Día: 29 abril, 2026

Trump prorroga el bloqueo contra Irán porque “conlleva menos riesgos que otras opciones”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trumppidió a su Administración que se prepare para un bloqueo prolongado contra Irán, mientras se mantiene el alto el fuego en medio de negociaciones estancadas.

De esta manera, Trump optó por continuar presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán e impedir el transporte marítimo hacia y desde sus puertos, tras reuniones con altos funcionarios de seguridad en la Casa Blanca, según informó el martes The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses.

El mandatario consideró que el bloqueo, “un intento de alto riesgo” para forzar la capitulación nuclear de Teherán, conlleva menos riesgos que otras opciones como reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto, indicaron dichos funcionarios que también dijeron que Trump no está dispuesto a renunciar a su exigencia de que Irán, como mínimo, se comprometa a suspender su enriquecimiento nuclear durante 20 años y acepte restricciones a partir de entonces.

En ese sentido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Trump dijo a sus asesores que la oferta de tres fases de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y posponer las conversaciones nucleares demuestra que Teherán no estaba negociando de buena fe.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió sus objetivos militares en la guerra contra Irán y que, “gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen” durante las negociaciones para impedir que Teherán adquiera un arma nuclear.

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La Soberana, otra yerba que nace al calor de la crisis

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En medio de la crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la caída del precio de la hoja verde, más de 200 pequeños productores de Misiones nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y comunidades de pueblos originarios lanzaron “La Soberana”, una nueva marca de yerba mate con la que buscan garantizar un precio justo para los colonos, evitar el quebranto productivo y sostener el trabajo rural.

La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro del sector primario tras la pérdida de poder regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en un contexto donde los productores denuncian que los valores actuales no alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción y donde la cosecha, lejos de generar rentabilidad, implica trabajar a pérdida.

El proyecto fue impulsado por la UTT junto a Productores Independientes de Piray (PIP) y otras organizaciones territoriales, con el objetivo de avanzar hacia una integración más directa en la cadena comercial, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el modelo asociativo.

Una de las referentes del proceso es Miriam Pena, productora misionera e integrante de PIP, quien explicó que el principal objetivo es “que haya un precio justo para los productores, los tareferos y todos los servicios que rodean a esta economía”, en referencia a una actividad que moviliza miles de familias en la provincia.

De la protesta a la marca propia

La crisis del sector no solo derivó en tractorazos, protestas y reclamos por mejores precios en distintos puntos de Misiones. También empujó a los productores a buscar alternativas propias para sostener la actividad.

“Se está pagando muy poco la hoja verde y se está esclavizando la mano de obra. Eso es lo que buscamos cambiar con La Soberana”, resumió Pena, al explicar el espíritu del proyecto.

Hace dos años, los socios comenzaron a trabajar en conjunto. En la primera cosecha lograron reunir 17.000 kilos de yerba mate; actualmente ya alcanzan los 23.000 kilos, que fueron industrializados gracias a un acuerdo con el secadero Pérez Hermanos, de San Pedro.

Ese volumen permitió avanzar en el envasado y la distribución inicial de la nueva marca, que ya comenzó a presentarse en distintos espacios de alto valor simbólico y comercial.

Uno de los primeros desembarcos fue en La Plata, durante la inauguración del Centro Cultural Amaranto, donde se distribuyeron los primeros paquetes y se organizó una gran mateada. Luego, la marca llegó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un trabajo conjunto que sostienen desde hace tiempo con esa casa de estudios.

Una respuesta al derrumbe de precios

El trasfondo económico es contundente. Tras casi dos años sin precios de referencia oficiales, los productores denuncian una fuerte pérdida de rentabilidad y una creciente concentración en favor de grandes actores industriales.

Según los testimonios recogidos en el lanzamiento, el precio que hoy ofrece buena parte del sector molinero ronda los 160 pesos por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos reales de producción. Frente a eso, La Soberana busca construir una alternativa comercial que mejore la retribución al productor y fortalezca el arraigo rural.

La experiencia también pone en discusión el modelo de comercialización tradicional y revaloriza el esquema cooperativo como herramienta de defensa económica.

