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Expropiación de YPF: el Gobierno advirtió que sería “incumplible” un fallo desfavorable en EEUU

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A la espera de la resolución de la Justicia de EEUU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que Argentina no estaría en condiciones legales de cumplir con la entrega de acciones a los fondos buitres.

A horas de que la Corte de Apelaciones de EEUU resuelva si autoriza o no la entrega de las acciones de la empresa YPF en la causa por la expropiación, el Gobierno afirmó que un fallo desfavorable sería “incumplible” en la práctica. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo, si levanta la orden o si pide al país que presente otra garantía.

El 30 de junio pasado, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.

A la espera del fallo que saldría en las próximas horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habló en Radio Nacional al respecto. “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa”, señaló.

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”. De manera que si la Justicia estadounidense resuelve en contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.

En esa línea señaló que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que no puede “ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

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Caso YPF: la justicia de EEUU define el futuro del control accionario argentino

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El tribunal estadounidense resolverá hoy si el Estado argentino puede mantener en su poder el capital accionario que posee en YPF mientras se tramita la apelación por la condena de USD 16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, o si deberá transferirlo como garantía inmediata. La decisión tendrá impacto económico, político y diplomático de alto voltaje.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión (“stay”) presentado por la Argentina para evitar la transferencia inmediata (“turnover”) del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado.
La resolución se da en el marco del litigio que enfrenta al país con Burford Capital, fondo que compró los derechos de demanda derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.

En caso de un fallo adverso, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que esta instancia suele rechazar intervenir en disputas de carácter administrativo.

Contexto: la expropiación de 2012 y la condena millonaria

El origen del conflicto se remonta a abril de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se expropió el 51% de YPF que pertenecía a la española Repsol y a la familia Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por violaciones al estatuto de YPF y a normas de mercado en el proceso de nacionalización.
Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a USD 18.000 millones, cifra que representa casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central y que presiona las ya tensas cuentas externas del país.

Burford Capital sostiene que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, sin separación efectiva, lo que habilitaría ejecutar no solo las acciones de la petrolera sino otros activos soberanos.
Para sostener esa posición, el fondo solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, buscando probar la injerencia directa del Gobierno en la operativa de la empresa.

Los tres escenarios posibles

Según fuentes del caso, la Corte de Apelaciones podría:

  1. No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones.
  2. Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta a las acciones de YPF.
  3. Otorgar la suspensión plena, postergando la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación en septiembre.

En los dos primeros casos, el Gobierno anticipa que pedirá revisión ante la Corte Suprema. Si la resolución fuera negativa y Argentina no cumpliera, quedaría en desacato, con posibles sanciones económicas y diplomáticas.

Un desacato podría acarrear consecuencias que van más allá de lo financiero: desde la imposición de trabas para emitir deuda en mercados internacionales hasta eventuales restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos, incluyendo la revocación de visas.
Para el gobierno de Javier Milei, que busca posicionar a la Argentina como destino confiable para capitales extranjeros, el caso YPF se transforma en un test clave de seguridad jurídica y credibilidad internacional.

Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, la definición final se trasladará a septiembre, tras las elecciones legislativas nacionales. Allí se evaluará de fondo si la orden de Preska de entregar las acciones es legalmente procedente.

En paralelo, el resultado marcará un precedente para futuras disputas sobre activos estratégicos de empresas con participación estatal, en un contexto en el que Argentina enfrenta litigios internacionales por otros sectores clave como energía, infraestructura y deuda soberana.

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Micropricing de YPF: en Misiones ya se siente la diferencia de precios

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YPF comenzó a aplicar con mayor intensidad en parte de su red un nuevo sistema de “micropricing”, una modalidad que ajusta los precios de los combustibles en tiempo real de acuerdo con la demanda, la competencia y el movimiento en cada zona. Esta estrategia, que se apoya en el monitoreo minuto a minuto de lo que ocurre en las 1.680 estaciones de servicio de la empresa, implica un cambio sustancial: ya no se anunciarán aumentos generales a nivel nacional, salvo que se registren variaciones fuertes en el tipo de cambio, el costo de los biocombustibles, la carga impositiva o el precio internacional del crudo.

En Misiones, la nueva política ya se siente. Este viernes, por ejemplo, el precio de la nafta súper se ubicaba en $1.365 en Posadas y $1.378 en San Javier, una diferencia de $13 entre ambas localidades. Estos valores pueden variar varias veces en la misma jornada según el comportamiento de la demanda local.

