Día: 8 marzo, 2023

En Expoagro, dirigentes empresarios coinciden en objetivos para el desarrollo del sector productivo

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En Expoagro, CAME, SRA, UIA y CAC coinciden en objetivos para el desarrollo del sector productivo

En el marco de la Expoagro 2023, los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) delinearon objetivos conjuntos para el fortalecimiento de los sectores productivos del país: el campo, el comercio, los servicios y la industria nacional. “Debemos definir y profundizar cómo vamos a trabajar entre todos, con políticas de mediano y largo plazo que nos den previsibilidad para llevar adelante nuestras actividades”, dijo el titular de CAME, Alfredo González.

Bajo el lema “Argentina, entre lo deseable y lo posible” y organizado por la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, los titulares de las cuatro entidades participaron de un conversatorio sobre problemáticas que enfrentan las empresas argentinas y sus posibles soluciones. “Un país deseable es un país normal, como son algunos de nuestros vecinos. Eso es lo que anhelamos para la Argentina”, sostuvo el presidente de CAC, Mario Grinman.

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó que “tenemos que hacer posible lo deseable. Si reclamamos que no tiene que haber grieta en la política debemos demostrar que entre nosotros no la hay. Nos tenemos que escuchar para protagonizar los cambios de un futuro posible”. En ese sentido, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, continuó: “Argentina está hoy frente a un escenario de muchas oportunidades porque ya nos dimos cuenta de que así no vamos para ningún lado. Asumimos la obligación y la responsabilidad de generar este tipo de espacios para ponernos de acuerdo en cosas puntuales”.

Entre los temas conversados por los dirigentes empresarios se destacaron la política laboral, el sistema tributario, el gasto público y las perspectivas ante el año electoral. Así, en lo que refiere al tema laboral, los cuatro coincidieron en la necesidad de discutir marcos laborales que se adapten a estos tiempos, pero sin pérdida de derechos adquiridos. “Muchos rubros nuevos no son tenidos en cuenta en los convenios actuales. La economía del conocimiento es un ejemplo. El fracaso de la Ley de Teletrabajo también es una muestra”, expresó González, y agregó: “En 2011 las empresas pymes eran 570 mil, hoy somos unas 530 mil. En esas 40 mil que nos faltan también está la pérdida de empleo”.

Según Funes de Rioja, “debemos hablar de nuevas realidades laborales. Hay que fomentar nuevos empleos, sin cargas sociales o con una fuerte reducción. También, una negociación colectiva con disponibilidad para avanzar en las actividades específicas”. Para Pino, la necesidad pasa por unificar criterios entre las partes. “Tenemos que reunirnos empresarios y gremialistas para ponernos de acuerdo en las medidas imprescindibles”, detalló. Asimismo, Grinman se refirió a la industria de los juicios laborales y a un marco laboral moderno “como el que tienen los países normales”. Y siguió: “En 20 años duplicamos la planta del sector público, mientras en el privado sólo crecimos un 14% en el mismo período”.

En lo que refiere a lo tributario todos destacaron la urgencia de rediseñar el sistema actual. “Debe unificase el anarquismo impositivo actual, con aduanas internas en muchas provincias. De lo contrario, tendremos 24 países dentro un solo país. Así se hace inviable cualquier tipo de emprendimiento que queramos hacer”, reclamó González. A su vez, Pino, Funes de Rioja y Grinman focalizaron en “suprimir el malgasto que hace el Estado”, apuntando a “un gasto público eficiente”.

Por último, los cuatro coincidieron en hacer un llamamiento al diálogo de toda la clase política y los distintos sectores. “El poder de esta minoría intensa se tiene que hacer oír. Nosotros tenemos más coincidencias que divergencias y sobre eso vamos a seguir trabajando”, finalizaron. Participaron también el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, y el empresario Rodolfo D’Onofrio.

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La brecha digital de género

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Escriben Purva Khera, Sumiko Ogawa, Ratna Sahay y Mahima Vasishth – Un mayor protagonismo de la mujer en las finanzas digitales puede potenciar el desempeño de las empresas y el crecimiento económico

La llegada de los servicios financieros digitales —como los que utilizan los teléfonos móviles o Internet para realizar transacciones financieras— amplía el acceso a servicios financieros entre grupos desatendidos y está transformando la vida de las personas. Pero no todos los segmentos de la población se benefician en el mismo grado.

Las mujeres siguen estando notablemente subrepresentadas en los sectores de las finanzas y la tecnología. Esto se nota en lo que se refiere a los servicios financieros. Investigaciones previas han documentado una correlación entre una mayor proporción de mujeres en los directorios de los bancos comerciales y mayores niveles de resiliencia y estabilidad en el sistema bancario. Y sin embargo, menos del 25% de los puestos en los directorios de los bancos tradicionales y las entidades supervisoras de la banca están ocupados por mujeres (Sahay y Čihák, 2018). Al incrementar el acceso de hombres y mujeres a los servicios financieros tradicionales se reduce la desigualdad del ingreso dentro de los países, pero los beneficios son mayores cuando más mujeres consiguen acceso (Čihák y Sahay, 2020). Pese a estas considerables ventajas para los países, las brechas de género en materia de inclusión financiera persisten. A escala mundial, 65% de las mujeres tienen una cuenta en una institución financiera, frente a 72% en el caso de los hombres, porque las mujeres continúan enfrentándose a barreras socioeconómicas, culturales y tecnológicas a la hora de acceder a servicios financieros (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Nuestro nuevo estudio sobre servicios financieros digitales confirma los hallazgos relativos a los servicios financieros tradicionales: una mayor participación de las mujeres como usuarias de servicios financieros digitales y como líderes en ese sector arroja ventajas que van más allá de la reducción de la desigualdad de género. Se observa que al reducir la brecha de género en los cargos de liderazgo se mejoraría el desempeño de las empresas de servicios financieros digitales, lo cual es crucial para el crecimiento económico.

Un análisis de un novedoso conjunto de datos a nivel de empresas tecnofinancieras en 97 países indica que las mujeres ocupan menos del 13% de las funciones de liderazgo —ya sea como fundadoras de empresas tecnofinancieras o como integrantes de sus directorios—, es decir, menos que en las empresas tradicionales de banca y tecnología. Como se observa en el gráfico 1, estas cifras apenas han variado en los últimos 20 años. El gráfico 2 muestra la considerable variación regional: la mayor proporción de empresas financieras fundadas por mujeres está en las regiones de Las Américas y Asia y el Pacífico, y la menor en Oriente Medio y Asia Central.

Mujeres líderes
Diferencias regionales

Pero ¿realmente importa que las mujeres sean líderes en el sector de las tecnofinanzas? Notamos una relación positiva entre un mayor número de mujeres en los directorios ejecutivos y los ingresos de las respectivas empresas tecnofinancieras y el financiamiento que reciben para futuras inversiones. Una proporción 10% mayor de mujeres en los directorios ejecutivos está asociada a ingresos y financiamiento aproximadamente 13% mayores en las correspondientes empresas. Se ha documentado una relación positiva entre la diversidad de género en una empresa y su desempeño (Christiansen et al., 2016). Las empresas con una mayor proporción de mujeres ejecutivas obtienen mayores ingresos y reciben más financiamiento.

En cambio, observamos que las empresas fundadas por mujeres tienden a generar menos ingresos y recibir menos financiamiento que las fundadas por hombres. Esto puede obedecer a una mayor aversión al riesgo entre las mujeres a la hora de tomar decisiones de inversión, o puede ser el resultado de un sesgo de género entre los inversionistas (en su mayoría hombres) que financian las empresas.

En cuanto a la participación de las mujeres como usuarias de finanzas digitales, los datos cada vez apuntan más a una relación positiva entre el aumento de la inclusión financiera digital, lo que comprende acceso a servicios financieros y su uso por parte de mujeres, y el crecimiento económico, que beneficia a la sociedad en general (Khera et al., 2021). Cuando más mujeres acceden a servicios financieros, estas participan más en la fuerza laboral y contribuyen a la actividad empresarial, con un efecto positivo directo en el PIB. Y la incorporación de talentos más diversos en la fuerza laboral tiende a fomentar la productividad y el crecimiento del producto de las economías (Ostry et al., 2018).

Sahay et al. (2020) concluyen que las tecnofinanzas en efecto están ayudando a reducir las brechas de género en materia de inclusión financiera en varios países, gracias a que eliminan ciertos obstáculos que afectan a las mujeres en particular —como limitaciones de movilidad y tiempo—, por ejemplo, al posibilitar que las mujeres accedan a cuentas financieras desde casa. Además, los servicios digitales evitan las interacciones con empleados en sucursales bancarias, algo útil en lugares donde las normas sociales restringen las interacciones entre hombres y mujeres. De todos modos, aunque en algunos países la inclusión financiera digital de las mujeres está aumentando, la de los hombres está aumentando más rápido y la brecha de género continúa ensanchándose. Por ejemplo, en 31 de los 52 países de la muestra de los autores, las brechas de género en inclusión financiera se redujeron entre 2014 y 2017; en los otros 21 esas brechas se ampliaron.

