacidad de fijar precios y fue objeto de sucesivas modificaciones en su estructura y competencias. Si además pierde parte de sus herramientas de fiscalización, el debate dejará de ser únicamente sobre eficiencia administrativa y pasará a definir qué tipo de organismo queda para representar, ordenar y controlar una de las principales economías regionales del NEA.

El Directorio tiene ahora la tarea de evaluar la propuesta nacional. En esa instancia se jugará algo más que el destino de determinadas resoluciones: se discutirá si la modernización del INYM puede convivir con una estructura de controles capaz de evitar que la simplificación regulatoria termine trasladando todavía más poder hacia los eslabones dominantes de la cadena.

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Yerba: cae la cosecha, crecen las exportaciones y el precio de la hoja sigue por debajo del costo

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Hay una contradicción cada vez más difícil de soslayar en el mercado yerbatero. La cosecha cae, hay menos hoja verde ingresando a los secaderos, las exportaciones crecen y, aun así, el precio que recibe el productor no reacciona en la misma dirección.

El contraste toca el corazón de la discusión abierta desde la desregulación de la actividad. El Gobierno nacional, con Federico Sturzenegger como uno de sus principales voceros sobre el tema, sostiene que el problema de precios responde fundamentalmente a un desequilibrio entre oferta y demanda generado por el crecimiento de la producción. Durante su paso por Puerto Iguazú, entrevistado por Economis, el ministro defendió la desregulación y puso el énfasis en ampliar las exportaciones como mecanismo para absorber la producción argentina.

La explicación encuentra respaldo cuando se mira el extraordinario salto productivo de 2024. Pero empieza a perder fuerza cuando se observa lo ocurrido después.

El nuevo informe sectorial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre estadísticas oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate, permite reconstruir esa secuencia que contradice las palabras del ministro.

En 2024 los secaderos procesaron 987,1 millones de kilos de hoja verde, la mayor cosecha de los últimos años. El volumen estuvo 19,7% por encima del promedio 2020-2023 y fue 27,4% superior al registrado en 2023. Pero el récord no se repitió.

Durante 2025 se procesaron 889,3 millones de kilos, una retracción interanual de 9,9%. Fueron casi 98 millones de kilos menos que el año anterior. CEPA atribuye la caída al impacto del “rulo” sobre las plantaciones, pero principalmente a la pérdida de rentabilidad del productor. 

En 2026 la tendencia se profundizó. Durante el primer semestre ingresaron a los secaderos 417,5 millones de kilos, 7,2% menos que en enero-junio de 2025 y nada menos que 25,9% por debajo del mismo período de 2024. El volumen también quedó 11% por debajo del promedio de los siete primeros semestres comprendidos entre 2019 y 2025.

Julio terminó de confirmar que no se trataba de una fluctuación puntual. Entre enero y julio de este año se procesaron 568,9 millones de kilos de hoja verde: 71,5 millones menos que en igual período de 2025, una caída interanual de 11,2% y la sexta peor marca de los últimos ocho años.

Sólo en julio ingresaron 151,3 millones de kilos, contra 190,5 millones un año antes: 20,6% menos. Es decir, lejos de revertirse, la contracción de la cosecha se hizo más intensa sobre el cierre de la zafra.

La secuencia es clara: 987,1 millones de kilos en 2024; 889,3 millones en 2025; y una nueva caída de dos dígitos en los primeros siete meses de 2026.

Esto no permite afirmar que hayan desaparecido los excedentes acumulados en la cadena. La cosecha récord de 2024 pudo generar stocks de yerba canchada y la expansión de las plantaciones durante los años anteriores elevó la capacidad productiva del sector.

Pero sí obliga a introducir una distinción decisiva: una cosa es discutir la expansión estructural de la oferta y los stocks acumulados; otra es explicar el precio actual exclusivamente por una cosecha excesiva cuando la cantidad de hoja que efectivamente está ingresando a los secaderos viene cayendo con fuerza.

La oferta cae mucho más que el consumo

La demanda doméstica tampoco muestra una contracción equivalente. En 2025 el consumo interno aumentó 3,1%, desde 258,8 hasta 266,8 millones de kilos. El dato siguió 6,5% por debajo de 2023, cuando se habían comercializado 285,4 millones, pero significó una recuperación respecto del golpe sufrido en 2024.

Durante el primer semestre de 2026 el mercado interno volvió a retroceder, aunque apenas 0,7%: pasó de 138,3 millones de kilos a 137,3 millones. Y junio dejó incluso un crecimiento interanual del consumo del 9,5%.

