Omar Kassab, uno de los principales molineros de Andresito y dueño de la yerba Don Omar, anunció un aumento en el precio de la materia prima, pasando de 260 a 301 pesos por kilo de hoja verde. En diálogo con Economis, explicó los motivos detrás de la decisión y el impacto que espera en el sector.
“Venimos de un paro desde fines de febrero y hoy estamos a 19 de marzo, sin mover la actividad, perdiendo la cosecha. No le sirve a nadie”, sostuvo Kassab. El conflicto se originó porque los productores reclaman un mínimo de 450 pesos por kilo de hoja verde, mientras que los molinos se plantaron en 260 pesos. Sin embargo, en Corrientes, Playadito y La Cachuera están pagando 280 pesos.
“La idea es unir esas realidades y llegar a un punto intermedio, levantar el paro y empezar a trabajar. Nosotros pensábamos en 280, pero en la Mesa Yerbatera el Gobierno pidió un mínimo de 300 para empezar a negociar. De ahí salió ese número. Los 301 pesos se pagarán con subas escalonadas y plazos a convenir. El efectivo es difícil para todos, pero a 60 o 90 días va a estar bien”, explicó Kassab, quien llegó a Misiones en 1986 y echó raíces en Andresito en 2005. El empresario nacido en la ciudad Siria de Yabrud (a 80 kilómetros de Damasco), es el cuarto principal exportador de yerba mate de la Argentina. Tiene las marcas Secadero, Don Omar, Salam, entre otras.
Kassab espera que otros molinos acompañen la medida. “No es mucha la diferencia y los 300 pesos son posibles de pagar. Hoy hay libre mercado, hay que trasladarlo a la góndola, porque no es mucho y nadie te puede controlar. Es política de libre mercado. Pero debe ser despacito, no ser agresivos”.
Consultado sobre si otros molinos seguirán su ejemplo, respondió: “Con los que hablé, me dicen que no. Que van a esperar a ver qué pasa con el mercado. Pero no hay que esperar. Hay que trasladar al precio de la góndola. Ellos dicen que hay mucho stock, pero hay que ver la calidad”.
El empresario insistió en que la clave está en apostar por la calidad y no en una competencia de precios a la baja. “Creo que nos van a ir acompañando, no es mucha la diferencia y la verdad es que todo sube. No debemos competir bajando los precios para vender más, sino con calidad. El huevo aumentó 100 por ciento”.
Finalmente, Kassab hizo un llamado a la comprensión por parte de los productores: “Tienen que comprender que esto no es culpa de los molinos, sino de la situación general del país. No de una empresa. El mercado también cayó. Desde 2006 y 2007 veníamos con un muy buen precio y ahora que el precio cayó, hay paros y es todo un problema. Entiendo la situación, porque todo subió, pero tienen que entender que no somos los responsables. Entiendo que 250 pesos es bajo, porque también soy productor y sé que todo aumentó. Debemos aguantar y ser solidarios. El aumento del precio que anuncié ayer también es un acto solidario, más que nada. Somos bendecidos de que tenemos un producto que no tiene competencia”.
En medio de la crisis del sector yerbatero y la desregulación impuesta por el gobierno nacional, un molino de Andresito propuso un aumento del precio de la hoja verde para incentivar el inicio de la cosecha gruesa. La oferta llega en un contexto de tensión con la Nación, que se niega a revisar la eliminación de los precios mínimos fijados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), medida que generó múltiples reclamos en la provincia.
El propietario del molino Don Omar, Omar Kassab, propuso pagar $301 por kilo de hoja verde, lo que representa un incremento del 25% al 30% respecto de los valores que actualmente abonan otras industrias en Misiones y Corrientes, donde los precios oscilan entre $220 y $270, con pagos diferidos a 90 días. Además, la propuesta incluye un esquema de aumentos progresivos que llevaría el precio a $330 en junio, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los productores en un mercado que ha quedado sin regulación oficial. El objetivo es llegar a julio con un precio de 350 pesos o más.
Mes
$ por kilo HV
Marzo
301
Abril
310
Mayo
320
Junio
330
Julio*
A definir (350 o más)
Sin embargo, en el sector industrial advierten que esa oferta no se condice con la rentabilidad necesaria para que sea sostenible y por ahora no aparecen indicios de que vayan a sumarse a la propuesta.
