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YPF: Argentina advierte que irá a la Corte Suprema si falla la apelación en Nueva York

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La Procuración del Tesoro presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito los argumentos para suspender el “turnover” de las acciones. El país busca que el fallo quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo por la expropiación de 2012.

Argentina pide frenar la entrega de las acciones

El Gobierno argentino presentó formalmente sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee desde la expropiación de 2012. La presentación, coordinada por la Procuración del Tesoro, busca que el tribunal suspenda de manera definitiva el “turnover” ordenado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que habilita al fondo Burford Capital a ejecutar las acciones como parte de la indemnización fijada por más de USD 17.500 millones.

El planteo, a cargo del procurador Santiago Castro Videla y un equipo de abogados estadounidenses, insiste en que la medida de Preska “viola la inmunidad soberana” y “desconoce principios básicos de cortesía internacional”, además de subrayar que las acciones de YPF “están radicadas en Argentina” y no forman parte de ninguna actividad comercial en EE.UU.

El apoyo de EE.UU. y los argumentos centrales

En su apelación, la Argentina contó con el apoyo del propio Gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae ante el tribunal en favor de suspender la medida, al advertir que la ejecución podría generar “represalias judiciales” contra EE.UU. en otros países.

Entre los principales argumentos del escrito oficial, se destacan:

  • Violación de inmunidad soberana: las acciones están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) y no fueron utilizadas para actividades comerciales en ese país.
  • Principio de comity: la orden judicial obligaría a la Argentina a incumplir su propia legislación, que prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
  • Irreparabilidad del daño: la entrega de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre YPF, un perjuicio “irreversible” incluso si el país ganara la apelación final.
  • Interés público afectado: la medida podría impactar en la empresa, sus accionistas, las relaciones bilaterales con EE.UU. y el pueblo argentino en su conjunto.

Qué puede resolver la Corte de Apelaciones

Los escenarios que evalúan en la Procuración son tres:

  1. Favorable: el tribunal suspende el turnover sin condiciones, permitiendo avanzar con la apelación de fondo.
  2. Intermedio: acepta la suspensión, pero exige garantías de parte del Estado argentino.
  3. Adverso: confirma la orden de entrega, lo que llevaría al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., tal como anticipó oficialmente.

Si bien el tribunal no tiene plazos para pronunciarse, las partes esperan que la definición llegue “en cuestión de horas o días”, dada la urgencia del caso.

El caso Petersen/Eton Park vs. Argentina, impulsado por el fondo Burford Capital, cuestiona el proceso de expropiación de YPF en 2012 y es uno de los juicios más costosos que enfrenta el país. Un fallo adverso no solo implicaría la pérdida del control accionario de la principal petrolera argentina, sino que podría sentar un precedente internacional en materia de ejecución de activos soberanos.

Desde el Gobierno argentino remarcan que la prioridad es proteger el capital accionario estatal en YPF y que “negociar no es una opción”. En caso de un revés, la estrategia oficial será apelar hasta las últimas instancias judiciales en Estados Unidos.

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Nuevo aumento de combustibles: en Misiones, la nafta súper ya cuesta $1.390 por litro

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La petrolera YPF volvió a ajustar el precio de los combustibles a partir de este lunes, con un incremento promedio del 2,5 por ciento que ya se refleja en las estaciones de servicio de Misiones. En Posadas, la nafta súper pasó de $1.356 a $1.390 por litro, mientras que la Infinia escaló de $1.565 a $1.604. En cuanto al gasoil, el Diésel 500 (grado 2) registró un salto llamativo: de $1.373 a $1.407, y el Infinia Diésel avanzó de $1.568 a $1.607 por litro.

