Día: 8 junio, 2026

Giménez: “La apertura del nuevo McDonald’s suma empleo y oportunidades para jóvenes misioneros”

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La ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, visitó el nuevo local de McDonald’s ubicado en el Plaza Shopping de Posadas, donde realizó un recorrido junto al propietario Martín García y trabajadores que recientemente se incorporaron a la empresa.

La apertura del segundo restaurante de la marca en la capital provincial representa la creación de 60 nuevos puestos de trabajo, en su mayoría destinados a jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral formal.

Durante la visita, la ministra destacó la importancia de las inversiones privadas que generan oportunidades laborales y contribuyen al crecimiento económico de la provincia. Valoró el impacto positivo que tiene la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal, permitiéndoles adquirir experiencia, capacitación y nuevas herramientas para su desarrollo profesional.

En el marco de la recorrida, Joel, uno de los jóvenes que comenzó recientemente a trabajar en el local, compartió su experiencia y resaltó la importancia de esta oportunidad laboral.
“Es una linda experiencia. Me adapté rápido y mis compañeros me ayudaron mucho desde el primer día. Terminé el secundario el año pasado, hice la entrevista con los chicos de McDonald’s y hoy tengo mi primer empleo. Es muy importante porque estamos en blanco, tenemos sueldo y todos los beneficios. La verdad que me siento muy feliz”, expresó.

La nueva sucursal incorpora tecnología de autogestión, espacios innovadores y propuestas que amplían la oferta de servicios en el centro de la ciudad, consolidando a Posadas como una plaza estratégica para el desarrollo comercial y la generación de empleo en la región.

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Takeda Argentina recibió una certificación internacional de cuidado ambiental por su laboratorio de control de calidad

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Takeda alcanzó la certificación ‘My Green Lab’, un reconocimiento internacional que avala las mejores prácticas en sostenibilidad, eficiencia energética y responsabilidad ambiental en entornos de investigación y control de calidad, posicionándose como pionera en la región al alcanzar un estándar de excelencia ambiental y operativa reconocido a nivel mundial. La distinción refleja el compromiso de la compañía con la excelencia científica y la seguridad en sus procesos, así como su liderazgo en innovación responsable.

My Green Lab Certification es una iniciativa globalmente validada que tiene como objetivo transformar la cultura de trabajo en laboratorios mediante la implementación de prácticas sustentables, eficientes y basadas en evidencia. El programa evalúa áreas clave como el consumo energético, el manejo de residuos, la adquisición de insumos, la educación ambiental del personal, el uso de recursos hídricos, la gestión de equipos y la seguridad operativa, entre otras. Cada laboratorio auditado recibe una puntuación integral y, en función de su desempeño, puede alcanzar niveles que van desde el básico hasta el nivel Green, reservado exclusivamente para quienes demuestran un cumplimiento sobresaliente en todos los ejes evaluados.

“Nos llena de orgullo haber alcanzado el nivel Green de la certificación My Green Lab, un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso con el medioambiente a la vez que ratifica que nuestros procesos cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad, y eficiencia, alineados con las mejores prácticas internacionales”, expresó Natalia Ceriscioli, Commercial Quality Head.

“El laboratorio de control de calidad es una pieza clave en nuestra cadena de valor. Contar con este tipo de certificaciones demuestra que es posible combinar excelencia científica, sostenibilidad y cumplimiento normativo sin concesiones”, agregó María Esperanza Suhr, coordinadora de Ingeniería y EHS del laboratorio de Control de Calidad, y líder del proyecto, quien además obtuvo la certificación de Profesional Acreditado (AP) de My Green Lab, reforzando las capacidades internas para sostener y ampliar las mejoras implementadas.

El proceso de certificación se inició en 2025, con la participación activa del equipo de profesionales del laboratorio. Durante más de diez meses se llevaron a cabo evaluaciones internas, capacitaciones y reconfiguraciones operativas para alinear las operaciones del laboratorio con los criterios establecidos por My Green Lab. A través de una estrategia progresiva, se implementaron una serie de recomendaciones surgidas del diagnóstico inicial, alcanzando el nivel Green tras implementar el 82% de las 99 recomendaciones proporcionadas por el equipo de My Green Lab, con intervenciones en todos los aspectos clave de la operación.

Entre las medidas destacadas, se encuentra la implementación total de iluminación LED con sensores de ocupación, reduciendo significativamente el consumo energético en áreas críticas. También se promovió un programa integral de reciclaje que incluyó la colocación de contenedores diferenciados para tóneres, baterías y otros insumos específicos de laboratorio. Además, se introdujo el uso exclusivo de papel 100% reciclado libre de cloro, marcando una transición hacia una política de insumos más sustentables.

