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La suba global de la urea golpea al trigo y pone en tensión la estrategia de dólares del Gobierno

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El aumento abrupto del precio internacional de la urea, insumo central para la producción de trigo y maíz, encendió una señal de alerta que excede al sector agropecuario: pone presión directa sobre la principal fuente de divisas del país. En medio de la volatilidad global por el conflicto en Medio Oriente, la tonelada del fertilizante escaló desde niveles de US$450 hasta zonas de US$750, con valores recientes en torno a US$660. El dato llega en un momento clave —la planificación de la campaña fina— y abre una tensión de fondo: ¿puede sostenerse la apuesta oficial por la agroexportación sin herramientas de intervención sobre costos estratégicos?

El factor internacional que redefine los costos internos

El disparador no es local, pero el impacto sí lo es. La cadena global de fertilizantes quedó expuesta a la incertidumbre geopolítica, con el Estrecho de Ormuz como cuello de botella crítico: por allí circulan cerca de 16 millones de toneladas de fertilizantes, un tercio del comercio marítimo mundial, y más de dos tercios corresponden a urea.

Las disrupciones logísticas y la incertidumbre sobre el suministro de gas natural —insumo clave para la producción— elevaron el riesgo percibido de oferta. El resultado fue una suba generalizada de precios y una retracción en las operaciones: importadores y distribuidores locales comenzaron a frenar compras ante la falta de referencias claras.

Esa volatilidad internacional se traslada de manera directa al esquema productivo argentino, altamente dependiente de insumos importados en este rubro.

Trigo más caro, márgenes más finos

El impacto técnico es inmediato y cuantificable. En cultivos como el trigo, la fertilización representa hasta el 50% del costo de implantación y protección, mientras que en maíz ronda el 45%.

Con los nuevos valores de la urea, el costo del trigo podría aumentar en más de US$50 por hectárea. Esa suba desplaza los rindes de indiferencia entre 3 y 5 quintales por hectárea, obligando al productor a obtener mayores rendimientos en un contexto donde los márgenes ya estaban ajustados.

No es solo fertilizante. La suba del petróleo también presiona sobre combustibles y logística, encareciendo toda la estructura de costos de la campaña. El combo configura un escenario más exigente justo cuando el productor empieza a definir decisiones de siembra.

La variable política: menos herramientas, más exposición

El encarecimiento de la urea reabre un debate que el mercado venía observando en silencio: la salida de YPF de Profertil, la principal productora local de urea, concretada en diciembre pasado por unos US$600 millones.

Hasta entonces, la empresa abastecía alrededor del 25% de la demanda del agro local. La operación implicó que el Estado deje de tener participación directa en un insumo estratégico, en un contexto donde Argentina es importador neto de fertilizantes.

La decisión adquiere otra dimensión frente a la actual volatilidad. Sin capacidad de intervención directa sobre precios o abastecimiento, el esquema queda más expuesto a shocks internacionales. Y eso impacta en una variable central para el Gobierno: los dólares del agro.

Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo agroindustrial esperaba generar más de US$34.500 millones en exportaciones en 2026. Pero ese cálculo parte de una estructura de costos que ahora cambia. Cada aumento en insumos críticos introduce incertidumbre sobre volúmenes, márgenes y, en última instancia, liquidación de divisas.

Repercusiones: tensión sobre la “fábrica de dólares”

El efecto no es inmediato en términos macroeconómicos, pero sí progresivo. Un mayor costo de producción puede traducirse en menor área sembrada o en una menor intensidad tecnológica, lo que impacta en los rindes.

En ambos casos, el resultado converge: menos producción potencial o menor eficiencia. Y eso repercute sobre el flujo de exportaciones, la recaudación y la disponibilidad de divisas para el Banco Central.

El sistema entra así en una zona de sensibilidad. El Gobierno depende del agro como principal generador de dólares, pero el agro depende de insumos cuyo precio escapa al control local. Esa dependencia cruzada se vuelve más visible cuando el contexto internacional se vuelve inestable.

Escenario abierto: decisiones bajo incertidumbre

La campaña fina empieza a definirse en las próximas semanas, pero el mercado de fertilizantes todavía no ofrece señales claras. En algunos casos, directamente no hay precios de referencia; en otros, se registran subas de entre US$50 y US$100 por tonelada en pocos días.

El productor, enfocado aún en la cosecha de maíz y el inicio de la soja, deberá tomar decisiones en un escenario donde los costos se mueven más rápido que los precios de los granos.

Habrá que observar si la volatilidad internacional se estabiliza o si se consolida un nuevo piso de costos. También si el mercado logra recomponer la oferta o si persisten las restricciones.