La comparación es reveladora. Mientras la cosecha cayó 7,2% durante el primer semestre, el consumo interno bajó sólo 0,7%. La oferta primaria se contrajo, por lo tanto, a un ritmo diez veces mayor que la demanda doméstica.

Eso nuevamente debilita una lectura lineal según la cual el valor de la materia prima continúa deprimido simplemente porque sobra hoja verde.

Hay otro elemento particularmente significativo frente al argumento oficial: las exportaciones efectivamente están aumentando.

En 2025 los envíos al exterior crecieron 32,4% y alcanzaron un récord. Durante el primer semestre de 2026 volvieron a expandirse: aumentaron 6,6% interanual y llegaron a 25,9 millones de kilos. Los principales destinos son Siria, Chile, España y Estados Unidos.

Hasta julio la tendencia continuó. Las exportaciones acumularon 32,1 millones de kilos, 4% más que un año antes y un nuevo récord histórico para ese período.

Es una variable central porque el crecimiento exportador es precisamente una de las soluciones planteadas por Sturzenegger ante el reclamo de los productores.

En su entrevista con Economis durante el Congreso del IAEF en Iguazú, el ministro puso el foco en llevar la yerba argentina al mundo y defendió la posibilidad de ampliar fuertemente la demanda externa.

Los números muestran que esa salida comenzó a materializarse. La Argentina cosecha menos y exporta más. Lo que todavía no aparece es el traslado de esa combinación hacia el precio de la materia prima.

CEPA incorpora, de todos modos, un matiz relevante. Los valores de exportación están más de 50 centavos de dólar por kilo por debajo de 2023, mientras aumentaron los costos medidos en dólares. Esa combinación limita la capacidad del negocio externo para traccionar mejores precios hacia el origen.

La apertura importadora constituye otra pieza de la discusión, pero tampoco explica por sí sola el comportamiento de la hoja verde. Las importaciones habían saltado desde 6,6 millones de kilos en 2023 hasta 11,9 millones en 2024. En 2025 fueron 11,3 millones.

Durante el primer semestre de este año, sin embargo, cayeron 30,1% interanual, desde 6,5 hasta 4,5 millones de kilos. Además, el 99,9% de lo importado corresponde a yerba mate molida, no a hoja verde: 65,8% proviene de Brasil y 34,2% de Paraguay.

En términos de magnitud, CEPA calcula que las importaciones equivalieron a apenas 3,3% de la producción molida nacional durante el primer semestre.

El comportamiento del precio de la hoja verde es todavía más llamativo cuando se reconstruye su recorrido.

En mayo de 2025 se llegó a pagar un máximo de $305 por kilo de hoja verde. El valor duró poco. Desde entonces comenzó a caer hasta tocar apenas $180 en diciembre, una reducción nominal del 41%. Durante 2026 hubo una recomposición parcial: $220 en marzo, $250 en abril y mayo y $280 en junio.

Aun así, el máximo de junio seguía 8,2% por debajo de mayo de 2025.

En el otro extremo de la cadena ocurrió algo diferente: el kilo de yerba en góndola rondaba en junio los $5.211, 17% más que en mayo del año anterior.

Sobre el cierre de la zafra, con menos hoja disponible, algunos secaderos comenzaron a ofrecer hasta $300 por kilo.

Los grandes molinos comenzaron a competir por adquirir hoja canchada de los secaderos ante la menor disponibilidad, aunque sin que esa competencia derivara en una mejora sustancial del valor de la materia prima. En algunos casos, el incentivo pasó por acortar plazos de pago en lugar de elevar el precio.

La escasez empezó a aparecer en el mercado físico antes que en el bolsillo del productor.

La distancia con los costos dimensiona la crisis. La actualización de la grilla del INYM utilizada por CEPA calcula en $473,70 el costo de producir un kilo de hoja verde, sin incluir impuestos ni rentabilidad.

De ese total, $201,21 corresponden a producción en planta y $245,48 a cosecha y transporte, según el informe. Contra un precio de $280, la diferencia alcanza $193,70 por kilo. En otras palabras, el valor debería aumentar 69,2% sobre esos $280 solamente para igualar el costo estimado, todavía sin incorporar impuestos ni una rentabilidad para el productor.

Incluso los $300 que algunos secaderos comenzaron a ofrecer hacia el final de la zafra representan apenas 63% del costo calculado por el INYM. Faltarían otros $173,70 por kilo simplemente para alcanzar ese umbral.

