Día: 2 junio, 2026

La economía del fastidio ya le cuesta casi $24.000 por mes a cada hogar argentino

Compartí esta noticia !

La inflación dejó de ser la única fuente de preocupación para los consumidores argentinos. Aunque los precios continúan ocupando el centro de la escena económica, emerge un fenómeno menos visible pero cada vez más extendido: el costo que generan los trámites engorrosos, las promociones poco transparentes, la atención automatizada y las dificultades para resolver problemas cotidianos.

A ese fenómeno, los economistas Chad Maisel y Neale Mahoney lo bautizaron como “economía del fastidio”. Ahora, un estudio de Focus Market puso cifras locales a un problema que millones de argentinos experimentan a diario: el tiempo perdido, la frustración y los costos ocultos asociados al consumo representan una carga equivalente a $23.912 mensuales por hogar.

Según el relevamiento realizado por la consultora entre 2.640 consumidores argentinos, la economía del fastidio se convirtió en una dimensión relevante del costo de vida. Ya no se trata únicamente de cuánto cuestan los bienes y servicios, sino de cuánto esfuerzo demanda acceder a ellos o resolver inconvenientes posteriores.

“En un contexto donde la inflación dejó de ser el único problema visible, empieza a pesar también el desgaste cotidiano de operar en una economía friccionada”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

La letra chica lidera el ranking de los fastidios

El estudio identificó cuáles son las situaciones que generan mayor irritación durante el proceso de compra.

El principal problema señalado por los consumidores son las condiciones ocultas y la letra chica, con el 46% de las menciones. Se trata de promociones sujetas a requisitos poco visibles, cantidades mínimas no informadas o beneficios que terminan siendo diferentes a los anunciados.

En segundo lugar aparecen las promociones confusas, con el 28%. Los descuentos condicionados, las ofertas limitadas por medios de pago específicos o las promociones con múltiples excepciones son percibidos cada vez más como mecanismos engañosos.

El tercer puesto corresponde a los costos de envío inesperados, con el 13%. Son aquellos cargos que aparecen recién al final de una compra online, cuando el consumidor ya invirtió tiempo en seleccionar productos y avanzar en el proceso de pago.

Entre los tres factores concentran el 87% del fastidio experimentado durante la compra.

Para Focus Market, existe un denominador común: ocultar el costo real hasta que el consumidor ya avanzó demasiado en la decisión como para retroceder fácilmente.

Bots, reclamos y suscripciones: el problema continúa después de comprar

La frustración no termina una vez concretada la operación.

El informe revela que el 64% de los encuestados considera que la atención automatizada mediante bots y sistemas sin acceso efectivo a operadores humanos es el principal problema de la postventa.

Muy por detrás aparecen los reclamos y garantías con múltiples requisitos, que concentran el 14% de las respuestas. Facturas, formularios, fotografías, llamados telefónicos y requisitos adicionales terminan transformándose en una barrera para ejercer derechos básicos del consumidor.

Las suscripciones con precios engañosos ocupan el tercer lugar, con el 12%. Son servicios que comienzan con valores promocionales y luego incrementan sus costos sin una comunicación clara.

Según explica el informe, muchas de estas prácticas no responden necesariamente a errores operativos, sino que funcionan como mecanismos de retención o generación adicional de ingresos.

“Si el fastidio en la compra opera ocultando el costo real, el fastidio en la postventa opera sobre otro mecanismo: el agotamiento”, sostiene el estudio.

Un costo invisible de más de US$3.200 millones

La novedad más relevante del trabajo es la estimación económica del fenómeno.

Tomando como referencia un estudio realizado en Estados Unidos, donde la economía del fastidio representa el 0,54% del Producto Bruto Interno, Focus Market aplicó esa proporción al Producto Bruto Interno argentino de 2025, estimado en US$601.150 millones.

El resultado arroja un costo anual superior a los US$3.242 millones para la Argentina, equivalente a unos $4,57 billones al tipo de cambio oficial.

Distribuido entre los 15,9 millones de hogares del país, el impacto alcanza los US$204 anuales por familia o aproximadamente $23.912 mensuales.

La cifra equivale al costo de una suscripción de entretenimiento, una compra de supermercado o un pedido de comida a domicilio. La diferencia es que nadie elige conscientemente afrontar ese gasto.

Un problema que afecta también a la productividad

Más allá del impacto individual, la economía del fastidio tiene consecuencias macroeconómicas.