Cómo funciona el micropricing

El sistema se implementa a partir de la información que recopila el Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF, que permite identificar en qué momento y lugar conviene ajustar el precio —hacia arriba o hacia abajo— en movimientos que no superan el 1% por vez. Así, el valor final en cada estación se define considerando:

  • Volumen de ventas y horarios de mayor o menor demanda.
  • Presencia de competidores cercanos y sus precios.
  • Tránsito en la zona y comportamiento de los clientes.

Durante julio, mientras extendía este esquema, YPF aplicó además un aumento promedio del 6% en naftas y gasoil.

Descuentos nocturnos de hasta 9%

La petrolera busca incentivar la carga en horario nocturno, entre las 0 y las 6 de la madrugada. Actualmente, ofrece un descuento del 3% en ese horario, que se duplica al 6% si se paga mediante la App YPF, lo que permite alcanzar un beneficio total del 9%. Según datos de la compañía, las ventas nocturnas de nafta crecieron 28% en los últimos tres meses.

Un 70% de los clientes que cargan en la madrugada no lo hacían antes, un 50% lo hacía en otro horario y un 20% son nuevos usuarios de la red. Esto no solo redistribuye la demanda a lo largo del día, sino que además refuerza la posición de YPF en un mercado donde ya controla más del 55% de participación.

Impacto en los hábitos de consumo

La empresa asegura que este nuevo modelo de precios dinámicos le permite adaptarse mejor a la realidad de cada plaza y ofrecer beneficios puntuales, al tiempo que optimiza la operación de las estaciones. En Misiones, la estrategia introduce un cambio cultural en el consumidor: el precio ya no es fijo ni estable por semanas, sino que puede cambiar en el mismo día.

Para los automovilistas, esto abre un nuevo escenario en el que comparar precios y horarios puede significar un ahorro real, especialmente en localidades cercanas como Posadas y San Javier, donde la diferencia actual ronda el 1%.

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YPF y el oro del Banco Central: el juicio que amenaza con exponer activos argentinos en el exterior

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En una audiencia cargada de tensión, la jueza Loretta Preska exigió al Estado argentino entregar correos, chats y documentos de los últimos dos ministros de Economía. Los demandantes quieren probar que Argentina y YPF son un mismo ente para embargar activos, incluidos los depósitos de oro del Banco Central en el exterior.

El caso YPF: una década de litigio y un fallo millonario en juego

El juicio por la expropiación de YPF continúa escalando en complejidad y riesgo para el país. Argentina fue condenada en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos a litigar por la falta de oferta pública a los accionistas minoritarios en 2012. La sentencia está apelada, y recién en octubre la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York escuchará los argumentos orales.

Mientras tanto, en la última audiencia celebrada en el tribunal de la jueza Loretta Preska, los abogados de Burford insistieron en acceder a información que vincule directamente al Estado con YPF bajo la figura de “alter ego”. El objetivo es claro: extender el alcance de un eventual embargo a activos del Tesoro, empresas estatales y hasta el Banco Central.

El oro del Banco Central, en la mira

Uno de los puntos más polémicos fue el pedido de documentación sobre el oro del Banco Central que fue enviado al exterior durante 2023. Burford pretende conocer su ubicación para poder ejecutarlo como parte del cobro de la sentencia.

El abogado Seth Levine, representante de los demandantes, apuntó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones públicas habló sobre esa operación: “Quiero saber quién sabe sobre el oro. Ya dije quién es: Luis Caputo, porque habló en los medios”, sostuvo Levine, reclamando acceso a sus correos y mensajes privados.

La defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, argumentó que el BCRA es una entidad independiente y que los dichos de Caputo fueron meramente informativos. Pero Preska rechazó esa posición y advirtió que el ministro puede ser citado a declarar si no entrega los datos. La jueza fue contundente: “No acepto esa excusa. Caputo debería figurar como fuente de información. Si no lo hace, lo analizaremos”.

El avance sobre activos y la tensión por la soberanía

El reclamo por el oro no es un hecho aislado. Burford también solicitó detalles sobre cuentas bancarias, fideicomisos, relaciones financieras con China y futuras privatizaciones, lo que muestra el alcance de su estrategia para localizar activos embargables.

La defensa argentina alertó que el interrogatorio a altos funcionarios podría vulnerar principios de soberanía. Pero para Preska, el incumplimiento de la sentencia amerita medidas excepcionales: “Los ganadores deben cobrar o el Estado debe negociar”, sostuvo.