El problema no está únicamente en el valor absoluto. También cambió la distribución del precio dentro de la cadena. En diciembre de 2023 el kilo de hoja verde se pagaba $210 y el kilo de yerba en góndola costaba aproximadamente $2.794. Para junio de 2026 la hoja había subido a $280 y la góndola a $5.211.

Eso representa un incremento nominal de apenas 33,3% para la materia prima frente a 86,5% para el producto en góndola.

Cuando se ajusta ambos valores por inflación, la hoja verde perdió 60,2% en términos reales, mientras que el precio minorista también cayó, pero bastante menos: 44,3%.

El resultado aparece con nitidez en otro indicador. En junio, el productor captaba 16,1% del valor final de la yerba. Pero el promedio de enero-junio fue todavía menor: apenas 13,3%, el peor semestre desde 2019 en la relación entre el valor recibido por el productor y el precio de góndola. El ajuste fue considerablemente más profundo sobre la materia prima que sobre el producto final.

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Yerba: La Cachuera sigue líder, pero Kabour dominó agosto y acelera la pelea por las exportaciones

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Las exportaciones argentinas de yerba mate cerraron los primeros ocho meses de 2026 con 38.751 toneladas despachadas al exterior por US$69,43 millones, en un mercado cada vez más concentrado en cuatro grandes jugadores y con Siria consolidada como el destino determinante para el negocio.

La comparación entre los informes acumulados a julio y agosto muestra, sin embargo, un movimiento relevante dentro del ranking: La Cachuera continúa siendo la principal exportadora del año, tanto por volumen como por facturación, pero Grupo Kabour fue la empresa que más exportó durante agosto, recortando con fuerza la distancia respecto de la líder.

Entre enero y julio Argentina había exportado 32.113,06 toneladas por US$58,45 millones, a un valor promedio de US$1.820 por tonelada. Con la incorporación de agosto, el volumen acumulado trepó a 38.751,38 toneladas y la facturación a US$69,43 millones, aunque el precio promedio descendió a US$1.791,56 por tonelada.

Esto implica que solamente durante agosto se exportaron 6.638,32 toneladas por US$10,98 millones, a un valor promedio aproximado de US$1.654 por tonelada, sensiblemente inferior al promedio acumulado hasta julio.

La Cachuera mantiene la corona

En cantidades, La Cachuera continúa al frente del ranking nacional, con 12.518,61 toneladas exportadas entre enero y agosto, equivalentes al 32,3% de todo el volumen argentino, por un valor FOB de US$20,67 millones. En julio acumulaba 10.906,73 toneladas y US$18,13 millones.

La empresa sumó, por lo tanto, alrededor de 1.612 toneladas y US$2,54 millones durante agosto.

Pero el movimiento más fuerte vino inmediatamente detrás.

Grupo Kabour pasó de 6.694 toneladas y US$10,50 millones acumulados a julio a 9.707,95 toneladas y US$14,93 millones a agosto. Eso significa que en un solo mes colocó unas 3.014 toneladas por US$4,43 millones, convirtiéndose en el mayor exportador argentino de yerba mate durante agosto, tanto en cantidades como en divisas.

El salto elevó la participación de Kabour desde 20,85% hasta 25,05% del volumen exportado nacional, mientras La Cachuera retrocedió en participación relativa desde 33,96% hasta 32,30%.

La distancia entre las dos primeras, que al finalizar julio era superior a 4.200 toneladas, se redujo así a alrededor de 2.811 toneladas.

El ranking también presenta una particularidad según se mida el negocio por toneladas o por facturación.

Por volumen, Establecimiento Las Marías ocupa el tercer puesto, con 5.432,79 toneladas, seguido por Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, con 5.216,71 toneladas.

Pero el orden se invierte al mirar los dólares generados: Santo Pipó facturó US$10,12 millones, mientras Las Marías alcanzó US$9,80 millones. La diferencia se explica por un mayor valor unitario promedio: US$1.939 por tonelada para Santo Pipó frente a US$1.804 para Las Marías.

De esta manera, el podio por cantidades queda conformado por La Cachuera, Grupo Kabour y Las Marías, mientras que por facturación el tercer lugar corresponde a Productores de Yerba Mate de Santo Pipó.

Los cuatro grandes concentran casi 85% de las exportaciones

Otro dato que surge de la comparación es una mayor concentración.

La Cachuera, Grupo Kabour, Las Marías y Santo Pipó reúnen conjuntamente alrededor del 84,8% de las toneladas exportadas durante los primeros ocho meses del año. 

En dólares la concentración también es elevada: esas cuatro compañías generan prácticamente 80% de toda la facturación exportadora.

