La Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro presentó en la Legislatura de Misiones su Informe Público Anual 2025, con datos actualizados sobre población detenida, situación procesal, traslados, salud mental y políticas de reinserción. El documento, expuesto en la 16ª sesión de su Consejo Consultivo, ofrece un diagnóstico integral del sistema provincial y consolida líneas de trabajo interinstitucional para fortalecer derechos en contextos de privación de la libertad.

Diagnóstico del sistema de detención y trabajo interinstitucional

El Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones fue sede de la 16ª edición del Consejo Consultivo de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, instancia en la que se presentó formalmente el Informe Público Anual 2025. Participaron autoridades de los poderes del Estado, representantes municipales, integrantes de fuerzas de seguridad, organizaciones y cadetes.

La presidenta de la comisión, Yanina Constanza Yudar, dio apertura a la jornada y contextualizó el encuentro: “Es la décimo sexta edición de nuestro consejo consultivo. Estamos cumpliendo ocho años de la comisión, así que hoy vamos a hablar de números: del servicio penitenciario, de las comisarías y del recorrido que hicimos durante todo este año de gestión”, afirmó.

Yudar destacó además el valor del trabajo articulado entre organismos: “La riqueza del consejo consultivo es este ida y vuelta permanente”, sostuvo, al referirse a la participación de autoridades que trabajan en conjunto con la comisión.

En cuanto a la situación actual del sistema, la funcionaria precisó que más de 1.800 personas se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario, mientras que unas 800 permanecen en comisarías. “No es un número preocupante para nosotros; es un número que trabajamos, pero sí debemos mantener la atención”, explicó. En ese sentido, aclaró que no existe superpoblación, aunque remarcó la necesidad de sostener el trabajo coordinado con la Justicia y el Servicio Penitenciario para evitar que esa situación se produzca.

También señaló que, si bien hay personas que deberían estar bajo órbita federal, esa condición no genera un conflicto operativo para la provincia.

Reinserción social como eje de la política de encierro

Durante la exposición, la presidenta de la comisión subrayó que la reinserción social constituye uno de los pilares del organismo. “Trabajamos constantemente en la reinserción. La comisión se basa en que las personas que recuperan su libertad puedan reinsertarse en la sociedad”, afirmó, y agregó que esa tarea se desarrolla en articulación con el área de Educación y con otros organismos del Estado.

“Lo más importante para nosotros es que una persona que estuvo privada de su libertad pueda reinsertarse de la mejor manera y acceder a oportunidades que no tuvo antes. La Justicia determina la libertad; nosotros acompañamos el proceso de reinserción”, remarcó Yudar, delimitando el rol institucional de la comisión dentro del sistema.

Este enfoque atraviesa las distintas líneas de trabajo presentadas en el informe y se traduce en políticas vinculadas a educación, capacitación, deporte y acompañamiento posterior a la detención.

Los datos clave del Informe Público Anual 2025

El Informe Público Anual 2025 reúne un análisis exhaustivo de la situación de encierro en Misiones y sistematiza la información relevada durante el año. Entre los datos más relevantes, se incluye un estudio detallado de la situación procesal de las personas privadas de libertad, que identifica 612 internos sin condena firme y 217 personas con más de dos años de detención, desagregadas por unidades penitenciarias, circunscripciones judiciales y tipos de delito.

El documento también presenta un relevamiento integral de las quince unidades regionales de la Policía de Misiones, con comparaciones anuales y semestrales que permiten detectar tendencias, incrementos o descensos en la cantidad de personas alojadas.

Otro indicador central es el registro de 377 traslados desde comisarías al Servicio Penitenciario realizados entre enero y noviembre, un dato que aporta información clave sobre la dinámica interna del sistema de derivaciones.

En cuanto a los tipos penales, el informe ofrece una lectura provincial que muestra mayor rotación en delitos contra la propiedad y mayor permanencia en delitos contra la integridad sexual, lo que incide directamente en la ocupación y gestión de las unidades.

El capítulo de salud mental y consumos problemáticos analiza los casos relevados durante el año y propone acciones para mejorar la articulación entre el sistema de salud y los establecimientos de detención. A su vez, se sistematizan las capacitaciones en derechos humanos y diversidad destinadas al personal policial de distintas unidades regionales.

La educación en contexto de encierro ocupa un apartado específico, con un relevamiento de la oferta formativa disponible en cada establecimiento, los avances alcanzados y los desafíos pendientes. En la misma línea, el informe da continuidad al programa “Creciendo a través de la disciplina”, que promueve la práctica deportiva como herramienta de intervención social, preventiva y educativa.

Finalmente, el documento incorpora los resultados del monitoreo de dispositivos provinciales vinculados a derechos humanos, junto con recomendaciones orientadas a fortalecer procedimientos, consolidar buenas prácticas y mejorar las condiciones de alojamiento en todo el sistema.

Impacto institucional y proyección

La presentación del Informe Anual 2025 consolida el rol de la Comisión de Buenas Prácticas como organismo de control, monitoreo y articulación institucional, y aporta insumos clave para la toma de decisiones en materia penitenciaria, judicial y de políticas públicas. Los datos expuestos permiten dimensionar el estado actual del sistema de encierro y anticipar líneas de acción orientadas a la prevención de la superpoblación, el fortalecimiento de derechos y la mejora de los procesos de reinserción social.