Cada minuto perdido en trámites, reclamos o procesos innecesariamente complejos representa tiempo que no se destina a actividades productivas. Al mismo tiempo, la incertidumbre desalienta decisiones de consumo y deteriora la percepción general sobre la calidad de los servicios.

“Cuando el fastidio se vuelve estructural, también se transforma en un costo económico”, advirtió Di Pace.

La consultora considera incluso que la estimación local podría ser conservadora. Entre las razones menciona la menor digitalización de numerosos servicios, las dificultades para la defensa efectiva del consumidor y la elevada concentración existente en sectores como telecomunicaciones, salud y servicios financieros.

En ese contexto, la economía del fastidio deja de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un factor que erosiona ingresos, tiempo y productividad. Un impuesto invisible que no figura en ninguna factura, pero que los hogares argentinos pagan todos los meses.

Compartí esta noticia !

Obras hídricas: Economía centraliza firmas para evitar la parálisis de proyectos financiados por organismos internacionales

Compartí esta noticia !

La Resolución 807/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, tiene una apariencia meramente administrativa. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico aparece un problema concreto: la salida del titular de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en abril dejó sin autoridad formal a un área que concentra la ejecución de obras de agua y saneamiento que históricamente estuvieron bajo la órbita del desaparecido Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

La respuesta del ministro Luis Caputo fue concentrar temporalmente esas atribuciones en la Secretaría de Obras Públicas para evitar interrupciones en la gestión de contratos, convenios, licitaciones y acuerdos con organismos de financiamiento internacional.

La decisión estará vigente hasta que el Gobierno designe un nuevo subsecretario.

La importancia de la medida no radica en un cambio de política pública ni en nuevos fondos para infraestructura. El dato relevante es que evita la paralización administrativa de proyectos que dependen de autorizaciones formales para seguir avanzando.

Tras la disolución del ENOHSA en noviembre de 2024, la Subsecretaría de Recursos Hídricos absorbió la administración de numerosos programas vinculados a: Agua potable, Redes cloacales, Saneamiento urbano, Infraestructura hídrica y Programas financiados por el BID y otros organismos multilaterales.

Sin una autoridad habilitada para firmar documentación, cualquier modificación contractual, desembolso o convenio corría riesgo de quedar demorado.

Para los organismos internacionales, la continuidad institucional es una condición central. La existencia de expedientes sin funcionario competente para aprobar actos administrativos puede ralentizar certificaciones, autorizaciones y transferencias de recursos.

La reorganización del Estado sigue generando efectos

La resolución también refleja una consecuencia práctica del proceso de reestructuración estatal impulsado por el Gobierno nacional.

La eliminación del ENOHSA fue presentada como parte del esquema de reducción de organismos descentralizados y simplificación administrativa. Sin embargo, la absorción de funciones por parte de estructuras ministeriales más pequeñas generó nuevos desafíos operativos.

La salida del subsecretario de Recursos Hídricos en abril expuso una vulnerabilidad institucional: una dependencia con responsabilidades sobre contratos multimillonarios y programas internacionales quedó sin máxima autoridad designada.

La medida publicada ahora funciona como un puente administrativo hasta que se cubra formalmente el cargo.

Para gobernadores, intendentes y empresas constructoras, el punto central no es quién firma, sino que exista una firma habilitada.

Las provincias mantienen numerosos convenios vinculados a obras de agua y saneamiento cuya ejecución depende de aprobaciones nacionales y, en algunos casos, de financiamiento externo.

La continuidad administrativa evita que los proyectos entren en una zona gris jurídica que complique certificaciones, pagos o modificaciones contractuales.

En un contexto de fuerte ajuste de la inversión pública nacional, la capacidad de sostener operativos los programas que cuentan con financiamiento internacional aparece como una de las pocas ventanas disponibles para mantener activa parte de la infraestructura estratégica.

La resolución resuelve un problema operativo inmediato, pero deja abierta una pregunta más relevante: cuál será el modelo definitivo de gestión de la infraestructura hídrica nacional después de la desaparición del ENOHSA.

Para Misiones, donde el crecimiento urbano, el turismo y la expansión productiva requieren inversiones permanentes en agua y saneamiento, la velocidad con que el Gobierno normalice la estructura de Recursos Hídricos será tan importante como la disponibilidad de financiamiento.

La señal que sigue el mercado no pasa por una firma administrativa, sino por la capacidad del Estado nacional para garantizar continuidad institucional en proyectos que impactan directamente sobre la competitividad y la calidad de vida.