Este nuevo ajuste ocurre apenas tres semanas después del aumento anterior, aplicado el 1 de julio, cuando la suba en Misiones fue sensiblemente mayor que el promedio nacional. En aquella oportunidad, YPF dispuso un incremento del 3,5% en todo el país, pero en Misiones los combustibles escalaron entre 5,28% y 5,32%, consolidando una de las brechas de precios más marcadas respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A modo de comparación, la nafta súper aumentó en Posadas un 7,8% en menos de un mes, al pasar de $1.288 el 1 de julio a los actuales $1.390. La Infinia, por su parte, trepó un 8,3% en el mismo período, desde los $1.486 a $1.604.

Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, la nafta súper acumula un incremento del 181,44% en Posadas (costaba $485) y la Infinia aumentó 168,44%, desde los $583.

Los precios en CABA continúan siendo considerablemente más bajos. Según el portal especializado Surtidores, el litro de Súper en la capital cuesta $1.228, mientras que la Infinia se vende a $1.454. Así, la diferencia con Posadas es de $162 por litro en el caso de la Súper y de $150 en la Infinia. Esta disparidad responde a una combinación de factores: la política de precios regionales que aplica YPF, los mayores costos logísticos y las cargas tributarias diferenciales que afectan al mercado del norte argentino.

Además de YPF, las demás petroleras también actualizaron sus pizarras en la provincia. En estaciones Shell, la Nafta Súper se ofrece a $1.433, la V-Power a $1.665, la Fórmula Diesel a $1.459 y la V-Power Diesel a $1.695. En Axion, la Súper cuesta $1.395, la Quantum $1.654, el Diesel común $1.487 y el Quantum Diesel $1.695.

En un contexto de estancamiento en las ventas y fuerte presión sobre los costos operativos, las estaciones de servicio advierten que el margen de rentabilidad continúa en niveles críticos, especialmente en regiones alejadas de los centros de refinación. Mientras tanto, el impacto en el bolsillo del consumidor se agrava, sobre todo en provincias como Misiones donde el combustible es más caro que en gran parte del país.

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Juicio por YPF: fuerte cruce entre Burford y el Departamento de Justicia de EE.UU.

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Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina por la expropiación de YPF, cuestionó duramente al gobierno de Estados Unidos por intervenir como amicus curiae a favor del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El bufete británico reiteró que Argentina deberá pagar una sentencia que ya supera los USD 17.500 millones, con intereses incluidos.

Críticas al Departamento de Justicia y advertencia por “efectos adversos” locales
Burford Capital presentó un escrito de 31 páginas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechaza el intento de intervención del gobierno estadounidense como amicus curiae en la causa por la expropiación de YPF. El fondo acusó a los funcionarios norteamericanos de presentar un alegato “basado en premisas erróneas” y “sin valor sustancial”.

“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, señaló el documento, en el que además se tilda de “sumamente inusual” la presentación del Departamento de Justicia, aludiendo a funcionarios del entorno del expresidente Donald Trump.

Burford también criticó que EE.UU. no haya respondido a su pedido de reunión previa para aclarar su postura, lo que –según alegó– contribuyó a una interpretación equivocada del caso. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, sentenció el fondo.

Una batalla de fondo por USD 17.500 millones

El fallo de Preska, las acciones de YPF y la pulseada por la inmunidad soberana
El litigio por la estatización de YPF ya lleva más de una década. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina y ordenó que se transfiera el 51% de las acciones en manos del Estado como parte de pago por la expropiación sin oferta previa de compra. La sentencia inicial fue por USD 16.000 millones, cifra que ya se elevó por intereses hasta superar los USD 17.500 millones.

Burford busca que la Corte de Apelaciones no suspenda el fallo de Preska, mientras que Argentina, con el respaldo reciente del Departamento de Justicia de EE.UU., insiste en la inmunidad soberana y el riesgo de daño irreparable si se ejecuta la entrega de acciones antes del resultado final del proceso de apelación.

El giro de EE.UU. y su impacto político

El gobierno argentino lee un respaldo implícito; Burford alerta sobre falsas expectativas
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, interpretaron el respaldo de EE.UU. como un gesto diplomático significativo. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado”, indicaron fuentes del organismo. Recordaron que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la posición oficial estadounidense fue contraria a la inmunidad argentina.

