Nación presiona a las provincias para que adhieran al nuevo régimen de Ganancias y blanqueo: dudas, advertencias y un posible impacto fiscal

El Gobierno busca que las provincias acompañen una reforma tributaria que incluye cambios en Ganancias, el blanqueo de capitales y la prescripción de delitos fiscales. Los gobernadores responden con cautela y cuestionan la pérdida de herramientas de control.

El Ejecutivo avanza con reformas tributarias y busca respaldo provincial

El Gobierno nacional ultima los detalles de un paquete legislativo que acompañe sus recientes decretos sobre blanqueo de capitales y un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Para su implementación plena, el Poder Ejecutivo requiere la adhesión de las provincias, y ya inició contactos para forzar esa incorporación.

Uno de los puntos más sensibles para los gobiernos subnacionales es la advertencia lanzada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que aseguró que las jurisdicciones que no se sumen perderán el acceso a la información fiscal de personas físicas y jurídicas con consumos mayores a $50 millones anuales.

Cambios clave: prescripción reducida y nuevo umbral de evasión

La iniciativa que impulsa el oficialismo incluye modificaciones sustanciales en la legislación penal tributaria. Actualmente, el plazo de prescripción para delitos fiscales es de cinco años; el nuevo proyecto buscaría reducirlo a dos. El argumento del Gobierno es ofrecer una garantía jurídica a quienes ingresen al régimen de regularización para que futuras administraciones no persigan operaciones pasadas.

Además, se prevé modificar el monto mínimo a partir del cual una operación se considera presunta evasión. Desde 2017, esa cifra está en $1,5 millones, pero ajustado por inflación hoy equivaldría a más de $100 millones, un umbral que el Ejecutivo pretende actualizar.

Resistencia y dudas entre los gobernadores

Las provincias, sin embargo, reaccionaron con escepticismo. En Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof marcó distancia: “Las medidas anunciadas a nivel nacional no introducen cambios en la normativa tributaria provincial ni en el funcionamiento de ARBA”, sostuvo el titular del organismo, Cristian Girard. Y remarcó que “los contribuyentes que recurran a fondos de origen ilícito siguen expuestos a las mismas sanciones”.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, señalaron que “esperarán a conocer la letra chica del proyecto antes de definir una postura”, y recordaron que aún está pendiente la aprobación local de la adhesión al blanqueo de capitales sancionado en la Ley de Bases del año pasado.

En Santa Fe, el ministro de Economía Pablo Olivares fue tajante: “No vamos a hacer ningún régimen que obligue a los agentes económicos a entregar información a ARCA”. Aunque respaldó la idea de reactivación económica, alertó que el relajamiento de los controles podría derivar en una caída de recaudación por subfacturación en impuestos como Ingresos Brutos.

Un nuevo equilibrio federal en tensión

El Gobierno nacional argumenta que el nuevo esquema fiscal facilitaría la recaudación coparticipable. Sin embargo, varias provincias consideran que la falta de garantías institucionales, la pérdida de herramientas de control tributario y los posibles impactos en su recaudación directa, representan un costo político y fiscal que aún no están dispuestas a asumir.

En paralelo, la Casa Rosada sigue redactando los proyectos que modificarán la ley penal tributaria y la ley de procedimiento fiscal. Ambos se presentan como los pilares legales que respaldarán el esquema de blanqueo y simplificación impositiva.

El futuro de este nuevo régimen impositivo dependerá del contenido final del proyecto de ley y del margen de negociación que el Ejecutivo esté dispuesto a ofrecer a los gobernadores. La advertencia de ARCA sobre el acceso a la información fiscal funciona como una herramienta de presión, pero también tensiona el delicado equilibrio fiscal entre Nación y provincias. En un contexto de alta desconfianza y fragmentación política, el éxito del plan oficial dependerá tanto de su eficacia jurídica como de su viabilidad política.