Tres nuevas causas por el delito de trata de personas, una con fines de explotación laboral y las otras dos con la finalidad de explotación sexual, llegarán próximamente a debate oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. Es un significativo avance para la jurisdicción, que es la que menos juicios registraba por este fenómeno criminal.

El progreso se dio a partir del procesamiento del ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont. Los fiscales de la jurisdicción, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) advirtieron irregularidades en las causas en trámite en el juzgado federal de esa ciudad, vinculadas precisamente a las investigaciones de delitos de trata de persona, terrorismo de estado, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,  que  –en algunos casos- se encontraban paralizadas o traspapeladas.

Uno de los casos más preocupantes es la causa iniciada en el año 2008, donde se denunciaron hechos aberrantes y, según se informó a Fiscales, se ha demorado inexplicablemente en la instrucción.

En la jurisdicción de Corrientes han llegado a juicio tres causas vinculadas al delito de trata sexual, pese que sólo en Paso de los Libres se encuentran en trámite de investigación más treinta causas por ese delito, tanto de explotación sexual como laboral.

En el cuadro que acompaña esta nota se puede apreciar la cantidad de causas que han llegado a juicio en el país y que han tenido como resultado la condena de los responsables. Ante ese escenario, contrasta el caso de Corrientes.

En la sección judicial de Paso de los Libres se ha producido un avance significativo en el trámite investigativo y fueron elevadas a juicio oral una importante cantidad de causas a partir de la intervención de la jueza Cristina Pozzer Penzo. Y el Tribunal Oral Federal de Corrientes ha decidido fijar fecha para la realización del juicio oral y público.

En este marco, las tres nuevas causas que llegarán a juicio fueron requeridas por el fiscal subrogante Aníbal Fabián Martínez: la primera de ellas, por explotación laboral, tiene fecha de inicio el 15 de Noviembre, mientras que las otras dos, por trata sexual, tienen fecha para febrero de 2018. En los juicios intervendrá el fiscal general Carlos A. Schaefer con la colaboración de los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex).

Las tres nuevas causas que llegarán a juicio fueron requeridas por el fiscal subrogante de Paso de los Libres Aníbal Fabián Martínez.

El primer caso de trata laboral

La causa que aborda el primer caso de trata con fines de explotación laboral que llega a juicio en esa jurisdicción se inició el 6 de junio de 2013. Dos hombres están acusados. Las víctimas eran trabajadores de un campo dedicado a la explotación forestal.

Ambos imputados serán juzgados como coautores del delito de trata de personas, de acuerdo con el artículo 145 bis y ter –primer párrafo- incisos 1 y 4, y segundo y tercer párrafo del mismo artículo del Código Penal.

Uno de ellos está acusado de engañar, mediante falsas ofertas laborales, a cinco trabajadores en situación de vulnerabilidad -oriundos de la provincia de Misiones y uno de ellos menor de edad-, con la promesa de un buen sueldo. Según la acusación, una vez arribados a la ciudad, el imputado se encargaba de recibirlos y acogerlos en su casa para luego trasladarlos al monte, para trabajar en condiciones infrahumanas en tareas vinculadas a la explotación forestal.

El otro imputado es el propietario del aserradero al cual iba destinado todo lo producido por los trabajadores en el monte para su procesamiento y comercialización. Si bien no tenía contacto con los trabajadores, la Fiscalía sostiene que contaba con pleno conocimiento de las circunstancias degradantes de las personas y de las condiciones en que se encontraban alojadas.

Los otros dos casos de trata sexual que llegan a juicio

El segundo caso que llegará a la instancia de debate oral y público tuvo inicio el 2 de marzo de 2015. Un matrimonio se encuentra acusado de haber acogido con fines de explotación sexual al menos a seis víctimas en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo denominado “Mami Lu”, ubicado en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Ambos se habrían desempeñado como sostenedores, administradores y regentes del local y, a su vez, habrían mantenido cautivas a las víctimas.

De acuerdo con la acusación, los acusados no sólo alojaron a las víctimas sino que también las mantuvieron custodiadas por personas ligadas a ellos. Además, las mujeres sólo podían salir de allí en remises enviados por el matrimonio para trasladarlas hasta el prostíbulo y viceversa, tratando de que los conductores sean siempre las mismas personas para no levantar sospechas.

Sólo en Paso de los Libres se encuentran en trámite de investigación más treinta causas por el delito de trata de personas, tanto con fines de explotación laboral como sexual.

Finalmente, también quedó acreditado para la Fiscalía que las mujeres rotaban “de tiempo en tiempo” y es por eso que no descartan que el prostíbulo, los imputados y las víctimas hayan sido parte de una red de trata desplegada por varios puntos del territorio argentino: en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y algunas del sur del país.

Los hechos fueron calificados con el artículo 145 bis y ter, puntos 1 y 4 y párrafo 9no, en concurso ideal – artículo 54 del Código Penal-, artículo 127 inciso 1º y artículo 17 de la ley 12.331.

El otro caso que llegará a debate se inició en noviembre de 2012, y tiene como única imputada a una mujer acusada del sostenimiento, administración y regenteo de otro prostíbulo denominado “Whiskería El Trebol”, ubicado también en la localidad correntina de Virasoro, donde habría explotado sexualmente a doce mujeres en situación de vulnerabilidad al menos entre el 6 de noviembre de 2012 y el 17 de octubre de 2015.

Algunas de las víctimas, en su mayoría oriundas de la provincia de Misiones y una de ellas de la República de Paraguay, declararon que vivían en el prostíbulo en compañía de otras mujeres y que ellas se encargaban de preparar, comprar su comida y de la adquisición de artículos de higiene personal. Además, debían hacerse cargos de los gastos de la Libreta Sanitaria, la cual era firmada por una médica ginecóloga.

Las mujeres señalaron que los denominados “pases” tenían un valor de 400 pesos y que debían entregarle un 20 por ciento de ese dinero a la imputada, al igual que el 50 por ciento del valor de las “copas” y de los preservativos que vendían en el local. Al igual que en el caso anterior, la Fiscalía no descarta que la imputada y las víctimas hayan sido parte de una red de trata de personas desplegada por varios puntos del territorio provincial.