En su presentación, el Departamento de Justicia justificó su posición afirmando que “el caso puede tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y afectar el trato recíproco en tribunales de otros países”.

Burford, por su parte, advierte que el gobierno argentino ha interpretado erróneamente ese gesto como una garantía de que no deberá pagar. “La prensa y los funcionarios públicos han asumido que Argentina nunca tendrá que cumplir la sentencia”, alertó.

La Corte decidirá si suspende la sentencia y evita la entrega de acciones
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá definir esta semana si hace lugar al pedido de suspensión de la sentencia de Preska. De lo contrario, Argentina podría verse obligada a transferir el paquete accionario en disputa a los demandantes, incluso antes de que se resuelva la apelación.

Burford sostiene que la posición de EE.UU. no debe influir en esa decisión, mientras insiste en que la inmunidad soberana no aplica para actos comerciales incumplidos por parte de Estados que operan en mercados internacionales, como en el caso de YPF.

El fallo definitivo tendrá implicancias financieras y diplomáticas de largo alcance. En juego no solo está el futuro accionario de la petrolera estatal, sino también la credibilidad jurídica de Argentina en los mercados internacionales. Si la Corte ratifica el fallo y avanza la ejecución, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar uno de los mayores pasivos heredados del pasado reciente.

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Estados Unidos respalda a la Argentina en el juicio por YPF y rechaza la ejecución de acciones

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El gobierno estadounidense pidió suspender la orden de entrega de acciones de YPF al sostener que viola la inmunidad soberana. Los beneficiarios del fallo confirmaron que no desean quedarse con los títulos.

El gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor de la Argentina en el marco del litigio por la expropiación de YPF, y solicitó la suspensión de la orden judicial que obliga al país a transferir sus acciones en la petrolera estatal, valuadas en aproximadamente US$ 16.000 millones.

El argumento central del Departamento de Justicia norteamericano es que la decisión de la jueza Loretta Preska viola el principio de inmunidad soberana establecido en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976, norma clave del derecho internacional estadounidense que limita las acciones legales contra gobiernos extranjeros en territorio norteamericano.

Inmunidad soberana y política exterior: los fundamentos del apoyo

En un escrito de 12 páginas, el gobierno estadounidense remarcó que la inmunidad soberana históricamente protege los bienes de Estados extranjeros frente a ejecuciones judiciales, salvo excepciones muy limitadas. En ese sentido, sostuvo que: “La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”.

Además, argumentó que permitir una ejecución sobre acciones en el extranjero sin consentimiento violaría el derecho internacional consuetudinario y generaría un precedente perjudicial: “Una interpretación contraria resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”.

Desde el gobierno argentino destacaron que este respaldo refuerza la posición legal del país y agrega peso político en un juicio que enfrenta intereses estatales, privados y geoestratégicos.

Los beneficiarios del fallo aclararon que no quieren las acciones

En paralelo al pronunciamiento estadounidense, los beneficiarios del fallo adverso a la Argentina informaron que no pretenden quedarse con las acciones de YPF si finalmente se ordena su entrega. A través de una presentación judicial, indicaron que buscarán un mecanismo para restituirlas, ya que no tienen interés en gestionar la empresa.

Sin embargo, reiteraron su exigencia de que Argentina depositemos una garantía financiera como condición para apelar el fallo. Según explicó el analista Sebastián Maril, esta estrategia modifica el escenario procesal del caso: “Plantean que si la Argentina transfiere las acciones y luego gana la apelación, podría no recuperarlas. Pero si apela sin garantía, no tendrían cómo ejecutar el fallo si lo pierde”.

El planteo endurece la posición de los demandantes, quienes en 2023 obtuvieron el fallo de la jueza Preska por la expropiación sin oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de YPF.

