YPF

Causa YPF: el Gobierno se negó a revelar dónde está el oro y descartó que Caputo declare

Compartí esta noticia !

En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos, el Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina. La decisión apunta a resguardar información sensible del Banco Central (BCRA) y se inscribe en la estrategia oficial para evitar que los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones identifiquen activos ejecutables mientras el país aguarda la resolución de la apelación.

La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien precisó que el Ejecutivo argumentó que el oro “pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”. En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea citado a declarar para brindar precisiones sobre el tema.

Autonomía del BCRA y estrategia procesal en Estados Unidos

El rechazo oficial se apoya en la independencia institucional del Banco Central, un punto central en la defensa argentina. Según lo informado, el Tesoro sostuvo que no dispone de datos sobre la localización de las reservas de oro porque estas forman parte de los activos del BCRA y no del Poder Ejecutivo. En esa línea, el Gobierno indicó que realizará el pedido correspondiente al Banco Central, sin comprometerse a revelar la información en el expediente judicial.

El planteo se produce en un contexto de máxima sensibilidad procesal. Los beneficiarios del fallo condenatorio —que fijó una indemnización de US$16.000 millones— buscan establecer conexiones y rastrear activos que permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. La ubicación de las reservas internacionales, y en particular del oro, aparece como un elemento clave en esa estrategia.

Desde la óptica oficial, brindar detalles sobre estos activos podría debilitar la posición argentina y abrir la puerta a medidas cautelares o embargos en el exterior, aun cuando el fallo se encuentra apelado.

Rechazo a la citación de Caputo y límites de la información requerida

Además de negar la entrega de información sobre el oro, el Gobierno rechazó el pedido para que Luis Caputo se presente a declarar. La negativa refuerza la postura de que el Ministerio de Economía no es el órgano competente para responder sobre activos que pertenecen a una entidad autárquica como el BCRA.

El argumento busca delimitar responsabilidades institucionales y evitar que el proceso judicial derive en requerimientos que, desde la perspectiva argentina, exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la defensa apunta a sostener que no existe acceso directo ni control operativo del Tesoro sobre las reservas del Banco Central.

Apelación en curso

Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio dictado por Preska y se encuentra a la espera de una definición por parte de la Corte de Apelaciones. Hasta que esa instancia se pronuncie, el Gobierno procura ganar tiempo y preservar activos estratégicos, en un litigio que combina impacto financiero, institucional y político.

Mientras tanto, los demandantes continúan explorando vías para detectar bienes susceptibles de ejecución, lo que anticipa un escenario de alta tensión judicial. La negativa a informar la ubicación del oro se inscribe, así, en una defensa más amplia que busca blindar las reservas internacionales y sostener la autonomía del Banco Central como pilar argumental ante los tribunales estadounidenses.

Compartí esta noticia !

YPF consiguió US$ 550 millones al 8,1% y marcó su tasa más baja en nueve años

Compartí esta noticia !

YPF concretó con éxito la reapertura de su Obligación Negociable YM34, por un monto total de US$ 550 millones, a una tasa del 8,1% anual y con vencimiento en 2034, marcando la tasa más baja obtenida por la compañía en los últimos nueve años para una operación de este tipo. La colocación permitió mejorar el perfil de vencimientos, extender la vida promedio de la deuda y reducir el costo financiero, en un contexto de renovado apetito por activos argentinos en los mercados internacionales.

La operación registró una demanda superior a los US$ 1.400 millones, más de dos veces y media el monto adjudicado, lo que ratificó la confianza de inversores locales e internacionales en la estrategia financiera de la petrolera y en el desempeño del sector energético argentino.

Demanda récord y consolidación de la curva en dólares

Según se informó, el fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió ampliar el tamaño de la emisión, que originalmente estaba prevista en US$ 300 millones, hasta alcanzar los US$ 550 millones, manteniendo una tasa considerada competitiva en el contexto actual.

