El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación presupuestaria mediante el Decreto 425/2025, que redistribuye partidas por más de $36.500 millones y contempla obras de infraestructura estratégica, refuerzos salariales y ampliaciones de gastos operativos para diversos organismos del Estado. La medida, enmarcada en el contexto de emergencia pública, abarca desde inversión en defensa y salud hasta desarrollos tecnológicos y proyectos ambientales cofinanciados por organismos internacionales.

En ausencia de una ley de presupuesto 2025 sancionada por el Congreso, el Ejecutivo prorrogó los lineamientos de la Ley N.º 27.701 del año anterior. En este marco, el Decreto 425/2025 establece una serie de adecuaciones presupuestarias para garantizar el cumplimiento de funciones esenciales del Estado.

Entre los principales cambios se destacan:

• Refuerzo de créditos para salarios, funcionamiento e infraestructura.
• Modificaciones por transferencias de competencias entre ministerios.
• Incorporación de ingresos excedentes en algunas jurisdicciones.
• Contratación de obras con incidencia en ejercicios futuros.

Proyectos de inversión: defensa, energía y justicia

La medida autoriza inversiones plurianuales en obras y bienes estratégicos, totalizando más de $36.500 millones. Algunas de las más relevantes son:

• $19.789 millones para incorporar capacidades del sistema de armas F-16 en la VI Brigada Aérea en Tandil.
• $10.906 millones para la disposición final de la draga “Mendoza” en el puerto de Mar del Plata.
• $3.548 millones para la planta piloto de producción de electrolitos de baterías de ion-litio en Pilcaniyeu, Río Negro.
• $2.304 millones para simuladores de entrenamiento de vuelo en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica.
• Inversiones en infraestructura judicial en La Plata y San Juan, y construcción de instalaciones de incendios y emergencias (ICE) en parques nacionales de Chubut, Córdoba y Santiago del Estero.

Refuerzos a salud, seguridad y programas energéticos

Además de las obras, el decreto incorpora incrementos destinados a:

• Hospitales de alta complejidad como Garrahan, El Cruce, El Calafate y otros centros S.A.M.I.C., para gastos salariales y equipamiento.
• Policía Federal: refuerzo de partidas para enfrentar el crimen organizado.
• Caja de Retiros de la Policía Federal e Instituto de Ayuda Financiera para Fuerzas Armadas, en línea con los aumentos de haberes de personal en actividad.
• Compensación tarifaria energética, incluyendo subsidios eléctricos y la Zona Fría.
• Fortalecimiento del Ministerio de Economía para proyectos de infraestructura económica y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El Decreto también redistribuye cargos entre jurisdicciones, destacándose la transferencia de funciones de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad Nacional. Como contrapartida, se reducen partidas en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Además, se registran altas y bajas de cargos en la Jefatura de Gabinete y organismos descentralizados como la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Ejecutivo justifica la medida en el contexto de emergencia declarado por el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases (27.742), que otorgan facultades para adaptar los instrumentos presupuestarios a las necesidades coyunturales. La reasignación apunta a evitar la interrupción de servicios críticos y asegurar la continuidad operativa del aparato estatal.