Qué viene ahora: definiciones clave en la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si Argentina puede continuar con el proceso de apelación sin necesidad de garantía, lo que permitiría evitar por el momento una ejecución de sentencia.

En caso contrario, se abriría la puerta a embargos de activos argentinos en el exterior, aunque el rechazo de los beneficiarios a quedarse con las acciones limita las alternativas de ejecución inmediata.

Este nuevo respaldo del Departamento de Justicia reafirma el posicionamiento diplomático de Estados Unidos a favor del principio de inmunidad soberana, y se suma al escrito que ya había presentado en noviembre de 2024 ante la jueza Preska con argumentos similares.

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YPF: la Justicia de EE.UU. presiona por US$17.750 millones y el Gobierno busca evitar la transferencia

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La jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco de la millonaria demanda por la expropiación de la petrolera. La magistrada advirtió que la Argentina “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones” y negó nuevas prórrogas. El Ejecutivo apeló al Segundo Circuito de EE.UU. para frenar la ejecución de la sentencia por US$17.750 millones.

En un fallo crítico, la jueza federal Loretta Preska desestimó la solicitud del Gobierno argentino de postergar la entrega del paquete accionario de YPF como parte del pago del juicio por la expropiación de 2012. La magistrada remarcó que “la República ha abusado de las concesiones del Tribunal” y negó el pedido de suspensión, aunque otorgó tres días adicionales para apelar ante el Segundo Circuito, plazo que Argentina ya utilizó para presentar el recurso.

Preska apuntó que el país “no ofreció la garantía mínima” requerida y que cualquier daño irreparable “se deriva directamente de las propias acciones de la Argentina a retrasar e intentar eludir sus obligaciones”.

El litigio por YPF: cifras y contexto

La causa se remonta a septiembre de 2023, cuando la magistrada condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la forma en que se realizó la estatización de YPF. El monto, con intereses, supera hoy los US$17.750 millones.

Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio al grupo Petersen (familia Eskenazi), exaccionistas de la petrolera. El reclamo se basó en que, al nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol, el Estado argentino no extendió una oferta similar a los accionistas minoritarios, como lo exigía el estatuto de la empresa.

Argentina apela al Segundo Circuito y busca frenar la transferencia

Tras el revés judicial, la Procuración del Tesoro, encabezada por Juan Ignacio Stampalija, ya presentó una apelación ante el Segundo Circuito de EE.UU., con el objetivo de suspender la entrega de las acciones mientras se tramita el recurso. Desde el Ejecutivo sostienen que aún no se incumplió la orden judicial, ya que Preska concedió tres días para acudir al tribunal superior.

En paralelo, otros acreedores del país analizan replicar la estrategia de los fondos buitre y solicitar embargos sobre activos estatales, incluida la participación en YPF, lo que abriría una nueva etapa de presión judicial y financiera para la Argentina.

El Gobierno argentino cuestiona el fallo

El presidente Javier Milei cuestionó la aplicación del fallo al considerar que “viola la ley argentina” y sostuvo que su ejecución requeriría una ley del Congreso aprobada por dos tercios, lo cual “no va a ocurrir”.

Por su parte, el CEO de YPF advirtió que “Argentina actuó con celeridad” y que el fallo no debería comprometer el normal funcionamiento de la empresa, aunque reconoció que genera “preocupación en los mercados”.

¿YPF, otra vez en el centro de la disputa por la soberanía financiera?

El rechazo de Preska marca un punto crítico en el litigio por la estatización de YPF. La negativa a suspender la entrega de acciones complica la estrategia de defensa del Gobierno argentino y plantea un escenario incierto para la petrolera nacional. La apelación ante el Segundo Circuito será clave para definir si se concreta la transferencia del paquete accionario estatal, o si se abre una nueva instancia que permita negociar condiciones más favorables.

Más allá del fallo, el caso reaviva el debate sobre el manejo de la política energética y los costos financieros de decisiones de Estado mal instrumentadas.

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