La iniciativa de Kassab se realizó en el marco de la Concertación promovida por el Ministerio de Agricultura de la Nación, en la que se busca establecer acuerdos entre productores y molinos sin intervención estatal. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene, ya que el gobierno de Javier Milei ha ratificado su postura de no restablecer el esquema de regulación del INYM, a pesar de las insistencias del gobierno de Misiones y de los propios productores que exigen la vuelta del sistema de precios mínimos.
La crisis del sector yerbatero se intensificó luego de que el gobierno nacional desreguló el mercado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dejando sin efecto la fijación de precios por parte del INYM. Desde entonces, los productores han denunciado la caída de los valores y la falta de previsibilidad para la cosecha.
En este contexto, un grupo de productores decidió presentar una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, argumentando que la desregulación atenta contra el sistema productivo de la yerba mate y deja a los pequeños productores en una situación de vulnerabilidad frente a la industria molinera. La presentación judicial se suma a otras medidas de protesta, como la paralización de la cosecha en zonas clave como Andresito, donde los productores reclaman un precio mínimo de $390 por kilo de hoja verde para poder operar con rentabilidad.
La oferta del molino Don Omar ha sido recibida con expectativa, aunque algunos productores advierten que, si bien representa una mejora respecto a los valores actuales, sigue estando por debajo de sus costos de producción. “Es un alivio, pero no resuelve el problema de fondo. Sin una regulación, cada molino pone el precio que quiere y eso deja a muchos en una situación incierta”, advirtió un productor de la zona.
Mientras tanto, el gobierno de Misiones continúa insistiendo en la necesidad de que la Nación restablezca el sistema de regulación del INYM, pero hasta el momento no ha habido señales de flexibilización por parte de la administración de Milei. En este escenario, la incertidumbre persiste y la cosecha gruesa sigue en suspenso, a la espera de definiciones que permitan dar mayor estabilidad al sector.
Mientras que el radicalismo misionero se esmera en hacer buena letra para ser admitido en una alianza con la Libertad Avanza, el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea fue lapidario con Javier Milei y le puso fecha de caducidad a su gestión. “A los cuatro años se termina”, advirtió.
Barrios Arrechea realizó un análisis crítico del modelo económico implementado por Milei y su impacto en las economías regionales, particularmente en el sector yerbatero. En una extensa conversación, destacó que las medidas de desregulación impuestas desde el Gobierno nacional han generado una situación de incertidumbre y crisis entre los productores, y vaticinó que la administración libertaria no podrá sostenerse más allá del mandato constitucional.
“Este gobierno tiene cuatro años, pero creo que en el cuarto año se terminó”, afirmó con contundencia Barrios Arrechea, dejando entrever que el modelo motosierra enfrenta una resistencia creciente y podría no lograr continuidad. “Es un Gobierno que está haciendo algunas cosas buenas, que hay que reconocerle, pero en general está dañando mucho al sector productivo. Sobre todo, a las economías regionales que no tienen nada que ver con la Pampa Húmeda”, agregó.
En el contexto de la crisis yerbatera, el exmandatario misionero señaló que la política de desregulación aplicada por el Ejecutivo nacional ha sido un golpe letal para los pequeños productores. “Lo que está ocurriendo no es un problema meramente económico, sino también social. Estamos hablando de 25.000 familias que dependen directamente de la yerba mate. No se puede pretender reconvertir la actividad como si se tratara de cualquier otro negocio. ¿Qué va a hacer un yerbatero? ¿Topar el yerbal y plantar soja?”.
Barrios Arrechea también cuestionó la actitud del Gobierno frente a la protesta yerbatera, afirmando que la postura intransigente de la administración Milei profundiza el conflicto en lugar de resolverlo. “Hay una terquedad de no querer escuchar, de no querer atender la demanda de la zona productiva. Este es un mercado absolutamente desigual, una competencia imperfecta, y lo que está ocurriendo con los precios es un abuso de posición dominante de los molinos”, señaló.
Sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), despojado de sus facultades regulatorias por un decreto de Milei, Barrios Arrechea sostuvo que su recuperación no se logrará a corto plazo, dada la postura del Gobierno nacional. “El INYM no se va a recuperar en lo inmediato. Este Gobierno tiene cuatro años, pero ya está hipotecando su futuro con medidas que golpean a los sectores más vulnerables de la producción”, afirmó.
Además, el exgobernador radical comparó la situación actual con la década de los 90 y sostuvo que el panorama actual es incluso peor. “En los 90, por lo menos existía cierta conciencia de que no se podía llevar todo por delante. Ahora hay una voluntad manifiesta de eliminar al pequeño productor. Como estos son teóricos de la economía y no tienen la menor idea de lo que es una planta de yerba mate, van en contra de los sectores que sostienen el empleo en el interior”.
Finalmente, Barrios Arrechea advirtió que el sector yerbatero necesita unirse y tomar medidas por cuenta propia para enfrentar la crisis, ya que no pueden esperar soluciones desde el Gobierno nacional. “El poder está en la chacra”, recordó, citando una de las consignas que ha tomado fuerza en el ámbito productivo. En este sentido, insistió en la necesidad de aplicar una “cosecha por goteo”, limitando la oferta de hoja verde para forzar un aumento en los precios.
Las declaraciones de Barrios Arrechea reflejan un malestar creciente dentro del sector productivo de Misiones ante la falta de respuestas del gobierno de Milei. Con una protesta que sigue firme y una crisis que se profundiza, la pulseada entre productores y molinos está lejos de resolverse, mientras la incertidumbre sobre el futuro de la actividad yerbatera persiste.
El sector yerbatero argentino atraviesa un período de gran incertidumbre. La combinación de una cosecha récord en 2024, una fuerte caída del consumo interno y la apertura de importaciones han llevado a una crisis en la rentabilidad de los productores. A esto se suma la eliminación de regulaciones claves a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, lo que ha dejado al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sin herramientas para intervenir en la fijación de precios.
Según datos del INYM, en el primer mes de 2025 se procesaron 16,65 millones de kilogramos de hoja verde, una caída del 21,2% respecto a enero de 2024, cuando se había alcanzado un máximo histórico. Sin embargo, este volumen sigue siendo un 20,6% superior al promedio de los meses de enero entre 2021 y 2024, señala un estudio del Centro de Economía Política Argentina.
En cuanto al consumo, enero de 2025 registró un nivel de 22,03 millones de kilogramos de yerba mate, un incremento del 2,4% interanual y la mejor marca para un mes de enero desde 2009. No obstante, este repunte no logra compensar la retracción anual de 9,3% en 2024, cuando el consumo total cayó a 258,8 millones de kilogramos, el peor nivel en ocho años.
El mercado externo, que en 2024 había alcanzado cifras récord con un aumento del 10,9% interanual en exportaciones, mostró una fuerte caída en enero de 2025. En ese mes, los envíos al exterior se redujeron un 36,7% interanual y un 21,6% por debajo del promedio de 2019-2024.
En paralelo, las importaciones de yerba mate canchada y molida desde Paraguay y Brasil crecieron un 80,1% en 2024, alcanzando 11,9 millones de kilogramos. Esto generó un impacto directo en la rentabilidad de los productores nacionales, ya que el precio de importación fue significativamente más bajo que el costo de producción local. Como consecuencia, en enero de 2025 las importaciones cayeron un 43,9% interanual, aunque el daño ya estaba hecho.
Uno de los datos más preocupantes del sector es la pérdida de poder adquisitivo de los productores. Mientras que el precio de góndola bajó un 29,1% en términos reales entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, el precio que recibe el productor cayó un 58,2% en el mismo período. Esto significa que la mayor parte del ajuste en la cadena de valor recayó sobre los productores primarios.
En términos de participación en el precio final, los productores captaban un 24,3% del valor de góndola en promedio entre 2020 y 2023. Sin embargo, en febrero de 2025 ese porcentaje cayó a apenas el 13,3%, marcando el peor registro desde 2019.