Detrás aparece un segundo pelotón mucho más atomizado. La Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig alcanzó 660,12 toneladas y subió del sexto al quinto puesto, desplazando a Cordeiro y Cía., que con 657,78 toneladas pasó del quinto al sexto lugar.

Luego aparecen Establecimiento Santa Ana, con 611,02 toneladas; Hreñuk, con 586,60; Grupo Kassab, con 475,50; Calo, con 369,60; y la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo, con 349,58 toneladas.

Uno de los ascensos más significativos fuera de los primeros puestos corresponde a Martin Bauer, que pasó de 80,73 toneladas y el puesto 21 en julio a 235,43 toneladas y el puesto 12 en agosto.

Siria absorbe siete de cada diez toneladas

La geografía exportadora confirma una dependencia extraordinariamente elevada del mercado sirio.

Entre enero y agosto, Siria compró 27.337,62 toneladas de yerba mate argentina, equivalentes al 70,55% de todo el volumen exportado, por US$44,35 millones, el 63,88% de la facturación total.

Y la concentración aumentó durante agosto. A julio, Siria representaba el 68,90% de las toneladas y US$36,37 millones. Un mes después pasó a 70,55% y US$44,35 millones.

Es decir que solo durante agosto Siria absorbió aproximadamente 5.213 toneladas adicionales por casi US$7,98 millones. Cerca de ocho de cada diez dólares adicionales generados por las exportaciones de yerba mate durante el mes provinieron de ese mercado.

También allí se produjo una modificación interesante: hasta julio, La Cachuera era el principal proveedor de Siria, con 8.140 toneladas, frente a 6.694 de Kabour. Con agosto incorporado, Kabour pasó al frente en cantidades destinadas al mercado sirio, con 9.707,95 toneladas contra 9.350 de La Cachuera.

En dólares, sin embargo, La Cachuera conserva una mínima ventaja dentro de Siria: US$15,03 millones contra US$14,93 millones de Kabour.

Muy lejos de Siria aparece Chile, segundo mercado para la yerba argentina, con 3.619,56 toneladas y US$6,96 millones. Representa 9,34% de las cantidades y 10,02% de las divisas.

El tercer lugar corresponde a Brasil, con 2.540,72 toneladas y US$3,66 millones; seguido por España, con 1.277,75 toneladas y US$3,37 millones, y Estados Unidos, con 733,77 toneladas y US$2,32 millones.

Alemania protagonizó otro movimiento destacado. Pasó de 349,95 toneladas y US$946 mil hasta julio a 572,84 toneladas y US$1,48 millones hasta agosto, consolidándose como sexto mercado.

Después aparecen Líbano, con 337,51 toneladas; China, con 318,98; República Checa, con 312,95; México, con 200,23; Países Bajos, con 175,78; Emiratos Árabes Unidos, con 173,55; y Canadá, con 169,54 toneladas.

La composición de las ventas permite observar estrategias comerciales diferentes.

El 100% de las 9.707,95 toneladas exportadas por Grupo Kabour tuvo como destino Siria. La Cachuera también tiene allí su mercado principal -9.350 toneladas, 74,69% de sus ventas-, pero presenta una cartera considerablemente más diversificada.

La empresa despachó además 2.295 toneladas a Brasil, 590 toneladas a España, casi 140 a Chile y cantidades menores hacia República Checa, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Polonia, Nueva Zelanda, China, Perú y Japón.

Las Marías también presenta una canasta diversificada: además de Siria, exporta a Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Paraguay, Suecia, República Checa, México, Canadá, Japón, Países Bajos, Australia, Brasil, Italia, Israel y otros mercados.

Santo Pipó concentra 77,16% de sus toneladas en Siria, aunque mantiene presencia en Chile, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Alemania, Países Bajos, Líbano, México, Estados Unidos, Australia, Malasia, Turquía, Bulgaria, Rusia y República Checa.

El desempeño de agosto muestra finalmente una señal que merece atención. El mes fue fuerte en cantidades -6.638 toneladas- y aportó casi US$11 millones adicionales, pero ese crecimiento llegó acompañado por un menor valor unitario.

El promedio acumulado de exportación pasó de US$1.820,04 por tonelada a julio a US$1.791,56 a agosto, mientras que los embarques realizados específicamente durante agosto promediaron aproximadamente US$1.654 por tonelada.

La composición explica buena parte del fenómeno: durante agosto creció con enorme fuerza el mercado sirio, donde predominan operaciones de gran volumen y valores unitarios inferiores a los obtenidos en destinos de menor escala y mayor valor agregado.

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