En paralelo, la discusión sobre el rol del Estado en insumos estratégicos podría volver a escena, no por definición ideológica sino por necesidad operativa. La ecuación es simple, pero no lineal: sin costos previsibles, la “fábrica de dólares” pierde potencia. Y ese es un dato que empieza a pesar en la política económica.

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Causa YPF: la Justicia de EE.UU. frena todas las demandas y le da aire a la estrategia del Gobierno

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La disputa por la expropiación de YPF entró en una pausa decisiva. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender todas las demandas y medidas vinculadas al caso hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por Argentina contra la condena de unos USD 18.000 millones dictada en 2023. La decisión, adoptada tras un pedido formal del Gobierno el 6 de marzo de 2026, introduce un cambio en el ritmo del litigio y abre una ventana política: ¿se trata de un punto de inflexión en la defensa del Estado o de un compás de espera antes de una definición que seguirá condicionando las cuentas públicas?

Un freno judicial con impacto directo en la estrategia oficial

La resolución implica que ningún tribunal estadounidense podrá avanzar en ejecuciones, investigaciones ni medidas vinculadas al fallo de primera instancia hasta que se defina si esa sentencia es válida. En términos concretos, quedan suspendidos procesos clave del denominado discovery post sentencia, así como audiencias y pedidos que buscaban acelerar el cobro.

El movimiento responde a una solicitud impulsada por la Procuración del Tesoro en el inicio de la gestión de Sebastián Amerio, que planteó la necesidad de frenar el avance de los litigios mientras se revisa el núcleo del caso. La Cámara aceptó ese planteo y, con ello, reordena el tablero procesal.

El trasfondo es conocido: en 2023, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar una cifra millonaria por la expropiación de la petrolera en 2012. Ese fallo fue apelado, pero en paralelo los fondos litigantes —con Burford Capital como principal actor— avanzaron con distintas estrategias para ejecutar la sentencia.

La suspensión desactiva, al menos de forma temporal, esos intentos. Pedidos como el traspaso de acciones, declaraciones de desacato o la búsqueda de pruebas para vincular directamente al Estado con la empresa quedan congelados.

Marco institucional y tiempos judiciales

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, integrada en este caso por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, tiene ahora la responsabilidad de resolver la cuestión de fondo: confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia.

No hay un plazo formal para esa definición, aunque las estadísticas del propio tribunal indican que estos procesos suelen resolverse entre seis y doce meses. La audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado; al momento de la suspensión ya habían transcurrido cinco meses.

En ese contexto, la decisión de frenar los procesos intermedios puede leerse como una señal de que el tribunal busca concentrarse en el fallo principal. Según el análisis técnico, avanzar con audiencias y medidas paralelas perdería sentido si la resolución de fondo está próxima.

Repercusiones: alivio financiero y capital político

En el plano económico, la medida representa un alivio inmediato. La suspensión evita, por ahora, cualquier ejecución sobre activos o nuevas presiones judiciales que podrían haber tenido impacto en las finanzas del Estado.

Para el Gobierno, el fallo se traduce en un activo político. La administración nacional lo presentó como un “hito histórico” y lo vinculó a un cambio en la estrategia jurídica, destacando la coordinación entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.

Ese posicionamiento busca instalar una narrativa de orden y profesionalización en la defensa del caso, en contraste con etapas previas del litigio. También permite al Ejecutivo mostrar resultados en un frente sensible, donde el margen de maniobra suele ser limitado.

Del otro lado, los demandantes habían advertido sobre los perjuicios que implicaría una suspensión y cuestionado las probabilidades de éxito de Argentina en la apelación. La decisión de la Cámara, sin embargo, priorizó el análisis integral del caso antes de permitir avances parciales.

Un fallo pendiente que define el verdadero alcance

El escenario de fondo sigue abierto. La Cámara puede optar por tres caminos: validar completamente el fallo de Preska, revocarlo en su totalidad o introducir modificaciones, como revisar la jurisdicción o recalcular el monto de la indemnización.

Cada alternativa implica consecuencias distintas. Una confirmación consolidaría la obligación de pago en los términos actuales. Una revocación cerraría el caso a favor del país. Un punto intermedio prolongaría la disputa, pero podría reducir el impacto económico.

Por ahora, la suspensión actúa como una pausa estratégica. Le da tiempo al Gobierno, ordena el frente judicial y frena la presión de los acreedores. Pero no resuelve el problema de fondo.

Las próximas semanas estarán marcadas por la expectativa sobre el fallo definitivo. Allí se jugará no solo el desenlace de un litigio que lleva más de una década, sino también el margen de acción política y fiscal del Estado frente a uno de los juicios más costosos de su historia.

