La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que permitían a las empresas de medicina prepaga ajustar sus cuotas sin la intervención de la autoridad de control. Este fallo, emitido en el marco de una acción de amparo presentada por una afiliada contra la empresa Omint, anula los aumentos aplicados desde diciembre de 2023 y restituye la obligación de que cualquier incremento en las cuotas sea previamente aprobado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Los jueces Florencia Nallar y Eduardo Daniel Gottardi consideraron que el DNU se apartó injustificadamente de los procedimientos constitucionales establecidos para modificar leyes, al eliminar el control estatal sobre los aumentos de las prepagas sin una justificación adecuada de necesidad y urgencia. Destacaron que la situación económica y social del país no justificaba la adopción de medidas de tal magnitud sin el debido proceso legislativo.

Este fallo se suma a decisiones similares emitidas por otras cámaras federales, como la de Mar del Plata y la de La Plata, que también declararon inconstitucionales los aumentos aplicados por las prepagas en virtud del DNU 70/2023. En particular, la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó retrotraer las cuotas a los valores anteriores a enero de 2024 y estableció que, en ausencia de intervención de la SSS, los aumentos deben ajustarse al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque estos fallos tienen efectos directos sobre los casos particulares en los que se dictaron, sientan precedentes importantes que podrían influir en futuras decisiones judiciales y en la política de regulación de las prepagas. La restitución del control estatal sobre los aumentos busca proteger a los afiliados de incrementos arbitrarios y garantizar la transparencia en la fijación de las cuotas.

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 representa un llamado de atención sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar el marco regulatorio de servicios esenciales sin el debido proceso legislativo. Además, refuerza la importancia del rol de la SSS en la supervisión y autorización de los aumentos en las cuotas de las prepagas, en aras de proteger los derechos de los usuarios y mantener la equidad en el sistema de salud.