En paralelo, se instalaron señalizaciones educativas en los equipos de gran consumo energético, promoviendo el apagado de dispositivos fuera de uso y fomentando el uso de modos de ahorro. Este tipo de medidas, además de generar conciencia ambiental entre el personal, optimizó los patrones de consumo y se lograron ahorros anuales de USD 4.000 en consumo energético y una reducción de 13,73 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂e) por año.

Desde el punto de vista normativo, se desarrolló un nuevo procedimiento operativo estandarizado que formaliza el compromiso con la sostenibilidad como eje estructural de la operación del laboratorio. Este procedimiento establece criterios de adquisición de nuevos equipos bajo el estándar ACT Label -una etiqueta que mide el impacto ambiental de productos utilizados en laboratorios-, lo que asegura que las futuras incorporaciones tecnológicas también se alineen con la estrategia verde de la organización.

Otro pilar del programa fue la capacitación del personal. Todo el equipo del laboratorio de control de calidad de Takeda recibió formación en gestión eficiente del agua, tratamiento responsable de residuos, reducción de la huella de carbono y optimización de recursos. 

Esta certificación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Takeda para alcanzar la neutralidad en carbono a nivel global, integrar principios de economía circular en todas sus operaciones y asegurar que sus procesos productivos y científicos estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este enfoque holístico reconoce que la salud de las personas está estrechamente vinculada a la salud del planeta.

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Habilitan un nuevo sistema de trazabilidad de semillas protegidas

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual vegetal al aprobar un protocolo que permitirá controlar la identidad varietal de los granos comercializados desde el primer punto de entrega. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la trazabilidad de las semillas protegidas y dotar de mayores herramientas de fiscalización a los obtentores de variedades registradas.

La decisión se inscribe en un debate histórico del agro argentino: la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones genéticas en semillas y la necesidad de garantizar que quienes desarrollan nuevas variedades puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y mejoramiento vegetal.

El nuevo esquema establece que las muestras de granos tomadas en los centros de acopio, plantas de procesamiento o cualquier establecimiento que opere como primer punto de entrega deberán ser sometidas a análisis de identidad varietal mediante tecnologías reconocidas por el INASE. El objetivo es determinar con precisión qué variedad vegetal se encuentra presente en cada lote comercializado y verificar si corresponde a cultivares protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual vigente.

La normativa se apoya en los avances tecnológicos que permiten identificar variedades vegetales en plazos cada vez más reducidos y con elevados niveles de precisión científica. Según los fundamentos de la resolución, estas herramientas ofrecen evidencia objetiva y técnicamente validada para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la incorporación formal de actores privados al sistema de control. Las Cámaras Arbitrales y entidades especializadas que celebren convenios con el INASE podrán adquirir muestras, realizar análisis y remitir los resultados a los titulares de las variedades registradas. A su vez, los establecimientos donde se efectúe el muestreo estarán habilitados para firmar acuerdos con entidades vinculadas al comercio de granos con el fin de financiar y coordinar las tareas operativas.

El procedimiento prevé que, una vez identificado un cultivar protegido, el titular de los derechos pueda recibir de manera inmediata los resultados del análisis y, en caso de detectar presuntas irregularidades, presentar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días posteriores a la emisión del certificado correspondiente. En paralelo, conserva la posibilidad de iniciar acciones legales por la vía que considere pertinente.

La resolución también determina que las muestras analizadas y las de respaldo deberán conservarse durante un plazo mínimo de 60 días, permitiendo que la autoridad de aplicación disponga de material suficiente para eventuales investigaciones o actuaciones administrativas.

Desde el punto de vista productivo, la medida apunta a fortalecer un sistema que históricamente ha enfrentado dificultades para controlar el uso de semillas protegidas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la reutilización de semilla por parte de los productores ha sido motivo de controversias recurrentes entre obtentores, semilleros y entidades rurales.

La articulación público-privada promovida por la resolución refleja una estrategia orientada a mejorar la trazabilidad del mercado de semillas sin incrementar la estructura estatal de fiscalización. Para el Gobierno, este esquema permitirá aumentar la transparencia del sistema y generar incentivos para la inversión en genética vegetal, un factor considerado clave para sostener la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.

La medida tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Asimismo, el incumplimiento de las disposiciones establecidas podrá ser sancionado conforme a las penalidades previstas en la Ley 20.247.