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YPF proyecta un superávit energético récord y busca contener el impacto en combustibles en plena tensión global

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En medio de la volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente, el CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un escenario ambicioso para 2026: la Argentina alcanzaría un superávit energético récord de al menos u$s10.000 millones. El dato, presentado en el IEFA Latam Forum 2026, no solo proyecta un salto en las exportaciones, sino que instala una tensión central para la política económica: cómo capitalizar el ciclo alcista del petróleo sin trasladar plenamente ese shock a los precios de los combustibles en el mercado interno.

La definición llega en un momento donde el barril de crudo se disparó hasta los u$s100, impulsado por la crisis geopolítica y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% de la producción global. En ese contexto, la estrategia oficial —expresada por la conducción de YPF— busca administrar esa renta extraordinaria sin erosionar el frente inflacionario.

Superávit energético: de déficit estructural a motor de divisas

El salto proyectado por YPF se apoya en una transformación estructural del sector energético argentino. El país pasó a ser exportador neto, con un peso creciente de Vaca Muerta como eje productivo.

El superávit estimado —no menor a u$s10.000 millones— representa un cambio de escala en la balanza comercial energética, históricamente deficitaria. La magnitud, además, podría ampliarse si los precios internacionales del crudo se sostienen en niveles elevados.

Sin embargo, la proyección no está exenta de incertidumbre. El propio Marín introdujo una variable de ajuste: analistas del sector anticipan que el precio del barril podría retroceder hacia la franja de u$s70 u u$s80 en las próximas semanas, en función de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Esa dualidad —precios altos en el corto plazo, posible corrección posterior— condiciona tanto la estrategia exportadora como la política de precios domésticos.

Combustibles: el equilibrio entre rentabilidad y presión inflacionaria

El punto más sensible del planteo de YPF aparece en el mercado interno. Con el crudo en alza, la discusión sobre el traslado a surtidor se vuelve inevitable.

Marín explicitó un criterio operativo: acompañar las subas y bajas del petróleo con un esquema simétrico. “Cuando sube, sube, y cuando baja, baja”, sintetizó. Detrás de esa fórmula hay un intento de construir previsibilidad en un contexto volátil.

En la práctica, los precios de los combustibles ya registraron incrementos en torno al 5%, con estimaciones que los ubican cerca del 10% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aun así, la petrolera busca moderar el impacto a través de herramientas como el “micropricing”: valores diferenciados según franjas horarias y descuentos vinculados al autodespacho.

El mensaje es doble. Hacia el mercado, YPF intenta sostener márgenes sin perder competitividad. Hacia el Gobierno, busca alinearse con una estrategia de contención inflacionaria en un rubro altamente sensible.

Correlación de fuerzas: energía como activo político

El anuncio de un superávit energético de esta magnitud reconfigura el tablero económico. El sector energético se consolida como generador clave de divisas, en un contexto donde la restricción externa sigue siendo un factor estructural.

Para el Gobierno, el dato fortalece el frente externo y ofrece margen para la acumulación de reservas. Pero al mismo tiempo introduce una tensión interna: el precio de los combustibles impacta de forma directa en la inflación y en el costo de vida.

YPF, en ese esquema, opera como un actor bisagra. Su política de precios no es neutra: influye sobre el resto del mercado y funciona como referencia para las demás compañías. La decisión de moderar el traslado del crudo al surtidor implica, en los hechos, una intervención indirecta sobre la dinámica inflacionaria.

Un escenario abierto entre la renta externa y la presión interna

La proyección de un superávit récord no cierra el debate. Lo desplaza.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos variables: la evolución del precio internacional del petróleo y la consistencia de la política de precios en el mercado local. Si el barril se mantiene alto, la presión sobre los combustibles será difícil de contener. Si retrocede, se abrirá la discusión sobre la velocidad de ajuste a la baja.

Al mismo tiempo, el desempeño de Vaca Muerta y el volumen de exportaciones definirán si el superávit proyectado se materializa o queda condicionado por factores externos.

La energía vuelve al centro de la escena. Como oportunidad de dólares y como fuente de tensión interna. El equilibrio entre ambos planos todavía está en construcción.

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Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente. 

Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía. 

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, cerró.

Continuidad de precios

La posición había sido fijada por el CEO de YPF Horacio Marín la semana pasada con el precio del crudo Brent en US$80 y ratificada en la mañana de este lunes por encima de los US$100 por barril.

Marín participa desde hoy en el Argentina Week que se desarrolla en Nueva York, donde se espera que se refiera a la situación de la producción energética y las oportunidades de inversión que ofrece el país, como así también de lo que se puede esperar para el mercado interno.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, había señalado Marín en sus últimas declaraciones públicas antes de la última escalada del petróleo.

La intención de la compañía es que tanto en las caídas y subidas rápidas no impacten de lleno en los surtidores.