Compartí esta noticia !

Sin monopolio religioso: más evangélicos, avanzan los no afiliados y el catolicismo pierde centralidad

Compartí esta noticia !

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, una iniciativa del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (OCREAR CBC-UBA), ha presentado su primer informe de 2026, revelando una transformación estructural en las identidades religiosas del país. El estudio confirma el quiebre de la histórica hegemonía católica y la consolidación de un escenario marcado por la diversidad y la desvinculación institucional.

El dato central es contundente: el 57,7% de los argentinos se identifica como católico. Sigue siendo la primera religión del país, pero muy lejos de aquel 90% registrado en el Censo Nacional de 1960. Paralelamente, el universo evangélico alcanza el 17,4% y se consolida como la segunda identidad religiosa organizada, mientras que el conjunto de personas sin filiación religiosa llega al 22,4%, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso del país. Este último segmento incluye a quienes se declaran sin religión (13,2%), agnósticos (4,8%) y ateos (4,4%).

Este crecimiento de las personas sin filiación religiosa, no implica necesariamente un vacío espiritual, sino lo que los expertos denominan “creer sin pertenecer”: una religiosidad que persiste de forma autónoma, desvinculada de los templos y las estructuras formales. Por su parte, el mundo evangélico se mantiene como la segunda identidad religiosa organizada con un 17,4%.

El recambio generacional: la juventud se aleja de los templos

La variable que mejor explica la transformación del mapa religioso argentino es la generacional.

Entre los argentinos de 50 años o más, el catolicismo mantiene una posición claramente dominante, con un 69% de adhesión. Sin embargo, entre los jóvenes de 16 a 29 años ese porcentaje cae abruptamente al 44,6%.

En sentido inverso, los sectores jóvenes presentan los niveles más altos de pertenencia evangélica (23,6%) y de no filiación religiosa (31%). Es decir, prácticamente uno de cada tres jóvenes argentinos ya no se identifica con ninguna religión institucional.

El informe interpreta esta diferencia como un proceso de reemplazo generacional más que como una fluctuación coyuntural. Las nuevas cohortes ingresan a la vida adulta con patrones religiosos distintos a los de sus padres y abuelos, anticipando una transformación estructural que probablemente se profundice durante las próximas décadas.

“Por una parte, entre los jóvenes de entre 16 y 29 años, sólo el 44,6% se identifica como católico, mientras que el 31% declara no tener filiación religiosa. Esto contrasta con los adultos mayores de 50 años, donde el catolicismo conserva aún una posición dominante (69%) y sólo una minoría se declara sin religión (12,6%).”, señala el Dr. Juan Cruz Esquivel, Director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina e Investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. 

A quien rezamos

Esta fractura sugiere que las nuevas generaciones están configurando un mapa religioso mucho más fragmentado, donde la identidad católica ya no es la matriz única que estructura la vida social. En términos sociológicos, el fenómeno resulta especialmente relevante porque modifica uno de los pilares históricos de la identidad nacional. La pregunta ya no es si el catolicismo seguirá siendo mayoritario, sino durante cuánto tiempo conservará esa condición.

En términos de género, la situación tampoco es pareja: frente al alejamiento de los varones de las estructuras religiosas, el estudio confirma el patrón clásico de feminización de la religiosidad. Las mujeres presentan una mayor vinculación institucional, especialmente en el ámbito evangélico (19,3% frente al 15,2% de los hombres). En contraste, los hombres muestran una tendencia significativamente mayor a declararse sin filiación religiosa (25,7% frente al 18,8% de las mujeres).

La investigación también arroja un dato vinculado con la educación y la ubicación geográfica que puede explicar otros fenómenos sociales. Respecto del nivel educativo, los sectores con menor educación formal muestran una mayor adhesión a las iglesias evangélicas (22,5%), que suelen funcionar como redes de contención social y comunitaria. En cambio, la población sin filiación religiosa crece en los niveles educativos medio y alto. 

En cuanto a lo territorial, el catolicismo es más fuerte en el interior del país (59,4%), mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actúa como vanguardia del cambio, concentrando la mayor proporción de personas sin religión (26,1%).

En palabras del doctor Marcos Carbonelli, director del Observatorio de Creencias de Argentina (OcreAr), “el país atraviesa una reconfiguración donde el campo religioso se vuelve más plural y diverso, pero también más segmentado por clivajes sociales y generacionales”. 

Más allá de los porcentajes específicos, el informe de la Universidad de Buenos Aires registra un cambio histórico de enorme profundidad.