Detrás de la decisión subyace una apuesta estratégica: consolidar un marco regulatorio que otorgue mayor previsibilidad a las empresas dedicadas al mejoramiento genético y al desarrollo de nuevas variedades, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores de productividad del sector agroindustrial argentino. Para una economía cuya competitividad externa depende crecientemente de la incorporación de conocimiento y biotecnología, el fortalecimiento de los mecanismos de protección intelectual aparece como una pieza central de la agenda agropecuaria.

Resolución Conjunta 3/2026 by CristianMilciades

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Herrera Ahuad impulsa una ley para garantizar la accesibilidad comunicacional de personas con discapacidad

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El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero – Innovación Federal), presentará en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer la accesibilidad comunicacional para personas con discapacidad y para quienes presentan necesidades complejas de comunicación.

La iniciativa propondrá establecer criterios comunes a nivel nacional para promover el uso de herramientas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), incorporando además de manera expresa a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como parte de los recursos contemplados por la norma.

El proyecto apuntará a garantizar que todas las personas puedan acceder a información, expresar necesidades, ejercer derechos y comunicarse en igualdad de condiciones, independientemente de las barreras que puedan enfrentar.

Inclusión y acceso efectivo a derechos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el reconocimiento de que la comunicación constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el acceso a la salud, la educación, la justicia, la seguridad y otros servicios públicos. En ese sentido, la iniciativa establecerá la necesidad de promover recursos accesibles en organismos estatales, instituciones públicas y espacios de atención a la ciudadanía.

También contemplará la creación y desarrollo de plataformas públicas gratuitas destinadas a producir, adaptar y distribuir materiales accesibles en todo el territorio nacional.

Participación de las personas con discapacidad

El proyecto incorporará mecanismos de consulta y validación colectiva para asegurar que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan participen activamente en el diseño e implementación de las herramientas previstas.

La propuesta tomará como referencia principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente el concepto internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que promueve la participación directa de los colectivos involucrados en las decisiones que los afectan.

Emergencias y situaciones de violencia

Otro de los puntos destacados será la obligación de adaptar servicios de emergencia telefónicos y virtuales para que puedan ser utilizados por personas sordas, hipoacúsicas o usuarias de sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa.

La iniciativa buscará eliminar barreras que actualmente dificultan el acceso a mecanismos de protección, asistencia y denuncia en contextos de vulnerabilidad, violencia o riesgo.

Una ley con alcance federal

La propuesta legislativa además incluirá las particularidades culturales, lingüísticas y regionales de cada provincia, promoviendo una implementación progresiva y federal.

Según los fundamentos de la iniciativa, la incorporación de tableros de pictogramas, tecnologías de apoyo y capacitación específica no debe considerarse un gasto, sino una inversión en inclusión, autonomía y dignidad para miles de argentinos que actualmente encuentran obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.

Un compromiso que trasciende la función legislativa

En el caso de Oscar Herrera Ahuad, también tiene un componente personal que explica parte de su involucramiento con la temática. El diputado nacional de Encuentro Misionero es hipoacúsico y cuenta con un implante coclear, condición que le permitió conocer de cerca muchas de las barreras comunicacionales que enfrentan diariamente miles de personas en Argentina.

Su interés por la accesibilidad no es nuevo. Durante su gestión como presidente de la Cámara de Representantes de Misiones impulsó la incorporación de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), una medida inédita en el país que convirtió al Parlamento misionero en la primera legislatura argentina en implementar herramientas permanentes destinadas a garantizar una comunicación más inclusiva y accesible.

En aquella oportunidad, Herrera Ahuad sostuvo que “el mundo tiene que ser inclusivo y comunicativo, por eso hoy nos convertimos en la primera Cámara de Representantes de la Argentina con estas características”, marcando una línea de trabajo que ahora busca proyectar al ámbito nacional mediante esta nueva propuesta legislativa.

La experiencia desarrollada en Misiones es precisamente uno de los antecedentes que nutren el proyecto presentado en el Congreso. La iniciativa busca transformar en política pública nacional herramientas que ya demostraron resultados concretos en materia de inclusión, accesibilidad y ampliación de derechos.

Vinculación permanente con organizaciones y referentes de la temática

A lo largo de su carrera política, Herrera Ahuad también mantuvo un vínculo permanente con organizaciones de la sociedad civil, familias, profesionales, referentes de la discapacidad, influencers especializados en accesibilidad y entidades que trabajan en la promoción de derechos de personas sordas, hipoacúsicas y con necesidades complejas de comunicación.

Ese trabajo conjunto permitió recoger experiencias, identificar obstáculos cotidianos y conocer demandas concretas vinculadas al acceso a la información, la educación, la salud, la justicia y los servicios públicos.