No obstante, también advirtió que “si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles, aunque muy de a poco.

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Aliado de Trump frena perforaciones en EE.UU. y apuesta por Vaca Muerta

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Harold Hamm, fundador y principal accionista de Continental Resources y uno de los empresarios más cercanos a Donald Trump, confirmó la suspensión de nuevas perforaciones en la formación Bakken, en Dakota del Norte. La decisión, comunicada a Bloomberg a mediados de enero, marca la primera vez en más de 30 años que la compañía no operará plataformas activas en ese estado. El argumento es directo: con un costo mínimo de US$ 58 por pozo para cubrir gastos y obtener una ganancia marginal, “no tiene sentido perforar cuando los márgenes prácticamente han desaparecido”.

El movimiento no implica un repliegue global. Por el contrario, la empresa decidió redirigir inversiones hacia el yacimiento argentino de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. El primero en confirmarlo fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció en su cuenta de X el ingreso de Continental tras la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. En enero, la compañía también informó la compra de cuatro bloques a Pan American Energy (PAE), mientras aclaró que la operación con Pluspetrol aún está sujeta a condiciones de cierre.

El giro expone una tensión estructural: mientras Estados Unidos consolidó su liderazgo como mayor productor mundial gracias al fracking, la baja de precios y la inflación local erosionan márgenes. Argentina, en cambio, aparece como frontera de oportunidad. ¿Es una decisión táctica o el inicio de un reordenamiento más amplio del capital energético?

Costos, precios y reconfiguración de inversiones

El freno en Bakken responde a una ecuación simple. Según BloombergNEF, el punto de equilibrio subió casi 4% interanual por el aumento de costos operativos. Al mismo tiempo, los precios internacionales del crudo retrocedieron ante expectativas de exceso de oferta. Analistas señalan además el regreso progresivo del crudo venezolano al mercado estadounidense como factor adicional de presión.

El debate no es solo coyuntural. El petróleo no convencional exige inversión sostenida para mantener niveles productivos y es más sensible a la baja de precios que el crudo convencional. Un informe de Wood Mackenzie anticipa que en 2026 la producción de los 48 estados continentales podría estancarse por primera vez desde la pandemia.

En ese contexto, Vaca Muerta ofrece otra ecuación. Diversos estudios, incluido uno del Real Instituto Elcano, señalan que su productividad es comparable a grandes cuencas norteamericanas. Autoridades argentinas sostienen que se trata del cuarto recurso mundial de petróleo no convencional y el segundo de gas. Con un Brent en torno a US$ 68, el desarrollo intensivo se mantiene competitivo. Algunos analistas ubican el umbral de rentabilidad por encima de US$ 50 por barril, una diferencia relevante frente al punto de equilibrio en Bakken.

Producción récord y respaldo político

El desembarco de Continental ocurre en un momento de expansión productiva. En 2025, Argentina alcanzó casi 860.000 barriles diarios de crudo, con alrededor del 68% proveniente de Vaca Muerta, según datos de la consultora RICSA. Las exportaciones de combustibles y energía totalizaron US$ 11.086 millones, con un crecimiento interanual de 14,1%. El petróleo crudo explicó US$ 6.714 millones FOB, el mayor nivel en dólares en 23 años.

El movimiento también tiene lectura política. Hamm visitó el país en septiembre y se reunió con el presidente Javier Milei, aliado de Trump. La llegada de un empresario identificado con el círculo republicano fortalece la narrativa oficial sobre apertura a inversiones y competitividad energética.

En paralelo, el mapa empresario se reconfigura. Algunas compañías internacionales, como ExxonMobil, Petronas o TotalEnergies, vendieron activos o redujeron exposición, mientras otras —entre ellas la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes Unidos— avanzan en asociaciones con actores locales como YPF y PAE.

Correlación de fuerzas y escenario abierto

La decisión de Continental reordena incentivos. En Estados Unidos, el freno en perforaciones refleja límites de rentabilidad y anticipa menor dinamismo en ciertas cuencas. En Argentina, en cambio, consolida a Vaca Muerta como polo de atracción de capital en un momento donde el Gobierno busca ampliar exportaciones y generar dólares.

Sin embargo, la ecuación depende de variables externas. Si el precio internacional cae por debajo de los US$ 50, la competitividad también se pondría a prueba. El propio Hamm reconoce que muchas compañías evalúan su actividad en todas las cuencas.

La apuesta argentina se apoya en costos, productividad y respaldo político. Pero el mercado energético global sigue condicionado por oferta, demanda y decisiones geopolíticas. El desembarco de un aliado de Trump en Neuquén es una señal potente. Resta ver si inaugura una etapa sostenida de inversión o si queda atado a la volatilidad del barril.

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