“El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los u$s300 millones iniciales hasta u$s550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual”, señaló Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

Con esta reapertura, el bono YM34 pasa a contar con un monto total en circulación de US$ 1.650 millones, considerando que el resto había sido emitido en enero de 2025. De acuerdo con el análisis de mercado, este volumen lo posiciona como uno de los instrumentos más líquidos de su segmento, lo que debería contribuir a una mejor dinámica de negociación en el mercado secundario y a una mayor participación de inversores institucionales.

Para Barros Moss, “la operación consolida la curva de YPF en dólares y refuerza su acceso al mercado internacional, en un momento donde el apetito por crédito argentino vuelve a mostrar señales constructivas”.

El sector energético lidera el acceso al financiamiento externo

La colocación de YPF se inscribe en un boom de emisiones de Obligaciones Negociables del sector energético, que volvió a liderar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de deuda. Tras una primera ola posterior a las elecciones de octubre, el inicio de 2026 estuvo marcado por nuevas salidas al mercado.

En lo que va del año, se destacaron colocaciones como las de PAE por US$ 375 millones, Telecom por US$ 600 millones y Banco Macro por US$ 400 millones. En términos agregados, entre empresas privadas, el Estado nacional y las provincias se colocaron cerca de US$ 8.000 millones en los últimos tres meses, con vencimientos que van de dos a diez años y tasas promedio en dólares de entre 8% y 9% anual.

Más de la mitad de ese financiamiento fue adjudicado por empresas del sector energético, en particular aquellas vinculadas a la producción y transporte de petróleo y gas, con fuerte presencia en Vaca Muerta. Entre las compañías que concentran mayor atractivo para los inversores se encuentran YPF, Vista Energy, Pampa Energía, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Oldelval.

Impacto financiero

Desde el punto de vista financiero, la operación fortalece la posición de YPF en los mercados internacionales, mejora su estructura de pasivos y reduce el riesgo de refinanciación, en un escenario donde el costo del crédito sigue siendo una variable crítica para las empresas argentinas.

A nivel institucional, la elevada demanda y la compresión de tasa refuerzan el rol del sector energético como principal puerta de acceso al financiamiento externo, en un contexto de gradual normalización del mercado de deuda corporativa y creciente interés por proyectos asociados al desarrollo hidrocarburífero.

Compartí esta noticia !

Causa YPF: Argentina rechazará el pedido de desacato de Burford

Compartí esta noticia !

La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.

El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron a Agencia Noticias Argentinas fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Burford elevó ayer un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional (alter ego).

Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes.

“Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”, evaluaron.

Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo

Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”.

Antecedentes del litigio

En 2023, la jueza Preska le había dado la razón a los demandantes por la expropiacion de YPF y ese fallo se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde Argentina busca evitar la sentencia de USD 16.000 millones, más unos 2.000 millones adicionales de intereses acumulados. 

Los demandantes reclaman saber si YPF, el Banco Nación, el BCRA, Aerolíneas Argentinas y Enarsa son “alter ego” del Gobierno argentino. Por eso, solicitaron conocer si responden al gobierno y, por lo tanto, se les pueden embargar bienes para cobrar la sentencia del caso de fondo. 

Con ese objetivo, pidieron chats y mails de funcionarios de las gestiones de Sergio Massa y Luis Caputo, datos que la Argentina no entregó y, por eso, este jueves le reclamaron a Preska que sancione al gobierno por desacato.

También pidieron que el tribunal asuma como probado que las comunicaciones off‑channel (WhatsApp, Gmail, etc.) respaldan hallazgos específicos sobre la condición de “alter ego” de esas entidades. Es decir, que la falta de producción de pruebas se interprete en contra de la Argentina.__IP__

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el escrito señalaron que si el país sostiene que no puede acceder a las comunicaciones o disputa hechos relevantes, se debe realizar una audiencia con testigos en vivo, incluidos los funcionarios custodios de esas comunicaciones.

Se espera que la jueza Preska resuelva este punto en marzo próximo.

Compartí esta noticia !

Causa YPF: reclaman sanciones contra la Argentina en Nueva York

Compartí esta noticia !