El DNU 70/2023, promulgado por el gobierno nacional el 20 de diciembre de 2023, eliminó las funciones clave del INYM en la regulación de precios y producción. Esto llevó a una desprotección del sector primario en favor de la industria molinera, altamente concentrada. Actualmente, el 76,8% del mercado está en manos de solo 10 empresas, con Las Marías, Liebig y La Cachuera controlando casi el 50% del total.
A su vez, el INYM enfrenta una grave crisis institucional. El Poder Ejecutivo Nacional se niega a designar un presidente para el organismo, dejándolo acéfalo. Sin una conducción clara y sin financiamiento adecuado –debido a la falta de actualización del valor de la estampilla de inspección y fiscalización–, el INYM ha quedado sin capacidad para intervenir en el mercado.
La crisis actual recuerda a la desregulación de los años 90, cuando la eliminación del control estatal llevó a una caída sostenida de los precios al productor. Entre 1990 y 2001, el valor de la yerba canchada cayó un 63% en dólares y la hoja verde perdió el 80% de su valor. La situación solo se revirtió con la creación del INYM en 2002, que permitió una recuperación del 246% en el precio real de la hoja verde hasta 2023.
Hoy, la falta de previsibilidad y la liberalización de precios sin regulación ponen en riesgo la sustentabilidad de miles de pequeños productores. Sin acuerdos de precios ni herramientas de negociación, el sector enfrenta un escenario de fuerte concentración y una posible crisis de abastecimiento en el mediano plazo.
Por primera vez desde la desregulación impuesta por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, productores e industriales se sentaron a una misma mesa para intentar encontrar una salida a la nueva, pero no desconocida, crisis yerbatera. Un primer encuentro que no disimuló la tensión, pero que sirvió para allanar un necesario camino de encuentro. No será sencillo, los intereses son cruzados y cada sector tiene una cuota de razón en una crisis desatada por una injerencia externa a la Provincia, donde se viven las consecuencias sociales y el impacto económico del plan motosierra.
La intransigencia de algunos sectores también conspira contra una solución sustentable. Hay productores que comienzan a pedir desesperadamente poder cosechar, porque necesitan el dinero, mientras que otros bloquean el paso de camiones. El foco de conflicto está en Concepción de la Sierra, casualmente gobernado por Hugo Humeniuk, alineado al puertismo, que, paradójicamente, está encolumnado en las fuerzas del cielo. Los radicales financian la protesta, pero no aparecen por los piquetes. Mientras el conflicto crece en Misiones, el converso Martín Arjol, el primero en pegar el salto a la LLA, fue a conocer Vaca Muerta. Prioridades. Ricardo Barrios Arrechea les insiste a los productores que cosechen “por goteo” para “desabastecer” a la industria. El radicalismo, vale recordar, había sido protagonista en la sanción de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“Es como un cuarto intermedio de las reuniones que teníamos a fines de los 90”, retrató el veterano Hugo Sand al término del encuentro en el ministerio del Agro, que contó con representación de todos los eslabones, pero la ausencia de los principales jugadores de la molinería y, dato clave, de Corrientes. Ese eslabón es central en la discusión, ya que allí se concentra buena parte de la industrialización, aunque el 85 por ciento de la producción está en Misiones. Para colmo, la guerra comercial entre Las Marías y Playadito por el primer y segundo lugar en las góndolas, se juega con ofertas y precios bajísimos, que conspiran contra la competencia de este lado del Chimiray.
No será sencillo acercar posiciones. Fueron decenas las reuniones que terminaron pariendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate en 2002, desguazado ahora por efecto del DNU de Milei. Como era de esperar, no hubo una definición acerca del precio, pero sí un reconocimiento explícito de que la situación requiere para resolverse, decisiones nacionales, que están lejos de conseguirse.
De hecho, el Gobierno de Milei descarta devolverle facultades al INYM, no está dispuesto a designar presidente y ratificó que el precio debe ser determinado por el libre mercado, como dejó claro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lejos de contemplar los reclamos, en la última reunión con directores del INYM, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, exigió eliminar las últimas tres facultades regulatorias que le quedaban: suprimir definitivamente la 170, que le puso cupo a las plantaciones, la 185, que regulaba los controles de calidad; y la 11/17, de controles de los procesos productivos en secaderos y depósitos. Esta última resolución, también incluía controles sobre la yerba importada, algo que el Gobierno nacional decidió eliminar.