Argentina no está dejando de creer. Lo que está cambiando es la manera de creer.

La disminución de la centralidad católica no implica necesariamente una sociedad menos espiritual. Lo que emerge es una sociedad donde las creencias se vuelven más personales, más diversas y menos dependientes de instituciones tradicionales.

El país que durante gran parte del siglo XX se definió como homogéneamente católico está dando paso a otro escenario: uno donde conviven identidades religiosas múltiples, espiritualidades individuales y una creciente porción de ciudadanos que ya no sienten la necesidad de encuadrar sus creencias dentro de una organización formal.

Compartí esta noticia !

Crédito para las PyMEs: el Gobierno flexibiliza las garantías en dólares y digitaliza avales clave para financiar inversión

Compartí esta noticia !

Las pequeñas y medianas empresas tendrán un acceso potencialmente más amplio al financiamiento tras la publicación de la Resolución 94/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. La norma introduce cambios en el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), el principal instrumento que utilizan miles de firmas para obtener créditos bancarios y financiamiento en el mercado de capitales.

La modificación incorpora dos cambios de fondo: habilita una mayor flexibilidad para otorgar avales vinculados a operaciones en moneda extranjera y simplifica la emisión de garantías mediante herramientas digitales y tecnología blockchain. Para provincias como Misiones, donde las PyMEs suelen enfrentar mayores costos financieros y menor acceso al crédito que en los grandes centros económicos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para sostener inversiones productivas.

La principal novedad pasa por la redefinición de las condiciones bajo las cuales las SGR podrán garantizar créditos en moneda extranjera.

Hasta ahora, el criterio predominante era que las empresas beneficiarias demostraran capacidad genuina de generación de divisas para respaldar obligaciones dolarizadas. La nueva normativa mantiene esa lógica para compañías exportadoras o con ingresos habituales en moneda extranjera, pero incorpora una segunda vía.

Las SGR podrán avalar operaciones para empresas que no generen dólares, siempre que esos compromisos no superen el equivalente al 50% de su Fondo de Riesgo Disponible y que mantengan activos dolarizados que respalden esas garantías.

La modificación busca alinearse con los criterios regulatorios del Banco Central, pero introduce una flexibilidad que amplía el universo de empresas potencialmente alcanzadas.

Para una provincia exportadora como Misiones, donde conviven industrias forestales, yerbateras, tealera, tabacalera y empresas vinculadas al comercio exterior, el cambio tiene una lectura estratégica. Muchas inversiones productivas —maquinaria, equipamiento industrial, tecnología o bienes de capital importados— se financian directa o indirectamente con referencias al dólar.

La posibilidad de acceder a avales más ágiles puede mejorar las condiciones de negociación frente a bancos, proveedores internacionales y mercados de financiamiento. La medida no tendrá el mismo efecto sobre toda la economía.

Blockchain y firma electrónica: menos burocracia, más velocidad

Otro de los cambios relevantes apunta a la digitalización de los procesos. La resolución habilita que los contratos de garantía recíproca y los certificados emitidos por las SGR puedan instrumentarse mediante firma electrónica o firma digital. Además, establece la utilización de infraestructura basada en tecnología blockchain para validar operaciones y procesos de identificación.

Aunque pueda parecer una modificación técnica, el impacto económico puede ser significativo. Las PyMEs del interior suelen enfrentar costos administrativos superiores a los de las empresas radicadas en Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la infraestructura financiera. Reducir tiempos de validación documental implica acelerar la aprobación de garantías y, por lo tanto, el acceso efectivo al crédito.

Para las empresas, la digitalización puede disminuir la dependencia de trámites presenciales y acortar procesos que muchas veces representan semanas de demora.

La resolución mejora las herramientas regulatorias disponibles para las SGR, pero el efecto económico dependerá de otro factor: la disposición de bancos, agentes financieros y mercados de capitales a transformar estas garantías en nuevas líneas de financiamiento.

Para Misiones, donde la inversión productiva sigue siendo una de las variables determinantes del crecimiento económico, la medida representa una mejora institucional relevante. El verdadero termómetro será observar durante los próximos meses si el mayor margen operativo otorgado a las SGR se traduce en más créditos para industrias, comercios y emprendimientos que necesitan financiamiento para expandirse.

La normativa reduce obstáculos. El desafío pendiente sigue siendo aumentar el volumen de crédito disponible para una economía regional que necesita capital para ganar escala, productividad y competitividad.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin