Día: 29 abril, 2026

Adorni ratifica en el Congreso el cierre de la delegación Posadas del Banco Central

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La reestructuración del Banco Central de la República Argentina ya tiene impacto confirmado en Misiones. Durante su presentación ante el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó el cierre de la delegación Posadas del organismo monetario, una decisión que forma parte de un proceso de reducción de estructuras regionales impulsado por el Gobierno nacional.

Según explicó oficialmente el BCRA, la medida apunta a “aumentar la eficiencia de la distribución del efectivo en el país” y fue adoptada por resolución de su directorio con un criterio que calificaron como “100% técnico”, basado en factores geográficos y operativos como el tamaño de las bóvedas, la cantidad de personal asignado, el flujo de envíos y la demanda de movimiento de caudales.

En ese esquema, dejaron de operar doce agencias regionales de Tesoro: Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río Cuarto, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa.

La delegación de Posadas quedó así dentro del grupo de cierres definitivos, mientras que continuarán en funcionamiento únicamente los tesoros regionales de Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza, Rosario, Corrientes, Jujuy y Córdoba.

Menos efectivo, más pagos electrónicos

Desde el Banco Central explicaron que uno de los fundamentos centrales de la decisión es el cambio estructural en el uso del dinero físico en la economía argentina.

“El circulante históricamente representó el 6% del PBI y en la actualidad representa apenas el 2%”, señalaron desde la entidad. Esa caída, remarcaron, responde principalmente al crecimiento sostenido de los medios electrónicos de pago, las transferencias inmediatas, las billeteras virtuales y la menor dependencia del efectivo en las operaciones cotidianas.

En otras palabras, el Gobierno entiende que mantener una estructura territorial diseñada para una economía altamente bancarizada en efectivo dejó de tener sentido operativo y financiero.

Incluso, desde el BCRA señalaron que algunas de las agencias que fueron cerradas “recibían menos de un vuelo mensual”, lo que reforzó la decisión de avanzar en una concentración logística de los tesoros regionales.

Qué pasará con los trabajadores

Otro de los puntos sensibles de la medida era el futuro del personal afectado. El Banco Central informó que las 32 personas que se desempeñaban en las 12 agencias regionales cerradas no serán despedidas, sino que recibirán propuestas de relocalización.

La alternativa planteada es su traslado a la agencia regional más cercana a su provincia o bien a la sede central del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Misiones, la referencia operativa más cercana quedará concentrada en Corrientes, lo que implica una reorganización logística y administrativa para el manejo regional del efectivo.

Un nuevo esquema para la operatoria financiera

El cierre de la delegación Posadas se inscribe dentro del proceso de ajuste del Estado nacional impulsado por el presidente Javier Milei, con foco en la reducción de costos operativos, eliminación de estructuras consideradas redundantes y centralización de funciones.

Para Misiones, la salida del BCRA de Posadas representa también una señal política e institucional relevante: se pierde presencia física de uno de los principales organismos financieros nacionales en una provincia históricamente estratégica por su ubicación de frontera y su dinámica comercial con Brasil y Paraguay.

Aunque desde Nación insisten en que se trata de una decisión puramente técnica y no de un retiro funcional, en el sector económico regional la medida abre interrogantes sobre la operatoria futura, especialmente en una provincia donde el movimiento de efectivo sigue teniendo peso en actividades comerciales, fronterizas y productivas.

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Centros de Discapacidad: Misiones asumirá los costos de energía eléctrica y agua ante el retiro de Nación

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que el Estado provincial asuma el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los centros que atienden a personas con discapacidad, ante la falta de transferencias por parte del Estado nacional.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 657, que crea el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.

Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “no podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.

Alcance técnico del decreto

La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas de la provincia.

El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.

La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

En ese marco, el Gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad.

Durante sus declaraciones, el gobernador también subrayó el rol del Estado provincial al afirmar que “las personas con discapacidad necesitan una mirada particular del Estado, desde lo humano, lo sensible y lo solidario”, reforzando el criterio que sustenta la medida adoptada.