Con ese panorama en mano, la cumbre del jueves en el octavo piso del ministerio del Agro, decidió pedir a Nación dos alternativas de “menor injerencia” en el mercado: disminuir el porcentaje de palo del 35 al 25 por ciento y que el porcentaje de hierbas en la yerba compuesta se reduzca del 40 al 10 por ciento. Estas modificaciones en el Código Alimentario elevarían la demanda de hojas y mejorarían la calidad del producto final que se comercializa en el mercado interno y de exportación. Esa petición fue apoyada por todos los sectores.
El “cuarto intermedio” al que aludió Sand es una referencia obvia. La desregulación provocó un derrumbe del sector productivo en los 90 y durante una década, una enorme transferencia de recursos hacia el sector industrial, estimada en mil millones de dólares. Ahora el proceso es idéntico, aunque mucho más acelerado. El propio Sand calculó en 200 mil millones de pesos la pérdida para los productores en el primer año del plan motosierra.
Pero a diferencia de la última década del siglo pasado, la desregulación actual llegó en medio de un proceso inflacionario que agravó las consecuencias y afectó a toda la cadena. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue de 122,5 por ciento, con algunos costos que incluso estuvieron por encima, como la energía eléctrica o el combustible, que aumentó 153 por ciento -un tanque de 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre de 2023 costaba $49.520, hoy requiere $125.280-.
En contraste, la hoja verde, cuando asumió Milei se pagaba 370 pesos y llegó a 390 en marzo del año pasado. Hoy se paga 260 pesos, diez pesos menos que lo que se terminó pagando en diciembre del año pasado. Una pérdida de valor del 33,33 por ciento, contra una inflación del 122,5 por ciento.
La industria expone sus razones, aunque reconoce que el precio es bajo. Los principales representantes aseguran que además de la inflación tienen que asumir mayores costos de energía y combustibles, una caída de la demanda interna que fue de casi el 10 por ciento y la competencia provocada por la apertura de importaciones -que amenaza con convertirse en un nuevo problema serio en las próximas semanas, con una oferta de Paraguay a un precio similar al local-.
En ese escenario, señalan los molineros, se mantuvo (y se creó) empleo, que contiene a cerca de 20 mil misioneros. Reconocen que el precio actual es bajo, pero advierten que, por costos, el precio debería ser menor a los 200 pesos.
El sector también marca que la caída de precios no depende únicamente de la regulación, sino de un exceso de oferta. El año pasado se cosecharon casi mil millones de kilos y todavía hay plantaciones que no entraron en producción plena, contra 860 millones de kilos de 2023. Redondeando, 140 millones más, que representan casi 50 millones de kilos de canchada, lo que hace que hoy haya stock para “pasar la tormenta”. En la misma industria admiten como necesaria la regulación de oferta -hasta tanto no aumente la demanda-.
Hay que agregar aquí, como paréntesis, que esos 50 millones de kilos que hoy son un colchón de canchada, se compraron en el último año a un promedio de 300 pesos. Los exportadores liquidarán sus ventas con un dólar arriba de mil pesos.
Uno de los cuestionamientos que hacen al INYM -y a las políticas oficiales- es pensar la economía yerbatera en base a los rindes del siglo pasado: 4.700 kilos por hectárea, cuando hoy se logran producciones por encima de los diez mil kilos por hectárea e incluso bastante más en algunas chacras modelo. Esa diferencia, obviamente, influye en el cálculo de los costos.
El cóctel, como se aprecia, es mucho más complejo que definir un precio, objetivo que no se alcanzará en la reunión prevista para este lunes, a la que convocaron al presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier. “Sin Corrientes, no se puede definir nada”, adelantó un molinero.
Queda claro que habrá que usar una paciencia quirúrgica para corregir los desbalances. Todo lo contrario a la motosierra.
Será una tarea titánica, que preocupa especialmente a la Provincia.
El gobernador Hugo Passalacqua expresó su desacuerdo con la visión de la Nación que pretende que los productores yerbateros “se dediquen a otra cosa”. “Eso me produce un profundo dolor”, afirmó el mandatario.
“Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el INYM. Tampoco la Nación va a firmar la designación del presidente del INYM”, lamentó.
“Nosotros tenemos fuertes aspiraciones de exportar la yerba mate al mundo. Así es la situación del mercado que estamos viviendo hoy. Pero la salida es por afuera. Hay otros mercados como el indio o el europeo”, precisó Passalacqua, acompañado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones, que ayudará a financiar misiones comerciales y una plataforma de exportación para abrir nuevos mercados.
La Provincia sigue trabajando en un sistema de trazabilidad y otras herramientas para mejorar la transparencia y elevar el precio de la materia prima. La posición oficial se mantiene en que debe valer 50 centavos de dólar.
El bucle temporal al que aludió Sand tiene otros paralelismos. Como en 2001, el epílogo de la crisis germinada en los 90, la situación social es acuciante y el Gobierno se empeña en sostener una política económica a como dé lugar. La represión de la manifestación de los jubilados del miércoles último, se parece mucho a otros momentos oscuros de los últimos años. El año pasado se celebró con un asado el freno a un aumento de quince mil pesos para los jubilados. Ahora se los reprime. Un círculo virtuoso.
No es casual que algunos protagonistas se repitan cíclicamente. En 2001 el fugaz Fernando De la Rúa se aferraba a un blindaje del FMI para salvar los harapos de su Gobierno, en el que estaban “La Piba” Patricia Bullrich y un joven (y procesado) Federico Sturzenegger. Ambos nombres, junto a Luis Caputo, aparecen en el otro pedido de auxilio al FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias se siguen pagando, tras el inédito préstamo de 57 mil millones, el más grande de la historia. Ahora ni siquiera se sabe de cuánto será el monto del nuevo préstamo que pidió Javier Milei, custodiado nuevamente por Bullrich y Sturzenegger, el ejecutor del plan motosierra, que en el primer año de ejecución, provocó la pérdida de diez mil empleadores y cerca de 200 mil puestos de trabajo.
El impacto de esas políticas se siente particularmente en el terreno, lejos de los despachos porteños, donde reina la abstracción de los números que cierran. Por eso son los gobiernos locales los preocupados por resolver las crisis económicas y sociales. Misiones tiene las cuentas en órden y eso le permite enfrentar de un modo más eficaz la situación provocada. Sin embargo, hay luces amarillas. La última encuesta de la Confederación Económica de Misiones, reveló que en febrero cayeron las ventas en producción, comercio y servicios; al igual que la expectativa de que en los próximos 6 meses crezca Argentina.
El Gobierno se preocupa por encontrar soluciones y apuntalar sectores económicos en problemas, con incentivos al consumo. Al mismo tiempo, la oposición azuza desde afuera, enfocada en conseguir algún miserable rédito electoral. Un lugar en alguna lista, un cargo en la Nación, por el que se disputan radicales y macristas, cada vez más lejos de un acuerdo, pero desesperados por recibir alguna atención de Milei, en un espacio libertario en el que no son bienvenidos: “Los libertarios deben de responder a sus afiliados y al sentir de los votantes de Milei para evitar que los tibios que tienen de infiltrados conviertan a LLA en un nuevo Juntos por el Cambio, bailarina de cualquier baile, y vendida al mejor postor”, reprochó el abogado Alejandro Jabornicky.
De todos modos, los que esperan un triunfo holgado de Milei no deberían pecar de exceso de confianza. Envuelto en el escándalo de la criptoestafa y el nuevo préstamo del FMI, el mandatario argentino sufrió la mayor caída en la región, perdiendo 3,2 puntos en su imagen positiva, según el último estudio de CB Consultora. Otras encuestas marcan lo mismo.
Aún con el cronograma electoral ya definido, las oposiciones misioneras navegan en la intrascendencia, esperando que los que designe Karina Milei ordenen la tropa. El peronismo sufre por estos días una intervención decidida por Cristina Fernández, que también provoca una desorientación en la dirigencia que queda y que no quiere seguir atada a designios camporistas. Serán muchos más los que nutran las filas de la Renovación.