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo episodio en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park presentaron un pedido ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato, por presuntas demoras e incumplimientos en la entrega de documentación clave exigida por la corte. La ofensiva eleva la presión legal y financiera sobre la Argentina y abre la puerta a eventuales sanciones y nuevas instancias de conflicto institucional.

El planteo se inscribe en la etapa de recabación de pruebas posterior al fallo adverso contra el país y apunta directamente a la estrategia de defensa del Estado, en un proceso que combina implicancias jurídicas, económicas y políticas de alto impacto.

El reclamo ante Loretta Preska y la acusación de incumplimiento

Según consta en la presentación, los fondos demandantes sostienen que la Argentina no entregó la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores que fueron requeridos por la justicia estadounidense como parte del proceso probatorio. A criterio de los beneficiarios del fallo, esa conducta configura una falta de cooperación con la corte.

El avance fue confirmado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, quien señaló en su cuenta de X que este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”.

La estrategia de los fondos apunta a que la magistrada interprete que el Estado argentino incumplió órdenes judiciales expresas, lo que habilitaría una respuesta más severa por parte del tribunal.

Qué sanciones buscan los demandantes y la respuesta del Gobierno

Ante la presunta falta de cooperación, los querellantes solicitaron que la jueza evalúe una serie de medidas concretas. Entre ellas, figuran sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —es decir, que la justicia tenga por probados los hechos que los correos electrónicos podrían haber demostrado— y la imposición de cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información requerida.

Desde el lado del Estado, la postura es de rechazo total a los argumentos presentados. Según indicó Maril, “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentarán hoy y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”.

Esa línea es sostenida por la Procuración del Tesoro, desde donde el equipo de abogados que representa al país advierte que cualquier sanción en esta instancia sería prematura y vulneraría el derecho a defensa de un Estado soberano, dado que el proceso de producción de pruebas aún no se encontraría agotado.

El trasfondo: la búsqueda de activos y el concepto de “alter ego”

Más allá de la disputa puntual por los correos electrónicos, el conflicto tiene un objetivo de mayor alcance. El trasfondo de la presión judicial es la búsqueda de activos embargables que permitan a los fondos avanzar en el cobro de la sentencia multimillonaria.

En ese marco, los demandantes intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Si la justicia estadounidense aceptara esa interpretación, los fondos podrían obtener un argumento clave para avanzar sobre cuentas y bienes de esas entidades en el exterior.

El planteo, de prosperar, tendría implicancias profundas no solo en el caso YPF, sino también en la arquitectura institucional y financiera del país, al ampliar el alcance de eventuales embargos y reforzar el riesgo legal sobre activos estratégicos.

Un frente judicial que suma presión política y económica

El pedido de desacato agrega un nuevo nivel de tensión a una causa que ya condiciona la agenda económica y la estrategia internacional de la Argentina. Mientras la defensa insiste en que cumplió con las órdenes judiciales, los fondos redoblan la ofensiva para acelerar los tiempos y mejorar su posición negociadora.

La definición que adopte la jueza Loretta Preska marcará el próximo hito de una disputa que excede el plano estrictamente jurídico y vuelve a colocar al caso YPF como uno de los principales focos de riesgo legal y financiero para el Estado argentino.

Compartí esta noticia !

El Gobierno extiende hasta junio de 2026 la transición para eliminar contratos preferenciales del Estado

Compartí esta noticia !

Mediante el Decreto 928/2025, publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para rescindir y reordenar los contratos del Sector Público Nacional que otorgaban ventajas o preferencias a empresas con participación estatal. La decisión impacta de lleno en los esquemas de contratación de combustibles, seguros y pasajes aéreos, y se inscribe en la política de desregulación, competencia y neutralidad del Estado impulsada desde diciembre de 2023.

La medida prorroga los plazos establecidos originalmente en el Decreto 747/2024 —ya extendidos una vez por el Decreto 591/2025— ante la persistencia de procesos licitatorios inconclusos o fallidos, varios de ellos bajo la modalidad de “Acuerdo Marco”, considerados estratégicos para el funcionamiento operativo de la administración pública.

