La Decisión Administrativa 20/2026 del Poder Ejecutivo Nacional volvió a encender la alarma en Misiones. La reconfiguración del gasto público dispuesta por la administración de Javier Milei formalizó una poda profunda en partidas sensibles para la provincia, con impacto directo en infraestructura vial, gestión hídrica, programas productivos, ciencia, seguridad y, especialmente, en la conservación ambiental y el turismo.

La reducción de $2.557 millones en programas de conservación y funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales afecta a 46 parques, reservas y monumentos naturales de todo el país. En Misiones, el recorte golpea de lleno al Parque Nacional Iguazú y a la Reserva Federal Campo San Juan.

Según las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el Parque Nacional Iguazú perderá $41.715.920, mientras que Campo San Juan sufrirá una baja de $12.123.088. Los fondos comprometidos estaban destinados a funcionamiento operativo, mantenimiento, infraestructura ecoturística, prevención y combate del fuego, además de tareas de preservación ambiental.

Frente a este escenario, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, fue contundente.

“Esto no es ajuste. Es desproteger lo que es de todos. Es recortar en conservación, en guardaparques, en el cuidado de nuestra biodiversidad”, sostuvo.

Y agregó una definición con fuerte contenido político y económico: “También es atentar contra el turismo, que da bienestar a miles de familias. La selva misionera no es un gasto”.

La advertencia no es menor. En una provincia donde el turismo representa uno de los principales motores económicos, especialmente a partir del movimiento que genera el Parque Nacional Iguazú, la reducción de partidas para conservación no solo implica un problema ambiental, sino también una amenaza sobre la competitividad del destino.

Rutas, producción y logística: otro frente crítico

El ajuste no se limita al sistema de áreas protegidas. El Distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una baja de $940,5 millones en mantenimiento de rutas y otros $263,5 millones en reparación de obras de arte.

En una economía periférica y altamente dependiente del transporte terrestre, la degradación de la infraestructura vial representa un costo sistémico para sectores estratégicos como la yerba mate, la forestoindustria, el té y el comercio transfronterizo.

Cada kilómetro deteriorado implica mayores costos logísticos, más tiempo de traslado y menor competitividad exportadora.

A esto se suma la baja de partidas para infraestructura hídrica dentro del programa de Apoyo para la Expansión de Agua y Saneamiento, afectando la previsibilidad del abastecimiento para zonas urbanas e industriales en crecimiento.

También se registró una poda superior a los $5.100 millones en programas vinculados al aumento de la productividad agroindustrial y la gestión del riesgo agropecuario, debilitando herramientas que funcionan como respaldo ante contingencias climáticas y crisis sectoriales.

Para una provincia con fuerte dependencia de economías regionales, la señal preocupa: menos asistencia, menos cobertura frente al riesgo y más fragilidad para el pequeño productor.

Otro de los sectores alcanzados fue la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que redujo más de $11.800 millones en programas de formulación y ejecución de políticas públicas.

Esto afecta transferencias para actividades científicas, académicas y proyectos de innovación aplicada, un área que Misiones venía consolidando como parte de su estrategia de diversificación productiva.

En paralelo, el recorte de $322.447 millones en transferencias para financiar gastos corrientes de las administraciones provinciales incrementa la presión fiscal sobre las provincias, especialmente en regiones como el NEA, donde las asimetrías estructurales exigen una mayor presencia compensatoria del Estado nacional.