La inclusión financiera de la mujer es una de muchas herramientas muy eficaces que permiten promover la igualdad de género y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la igualdad de ingresos. Pero es imposible progresar si no entendemos de verdad la realidad de la vida de las mujeres. ¿Qué es lo que determina la disparidad de género en el uso de las finanzas digitales? Hay tres factores principales:

  • Las mujeres a menudo carecen de los medios básicos para acceder a servicios digitales, como teléfonos móviles e Internet.
  • Las normas culturales en algunos países limitan la alfabetización financiera de las mujeres, medida como la proporción de mujeres con instrucción secundaria superior.
  • La alfabetización de las mujeres en cuestiones digitales y tecnológicas, medida como la proporción de mujeres en profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, permanece en un bajo nivel de 15% a escala mundial.

Nuestros hallazgos son argumentos a favor de una mayor inclusión de las mujeres —como usuarias y líderes en el sector de las finanzas digitales— para consolidar el crecimiento económico. La adopción de servicios financieros digitales está acelerándose más en la era posterior a la COVID, pero eso implica un riesgo de nuevas fuentes de exclusión financiera debido a la brecha digital de género. Invertir en alfabetización digital y financiera debe ser una de las prioridades de los programas de gobierno. Las entidades de protección de los consumidores y los reguladores pueden intervenir activamente en la prevención de favoritismos explícitos o implícitos.

Concomitantemente, se necesitan más estudios y mejores datos para determinar las condiciones que facilitan el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo en el sector de las finanzas digitales, lo cual a su vez podría ayudar a reducir las brechas de género en lo que atañe a la inclusión financiera. Reviste interés el hecho de que nuestro estudio arroja datos preliminares que apuntan a una correlación positiva entre la presencia de líderes femeninas en las empresas tecnofinancieras y el uso de servicios financieros digitales por parte de mujeres. Esto probablemente es una señal de que la mayor representación femenina en las esferas de liderazgo en el sector de las tecnofinanzas está promoviendo el desarrollo de servicios y productos financieros más focalizados en las mujeres y adaptados a sus circunstancias. Las investigaciones más rigurosas y profundas de este asunto podrían contribuir a los esfuerzos por mejorar la inclusión financiera.

PURVA KHERA, Economista del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI.

SUMIKO OGAWA, Asistenta del Director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI.

RATNA SAHAY, Asesora Principal sobre Cuestiones de Género en la Oficina de la Directora Gerente del FMI.

MAHIMA VASISHTH, estudiante de doctorado en la facultad de Economía de la Universidad de California, Irvine

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Misiones en la geopolítica del cannabis

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Por Lorena Drewes*. La planta de cannabis acompaña a la humanidad desde tiempos prehistóricos. Originaria de Asia Central, fue utilizada no solamente para cuestiones terapéuticas sino también como materia prima para la elaboración de productos derivados de sus fibras y granos. Es probable que sea la especie vegetal con más usos que conozca el ser humano. Debido a su larga y complicada historia de domesticación, hay una amplia gama de variaciones en sus características morfológicas, como el hábito de crecimiento, la altura y el volumen de las plantas, el tamaño, forma y disposición de las hojas, y la ramificación de sus tallos.

La importancia que se le otorga a cada una de sus partes, así como el método de cultivo, la selección de la genética y la densidad de siembra, todo esto varía de acuerdo al uso buscado. Cuando el objetivo del cultivo es el uso medicinal o terapéutico, el componente más importante es el órgano floral que contiene los denominados cannabinoides: los más abundantes y estudiados son el CBD (cannabidiol) y el THC (tetrahidrocannabinol). En el caso de querer obtener fibras, la parte relevante es el tallo; y si el objetivo es el uso alimenticio, lo que importa es la semilla.

La incipiente legalización del cannabis medicinal y terapéutico en varios países, entre ellos Argentina, al igual que la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (la diferencia entre cáñamo y cannabis es el nivel de THC), abren nuevas oportunidades para la producción y los negocios. Este proceso comenzó a acelerarse cuando el cannabis, luego de varias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fue retirado de la lista de sustancias peligrosas de la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas y pasado a la lista de sustancias a las que se les reconocen propiedades terapéuticas. Al mismo tiempo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aceptó los derivados del cannabis para tratar enfermedades, a lo que le siguieron agencias de control de otros países. Junto a los cambios en las normas internacionales, esto está cambiando rápidamente el estatus legal del cannabis e incorporándolo progresivamente a los circuitos legales.

