Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de investigar la nacionalización de la petrolera
La ONG Republican Action for Argentina había solicitado la revocación del fallo por la expropiación de YPF. El Gobierno había opinado también en ese sentido
La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) había presentado días atrás un recurso ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. El pedido tuvo que ver con la solicitud de que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.
A partir de esta solicitud, la magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen su opinión. Burford Capital, el principal beneficiado por el fallo de primera instancia de Preska que condenó al país a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal a la petrolera, consideró que no era pertinente el pedido. El Estado argentino, que es representado por la Procuración del Tesoro, dijo que sí.
Preska tomó ambos argumentos y esta noche rechazó el pedido de que se analice otra vez el proceso de nacionalización de la petrolera que tuvo lugar durante el gobierno de Cristina Kirchner y que terminó con la expropiación que dio origen a la demanda.
“Era esperable la decisión, por lo que se venía hablando y discutiendo. Es una media apelable, pero con chances prácticamente nulas de prosperar. Si quieren pedir un stay, o una suspensión del fallo hasta que salga la apelación, también se la van a rechazar porque no puede impediría el correcto funcionamiento de otras medidas que se pidieron en su tribunal. Veremos si apelan, podría ser”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Argumentos
La solicitud de RAFA fue cuestionada y enfrentaba obstáculos significativos ya que la jurisprudencia estadounidense establece estándares estrictos para la reconsideración de fallos, especialmente en litigios comerciales internacionales.
La presentación de la ONG generó reacciones en el ámbito judicial y económico. Maril destacó entonces que estos cuestionamientos ya había sido parte central del juicio y que la jueza Preska determinó que no existían pruebas suficientes para anular el fallo. “Este intento de revisión es inviable porque la magistrada ya analizó los argumentos y descartó cualquier posibilidad de fraude”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, cuestionó la estrategia de RAFA. “Este tipo de recursos tienen la misma probabilidad de éxito que mandar al arquero a cabecear en el último minuto”, afirmó en su cuenta de X.
Como se dijo, Burford se manifestó también en contra de pedido de la ONG. Señalaron que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. El bufete indicó que “este asunto (en referencia al fallo) ha estado pendiente durante casi una década, y RA4ARG no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo –casi un año y medio después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso– para solicitar su intervención”.
“La respuesta expresará también la voluntad del Gobierno de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, expresaron fuentes oficiales.
Por su parte, la firma inglesa Burford Capital (beneficiarios del fallo YPF) dio varios argumentos defendiendo su postura. Entre ellos, señalaron que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. La empresa indicó que “este asunto (en referencia al fallo) ha estado pendiente durante casi una década, y RA4ARG no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo –casi un año y medio después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso– para solicitar su intervención”.
El Gobierno argentino, por medio de la Procuración, reiteró “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon” la nacionalización de YPF y expresaron la voluntad del Gobierno de “colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los Demandantes en este caso”.
“Este Gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada. Frente a esta situación heredada, continuará haciendo todo lo qué está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto. La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”, destacaron fuentes oficiales.
Ahora la causa seguirá su curso por distintas vertientes. Por un lado, la apelación al fallo de primera instancia: no se esperan novedades de la Corte de Apelaciones neoyorquina hasta dentro de, al menos, un año. Luego, en paralelo, en el tribunal de Preska se cursan otros pedidos de Burford. Por ejemplo, la solicitud de quedarse las acciones que tiene el Estado en la compañía (51%) y la demostración del “alter ego”, o que la empresa y el Gobierno de turno “son lo mismo”. Preska deberá decidir sobre ambos pedidos.
“Lo único que Burford quiere es sentarse a negociar, pero ninguno de los últimos cuatro gobiernos que tuvo el país se manifestó en ese sentido”, aseguró una fuente con alto conocimiento de la causa.
Mientras tanto, corren los intereses del monto indemnizatorio. A los USD 16.000 millones iniciales se sumaron, durante el primer año de Javier Milei como presidente, otros USD 1.000 millones. Esa es la deuda que, por el momento, debe enfrentar Argentina.
