La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.
El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron a Agencia Noticias Argentinas fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Burford elevó ayer un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional (alter ego).
“Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.
Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.
Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.
Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes.
“Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”, evaluaron.
Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo
Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”.
Antecedentes del litigio
En 2023, la jueza Preska le había dado la razón a los demandantes por la expropiacion de YPF y ese fallo se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde Argentina busca evitar la sentencia de USD 16.000 millones, más unos 2.000 millones adicionales de intereses acumulados.
Los demandantes reclaman saber si YPF, el Banco Nación, el BCRA, Aerolíneas Argentinas y Enarsa son “alter ego” del Gobierno argentino. Por eso, solicitaron conocer si responden al gobierno y, por lo tanto, se les pueden embargar bienes para cobrar la sentencia del caso de fondo.
Con ese objetivo, pidieron chats y mails de funcionarios de las gestiones de Sergio Massa y Luis Caputo, datos que la Argentina no entregó y, por eso, este jueves le reclamaron a Preska que sancione al gobierno por desacato.
También pidieron que el tribunal asuma como probado que las comunicaciones off‑channel (WhatsApp, Gmail, etc.) respaldan hallazgos específicos sobre la condición de “alter ego” de esas entidades. Es decir, que la falta de producción de pruebas se interprete en contra de la Argentina.__IP__
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el escrito señalaron que si el país sostiene que no puede acceder a las comunicaciones o disputa hechos relevantes, se debe realizar una audiencia con testigos en vivo, incluidos los funcionarios custodios de esas comunicaciones.
Se espera que la jueza Preska resuelva este punto en marzo próximo.