La jueza también rechazó que la información solicitada tenga carácter secreto por defecto, exigiendo que Argentina justifique por qué ciertos documentos deberían quedar protegidos. Este punto aumenta el riesgo de exposición de comunicaciones sensibles del Gobierno.

La escalada del caso YPF expone a Argentina a un doble riesgo: el financiero, por una condena que compromete más de USD 16.000 millones, y el institucional, por la posibilidad de que activos estratégicos en el exterior queden embargados.

La ofensiva de Burford apunta a quebrar la barrera entre YPF y el Estado, una estrategia que, de prosperar, podría abrir la puerta a embargos sobre reservas del Banco Central y otros activos públicos. La audiencia también reveló el creciente fastidio de Preska con la falta de respuestas del país, lo que presiona al Gobierno a acelerar una estrategia de defensa o avanzar hacia una negociación.

En el plano político, la tensión entre preservar activos soberanos y cumplir con la justicia internacional plantea un dilema delicado. La audiencia no solo fue un capítulo más en el juicio por YPF: fue una advertencia de que el costo de no cerrar este frente podría ser mucho mayor.

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Moody’s mejora las calificaciones de Arcor, YPF, Telecom y otras cinco compañías argentinas

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En una señal de mayor confianza hacia el sector corporativo argentino, Moody’s Ratings anunció la mejora en las calificaciones crediticias de ocho empresas no financieras del país, tras el reciente aumento de la nota soberana de Argentina a Caa1 con perspectiva estable. Las compañías beneficiadas son Arcor, Pan American Energy, Pluspetrol, Raghsa, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy y YPF, que ahora cuentan con ratings entre B1 y B2.

El movimiento responde a la reciente suba de la calificación soberana de Argentina y al incremento de los techos de país para obligaciones en moneda local y extranjera, que pasaron a B1 y B2 respectivamente. Según Moody’s, estos cambios reflejan “una mayor previsibilidad de las acciones gubernamentales, la liberalización del mercado cambiario, menores controles de capital y la implementación de un nuevo programa con el FMI, que fortalecieron la liquidez en moneda dura y redujeron vulnerabilidades externas”.

Las empresas que mejoraron su perfil crediticio

  • Arcor S.A.I.C. pasó de Caa1 a B2, sostenida por su liderazgo global en confitería, amplia diversificación y acceso a capital.
  • Pan American Energy (PAE) y su filial argentina alcanzaron B1 desde B3, respaldadas por su posición como segundo mayor productor de hidrocarburos del país y su liquidez en moneda extranjera.
  • Pluspetrol S.A. escaló a B1 desde B3, impulsada por el potencial de crecimiento en Vaca Muerta y un sólido respaldo corporativo.
  • Raghsa S.A. mejoró a B2 desde Caa1, gracias a su cartera inmobiliaria de alta calidad y sólida liquidez.
  • Tecpetrol S.A. alcanzó B1 desde B3, reflejando su fuerte presencia en gas natural y el soporte del Grupo Techint.
  • Telecom Argentina S.A. pasó a B2 desde Caa1, destacando su posición en el mercado de telecomunicaciones y el refuerzo estratégico tras la compra de Telefónica Móviles.
  • Vista Energy Argentina subió a B2 desde Caa1, apuntalada por sus activos en Vaca Muerta y la reciente adquisición en el bloque La Amarga Chica.
  • YPF S.A., principal petrolera del país, mejoró a B2 desde Caa1, en un contexto de flexibilización regulatoria y plan de inversiones de hasta USD 5.200 millones para 2025.

Proyecciones y riesgos

Si bien la mejora de las calificaciones refleja un entorno más favorable, Moody’s advirtió que la vinculación de estas empresas con el riesgo soberano continúa siendo significativa. “Las calificaciones no pueden desvincularse completamente de la calidad crediticia del Gobierno argentino”, señaló el informe, que también destacó la necesidad de mantener sólidos niveles de liquidez y prudencia financiera para evitar eventuales presiones negativas.

Perspectiva estable y expectativas del mercado

La perspectiva estable asignada a todas las compañías considera que sus métricas financieras y operativas se mantendrán robustas en los próximos 12 a 18 meses. No obstante, eventuales retrocesos en la calificación soberana, cambios regulatorios adversos o deterioros de liquidez podrían revertir las mejoras.

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