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La Soberana, otra yerba que nace al calor de la crisis

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En medio de la crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la caída del precio de la hoja verde, más de 200 pequeños productores de Misiones nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y comunidades de pueblos originarios lanzaron “La Soberana”, una nueva marca de yerba mate con la que buscan garantizar un precio justo para los colonos, evitar el quebranto productivo y sostener el trabajo rural.

La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro del sector primario tras la pérdida de poder regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en un contexto donde los productores denuncian que los valores actuales no alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción y donde la cosecha, lejos de generar rentabilidad, implica trabajar a pérdida.

El proyecto fue impulsado por la UTT junto a Productores Independientes de Piray (PIP) y otras organizaciones territoriales, con el objetivo de avanzar hacia una integración más directa en la cadena comercial, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el modelo asociativo.

Una de las referentes del proceso es Miriam Pena, productora misionera e integrante de PIP, quien explicó que el principal objetivo es “que haya un precio justo para los productores, los tareferos y todos los servicios que rodean a esta economía”, en referencia a una actividad que moviliza miles de familias en la provincia.

De la protesta a la marca propia

La crisis del sector no solo derivó en tractorazos, protestas y reclamos por mejores precios en distintos puntos de Misiones. También empujó a los productores a buscar alternativas propias para sostener la actividad.

“Se está pagando muy poco la hoja verde y se está esclavizando la mano de obra. Eso es lo que buscamos cambiar con La Soberana”, resumió Pena, al explicar el espíritu del proyecto.

Hace dos años, los socios comenzaron a trabajar en conjunto. En la primera cosecha lograron reunir 17.000 kilos de yerba mate; actualmente ya alcanzan los 23.000 kilos, que fueron industrializados gracias a un acuerdo con el secadero Pérez Hermanos, de San Pedro.

Ese volumen permitió avanzar en el envasado y la distribución inicial de la nueva marca, que ya comenzó a presentarse en distintos espacios de alto valor simbólico y comercial.

Uno de los primeros desembarcos fue en La Plata, durante la inauguración del Centro Cultural Amaranto, donde se distribuyeron los primeros paquetes y se organizó una gran mateada. Luego, la marca llegó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un trabajo conjunto que sostienen desde hace tiempo con esa casa de estudios.

Una respuesta al derrumbe de precios

El trasfondo económico es contundente. Tras casi dos años sin precios de referencia oficiales, los productores denuncian una fuerte pérdida de rentabilidad y una creciente concentración en favor de grandes actores industriales.

Según los testimonios recogidos en el lanzamiento, el precio que hoy ofrece buena parte del sector molinero ronda los 160 pesos por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos reales de producción. Frente a eso, La Soberana busca construir una alternativa comercial que mejore la retribución al productor y fortalezca el arraigo rural.

La experiencia también pone en discusión el modelo de comercialización tradicional y revaloriza el esquema cooperativo como herramienta de defensa económica.

“Nos costó mucho, pero nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y eso nos fortalece mucho. Estamos muy felices”, sostuvo Pena.

Más que yerba: un modelo de soberanía alimentaria

El objetivo no termina en la yerba mate. Los productores ya proyectan extender la marca “La Soberana” a otros alimentos que forman parte de su red productiva, como harinas, panificados y conservas.

Además, el acuerdo con el secadero prevé al menos dos años de producción asegurada, mientras avanzan en la incorporación de nuevos asociados y en la consolidación de una red comercial más estable.

Para los impulsores, la experiencia representa mucho más que una marca: es una estrategia de supervivencia económica y una apuesta política por la soberanía alimentaria.

“Es muy triste lo que está pasando y genera mucha bronca, pero el camino es trabajar en conjunto, de manera organizada y comprometida. Así el sector le va a ir encontrando la vuelta. No todo está perdido”, concluyó la referente.

En un escenario donde la crisis yerbatera sigue profundizando tensiones entre productores, secaderos, molinos y exportadores, La Soberana aparece como una señal de resistencia desde la base productiva: una marca nacida en la chacra para disputar precio, mercado y futuro.

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El señor de los anillos: Palantir es una piedra que habla

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En su exposición en la Fundación Libertad, Javier Milei volvió a hacer magia: agarrar una economía en recesión y transformarla, a fuerza de PowerPoint, en un caso de éxito en potencia. Con tono épico y convicción inquebrantable, celebró el equilibrio fiscal como si fuera un fin en sí mismo, aunque ese “logro” conviva con una caída del salario real superior al 20% desde diciembre de 2023, jubilaciones que perdieron aún más contra la inflación y una pobreza que, según estimaciones independientes, supera el 50%, mientras el propio gobierno insiste en ubicarla en torno al 28%.

Porque mientras el Presidente relata una gesta, los datos cuentan otra cosa. La actividad económica acumula varios meses en caída, con retrocesos interanuales que rondan los dos dígitos en sectores clave. El consumo masivo se desplomó más de un 10% en términos reales, la industria y la construcción siguen en terreno negativo y las tarifas de servicios públicos —luz, gas, transporte— aumentaron muy por encima de cualquier recomposición de ingresos. Y la inflación —ese supuesto logro en vías de resolución según el discurso oficial— lleva diez meses sin dar respiro, con una dinámica persistente que encuentra nuevos pisos mes a mes y que en el último dato volvió a escalar hasta el 3,4%. Pero en el universo Milei, el problema no es lo que pasa, sino cómo se lo cuenta.

En ese contexto, la visita de Peter Thiel a la Argentina —con paso por la Casa Rosada incluido para reunirse con Milei— suma un ingrediente que el Presidente presenta como señal de confianza global. Thiel no es cualquier inversor curioso: es cofundador de Palantir Technologies, una de las empresas más influyentes en el negocio de los datos, el análisis predictivo y la inteligencia aplicada a gran escala. Traducido: poder.

Y ahí es donde el título deja de ser un guiño literario para transformarse en descripción bastante ajustada.

En la obra de J. R. R. Tolkien, las palantíri eran piedras que permitían ver a la distancia. Pero no mostraban la realidad completa: ofrecían fragmentos, perspectivas sesgadas, imágenes que podían ser ciertas… y, a la vez, profundamente engañosas. Quien controlaba la piedra no sólo observaba: también influía.

Suena familiar.

El gobierno edita la economía como si fuera contenido: muestra el superávit fiscal, pero omite que se logró con un recorte feroz del gasto real —jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias—; habla de “recuperación futura” mientras el presente acumula cierre de empresas, suspensiones y pérdida de empleo; y reescribe la dinámica inflacionaria como si fuera una curva en descenso, aún cuando los datos recientes indican otra cosa.

No es que los datos sean falsos. Es que están incompletos. Curados. Ordenados para contar una historia donde el ajuste no es costo, sino virtud.

Ahí es donde la presencia de Thiel encaja mejor como símbolo que como inversor. Porque el proyecto no es sólo económico: es también cultural y comunicacional. Se trata de instalar una forma de mirar la realidad donde el deterioro sea interpretado como transición, donde la caída del consumo sea leída como “saneamiento” y donde el dolor social sea un peaje inevitable hacia un futuro que siempre está a la vuelta de la esquina… pero nunca llega.

Las palantíri no mentían del todo. Ese era justamente su poder.

Decían lo suficiente para convencer.

Ocultaban lo necesario para gobernar.

Y mientras el Gobierno mira la economía a través de su piedra que habla, del otro lado no hay épica ni promesas: hay heladeras vacías, persianas bajas y salarios que no alcanzan.

Pero claro, esa versión de la realidad —sin edición, sin relato y sin PowerPoint— no necesita tecnología de punta para entenderse.

Necesita algo mucho más simple.

Mirar la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos.