Actualmente 64 países cuentan con disposiciones o normativa para uso medicinal del cannabis, generando un mercado en expansión a medida que la regulación va siendo más laxa. En la región, Uruguay y Colombia constituyen las referencias más relevantes en materia de adecuación normativa y desarrollo productivo del cannabis legal. Estas dos experiencias cercanas ofrecen lecciones relevantes para el desarrollo del sector en Argentina.

Las potencialidades son múltiples. Además del mercado medicinal y recreativo, hay otras oportunidades productivas derivadas del cannabis, desde productos cosméticos y alimenticios con CBD (línea de productos llamados normalmente edibles) a una industria en torno a las propiedades del cáñamo: textiles; fibras industriales; materiales de construcción; celulosa para papel; y alimentos en base al grano de cáñamo, que cuenta con algunas ventajas: el cáñamo para uso industrial utiliza una fracción del agua necesaria para cultivar el algodón y absorbe más dióxido de carbono por hectárea que otros cultivos (1).

¿Cuál es el tamaño del mercado actual? Los datos son aproximados. De acuerdo a Naciones Unidas, la producción mundial de cannabis de uso legal (con fines medicinales y otros usos no recreativos) pasó de 1,4 toneladas en el año 2000 a 9,3 toneladas en 2010 y, finalmente, a 650 toneladas en 2020. Los principales países productores son el Reino Unido, Canadá, España, Israel, Australia y Colombia. Estas cifras provienen de los pedidos de autorización de cuotas e informes de uso que presentan los países al organismo que controla el comercio internacional de las sustancias controladas y se rige por cuotas para cada país. Y aunque las expectativas de crecimiento acelerado que hubo años atrás no se verificaron, lo que se reflejó en la caída de valor de las acciones de las principales empresas cannábicas, la industria ha venido expandiéndose a ritmo elevado, en particular en Estados Unidos. Según la consultora internacional Euromonitor, en América Latina la industria del cannabis medicinal se expandió 27% en 2021 y se estima que crecerá un 91% anual en los próximos 5 años.

El cannabis en Argentina

En Argentina, Manuel Belgrano fue el primer líder en intentar promover el cultivo de cáñamo, cuyos usos industriales había conocido en el exterior. Y aunque en los años 70 empresas textiles como Linera Bonaerense y Algodonera Flandria utilizaban cáñamo para fabricar suelas de alpargatas y algunos productos para la construcción, la dictadura militar prohibió su cultivo y destruyó el incipiente desarrollo de esta industria.

Hasta hace pocos años, la producción tanto de cannabis como de cáñamo estaba prohibida en en el país. En 2017 se habilitó por ley la investigación del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, pero recién con la modificación del decreto reglamentario (el primero era muy restrictivo) en 2020 se abrió un horizonte de posibilidades y desafíos. Además de la nueva reglamentación, en 2021 se creó el registro de germoplasma nacional a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el registro de productos cosméticos con cannabidiol a cargo de ANMAT; en 2022 se creó la categoría de “productos vegetales a base de cannabis” del ANMAT, y actualmente la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) está estudiando la posibilidad de incorporar el CBD y el grano de cáñamo al Código Alimentario Argentino.

En paralelo, en mayo de 2022 se sancionó una ley que crea un nuevo marco para el desarrollo productivo de toda la cadena del cannabis y del cáñamo industrial en el país, con el objetivo de ordenar el sector creando reglas de juego para la inversión privada y la producción de calidad. La nueva ley establece la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para que actúe como órgano rector y articulador de toda la cadena productiva y agilice las múltiples instancias de regulación involucradas. Según la ley, la Agencia establecerá un esquema de autorizaciones para cada etapa de la cadena productiva y preverá un sistema de seguimiento, control y régimen sancionatorio para los tenedores de autorizaciones.

Primeros proyectos

Pero las normas son sólo una parte del asunto. Argentina cuenta con buenas condiciones productivas para impulsar el desarrollo del cannabis. La planta de cannabis, en sus diversas variedades, exhibe un alto grado de adaptabilidad a distintos suelos y climas, por lo que el factor “natural” del proceso no representa un limitante para su localización potencial en distintos espacios geográficos del país (el cultivo de cannabis con fines medicinales, por otra parte, suele ser desarrollado en invernadero, o incluso indoor para poder tener el cultivo totalmente controlado). Además, Argentina dispone de altas capacidades tecnológicas en materia agrícola (incluyendo el desarrollo genético de semillas, un eslabón clave en la cadena del sector cannábico). La trama farmacéutica es relevante e incluye una extensa red de laboratorios nacionales (públicos y privados) y transnacionales, con un sistema científico y tecnológico muy calificado y de buena capilaridad territorial. Todo esto permite ser optimistas respecto del crecimiento del sector en el país.

Aunque el cálculo del mercado potencial es difícil de estimar, una aproximación a partir de la comparación con otros países en los cuales la producción y el consumo de cannabis medicinal son legales permite estimar un mercado potencial de cannabis medicinal de 450 millones de dólares (2). Por otro lado, más allá de que algunos problemas de salud que pueden ser tratados con cannabis son todavía materia de investigación, la Cámara Argentina de Cannabis (ARGENCANN) elaboró una estadística en base a las personas que padecen patologías que pueden ser tratadas con cannabis en el país: estima en 5.274.654 el total de usuarios potenciales. Por último, en la medida en que la industria desarrolle derivados competitivos en los diversos segmentos finales de la cadena, también podrá aprovechar oportunidades existentes en terceros mercados, en particular en los países de la región.

Hoy existen 45 proyectos en ejecución de cannabis medicinal aprobados por el Ministerio de Salud. En Jujuy, la empresa provincial CANNAVA S.E. lleva invertidos 22 millones de dólares en un complejo de biotecnología con capacidad para producir anualmente 60 toneladas de inflorescencias de grado pharma con certificación GACP internacional. Adicionalmente, la empresa posee una planta dedicada a la producción de ingredientes farmacéuticos activos con una capacidad productiva anual de 4.000 kilos. Un hito muy importante fue la habilitación de la planta por parte de ANMAT en octubre de 2022, siendo el primer establecimiento farmacéutico productor de ingredientes activos y especialidades medicinales derivadas de la planta de cannabis que cuenta con dicha aprobación en el país.

En La Rioja, la empresa de biotecnología Agrogenética Riojana (una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado) invirtió 4 millones de dólares destinados a la instalación de invernaderos en Chilecito para la producción de plantines y esquejes, en base a la tecnología de micro propagación, además de un área de cultivo para terceros con sistema indoor y outdoor, y áreas de secado y un establecimiento para la elaboración de aceites. Adicionalmente, se está avanzando con el cultivo de cáñamo industrial en el Valle del Bermejo y en un programa turístico denominado Turismo Cannábico Medicinal de La Rioja.

En Misiones, dos empresas provinciales, Biofábrica Misiones S.A. –para la etapa de producción primaria– y Misiopharma S.E. –para la etapa de producción de aceites–, se complementan para integrar todo el proceso productivo. En diciembre pasado produjeron el primer lote de aceite de CBD. San Juan creó una empresa provincial que cuenta con un predio de 920 hectáreas. A través de dos convocatorias, se seleccionaron cinco proyectos que cuentan actualmente con sistemas de cultivo en invernadero. Además del acondicionamiento del predio, la provincia desarrolló un laboratorio de control de calidad para determinar la concentración y el tipo de cannabinoides de los extractos derivados del cannabis, prestando servicios a los proyectos instalados.

Desafíos

La implementación de la nueva ley y el funcionamiento de la Agencia en un sector emergente y disruptivo como el cannabis y el cáñamo son un gran desafío por parte del Estado. La clave es la coordinación. El desarrollo cannábico requiere la articulación entre diferentes organismos públicos, que van desde la Aduana, la AFIP y el INASE para los eslabones iniciales de la cadena, hasta el ANMAT, el SENASA y el INTI en el extremo opuesto. La Agencia tendrá representación de las diferentes áreas del Estado para regular toda la cadena productiva y facilitar la coordinación entre los diferentes organismos.

Al mismo tiempo, es clave trabajar en la normativa de productos finales. Actualmente, el mercado local es mayoritariamente informal, entre otras cosas por la falta de normativa de productos que se puedan registrar. Para lograrlo es necesario trabajar en la generación de tipologías específicas que garanticen productos de buena calidad para quienes los consuman. Sin ello, será muy difícil generar las nuevas cadenas de valor traccionadas desde la demanda, problema que enfrentaron Uruguay y Colombia, pioneros en la regulación del sector en la región. Unos pasos más atrás, Argentina puede beneficiarse de la experiencia de otros países y avanzar en el crecimiento del sector para convertirlo en una palanca de desarrollo.

1. UNCTAD (2022), “Commodities at a glance: Special issue on industrial hemp”.
2. Andrés López, “La cadena de valor del cannabis: situación y tendencias internacionales y oportunidades para la Argentina”, Documentos de Trabajo del CCE N°1, marzo de 2021, Consejo para el Cambio Estructural – Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Economista, consultora del Consejo Federal de Inversiones. Miembro del equipo que elaboró el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina.

Articulo publicado en Le Monde Diplomatique.