La participación activa de estos sectores aparece reflejada en el proyecto mediante la incorporación de mecanismos de consulta, validación colectiva y participación federal, bajo el principio internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, la propuesta legislativa no sólo busca crear nuevas herramientas de accesibilidad comunicacional, sino también consolidar un modelo de construcción de políticas públicas basado en la participación directa de las personas que serán destinatarias de esas medidas.

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Fallecimiento del Indio Solari: claves para el manejo del ACV

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Se calcula que en Argentina ocurren alrededor de 60 mil accidentes cerebrovasculares (ACV) por año.1 El ACV es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad adquirida en adultos. Es tiempo-dependiente porque, cuando los signos se identifican a tiempo y la persona recibe la atención adecuada en forma inmediata, las posibilidades de recuperación aumentan significativamente.

Especialistas remarcaron la importancia de reconocer los síntomas, y también de contar con un sistema de respuesta ágil, que incluya una red de atención preparada para actuar con rapidez y eficacia: esto es, desde la atención telefónica del servicio de emergencias, el propio sistema de emergencias y el manejo dentro del centro de salud, que debe estar preparado para recibir a estos pacientes. Si todos estos elementos de la cadena funcionan en forma articulada -desde que el paciente reconozca los síntomas y que el sistema responda en forma adecuada-, se favorece que las personas reciban el tratamiento correspondiente lo antes posible. El ACV es considerado una urgencia médica y, como tal, es fundamental actuar con velocidad para tener un mejor pronóstico.

“El ACV no avisa. Se manifiesta de manera súbita y cada minuto cuenta. Por eso es fundamental que la comunidad sepa qué hacer ante un potencial cuadro de ACV y que los sistemas de salud estén organizados para dar una respuesta coordinada y veloz”, señaló la Dra. Virginia Pujol Lereis, médica neuróloga y jefa del Servicio de Neurología Vascular de FLENI. 

Los ACV pueden ser isquémicos, cuando una arteria cerebral se obstruye, o hemorrágicos, cuando se rompe un vaso sanguíneo.2 En ambos casos, la urgencia es la misma: la atención médica debe iniciarse lo antes posible. En el caso del ACV isquémico, existe una “ventana terapéutica” para recibir el tratamiento que ayuda a desobstruir la arteria cerebral, lo que permite mejorar el pronóstico y evitar las secuelas.3

Entre los síntomas más frecuentes del ACV (tanto para el isquémico como el hemorrágico) se encuentran la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en el rostro, brazo o pierna (especialmente de un solo lado del cuerpo), dificultad para hablar o entender, alteraciones visuales, problemas para caminar, pérdida del equilibrio y dolor de cabeza súbito e intenso sin causa aparente.

“No hay que subestimar estas señales. Muchas veces las personas piensan que es algo pasajero, que se les va a pasar, y demoran la consulta. Esa espera puede traducirse en secuelas irreversibles o incluso en la muerte. La indicación siempre debe ser la misma: llamar de inmediato al sistema de emergencias”, sumó el Dr. Pablo Ioli, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina.

Además del reconocimiento temprano de los síntomas por parte de la población, los especialistas hacen hincapié en la necesidad de trabajar con una red de atención estructurada. Esto implica contar con ambulancias entrenadas para identificar rápidamente un posible ACV, brindar los primeros cuidados y trasladar al paciente al centro adecuado, donde lo espere un equipo preparado con el equipamiento necesario.

“No todos los hospitales están en condiciones de brindar atención integral ante un ACV. Por eso es fundamental que el traslado se haga al lugar correcto desde el primer momento. Esto requiere coordinación, comunicación fluida entre los equipos y la implementación de protocolos validados internacionalmente”, detalló el Dr. Ioli.

Los centros especializados deben contar con personal capacitado las 24 horas, estudios de imágenes cerebrales -por ejemplo, tomografía computada-, terapia intensiva y quirófano. La disponibilidad de estos recursos y la rapidez con que se actúe pueden marcar una diferencia enorme en el pronóstico del paciente.

Por último, la Dra. Pujol Lereis subrayó la importancia de la prevención: “En muchos casos, el ACV es evitable. Hay factores de riesgo modificables como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado y el sedentarismo, que predisponen a desarrollarlo. Controlarlos reduce las posibilidades de tener un evento cerebrovascular. La prevención empieza con hábitos saludables y con chequeos médicos periódicos”

Informarse, actuar con rapidez y fortalecer las redes de atención son hoy las herramientas más poderosas para enfrentar el ACV. 

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