“Nos costó mucho, pero nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y eso nos fortalece mucho. Estamos muy felices”, sostuvo Pena.

Más que yerba: un modelo de soberanía alimentaria

El objetivo no termina en la yerba mate. Los productores ya proyectan extender la marca “La Soberana” a otros alimentos que forman parte de su red productiva, como harinas, panificados y conservas.

Además, el acuerdo con el secadero prevé al menos dos años de producción asegurada, mientras avanzan en la incorporación de nuevos asociados y en la consolidación de una red comercial más estable.

Para los impulsores, la experiencia representa mucho más que una marca: es una estrategia de supervivencia económica y una apuesta política por la soberanía alimentaria.

“Es muy triste lo que está pasando y genera mucha bronca, pero el camino es trabajar en conjunto, de manera organizada y comprometida. Así el sector le va a ir encontrando la vuelta. No todo está perdido”, concluyó la referente.

En un escenario donde la crisis yerbatera sigue profundizando tensiones entre productores, secaderos, molinos y exportadores, La Soberana aparece como una señal de resistencia desde la base productiva: una marca nacida en la chacra para disputar precio, mercado y futuro.

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Ratifican continuidad del bono de $70.000 para jubilados en mayo

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El Gobierno nacional formalizó este 28 de abril el pago de un bono extraordinario previsional de $70.000 para mayo, destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida, oficializada mediante el Decreto 292/2026 publicado en el Boletín Oficial, mantiene sin cambios el monto del refuerzo por más de un año. La decisión llega en un contexto de inflación mensual del 3,4% en marzo y con haberes mínimos que, sumado el bono, superarán los $463.000. El dato no es menor: el Ejecutivo sostiene la herramienta, pero congela su valor. ¿Se trata de un mecanismo de contención transitoria o de un nuevo piso político para la política previsional?

Un esquema excepcional que se vuelve permanente

El decreto se inscribe en una secuencia de medidas que el propio Gobierno reconoce como compensatorias frente a los efectos de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609. Según el texto oficial, ese esquema no logró proteger a los haberes del impacto inflacionario y generó un “desfasaje” entre variables económicas y jubilaciones.

Sobre ese diagnóstico, el Ejecutivo consolidó desde enero de 2024 un esquema de bonos mensuales. Primero fueron de $55.000 en los dos primeros meses de ese año. Desde marzo de 2024, el monto se fijó en $70.000 y permanece sin actualización hasta mayo de 2026.

En paralelo, el Decreto 274/2024 modificó la fórmula de movilidad y estableció ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Sin embargo, la persistencia del bono revela una tensión estructural: la actualización por inflación no alcanza para recomponer el poder adquisitivo en los tramos más bajos del sistema.

El bono se pagará a titulares de jubilaciones contributivas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas. Tendrá carácter no remunerativo, no será descontado ni computado para otros conceptos y se liquidará por titular, incluso en casos de pensiones con múltiples copartícipes.

Refuerzo focalizado y piso de ingresos

En términos concretos, el esquema define un piso efectivo para los ingresos previsionales. Quienes perciban hasta el haber mínimo cobrarán el bono completo de $70.000. Para quienes superen ese umbral, el adicional será proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la suma del haber mínimo más el bono.

Esto implica que el refuerzo actúa como un mecanismo de segmentación: concentra recursos en los ingresos más bajos, pero evita extender el gasto de manera lineal sobre todo el sistema.

La decisión también incluye un componente administrativo relevante. La ANSES queda facultada para dictar normas complementarias y ejecutar el pago, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Es decir, el bono no solo tiene impacto social, sino también fiscal inmediato.

Contención social y señal de disciplina fiscal

El sostenimiento del bono sin actualización abre una doble lectura en clave política. Por un lado, el Gobierno preserva un instrumento de contención para los sectores más vulnerables del sistema previsional, evitando un deterioro abrupto de ingresos. Por otro, al no ajustar el monto, introduce un límite implícito al gasto previsional en términos reales.

En esa tensión se juega una parte de la estrategia económica: administrar el equilibrio entre ajuste fiscal y gobernabilidad social. El bono funciona como válvula de contención, pero también como señal de disciplina presupuestaria.

Al mismo tiempo, el decreto vuelve a cuestionar explícitamente la fórmula de movilidad anterior, reforzando un eje discursivo que apunta a diferenciar el actual esquema de gestión previsional respecto del pasado reciente.

La reiteración del bono plantea una pregunta de fondo: ¿sigue siendo una medida excepcional o ya forma parte estructural del sistema? A medida que se prolonga en el tiempo, el instrumento pierde su carácter transitorio y se integra de facto a la arquitectura previsional.

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El señor de los anillos: Palantir es una piedra que habla

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En su exposición en la Fundación Libertad, Javier Milei volvió a hacer magia: agarrar una economía en recesión y transformarla, a fuerza de PowerPoint, en un caso de éxito en potencia. Con tono épico y convicción inquebrantable, celebró el equilibrio fiscal como si fuera un fin en sí mismo, aunque ese “logro” conviva con una caída del salario real superior al 20% desde diciembre de 2023, jubilaciones que perdieron aún más contra la inflación y una pobreza que, según estimaciones independientes, supera el 50%, mientras el propio gobierno insiste en ubicarla en torno al 28%.

Porque mientras el Presidente relata una gesta, los datos cuentan otra cosa. La actividad económica acumula varios meses en caída, con retrocesos interanuales que rondan los dos dígitos en sectores clave. El consumo masivo se desplomó más de un 10% en términos reales, la industria y la construcción siguen en terreno negativo y las tarifas de servicios públicos —luz, gas, transporte— aumentaron muy por encima de cualquier recomposición de ingresos. Y la inflación —ese supuesto logro en vías de resolución según el discurso oficial— lleva diez meses sin dar respiro, con una dinámica persistente que encuentra nuevos pisos mes a mes y que en el último dato volvió a escalar hasta el 3,4%. Pero en el universo Milei, el problema no es lo que pasa, sino cómo se lo cuenta.

En ese contexto, la visita de Peter Thiel a la Argentina —con paso por la Casa Rosada incluido para reunirse con Milei— suma un ingrediente que el Presidente presenta como señal de confianza global. Thiel no es cualquier inversor curioso: es cofundador de Palantir Technologies, una de las empresas más influyentes en el negocio de los datos, el análisis predictivo y la inteligencia aplicada a gran escala. Traducido: poder.

Y ahí es donde el título deja de ser un guiño literario para transformarse en descripción bastante ajustada.

En la obra de J. R. R. Tolkien, las palantíri eran piedras que permitían ver a la distancia. Pero no mostraban la realidad completa: ofrecían fragmentos, perspectivas sesgadas, imágenes que podían ser ciertas… y, a la vez, profundamente engañosas. Quien controlaba la piedra no sólo observaba: también influía.

Suena familiar.

El gobierno edita la economía como si fuera contenido: muestra el superávit fiscal, pero omite que se logró con un recorte feroz del gasto real —jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias—; habla de “recuperación futura” mientras el presente acumula cierre de empresas, suspensiones y pérdida de empleo; y reescribe la dinámica inflacionaria como si fuera una curva en descenso, aún cuando los datos recientes indican otra cosa.

No es que los datos sean falsos. Es que están incompletos. Curados. Ordenados para contar una historia donde el ajuste no es costo, sino virtud.

Ahí es donde la presencia de Thiel encaja mejor como símbolo que como inversor. Porque el proyecto no es sólo económico: es también cultural y comunicacional. Se trata de instalar una forma de mirar la realidad donde el deterioro sea interpretado como transición, donde la caída del consumo sea leída como “saneamiento” y donde el dolor social sea un peaje inevitable hacia un futuro que siempre está a la vuelta de la esquina… pero nunca llega.

Las palantíri no mentían del todo. Ese era justamente su poder.

Decían lo suficiente para convencer.

Ocultaban lo necesario para gobernar.

Y mientras el Gobierno mira la economía a través de su piedra que habla, del otro lado no hay épica ni promesas: hay heladeras vacías, persianas bajas y salarios que no alcanzan.

Pero claro, esa versión de la realidad —sin edición, sin relato y sin PowerPoint— no necesita tecnología de punta para entenderse.

Necesita algo mucho más simple.

Mirar la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos.

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La Justicia frenó los eventos privados en Cataratas y suspendió la resolución de Parques Nacionales

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La Cámara Federal de Posadas suspendió la aplicación de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN), que habilitaba la realización de “microeventos” privados dentro del Parque Nacional Iguazú, y revocó así el rechazo dictado en primera instancia. El fallo representa un fuerte revés para la política de flexibilización impulsada por el Gobierno nacional sobre áreas protegidas y refuerza la exigencia de controles ambientales previos en uno de los principales patrimonios naturales del país: Parque Nacional Iguazú.

La decisión fue firmada este 28 de abril por los jueces Fabián Gustavo Cardozo, Mario Osvaldo Boldu y Mirta Delia Tyden, integrantes de la Cámara Federal de Posadas, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por la Asociación Civil Orembae y concedieron una medida cautelar de no innovar hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.

La normativa cuestionada había sido aprobada en diciembre de 2025 y permitía desarrollar actividades privadas de pequeña escala en el Área Cataratas, con hasta 60 participantes. Desde la APN se defendía la iniciativa bajo el argumento de que se trataba de propuestas de “bajo impacto operativo”, de carácter experimental, sujetas a declaraciones juradas ambientales y controles administrativos simplificados.

Sin embargo, la organización ambientalista sostuvo que la resolución omitía requisitos esenciales previstos por la legislación ambiental argentina, entre ellos la Evaluación de Impacto Ambiental y los mecanismos de participación ciudadana, además de incumplir compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú.

En un comunicado difundido este martes, Orembae celebró la resolución judicial y afirmó que el pronunciamiento “constituye un hito fundamental en la defensa del patrimonio natural”. También destacó que el tribunal corrigió el criterio adoptado previamente por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que había rechazado la cautelar bajo el argumento de que no existía un “peligro cierto e inminente”.

El abogado de la asociación, Martín Ferroni, remarcó que “la Cámara ha comprendido lo que el juez de primera instancia había pasado por alto: que, en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza”. Además, sostuvo que “no podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para que la Justicia intervenga”.

El principio preventivo por encima de la presunción administrativa

En los fundamentos del fallo, los camaristas señalaron que la presunción de legitimidad de los actos administrativos no puede prevalecer cuando existe riesgo de afectación ambiental. En ese marco, remarcaron que el principio preventivo establecido en la Ley General del Ambiente obliga a actuar incluso cuando no exista certeza absoluta sobre las consecuencias futuras.

“El peligro existe con claridad”, sostuvieron los jueces al analizar la posibilidad de autorizar actividades cuyos alcances no estaban debidamente especificados en la resolución suspendida.

Además, advirtieron que la figura de los “microeventos” podía transformarse en una herramienta para eludir controles ambientales más rigurosos dentro de un área protegida de altísima sensibilidad ecológica.

La sentencia también cuestionó que la Administración de Parques Nacionales pretendiera respaldar la legalidad de la medida únicamente en sus propios mecanismos de supervisión. Para la Cámara, el control judicial sobre las decisiones estatales “es indelegable” y no puede quedar exclusivamente bajo la órbita del organismo demandado.

Escazú, participación ciudadana y un límite a la flexibilización

Otro de los ejes centrales del expediente gira en torno a la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental y de audiencias públicas previas.

Según el tribunal, la eventual omisión de esos procedimientos podría vulnerar derechos vinculados al acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones ambientales.

En ese sentido, el fallo remarca que el Acuerdo de Escazú obliga al Estado argentino a garantizar procesos abiertos e inclusivos cuando se trata de decisiones que puedan afectar ecosistemas protegidos.

La resolución judicial abre ahora una nueva etapa en la discusión de fondo sobre el alcance de las actividades privadas dentro de parques nacionales y fija un precedente relevante para futuras decisiones sobre el uso turístico y comercial de áreas naturales protegidas.

En el caso de Iguazú, la suspensión de la Resolución 460/2025 deja en pausa cualquier intento de habilitar eventos privados experimentales hasta que exista una sentencia definitiva, en una causa que ya se transformó en un caso testigo sobre los límites entre desarrollo turístico, conservación ambiental y control institucional.

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