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La discriminación de género en la Economía

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Escribe Lisa Kolovich – LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO y los consiguientes sesgos y barreras al avance profesional son realidades perjudiciales para muchas mujeres que trabajan, y la profesión económica no es una excepción. Casi la mitad de las mujeres que respondieron a una encuesta realizada en 2019 por la Asociación Estadounidense de Economía (AEA, por su sigla en inglés) dijeron que habían sido discriminadas por su género, en comparación con solo 3% de los hombres encuestados, y en los programas de doctorado en Economía de Estados Unidos los estudiantes masculinos superan a las estudiantes femeninas en una proporción de 2 a 1. Estas estadísticas trazan un panorama funesto para los “científicos funestos”. El convincente y bien documentado libro de Ann Mari May, Gender and the Dismal Science [El género y la ciencia funesta], ofrece una rica narrativa histórica sobre las arraigadas fuentes de tales brechas de género.

Basándose en archivos de la AEA y una amplia gama de datos empíricos, May hace un seguimiento de la evolución de normas sociales y barreras institucionales, así como de la manifiesta exclusión y discriminación en las contrataciones y promociones, publicaciones y participación en asociaciones profesionales. Entretejiendo las historias de mujeres pioneras —o, según su expresión, “tenaces luchadoras”— May también incorpora perspectivas personales y relatos de triunfo.

En su obra May abarca desde finales del siglo XIX hasta el período posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y analiza a fondo los cimientos y la evolución de la discriminación de género. Al disminuir la matriculación masculina en universidades y colegios universitarios durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y al graduarse más niñas que niños de la escuela secundaria, la presión para permitir que las mujeres se matricularan fue en aumento. Pero muchas universidades se mostraron reacias a admitir mujeres, considerando su presencia como un “experimento peligroso” o como algo que suponía un desafío directo a los medios de subsistencia de los hombres. Las primeras estudiantes de Economía enfrentaron retos tales como segregación en el aula, acceso desigual a bibliotecas y laboratorios, y dudas acerca de su capacidad inherente para completar un curso académico riguroso.

Tras obtener sus títulos, las mujeres que buscaban empleo en el campo de la Economía seguían tropezando con obstáculos y situaciones de exclusión. Los datos analizados por May sobre los miembros de la AEA, a partir de 1886, muestran una vasta brecha en la representación profesional: las mujeres constituían solo el 5% del conjunto de afiliados durante las primeras seis décadas de existencia de la asociación. Las normas sociales y las opiniones sobre la incompatibilidad del matrimonio con una carrera académica frustraban aún más los esfuerzos de las mujeres para contribuir plenamente al campo de la Economía. Las mujeres también luchaban para publicar trabajos en revistas académicas, y en su análisis empírico de las publicaciones realizadas en American Economic Review y Quarterly Journal of Economics May examina la importancia de las redes de contactos, algo a lo que las mujeres sin duda no tenían acceso. Y a través de los capítulos, May considera con suma atención la importancia de la interseccionalidad, ofreciendo estadísticas que invitan a reflexionar sobre cómo las mujeres de color han sido marginalizadas y siguen estando muy subrepresentadas en el ámbito de la Economía.

Al final del libro, May logra convencer al lector de confrontar la desconexión entre una profesión que durante mucho tiempo ha estudiado los efectos perjudiciales de los monopolios y la discriminación y la realidad de que esa profesión está plagada de ambas cosas. Las historias de las defensoras y “tenaces luchadoras” deberían inspirar a todos los economistas, sin importar su género, a derribar los muros y romper los techos de cristal y a procurar diversificar una profesión demasiado homogénea.

LISA KOLOVICH – Economista Principal en el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI y coautora del estudio “IMF Strategy Toward Mainstreaming Gender”.

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Misiones es la segunda provincia con más empleo entre las mujeres

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Escriben María Laura Caullo, Joaquín Aguirre y Azul Chincarin, fundación Mediterránea. Detrás de las bajas tasas de desempleo que se han venido registrando en los últimos trimestres, de alrededor de 7%, existe una realidad mucho menos alentadora para la mayoría de los trabajadores, ya que la precariedad laboral y los salarios bajos reinan el día a día. Estas dificultades se muestran aún más exacerbadas entre las mujeres. Este informe resalta las disparidades entre géneros.