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La Justicia frenó los eventos privados en Cataratas y suspendió la resolución de Parques Nacionales

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La Cámara Federal de Posadas suspendió la aplicación de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN), que habilitaba la realización de “microeventos” privados dentro del Parque Nacional Iguazú, y revocó así el rechazo dictado en primera instancia. El fallo representa un fuerte revés para la política de flexibilización impulsada por el Gobierno nacional sobre áreas protegidas y refuerza la exigencia de controles ambientales previos en uno de los principales patrimonios naturales del país: Parque Nacional Iguazú.

La decisión fue firmada este 28 de abril por los jueces Fabián Gustavo Cardozo, Mario Osvaldo Boldu y Mirta Delia Tyden, integrantes de la Cámara Federal de Posadas, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por la Asociación Civil Orembae y concedieron una medida cautelar de no innovar hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.

La normativa cuestionada había sido aprobada en diciembre de 2025 y permitía desarrollar actividades privadas de pequeña escala en el Área Cataratas, con hasta 60 participantes. Desde la APN se defendía la iniciativa bajo el argumento de que se trataba de propuestas de “bajo impacto operativo”, de carácter experimental, sujetas a declaraciones juradas ambientales y controles administrativos simplificados.

Sin embargo, la organización ambientalista sostuvo que la resolución omitía requisitos esenciales previstos por la legislación ambiental argentina, entre ellos la Evaluación de Impacto Ambiental y los mecanismos de participación ciudadana, además de incumplir compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú.

En un comunicado difundido este martes, Orembae celebró la resolución judicial y afirmó que el pronunciamiento “constituye un hito fundamental en la defensa del patrimonio natural”. También destacó que el tribunal corrigió el criterio adoptado previamente por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que había rechazado la cautelar bajo el argumento de que no existía un “peligro cierto e inminente”.

El abogado de la asociación, Martín Ferroni, remarcó que “la Cámara ha comprendido lo que el juez de primera instancia había pasado por alto: que, en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza”. Además, sostuvo que “no podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para que la Justicia intervenga”.

El principio preventivo por encima de la presunción administrativa

En los fundamentos del fallo, los camaristas señalaron que la presunción de legitimidad de los actos administrativos no puede prevalecer cuando existe riesgo de afectación ambiental. En ese marco, remarcaron que el principio preventivo establecido en la Ley General del Ambiente obliga a actuar incluso cuando no exista certeza absoluta sobre las consecuencias futuras.

“El peligro existe con claridad”, sostuvieron los jueces al analizar la posibilidad de autorizar actividades cuyos alcances no estaban debidamente especificados en la resolución suspendida.

Además, advirtieron que la figura de los “microeventos” podía transformarse en una herramienta para eludir controles ambientales más rigurosos dentro de un área protegida de altísima sensibilidad ecológica.

La sentencia también cuestionó que la Administración de Parques Nacionales pretendiera respaldar la legalidad de la medida únicamente en sus propios mecanismos de supervisión. Para la Cámara, el control judicial sobre las decisiones estatales “es indelegable” y no puede quedar exclusivamente bajo la órbita del organismo demandado.

Escazú, participación ciudadana y un límite a la flexibilización

Otro de los ejes centrales del expediente gira en torno a la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental y de audiencias públicas previas.

Según el tribunal, la eventual omisión de esos procedimientos podría vulnerar derechos vinculados al acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones ambientales.

En ese sentido, el fallo remarca que el Acuerdo de Escazú obliga al Estado argentino a garantizar procesos abiertos e inclusivos cuando se trata de decisiones que puedan afectar ecosistemas protegidos.

La resolución judicial abre ahora una nueva etapa en la discusión de fondo sobre el alcance de las actividades privadas dentro de parques nacionales y fija un precedente relevante para futuras decisiones sobre el uso turístico y comercial de áreas naturales protegidas.

En el caso de Iguazú, la suspensión de la Resolución 460/2025 deja en pausa cualquier intento de habilitar eventos privados experimentales hasta que exista una sentencia definitiva, en una causa que ya se transformó en un caso testigo sobre los límites entre desarrollo turístico, conservación ambiental y control institucional.

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