El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un fuerte pronunciamiento contra la incautación de buques extranjeros por parte de Estados Unidos, al advertir que este tipo de acciones “constituyen una grave violación del derecho internacional”. La declaración se conoció luego de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un petrolero el 20 de diciembre, en un operativo que Washington justificó bajo el argumento de que el buque integraba la denominada “flota en la sombra”.

El posicionamiento chino introduce un nuevo elemento de tensión diplomática e institucional en torno al régimen de sanciones unilaterales impulsado por Estados Unidos y reaviva el debate sobre soberanía, comercio internacional y legalidad de las medidas coercitivas en el sector energético y marítimo global.

Rechazo a las sanciones unilaterales y advertencia por violación del derecho internacional

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, se expresó en una rueda de prensa diaria en respuesta a consultas de los medios sobre la incautación del buque, ocurrida el 20 de diciembre, y cuestionó abiertamente el accionar de Washington.

“China siempre se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó el vocero. En ese sentido, agregó que el país asiático también rechaza “cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, atente contra la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos de intimidación unilateral”.

Las declaraciones se produjeron luego de que un funcionario de la Casa Blanca afirmara que el petrolero pertenecía a la denominada “flota en la sombra”, según consignó la agencia Xinhua. Para China, este tipo de justificaciones no habilitan la confiscación de activos ni la retención de embarcaciones bajo el marco del derecho internacional vigente.

El eje Venezuela y la defensa de la cooperación energética soberana

En su exposición, Lin Jian hizo referencia directa a Venezuela, al sostener que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”. En la misma línea, añadió que China considera que la comunidad internacional “comprende y apoya la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses”.

El pronunciamiento chino se inscribe en un contexto de creciente conflictividad en el Caribe, donde Estados Unidos intensificó operativos de interdicción marítima que derivaron en la confiscación de crudo venezolano y el abordaje de buques petroleros, afectando directamente al comercio energético.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó estas acciones como “piratería de corsarios”, enmarcándolas en lo que definió como un despliegue militar agresivo. A través de un mensaje difundido por su canal oficial de Telegram, el mandatario denunció que se trata de una campaña sostenida de agresión contra el país.

“Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”, expresó. Según el jefe de Estado, estos grupos actúan como “piratas contratados por un Estado imperial”, con prácticas orientadas históricamente al control del comercio y de los recursos venezolanos.

Impacto político y económico en el comercio energético y marítimo

Las declaraciones se producen luego del asalto de Estados Unidos a dos buques en cercanías de Venezuela, ejecutado por fuerzas militares. En esos operativos, el petróleo fue confiscado, las embarcaciones retenidas y las tripulaciones permanecen ilegalmente detenidas, según la denuncia venezolana.

En paralelo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que zarpó desde territorio venezolano un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano. La funcionaria precisó que la operación se realiza “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, dentro de los acuerdos vigentes y la legalidad nacional e internacional.

Este contraste expone una tensión estructural en el sistema de sanciones, con efectos directos sobre la seguridad jurídica del transporte marítimo, el comercio energético y la estabilidad de los flujos internacionales de petróleo. Al mismo tiempo, anticipa reacciones diplomáticas y políticas de países que cuestionan la legalidad de las incautaciones unilaterales y el uso de la fuerza en aguas internacionales.