Asimetrías en los principales indicadores del Mercado Laboral
Estructuralmente, la tasa de actividad en mujeres resulta siempre menor a la de los varones, por lo que una menor cantidad participa en el mercado laboral. Más allá de que existen motivos normativos que inciden en esta desigualdad (por ejemplo, las jubilaciones de mujeres en edad más temprana), las organizaciones sociales y/o familiares las acentúan. Al respecto, la participación en el mundo del trabajo de las mujeres con hijos menores a 18 años, resulta aún más escasa.
En los últimos 20 años, la tasa de actividad de las mujeres promedió 38%, mientras que la de los hombres superó el 54,4%. El último dato disponible (3er trimestre de 2022) marca que la participación de la mujer en el mercado laboral se encuentra en un punto históricamente alto de 40,8% a nivel nacional, por encima de los valores prepandemia. De hecho, se percibe una leve tendencia creciente en este indicador a partir de 2017. En cambio, la tasa de actividad de los hombres permanece constante en el tiempo, excepto pequeñas desviaciones (sin contar la excepcionalidad de la pandemia). El último registro asciende a 54,8%, apenas 4 décimas por encima del promedio de los últimos 20 años.

La tasa de empleo de las mujeres es históricamente inferior a la masculina. En el 3er trimestre de 2022, la mitad de los hombres del país estuvieron empleados, contra un 37,6% de las mujeres. Aunque la brecha es significativa, este último valor representa un pico histórico.

A pesar de que tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo de las mujeres vienen otorgando valores sin precedentes, esto no necesariamente se traduce en empleos de calidad (formales y bien remunerados). De hecho, las mujeres tienden a sufrir de mayor precariedad laboral. Un indicio de esto es la tasa de subocupación, que capta a las personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que están dispuestas a trabajar más horas. En el gráfico se observa que la subocupación afecta en mayor medida a las mujeres ocupadas que a los hombres ocupados. El último dato indica que esta tasa ascendió a 14,4% entre las mujeres, contra sólo 8,4% entre los hombres.

La tendencia de las mujeres a trabajar menos horas se puede ver en más detalle a continuación. Entre los ocupados, las mujeres trabajan, en promedio, 8,7 horas menos que los hombres ocupados. Entre los asalariados informales, la brecha asciende a 10,1 horas, mientras que entre los asalariados informales se llega a 12,9 horas de diferencia.

Otro indicio de la discrepancia en la seguridad laboral entre hombres y mujeres la provee el análisis de las categorías ocupacionales, es decir, en dónde se desempeñan laboralmente aquellos que tienen algún trabajo. Se tiende a considerar al sector de asalariados formales privados como aquel que aglomera los trabajos de mayor calidad, generalmente los más productivos y mejor remunerados, por lo que la menor participación relativa de las mujeres en este sector es preocupante (28,1% contra el 32,2% de los hombres), en especial cuando también se observa una mayor participación relativa de las mujeres entre los asalariados privados informales (26,7% contra el 24,4% de los varones), que suelen estar desprovistos de sus derechos laborales básicos. También se verifica que las mujeres ocupadas participan relativamente más en el sector público (21,3% contra apenas 14,9% de los hombres).

El impacto de la maternidad en el empleo femenino
Todos los indicadores laborales analizados hasta aquí pueden ser desagregados para considerar las consecuencias de tener hijos, especialmente en las mujeres. Por ejemplo, en el 3er trimestre de 2022, las mujeres con hijos mostraron una tasa de actividad 2 puntos porcentuales menor a la del total de mujeres. Este dato es llamativo, ya que implica que la brecha entre la tasa de actividad promedio de las mujeres y la tasa de actividad de las mujeres con hijos se ha ido enangostando en los últimos años. Las razones que explican por qué la participación de las mujeres pospandamia ha venido creciendo aceleradamente, y por qué este crecimiento es incluso más marcado entre las mujeres con hijos, posiblemente se encuentren en la actual situación económica del país, caracterizada por una elevada inflación y, sobre todo, por salarios reales muy bajos. Esto lleva a que el acervo percibido por el jefe de hogar (generalmente hombre) no sea suficiente, y las mujeres deban sumarse al mercado para complementar los ingresos del hogar. Por otro lado, al hacer foco en la tasa de actividad de las mujeres según la cantidad de hijos, se llega a nuevas conclusiones.

Lo primero que se destaca es el hecho que la tasa de actividad de las mujeres sin hijos y de las mujeres con 1 hijo fueron, históricamente, muy similares, aunque a partir de 2015 aproximadamente se empieza a observar algo poco intuitivo: las mujeres con 1 hijo participan levemente más en el mercado laboral que aquellas sin ningún hijo. De hecho, esta diferencia se ha venido acrecentando en los últimos 2 años, y especialmente en 2022. El último dato disponible habla de 7 p.p. de distancia.