El marco normativo: fin de las prerrogativas y contratos preferenciales

El nuevo decreto se apoya en el artículo 50 del Decreto 70/2023, que fijó un principio central de la actual política económica: “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público”, ni podrán recibir ventajas en la contratación de bienes y servicios.

En esa línea, el Decreto 747/2024 derogó un conjunto de normas que imponían contrataciones obligatorias con empresas estatales. Entre ellas, el Decreto 1189/2012, que obligaba a contratar con YPF S.A. el suministro de combustibles y lubricantes; el Decreto 1191/2012, que establecía la obligación de utilizar Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar S.A. para la compra de pasajes aéreos; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de pólizas a través de Nación Seguros S.A.

Además, ese decreto dispuso que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y b), de la Ley 24.156 debían rescindir, en un plazo máximo de un año, todos los contratos que otorgaran beneficios o preferencias, e impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes.

El plazo original, que vencía en agosto de 2025, ya había sido extendido por el Decreto 591/2025. Ahora, el Decreto 928/2025 lo prorroga nuevamente hasta el 30 de junio de 2026.

Licitaciones en marcha, procesos fallidos y cuellos operativos

En los considerandos, el Poder Ejecutivo justifica la nueva prórroga en el estado de avance —y en algunos casos, de estancamiento— de varios procesos licitatorios clave.

Entre los avances concretados, se menciona la Licitación Pública N° 999-0011-LPU24 para la apertura y gestión de cuentas sueldo, adjudicada por la Decisión Administrativa N° 9 del 23 de abril de 2025, que dio lugar al Acuerdo Marco N° 999-2-AM25, vigente por tres años con opción a uno adicional.

También se destaca la Licitación Pública N° 999-0002-LPU25, correspondiente al seguro de riesgos del trabajo, adjudicada mediante la Decisión Administrativa N° 13 del 30 de mayo de 2025, con un acuerdo marco de dos años, prorrogable por uno más. A esto se suma la contratación de seguros integrales, automotor y técnico, formalizada a través del Acuerdo Marco N° 999-7-AM25, perfeccionado el 6 de octubre de 2025.

Sin embargo, el decreto reconoce que persisten contrataciones críticas sin resolver, especialmente en materia de combustibles y pasajes aéreos. En el caso de la Licitación Pública N° 999-0006-LPU25, destinada a la provisión de combustibles y gestión de flota, el procedimiento fue dejado sin efecto en octubre de 2025 tras recibir una única oferta para un renglón y quedar desiertos los restantes.

Algo similar ocurrió con la Licitación Pública N° 999-0008-LPU25, para combustibles a granel destinados a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, donde se proyecta declarar fracasados ocho renglones y desiertos otros cuatro.

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se encuentra elaborando un anteproyecto de pliego para una futura licitación de pasajes aéreos bajo la modalidad de Acuerdo Marco, aún sin fecha de convocatoria definitiva.

Alcance de la prórroga y efectos sobre la gestión pública

Frente a este escenario, el decreto no solo extiende hasta el 30 de junio de 2026 el plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024, sino que también faculta a cada jurisdicción competente a ampliar o prorrogar los contratos vigentes, celebrados bajo los decretos ahora derogados, hasta esa misma fecha.

En la práctica, esto implica que los contratos con YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y otras empresas alcanzadas podrán mantenerse de manera transitoria, evitando vacíos operativos mientras se completan los nuevos esquemas de contratación competitiva.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja las tensiones entre el objetivo político de desarmar privilegios y la complejidad técnica de reemplazar contratos estructurales en áreas sensibles para el funcionamiento cotidiano del Estado. Para los proveedores privados, la prórroga extiende un período de incertidumbre, pero también confirma que el Gobierno mantiene el rumbo hacia un sistema de compras públicas sin preferencias, basado en licitaciones abiertas y transparentes.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin