El ministro de Desregulación cuestionó públicamente al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, y lo acusó de defender “privilegios ilegales”. El cruce expuso la tensión entre el Gobierno y el empresariado en torno al decreto que eliminó los aportes obligatorios a entidades sectoriales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó este jueves un fuerte cruce con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, durante su exposición en el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear Palace.

En medio de su discurso, Sturzenegger le reclamó públicamente a Grinman que retire una medida cautelar presentada por la CAC contra el Decreto 149/2025, que eliminó los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras empresariales, incluso cuando no eran afiliadas.

“Mario, te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar”, dijo el funcionario. La respuesta de Grinman fue breve pero contundente: “Estamos en democracia”, lo que generó un aplauso cerrado del auditorio, integrado por ejecutivos y diplomáticos.

La desregulación de los aportes obligatorios

El eje de la disputa es el Decreto 149/2025, publicado en marzo, que prohibió a las cámaras empresariales imponer “aportaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica” a compañías no afiliadas. La norma impide que estos aportes se incluyan en convenios colectivos y establece que, en adelante, deberán ser estrictamente voluntarios.

Uno de los casos más relevantes fue el del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), que desde 2008 cobraba un 0,5 % del salario inicial de los trabajadores mercantiles a todas las empresas alcanzadas por el convenio, incluso si no eran socias de la CAC.

En marzo, ese monto equivalía a unos $4.725 por empleado, lo que generaba una recaudación estimada en $5.600 millones por mes o casi $70.000 millones al año. Con la nueva normativa, ese flujo de recursos se redujo drásticamente al depender de la adhesión voluntaria de cada empresa.

El Gobierno justificó la medida en principios de libertad de asociación y en la falta de sustento normativo de estos cobros: “No corresponde que convenios colectivos obliguen a empresas a financiar entidades de las cuales no son parte”, señaló Sturzenegger.

Fundamentos oficiales y acusaciones de “casta”

Durante su discurso, el ministro vinculó la resistencia empresarial con la defensa de privilegios: “Inacap, del que la Cámara de Comercio es parte, hizo una presentación en la Justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal. La casta se defiende con uñas y dientes”.

El funcionario destacó que otros sectores como la construcción, los bancos (Adeba) y la Sociedad Rural funcionan con aportes voluntarios, y cuestionó que el comercio recurra a la Justicia para mantener un esquema que “nadie quiere pagar”.

La réplica de Grinman fue seca y políticamente significativa. Al remarcar que “estamos en democracia”, el dirigente empresario buscó marcar límites frente al pedido del ministro en un foro internacional de alto perfil.

Tensiones con el empresariado y proyección futura

El episodio evidenció la creciente fricción entre el Gobierno y sectores del empresariado en torno al proceso de desregulación. Mientras la administración de Javier Milei busca avanzar con la eliminación de lo que denomina “impuestos privados”, las cámaras empresariales alertan por el desfinanciamiento de entidades clave en capacitación y servicios.

La CAC sostiene que la cautelar busca resguardar la continuidad de programas de formación financiados históricamente por Inacap. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que esos fondos deben provenir de aportes voluntarios y no de cargas impuestas por convenio.

En el plano político, el cruce también refuerza la narrativa oficial contra la “casta”, trasladada esta vez a las organizaciones empresariales. La decisión de Sturzenegger de exponer públicamente a Grinman marca un giro en la estrategia de presión para que las entidades no recurran a la vía judicial frente a las reformas desregulatorias.

Escenarios posibles

• Judicialización: La continuidad de la cautelar presentada por la CAC definirá si el esquema de aportes obligatorios puede prolongarse hasta una resolución de fondo.
• Efecto en otras cámaras: El antecedente podría impactar en sectores que aún mantienen aportes por convenio, pese al decreto.
• Relación Gobierno–empresarios: El cruce público podría tensar los vínculos en un momento en que el Ejecutivo busca apoyo para acelerar la agenda de reformas estructurales.