Las discrepancias más significativas comienzan a aflorar a partir del segundo hijo. A partir de ahí, más hijos deriva en menor participación en el mercado laboral. El último dato provisto por INDEC indica que la tasa de actividad de mujeres con 1 hijo es de 50%, con 2 hijos 36%, con 3 hijos 28% y con más de 3 hijos 21%. Vale destacar que pospandemia se verifica una tendencia creciente en la participación laboral de las mujeres con hijos, independientemente de la cantidad de hijos. No ocurre lo mismo con las mujeres sin hijos.

Focalizando en la comparación con los hombres, la brecha de género más elevada en la tasa de actividad se da entre aquellos que no tienen hijos. El 43% de las mujeres sin hijos participa del mercado laboral, contra el 64% de los hombres sin hijos. Entre aquellos con 1 hijo la brecha se reduce a 7 p.p. (el 50% de las mujeres contra el 57% de los hombres), y se mantiene en ese rango para sucesivas cantidades de hijos. Por ende, la tasa de actividad de los hombres es siempre mayor a la de la mujer.

En cuanto a la tasa de empleo, ocurre algo similar, ya que la misma es consistentemente menor entre las mujeres, es mayor entre las mujeres con 1 hijo, y desciende a medida que aumenta el número de hijos. Sólo el 18% de las mujeres con 3 hijos están empleadas, contra el 45% de las que sólo tienen un hijo.

La tasa de desempleo muestra un comportamiento un poco más equitativo a nivel nacional entre los dos géneros, especialmente en los últimos años. El último dato habla de una diferencia de sólo 1,3 p.p. (7,8% en las mujeres y 6,5% en los hombres). Entre los que no tienen hijos, el desempleo es prácticamente el mismo (7,7% en las mujeres contra 7,8% en los hombres), pero luego se acrecienta la diferencia con la cantidad de hijos. Las mujeres con más de 3 hijos sufren el desempleo más elevado. Esto quiere decir que se trata del grupo al que más le cuesta conseguir trabajo cuando lo busca activamente. A su vez, entre los que tienen 3 hijos se da la brecha más alta (8,5 p.p.), dado que el desempleo entre los hombres con más de 3 hijos es bajo (5,1%). También se verifica más volatilidad en el desempleo entre las mujeres con hijos.

Análisis Regional
Argentina es un país federal y heterogéneo, por lo que no sorprende que los principales indicadores laborales varíen significativamente entre jurisdicciones. Por ejemplo, la tasa de actividad más alta, tanto en hombres (59%) como en mujeres (48,3%), se observa en CABA. En contraste, la tasa de participación de la mujer más baja se presenta en Formosa, con apenas 24,8%. Es decir, en esta provincia sólo 1 de cada 4 mujeres tiene una ocupación o, sin tenerla, la está buscando activamente. En el caso de los hombres, 1 de cada 2 está activo en el mercado de trabajo, lo que deriva en que Formosa cuente con la brecha de género más significativa en cuanto a la tasa de actividad se refiere (26,1 p.p.). Otras provincias con baja tasa de actividad entre las mujeres son San Juan (32,3%) y Santiago del Estero (32,5%). Santa Cruz, por su parte, se destaca como la jurisdicción con la menor brecha de género en este rubro (6,9 p.p.), como consecuencia de una tasa de actividad para los hombres de 52,8%, y una muy elevada tasa para las mujeres de 44,5%, sólo superada por Misiones (45,8%) y la ya mencionada CABA.

La tasa de empleo presenta algunas similitudes con la tasa de actividad. La brecha más alta se da en Formosa (24,3 p.p.), como consecuencia de la bajísima tasa de empleo femenina de 24,8%, y la menor en Misiones (7,6 p.p.), la segunda provincia con más empleo entre las mujeres, sólo seguida de CABA (46,6%). Otras provincias con baja tasa de empleo entre las mujeres son San Juan (31,3%) y Santiago del Estero (32,3%). Como también ocurre con la tasa de actividad, en ninguna jurisdicción la tasa de empleo de las mujeres es mayor a la de los hombres.

Pasando a la tasa de desempleo, el análisis federal advierte que, a diferencia de los que sucedía con las dos tasas descriptas previamente, en algunas provincias las mujeres poseen una ventaja respecto a sus pares hombres. En 14 jurisdicciones la tasa de desempleo de los varones es mayor que la de las mujeres. La brecha más alta en favor de las mujeres se da en La Pampa (2,6 p.p.), y la más alta en favor de los hombres en Mendoza (3,9 p.p.). Donde las mujeres sufren más desempleo es en los Partidos del Gran Buenos Aires (10,5%). En el otro extremo se encuentran Santiago del Estero (0,6%) y Río Negro (apenas 0,5%).

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